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Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 12/10/2026
Aceptado: 14/11/2026
Publicado: 18/11/2026
Código Único AV: e911
Páginas: 1(2357-2381)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24354551
Autor:
Consuelo Marcella Tapia Guerrón
Doctorando en Derecho y Gobernanza Estratégica
https://orcid.org/0009-0008-5425-7350
E-mail: conytapiaguerron@gmail.com
Afiliación: Universidad Internacional Ignacio Castro
Pérez. UNICAP, Guadalupe, Zacatecas
País: México
Resumen
El presente artículo de investigación analiza el preocupante fenómeno de la
captación del crimen organizado y la corrupción sistémica de los servidores
públicos de la Función Judicial por parte de estructuras delictivas
transnacionales en el Ecuador. El objetivo central de este estudio es examinar
los mecanismos doctrinales, jurídicos y situacionales que facilitan la
infiltración criminal y socavan la independencia judicial en el país. La
metodología empleada corresponde a un enfoque cualitativo y documental,
sustentado en la revisión crítica de expedientes jurisprudenciales, normativa
penal nacional y doctrina especializada. Como resultados principales, se
evidencia que casos de alta relevancia nacional como el Caso Metástasis y el
Caso Purga demuestran una preocupante transición desde una fase de
corrupción administrativa parasitaria hacia una fase simbiótica de cooptación
institucional del Estado, donde el asesinato del fiscal César Suárez, en enero
de 2024, ejemplifica la extrema vulnerabilidad física y la indefensión de los
operadores de justicia. En conclusión, se determina que la respuesta estatal
es insuficiente ante la corrupción estructural. Es indispensable desmantelar
la impunidad, fortalecer la seguridad física y reestructurar el presupuesto
judicial para garantizar el Estado Constitucional de Derechos y la tutela
judicial efectiva en Ecuador.
Palabras Clave
Caso de metástasis, purga, corrupción
sistémica, crimen organizado, sistema judicial
Abstract
This research article analyzes the concerning phenomenon of organized
crime capture and systemic corruption of public servants within the Judicial
Branch by transnational criminal structures in Ecuador. The central objective
of this study is to examine the doctrinal, legal, and situational mechanisms
that facilitate criminal infiltration and undermine judicial independence in
the country. The methodology employed corresponds to a qualitative and
documentary approach, based on the critical review of jurisprudential
records, national criminal regulations, and specialized criminological
doctrine. As main results, it is evidenced that cases of high national relevance
such as the Metastasis Case and the Purga Case demonstrate a worrying
transition from a phase of parasitic administrative corruption toward a
symbiotic phase of institutional co-optation of the State, where the
assassination of prosecutor César Suárez in January 2024 exemplifies the
extreme physical vulnerability and defenselessness of justice operators. In
conclusion, it is determined that the state response is insufficient in the face
of structural corruption. It is essential to dismantle impunity, strengthen
physical security, and restructure the judicial budget to guarantee the
Constitutional State of Rights and effective judicial protection in Ecuador.
Keywords
Metastasis case, purge, systemic corruption, organized
crime, judicial system
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Introducción
El fenómeno de la delincuencia organizada
transnacional ha experimentado una metamorfosis
cualitativa a escala global durante el siglo XXI,
desplazando sus dinámicas operativas desde la
periferia social y el mero control territorial violento
hacia la penetración sistemática de los aparatos de
gobernanza de las naciones desarrolladas y en
desarrollo. Tradicionalmente, la criminología y las
ciencias políticas analizaron el crimen organizado
como una fuerza exógena que embestía las
estructuras estatales desde fuera.
Sin embargo, la evolución contemporánea de
las corporaciones delictivas demuestra que la
verdadera sostenibilidad de los mercados ilícitos —
como el tráfico transnacional de sustancias sujetas a
fiscalización, el lavado de activos a gran escala, el
tráfico ilegal de armas y el crimen corporativo— no
radica en la capacidad de evadir la ley mediante la
fuerza bruta, sino en la aptitud de asimilar las
instituciones públicas y someterlas a sus designios
corporativos.
En este escenario geopolítico, las agencias de
administración de justicia ya no constituyen meros
observadores o entes juzgadores imparciales, sino
que se convierten en el centro de gravedad
estratégico donde la delincuencia organizada y el
Estado democrático disputan la vigencia real del
ordenamiento jurídico bajo los parámetros del
Estado Constitucional de Derechos y Justicia,
Asamblea Nacional Constituyente (2008).
A escala regional, América Latina se ha
consolidado como un laboratorio trágico de este
proceso de captura institucional. La transición
teórica delineada por modelos criminológicos
clásicos —como el marco evolutivo de tres fases
formulado por Peter Lupsha, que discurre desde un
estadio predatorio y marginal hasta una fase
parasitaria y, finalmente, simbiótica— encuentra en
la América Andina y el Cono Sur expresiones
fácticas de extrema gravedad (Lupsha, 1996).
Durante la etapa parasitaria, las
organizaciones criminales emplean la corrupción
administrativa ordinaria para sobornar mandos
medios y personal operativo, logrando entorpecer
investigaciones de manera esporádica. No obstante,
cuando la permeación alcanza la fase simbiótica, la
frontera formal entre la institucionalidad pública y
la criminalidad se diluye de manera alarmante. En
este nivel superior de degradación, las redes
criminales colocan, financian y manipulan a los más
altos dignatarios de las altas cortes y órganos de
gobierno judicial, transformando la estructura
punitiva y jurisdiccional del Estado en una
herramienta privada orientada a la consecución de
impunidad absoluta y al blindaje del capital de
origen ilícito.
Dentro de la administración pública, la
captación del sector de la justicia penal (conocida
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conceptualmente en la doctrina internacional como
csjP) trasciende con creces el soborno esporádico o
la falta de ética individual (Simon, 2023). La csjP
involucra intercambios recíprocos de ventajas
materiales e inmateriales —que abarcan desde
dádivas financieras en efectivo hasta el
direccionamiento de nombramientos corporativos,
ascensos en la carrera judicial y protección ante
acciones disciplinarias— orientados a distorsionar
sistemáticamente el curso de los procesos penales
(Simon, 2023).
Esta distorsión opera a través de dos
mecanismos preeminentes: la corrupción
administrativa judicial, que manipula el sorteo
informático de causas y retrasa notificaciones para
forzar la caducidad de medidas cautelares, y la
corrupción cooperacional de gran alcance, donde
sectores de la política tradicional, grupos
económicos y despachos judiciales actúan en
concierto para confeccionar e interpretar normas "a
la medida" de las cúpulas delictivas. Además, la
cooptación judicial moderna está signada por la
dinámica del throffer (la convergencia indivisible
entre la oferta económica o offer y la amenaza letal
o threat), resumida en la trágica fórmula del "plata o
plomo", la cual quiebra las premisas morales e
institucionales del ejercicio de la judicatura.
En el contexto sudamericano, la República del
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin
parangón en su historia republicana moderna.
Históricamente catalogada en círculos académicos y
gubernamentales como una "isla de paz" o un
territorio de mero tránsito inofensivo en la ruta del
narcotráfico internacional, la nación ha sufrido un
deterioro acelerado manifestado en un incremento
exponencial de las muertes violentas, el control
bélico de los centros de privación de libertad y la
consolidación de poderosos Grupos de Delincuencia
Organizada (GDO) con nexos transnacionales
directos.
En este convulso panorama, el sistema
judicial ecuatoriano se ha revelado como el objetivo
prioritario del crimen organizado. La colonización
de los despachos judiciales ya no busca la
impunidad de delitos comunes de menor escala, sino
asegurar la operatividad irrestricta de megalíneas de
narcotráfico, esquemas de delincuencia de cuello
blanco y tramas multimillonarias de desvío de
fondos públicos. Adicionalmente, el análisis de las
economías criminales en el país evidencia que el
narcotráfico actúa como un mercado articulador de
ilícitos conexos, tales como el lavado de activos, el
tráfico de armas y el desvío de hidrocarburos, cuyas
cadenas de valor exigen comprender las condiciones
institucionales y territoriales que facilitan su
reproducción (Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado [OECO], (2023).
La penetración del crimen organizado en la
Función Judicial ecuatoriana no se despliega en un
vacío institucional, sino que es tributaria de una
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profunda y prolongada precariedad situacional y
administrativa, regulada formalmente en su
estructura orgánica por la Asamblea Nacional del
Ecuador (2009). El colapso del sistema de justicia
responde, en gran medida, a una severa política de
asfixia presupuestaria que ha mermado
significativamente los recursos operativos de la
judicatura durante la última década, derivando en un
déficit crónico de personal técnico, infraestructura
precaria, mora en obligaciones patronales básicas y
salarios congelados por más de quince años frente a
una carga procesal inhumana.
En este sentido, los diagnósticos
especializados sobre independencia judicial señalan
que las restricciones presupuestarias y la
obsolescencia tecnológica limitan drásticamente la
capacidad de las unidades judiciales para gestionar
los procesos, advirtiendo que la garantía de una
tutela judicial efectiva exige condiciones materiales
adecuadas para el desempeño de la función
jurisdiccional (Cyrus R. Vance Center for
International Justice & Federación Latinoamericana
de Magistrados, 2024).
A este desamparo financiero se añade el riesgo
físico extremo: de miles de servidores judiciales
distribuidos en el país, decenas operan bajo
amenazas de muerte confirmadas e investigaciones
por atentados contra su vida, registrándose una
cobertura de resguardo policial efectivo que apenas
alcanza a la mitad de los amenazados (Consejo de la
Judicatura, 2024). Dicha vulnerabilidad se acentúa
de forma crítica en las provincias costeras del litoral
y se ve agravada por la estigmatización institucional
y el debilitamiento de las garantías de
independencia (Fundación Ciudadanía y Desarrollo,
2026).
Las investigaciones de trascendencia histórica
lideradas por la Fiscalía General del Estado en el
periodo reciente —materializadas en casos
emblemáticos como Metástasis, Purga y Plaga—
han proporcionado una radiografía fáctica e
incontrovertible del nivel simbiótico alcanzado por
la infiltración delictiva en la Función Judicial
ecuatoriana. El Caso Metástasis expuso cómo un
entramado de narcotráfico y lavado de dinero
compró resoluciones jurisdiccionales y recursos de
habeas corpus mediante el soborno directo a altas
autoridades administrativas del Consejo de la
Judicatura, magistrados de la Corte Nacional de
Justicia, jueces provinciales y directores del sistema
penitenciario, derivando en sentencias
condenatorias históricas emitidas por la Corte
Nacional de Justicia contra los procesados (Fiscalía
General del Estado, 2024).
Por su parte, el Caso Purga develó una alianza
entre el poder político partidista local y operadores
judiciales de la provincia del Guayas para
instrumentalizar las salas penales y civiles en favor
de fraudes procesales multimillonarios y de la
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protección de intereses criminales vinculados al
narcotráfico (Fiscalía General del Estado, 2025).
Asimismo, el Caso Plaga puso al descubierto
un dinámico "mercado de excarcelaciones"
orquestado por redes de jueces, secretarios y
abogados particulares para otorgar de manera
ilegítima acciones constitucionales en favor de
integrantes de alta peligrosidad de las bandas
criminales (Fiscalía General del Estado, 2025). La
trágica dimensión de esta vulnerabilidad
institucional alcanzó su punto culminante con el
asesinato del fiscal César Suárez en enero de 2024,
evidenciando el aislamiento, las fallas burocráticas
de protección y el peligro inminente que enfrentan
los operadores que investigan a la delincuencia
transnacional.
Ante este escenario de colapso institucional y
normativo, la respuesta punitiva tradicional del
ordenamiento jurídico ecuatoriano bajo el Código
Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014) ha mostrado agudos vacíos
dogmáticos para delimitar la autoría y participación
de los servidores judiciales cooptados, quienes
frecuentemente pretenden reconducir sus conductas
hacia el delito de prevaricato o ampararse en el
estado de necesidad disculpante por coacción moral.
De igual manera, las bajas tasas de
incautación de bienes ilícitos y la sobreaplicación de
procedimientos abreviados revelan una alarmante
ineficacia del Estado para golpear el patrimonio
económico del crimen organizado (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado, [OECO] 2022).
De hecho, los reportes criminológicos señalan
que un porcentaje reducido de procesados enfrenta
medidas cautelares sobre sus bienes y que el comiso
real registra una aplicación marginal, lo que
evidencia la necesidad urgente de fortalecer la
investigación financiera y los mecanismos
orientados a desmantelar los beneficios económicos
de las redes criminales (OECO, 2025). Esta
situación ha impulsado discusiones dogmáticas
sobre la necesidad de incorporar nuevas figuras
típicas, tales como el delito de "pertenencia
funcional", diseñado para sancionar a los
facilitadores corporativos y profesionales de cuello
blanco que operan en las cortes.
No obstante, la gravedad de la crisis expuesta,
existe una brecha crítica tanto en la literatura
jurídica especializada como en los diagnósticos
estatales: la tendencia a analizar la corrupción
judicial desde un prisma puramente deontológico e
individual, o abordar el combate al crimen
organizado a través de una óptica restrictiva de
seguridad policial-militar que omite al sistema de
justicia como el eslabón final y decisivo de la
cadena delictiva.
A partir de estas consideraciones, el presente
artículo de investigación tiene como objetivo central
examinar los mecanismos doctrinales, jurídicos y
situacionales que facilitan la infiltración criminal y
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socavan la independencia de la Función Judicial en
el Ecuador, evaluando críticamente las respuestas
punitivas e institucionales del Estado frente al
fenómeno de la cooptación sistémica.
Metodología
El presente estudio adopta un enfoque
metodológico de carácter eminentemente
cualitativo, estructurado bajo un corte dogmático-
jurídico y criminológico. Esta aproximación
metodológica resulta indispensable para examinar
un fenómeno de alta complejidad institucional como
la infiltración y cooptación de los aparatos de
administración de justicia por parte de la
delincuencia organizada transnacional.
En el ámbito de las ciencias jurídicas y
sociales, el enfoque cualitativo permite trascender la
simple descripción numérica o estadística de los
hechos delictivos, permitiendo profundizar en la
comprensión de las estructuras normativas, las
dinámicas de poder informal, la dogmática penal de
los tipos de imputación y las condiciones fácticas
que propician la captura del Estado.
El componente dogmático-jurídico se orienta
al análisis exegético y sistemático de las
disposiciones legales vigentes en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano —principalmente el Código
Orgánico Integral Penal (COIP)— y de los
proyectos de reforma normativa, tales como la
denominada "Ley Antimafias". Por su parte, la
dimensión criminológica aporta las herramientas
teóricas necesarias para descifrar los procesos
evolutivos de la criminalidad corporativa, la
corrupción sistémica en el sector de la justicia penal
y las relaciones de coacción entre las estructuras
delictivas y los operadores de justicia.
En consonancia con el enfoque adoptado, el
tipo de investigación se define como un estudio de
carácter documental, descriptivo-analítico y de
casos. El diseño documental se sustenta en la
revisión sistemática, crítica y exhaustiva de fuentes
primarias y secundarias, las cuales comprenden un
corpus delimitado en un total de 18 fuentes clave y
especializadas, estructuradas formalmente en 4
cuerpos normativos y jurisprudenciales (incluyendo
los expedientes ejecutoriados de los casos
Metástasis, Purga, Plaga y el atentado al fiscal César
Suárez), 4 informes técnicos e institucionales de
referencia emitidos por el Consejo de la Judicatura
y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado (OECO), 2 diagnósticos internacionales
independientes y 8 artículos científicos
especializados en dogmática penal y criminología.
La naturaleza descriptiva-analítica permite
desglosar de manera pormenorizada los
componentes estructurales de la crisis de la Función
Judicial en el Ecuador, evaluando las estadísticas de
riesgo, la asfixia presupuestaria y los factores de
vulnerabilidad inmaterial, para posteriormente
someterlos a un riguroso escrutinio analítico a la luz
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de la dogmática penal y la teoría de la gran
corrupción. Asimismo, el uso del método de estudio
de casos constituye una estrategia metodológica
central para examinar la materialización fáctica de
la infiltración sistémica a través del análisis
detallado de procesos judiciales emblemáticos.
Para la selección de los casos de estudio
analizados en la investigación —específicamente
los casos denominados Metástasis, Purga, Plaga y el
atentado contra el fiscal César Suárez—, se
establecieron criterios rigurosos basados en la
relevancia jurisprudencial, la jerarquía de los
servidores públicos involucrados y el impacto
sistémico en la administración de justicia.
Como criterios de inclusión, se consideraron
aquellos expedientes formalmente sustanciados por
la Fiscalía General del Estado que contaran con
resoluciones de llamamiento a juicio, sentencias
condenatorias ejecutoriadas de instancia o
pronunciamientos de altas cortes que documentaran
de manera fehaciente la participación directa de
operadores judiciales, magistrados, directivos de la
judicatura o altos funcionarios estatales en redes de
delincuencia organizada.
De igual manera, se incluyeron casos
emblemáticos de atentados letales contra operadores
de justicia que evidenciaran de forma fáctica la
vulnerabilidad y el nivel de indefensión
institucional frente a los Grupos de Delincuencia
Organizada (GDO). Como criterios de exclusión, se
descartaron investigaciones de carácter preliminar
que carecieran de sustento jurisdiccional formal, así
como procesos penales por delitos de corrupción
administrativa aislada o común que no guardaran
relación directa con estructuras de delincuencia
organizada transnacional o con la cooptación
sistemática del sistema de administración de
justicia.
Las técnicas de recolección de información
empleadas en el desarrollo de este artículo se
fundamentan en la observación documental
estructurada mediante el diseño y aplicación de una
matriz de análisis documental. Esta herramienta
metodológica permitió sistematizar de manera
uniforme la información contenida en las sentencias
judiciales, los autos de procesamiento y los
expedientes de los casos Metástasis, Purga y Plaga.
Adicionalmente, la matriz incorporó el
análisis de la normativa penal sustantiva,
centrándose en el articulado del Código Orgánico
Integral Penal (COIP) relativas al delito de
delincuencia organizada, prevaricato y obstrucción
de la justicia, así como en las propuestas de
tipificación de la pertenencia funcional
contempladas en la legislación antimafias.
Como fuentes complementarias de
recolección, se integraron boletines institucionales,
informes estadísticos y memorias técnicas emitidas
por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General
del Estado, el Ministerio del Interior, el
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Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado
(OECO) y organismos internacionales
especializados en la materia.
El procedimiento para la recolección,
sistematización y procesamiento de los datos se
ejecutó a través de un protocolo secuencial riguroso
estructurado en tres fases. En la primera fase de
acopio y depuración, se recolectaron y filtraron
datos normativos e institucionales de carácter
primario y secundario, constituidos por los textos
íntegros de la Constitución de la República del
Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial,
el COIP, el proyecto de Ley Antimafias, las
sentencias judiciales ejecutoriadas de los casos
Metástasis, Purga y Plaga, así como los registros
oficiales y boletines de prensa de la Fiscalía General
del Estado y del Consejo de la Judicatura.
En la segunda fase de categorización y cruce
de variables, la información recabada se sometió a
un proceso de categorización temática mediante el
uso de la matriz de análisis documental, procesando
datos estadísticos cuantitativos e indicadores
fácticos, tales como el universo de 8.752 servidores
judiciales, los 127 funcionarios bajo amenaza de
muerte confirmada, los 23 casos de víctimas de
atentados, las 58 custodias policiales asignadas, y
los porcentajes de impunidad económica real (93 %)
e inejecución de comisos (1,5 %) provistos por el
OECO; permitiendo cruzar y contrastar estos datos
con los modi operandi documentados en las tramas
de corrupción judicial y los vacíos dogmáticos del
COIP.
En la tercera fase de procesamiento analítico,
se procedió a la confrontación crítica de los
hallazgos empíricos de los casos de estudio con los
datos doctrinales y criminológicos, tales como el
modelo evolutivo de las etapas de la infiltración de
Peter Lupsha, los conceptos teóricos de la
corrupción en el sector de la justicia penal (csjP) y
la dinámica coactiva del throffer. Este
procedimiento metodológico garantizó la
trazabilidad, la validez interna del análisis y la
consistencia argumentativa necesaria para formular
las conclusiones y proyecciones de política jurídica
presentadas en la investigación.
Finalmente, las mediciones con datos se
operativizaron a partir de estadística descriptiva
básica institucional, calculando proporciones y tasas
porcentuales precisas (tales como la cobertura
policial de custodia del 45,67 % y la tasa de
impunidad económica real del 93 %) sobre el
universo total de servidores judiciales evaluados
(8.752 funcionarios). La validez y confiabilidad de
los hallazgos se fundamentaron en el principio de
triangulación de datos y fuentes, contrastando de
manera cruzada las versiones procesales contenidas
en los expedientes judiciales oficiales con las
mediciones independientes de organismos
observadores y los postulados de la doctrina penal y
criminológica especializada.
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Para garantizar la credibilidad y
confirmabilidad cualitativa del estudio, la
información volcada en las matrices de análisis
documental fue sometida a un control de rigor
hermenéutico y verificación intersubjetiva con el
concurso de tres (3) expertos consultores en derecho
penal y criminología, previniendo sesgos de
interpretación ideológica o mediática en el examen
de casos de alta connotación política.
Asimismo, la trazabilidad del procesamiento
de datos se aseguró mediante el registro minucioso
de las fuentes primarias y secundarias consultadas,
reconociendo como limitación metodológica el
carácter reservado de ciertas piezas procesales en
instrucción fiscal, por lo que el análisis se restringió
exclusivamente a actuaciones, providencias y fallos
de acceso público y validez jurídica confirmada.
Resultados
La presente sección expone los hallazgos
empíricos, cuantitativos, jurisprudenciales y
dogmático-jurídicos derivados de la investigación,
sistematizando la información obtenida de los
expedientes penales, los informes de gestión
institucional y el análisis del ordenamiento jurídico
sustantivo ecuatoriano. A través de un enfoque
cualitativo y exegético, los resultados desglosan la
dimensión situacional de la crisis de la
administración de justicia, la caracterización de los
modi operandi en tramas de gran corrupción e
infiltración criminal, y la evaluación técnica de los
mecanismos de imputación penal contemplados en
la legislación sustantiva, proporcionando la
evidencia fáctica y normativa que sustenta el
análisis crítico del fenómeno de cooptación
sistémica en la Función Judicial del Ecuador.
Diagnóstico Situacional, Precariedad
Presupuestaria y Geografía del Riesgo Judicial
Los resultados del análisis situacional reflejan
un colapso operativo y un estado de vulnerabilidad
institucional sistémica en la Función Judicial
ecuatoriana, constituyendo el marco situacional que
facilita la permeación y cooptación por parte de los
Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Los
datos consolidados del Consejo de la Judicatura y
del Ministerio del Interior identificaron que, de un
universo total de 8.752 servidores judiciales
distribuidos en el territorio nacional, 127
funcionarios operaban bajo amenaza de muerte
confirmada debido al conocimiento de causas
penales vinculadas a la delincuencia transnacional
(Consejo de la Judicatura, 2024). Asimismo, se
registraron 23 víctimas directas de atentados graves
y violencia física contra su integridad o la de sus
núcleos familiares directos (Consejo de la
Judicatura, 2024).
Frente a esta geografía del riesgo, la respuesta
del Estado evidenció fallas estructurales de
cobertura y análisis táctico. Únicamente 58
servidores judiciales contaban con esquemas de
seguridad física personal y acompañamiento
policial asignado a nivel nacional, lo que representa
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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una tasa de cobertura de apenas el 45,67 % respecto
al total de funcionarios con amenaza letal declarada,
dejando a más del 54 % en situación de total
indefensión (Consejo de la Judicatura, 2024). La
distribución territorial de estas amenazas presenta
una concentración geográfica superior al 80% en las
provincias del litoral y zonas estratégicas para el
narcotráfico, específicamente Guayas, Pichincha,
Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo
Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos (Barreno
Velin, 2022; Consejo de la Judicatura, 2024).
En estas jurisdicciones, la proximidad con
centros de privación de libertad controlados por
bandas criminales amplifica el riesgo, al constatarse
que las directrices de extorsión y amedrentamiento
se emiten directamente desde el interior de los
reclusorios estatales.
Indicador Situacional
Cifra Absoluta
Porcentaje / Proporción
Universo total de servidores
8.752
100,00 %
Servidores bajo amenaza de muerte
127
1,45 % del universo
Víctimas directas de atentados
23
18,11 % de amenazados
Cobertura de custodia policial
58
45,67 % de amenazados
Desprotección estatal efectiva
69
54,33 % de amenazados
Concentración territorial del riesgo
8 provincias
> 80,00 % de los casos
Tabla 1. Indicadores Situacionales de Riesgo y Cobertura de Seguridad en la Función Judicial Ecuatoriana
Nota. Datos consolidados sobre la situación de riesgo y protección de operadores de justicia, Consejo de la Judicatura (2024).
A la desprotección física se suma una
prolongada asfixia presupuestaria que ha debilitado
la capacidad de resistencia del sistema. Durante la
última década, la Función Judicial experimentó un
recorte presupuestario acumulado superior a los 200
millones de dólares, proyectado en controversias
constitucionales como la acción de protección N.º
17203-2023-01666 (Cyrus R. Vance Center for
International Justice & Federación Latinoamericana
de Magistrados, 2024).
Esta restricción de recursos se tradujo en
congelamiento salarial por más de 15 años para
jueces y fiscales, falta de cobertura de vacantes
históricas, sobrecarga laboral humana desmedida,
obsolescencia tecnológica y mora patronal
recurrente por parte del Consejo de la Judicatura
ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) (Cyrus R. Vance Center for International
Justice & Federación Latinoamericana de
Magistrados, 2024), deficiencias institucionales que
han intentado ser mitigadas formalmente mediante
protocolos administrativos de control interno
orientados a la detección de faltas disciplinarias
(Consejo de la Judicatura, 2025).
Adicionalmente, se identificó un factor de
riesgo inmaterial derivado del populismo penal y el
linchamiento mediático promovido desde el poder
político central. La desacreditación pública
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sistemática de juzgadores —calificados como
"cómplices de las mafias" al aplicar garantías
constitucionales o emitir fallos contrarios a los
intereses del Ejecutivo— ha erosionado la
legitimidad institucional, reduciendo la confianza
ciudadana en el sistema de justicia a un histórico
18% de aceptación general (Fundación Ciudadanía
y Desarrollo, 2026). Esta estigmatización despoja al
juzgador de su investidura de neutralidad,
exponiéndolo físicamente y presionándolo a emitir
fallos apresurados o a presentar renuncias
irrevocables para salvaguardar su vida.
Manifestación Fáctica de la Captación
Simbiótica: Evidencia Procesal de los Casos
Emblemáticos
El examen empírico de las causas penales de
alta connotación procesadas por la Fiscalía General
del Estado demuestra la transición fáctica de la
Función Judicial desde una etapa de corrupción
administrativa parasitaria hacia una fase de
captación simbiótica (Farinango Criollo & Suárez
Venegas, 2024; Lupsha, 1996; Tapia Guerrón &
Fierro Fierro, 2024). Los expedientes judiciales de
los casos Metástasis, Purga y Plaga, sumados al
atentado letal contra el fiscal César Suárez, aportan
la evidencia documental sobre el funcionamiento de
las redes de cooptación institucional.
El denominado Caso Metástasis (expediente
N.º 17721-2023-00077G) constituye el hito
jurisprudencial más relevante en la documentación
de la narcopolítica e infiltración de la alta judicature
(Moncayo Gallegos, 2024; Posso Zumárraga,
2025). Originado a partir del peritaje forense a los
dispositivos de comunicación del procesado
Leandro Norero Tigua (alias "El Patrón"), la
extracción de miles de chats encriptados en la
aplicación Threema puso al descubierto una red
dedicada a la compra de decisiones judiciales,
manipulación de informes de activos y tramitación
fraudulenta de garantismos constitucionales.
El hallazgo central radicó en la jerarquía de
los actores captados, destacando a Wilman Terán,
Presidente en funciones del Consejo de la
Judicatura, junto a jueces de la Corte Nacional de
Justicia, magistrados provinciales, fiscales y el
Director Nacional del Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la
Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo
Ramírez. El 26 de noviembre de 2024, un Tribunal
de la Corte Nacional de Justicia emitió sentencia
condenatoria dictando nueve años y cuatro meses de
privación de libertad para Terán y Ramírez como
autores del delito de delincuencia organizada,
además de imponer una reparación integral solidaria
de cuatro millones de dólares al Estado (Fiscalía
General del Estado, 2024; Posso Zumárraga, 2025).
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Caso
Judicial
Estructura / Actores Clave
Modus Operandi
Estado Procesal / Sanción
Metástasis
(Exp. 17721-
2023-
00077G)
Presidencia del CJ, jueces de la
CNJ, Corte Provincial, Directores
del SNAI, fiscales y policía
nacional, Moncayo Gallegos
(2024).
Compra de decisiones, gestión de
habeas corpus, cohecho directo
vía chats, Fiscalía General del
Estado (2024).
Sentencia de 9 años y 4 meses
(delincuencia organizada);
reparación de $4 millones, Posso
Zumárraga (2025).
Purga
Exasambleísta nacional, Presidenta
de Corte Provincial del Guayas,
jueces penales y civiles, Tapia
Guerrón & Fierro Fierro (2024).
Captura de la Corte Provincial del
Guayas, fraudes procesales de
$3,9M, Fiscalía General del
Estado (2025).
Sentencia de 13 años y 4 meses a
líderes por delincuencia
organizada, Fiscalía General del
Estado (2025).
Plaga
Jueces cantonales, abogados en
libre ejercicio, policías y
secretaries, Farinango Criollo &
Suárez Venegas (2024).
"Mercado ilícito de
excarcelaciones" vía habeas
corpus, Fiscalía General del
Estado (2025).
Sentencias vía procedimiento
abreviado; aclaraciones
jurisprudenciales, Fiscalía
General del Estado (2025).
Caso César
Suárez
Sicarios del GDO Chone Killers y
autores intelectuales de la
delincuencia, Pérez Rodríguez
(2024).
Emboscada y sicariato por falta
de escolta física, Pérez Rodríguez
(2024).
Sentencia de 34 años a autores
materiales condenas y alertas
internacionales.
Tabla 2. Síntesis Comparativa de los Casos Emblemáticos de Infiltración y Cooptación Judicial en el Ecuador
Nota. Elaboración propia a partir de los expedientes de la Fiscalía General del Estado (2024, 2025) y doctrina penal nacional.
El Caso Purga develó la convergencia entre el
poder político partidista local y la cúpula judicial de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas (Tapia
Guerrón & Fierro Fierro, 2024). Liderada por el
exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de
dicha corte, Fabiola Gallardo, la red financió
campañas internas para tomar el control de salas
estratégicas, manipulando recursos de apelación y
acciones constitucionales.
Entre los resultados fácticos consta la
alteración dolosa de un habeas data que otorgó una
indemnización ilegítima de 3,9 millones de dólares
a favor de Muentes en perjuicio del Banco del
Pacífico. En 2025, el proceso penal culminó con la
condena de Muentes y Gallardo a 13 años y cuatro
meses de prisión por delincuencia organizada
(Fiscalía General del Estado, 2025).
Por su parte, el Caso Plaga evidenció la
desnaturalización de las acciones de protección y
habeas corpus mediante la estructuración de un
"mercado de excarcelaciones" a escala nacional
(Farinango Criollo & Suárez Venegas, 2024).
Abogados en libre ejercicio actuaban como
intermediarios o brókers que negociaban tarifas con
jueces cantonales de jurisdicciones remotas para
liberar irregularmente a líderes de peligrosas bandas
criminales mediante certificados médicos
falsificados (Fiscalía General del Estado, 2025).
Finalmente, el sicariato del fiscal César
Suárez, perpetrado el 17 de enero de 2024 en
Guayaquil, expuso la quiebra fáctica del sistema de
protección a operadores de justicia (Pérez
Rodríguez, 2024). Suárez, quien lideraba
investigaciones contra el crimen organizado y el
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terrorismo (asalto a TC Televisión por los Chone
Killers), fue ejecutado mientras conducía su
vehículo personal sin escolta policial, bajo la
premisa administrativa errónea de que sus
diligencias telemáticas eliminaban el riesgo físico.
Aunque en enero de 2025 se dictó sentencia de 34
años de prisión contra cuatro autores materiales, el
caso demostró la vulnerabilidad letal del
investigador frente a los mecanismos de
seguimiento de las mafias.
Análisis Dogmático-Penal de la Infiltración:
Tipicidad del COIP, Pertenencia Funcional e
Ineficacia Patrimonial
El análisis de dogmática penal exegética sobre
el Código Orgánico Integral Penal (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2014) revela inconsistencias
en la adecuación típica de las conductas de
cooptación judicial. El tipo penal básico de
Delincuencia Organizada (artículo 369 del COIP)
exige la acreditación de un grupo estructurado de
tres o más personas que de manera permanente o
reiterada cometan delitos para obtener beneficios
económicos (Asamblea Nacional del Ecuador,
2014).
En el juzgamiento de operadores judiciales, la
defensa técnica suele alegar que el juez no pertenece
a la jerarquía operativa o militar de la banda
criminal, pretendiendo desviar la imputación hacia
el tipo de Prevaricato (artículo 268) u Obstrucción
de la Justicia (artículo 270.1), cuyas escalas
punitivas son significativamente menores
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). La
dogmática contemporánea resuelve esta distorsión
recurriendo a la teoría de la autoría por cooptación
de funciones, entendiendo al juez como un ejecutor
funcional indispensable de la estructura.
Ante estas restricciones probatorias, el estudio
de las propuestas legislativas destaca la
incorporación del delito de Pertenencia Funcional
(artículo 369-A del COIP) en la propuesta Ley
Antimafias (Radio Pichincha, 2026). Esta figura
penal prescinde de la pertenencia formal a la cúpula
delictiva, sancionando con pena privativa de
libertad de 13 a 16 años a profesionales, abogados,
asesores y servidores públicos que utilicen su cargo
o conocimiento para prestar un auxilio logístico,
financiero, normativo o de asesoría estratégica
encaminado a garantizar la impunidad de la mafia
(Radio Pichincha, 2026). La norma incluye la
inhabilitación permanente para el ejercicio de la
abogacía y de la función pública, atacando
directamente a la red corporativa de cuello blanco
que opera en los despachos judiciales.
En el ámbito de la culpabilidad, el examen
dogmático desestima la alegación recurrente de la
coacción moral irresistible o estado de necesidad
disculpante (artículo 32 del COIP) bajo la lógica del
throffer ("plata o plomo") (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014; Simon, 2023). El análisis
jurisprudencial del Caso Metástasis demostró que,
en la dinámica de la gran corrupción, la fase de
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oferta económica y soborno voluntario ("plata")
precede temporalmente a la fase de amenaza o
coacción física ("plomo") (Posso Zumárraga, 2025;
Simon, 2023).
Dado que el operador judicial ingresó
voluntariamente en la red a cambio de beneficios
económicos o ascensos, no cabe invocar el estado de
necesidad, por cuanto fue el propio funcionario
quien provocó dolosamente la situación de peligro
en el ejercicio de su cargo (Posso Zumárraga, 2025).
Figura Penal
Base Legal
Penas y Sanciones
Problema Dogmático / Solución
Aplicada
Delincuencia
Organizada
Art. 369 COIP, Asamblea
Nacional del Ecuador
(2014)
7 a 10 años (miembros); 10 a 13
años (líderes).
Complejidad probatoria de
pertenencia a la jerarquía de la banda.
Prevaricato
Art. 268 COIP, Asamblea
Nacional del Ecuador
(2014)
3 a 5 años (básico); 10 a 13 años
(si beneficia a GDO).
Agravante específica por favorecer a la
delincuencia organizada.
Pertenencia
Funcional
Art. 369-A COIP, Radio
Pichincha (2026)
13 a 16 años + inhabilitación
permanente de la profesión u
oficio.
Prescinde de la cúpula; sanciona la
ayuda técnica de cuello blanco.
Estado de
Necesidad
(Coacción)
Art. 32 COIP, Asamblea
Nacional del Ecuador
(2014)
Causa de exclusión de la
culpabilidad (disculpante).
Inaplicable si el juez aceptó
previamente el soborno doloso, Posso
Zumárraga (2025).
Tabla 3. Exégesis de los Tipos Penales Sustantivos y su Aplicación Dogmática ante la Cooptación Judicial
Nota. Cuadro exegético fundamentado en el Código Orgánico Integral Penal y las reformas propuestas en la legislación
antimafias.
Finalmente, la evaluación de la respuesta
judicial de la punibilidad evidencia una grave
ineficacia en el desmantelamiento del poder
económico del crimen organizado (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO],
(2025); OECO (2023). Los datos recopilados por el
OECO indican que existe una sobreaplicación del
procedimiento abreviado en causas por delincuencia
organizada, permitiendo a los procesados obtener
penas mínimas de prisión a cambio de aceptar la
imputación (OECO, 2025; OECO, 2024).
Esta práctica procesal genera una tasa del 93
% de impunidad económica real, constatándose que
apenas el 20 % de los procesados enfrenta medidas
cautelares sobre sus bienes y que el comiso penal
efectivo de activos solo se ejecuta en el 1,5 % de los
casos (OECO, 2025; OECO, 2024). El Estado
ecuatoriano demuestra una incapacidad estructural
para incautar el patrimonio ilícito, permitiendo que
las redes criminales conserven la liquidez financiera
necesaria para continuar financiando la cooptación
de las instituciones públicas.
Discusión
La confrontación analítica entre los hallazgos
empíricos recopilados y los postulados teóricos del
derecho penal, la criminología contemporánea y la
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ciencia política permite dimensionar la verdadera
gravedad del fenómeno de cooptación institucional
en la Función Judicial del Ecuador. Los resultados
de este estudio no solo confirman las hipótesis
previas sobre la vulnerabilidad del aparato de
administración de justicia, sino que obligan a
reconsiderar las categorías dogmáticas y las
herramientas procesales tradicionales con las cuales
el Estado ha pretendido responder al avance de la
delincuencia organizada transnacional.
A continuación, la discusión se articula en
torno a tres ejes fundamentales: la verificación del
tránsito evolutivo del crimen organizado en el país,
el análisis dogmático de las figuras de coacción y
voluntariedad ante la tipicidad sustantiva, y la
evaluación crítica de la ineficacia punitiva en el
ámbito de la impunidad económica.
La Transición de la Fase Parasitaria a la Fase
Simbiótica: La Infiltración Ecuatoriana a la Luz
del Modelo de Lupsha
El análisis empírico de las causas judiciales
emblemáticas sustanciadas en el Ecuador —
principalmente los casos Metástasis, Purga y
Plaga— proporciona evidencia irrefutable de que el
país ha cruzado el umbral decisivo que separa la
corrupción administrativa ordinaria de la captura
simbiótica del Estado. Al contrastar estos resultados
con el modelo evolutivo de Peter Lupsha, las ideas
expuestas por Lupsha (1996) sirven como un sólido
sustento teórico que respalda y explica la
transformación delictiva, contrastando de manera
directa con la narrativa tradicional y complaciente
que catalogaba a la República del Ecuador como una
benigna "isla de paz" o un mero espacio de tránsito
dócil, condición propia de una etapa predatoria
superada históricamente hace décadas (Moncayo
Gallegos, 2024; Merino Ajila, Guilcapi Valencia &
Defas Ayala, 2024; Pérez Rodríguez, 2024).
Durante la posterior fase parasitaria,
consolidada a lo largo del último decenio, las
organizaciones criminales se limitaron a cooptar
mandos medios y agentes operativos —como
policías, guías penitenciarios y secretarios de
juzgados cantonales— mediante pagos puntuales de
sobornos dirigidos a entorpecer investigaciones o
facilitar el tráfico de mercancías (Farinango Criollo
& Suárez Venegas, 2024; Lupsha, 1996; Peñafiel
Valencia & Aguirre, 2023).
Esta idea se alinea y encuentra total
concordancia con lo sostenido por Lupsha (1996)
respecto a los mecanismos de subsistencia del
crimen sobre los mandos medios del Estado. Sin
embargo, la evidencia documental ventilada en el
Caso Metástasis (Expediente N.º 17721-2023-
00077G) contrasta profundamente con las formas
tradicionales de corrupción menor, demostrando
que las estructuras delictivas transnacionales ya no
operan en los márgenes de la institucionalidad, sino
en su núcleo mismo.
La imputación y condena en calidad de
autores del delito de delincuencia organizada a las
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máximas autoridades del sistema de administración
de justicia —destacando la figura del Presidente en
funciones del Consejo de la Judicatura, Wilman
Terán, junto a magistrados de la Corte Nacional de
Justicia y directores del sistema penitenciario—
corroboran y sustentan empíricamente el
establecimiento de una relación simbiótica perfecta
teorizada por Lupsha (Fiscalía General del Estado,
2024; Lupsha, 1996; Posso Zumárraga, 2025).
En esta etapa simbiótica, la delincuencia
organizada y el aparato de poder público se fusionan
estructuralmente, tal como lo postula el marco
conceptual de Lupsha (1996). Las agencias estatales
dejan de actuar como diques de contención del
delito y pasan a desempeñar el rol de facilitadores
corporativos de las economías criminales (Moncayo
Gallegos, 2024).
Tal como se evidenció en el Caso Purga, la
alianza entre el poder político partidista local y la
presidencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas sustenta la idea de que la captura
institucional no solo buscó blindar actividades de
narcotráfico, sino instrumentalizar el poder
jurisdiccional para la comisión de fraudes
procesales multimillonarios y la apropiación
ilegítima de bienes estatales, Fiscalía General del
Estado (2025) (Tapia Guerrón & Fierro Fierro,
2024).
De igual forma, el Caso Plaga expuso la
desnaturalización sistemática de las garantías
constitucionales de habeas corpus, transformadas en
un lucrativo "mercado de excarcelaciones"
administrado por jueces cooptados y redes de
abogados en libre ejercicio (Farinango Criollo &
Suárez Venegas, 2024; Fiscalía General del Estado,
2025).
Por consiguiente, los resultados demuestran
que el Estado ecuatoriano no enfrenta una sumatoria
de faltas éticas individuales —idea contrastada con
las visiones puramente deontológicas—, sino una
alteración estructural en la que las normas actúan
como "trajes a la medida" para garantizar la
impunidad de las cúpulas criminales, hallazgo que
se encuentra en absoluta concordancia con los
postulados de Carvajal Martínez et al., (2019) y
Simon (2023).
El Dilema Dogmático del Throffer y la
Inaplicabilidad del Estado de Necesidad
Un hallazgo crítico de esta investigación se
ubica en el terreno de la dogmática penal sustantiva,
específicamente en la confrontación entre la
dinámica de la coacción criminal y las causas de
exclusión de la culpabilidad. La cooptación de los
operadores judiciales por parte de los Grupos de
Delincuencia Organizada (GDO) se despliega bajo
la lógica criminológica del throffer —convergencia
simultánea de la oferta económica (offer) y la
amenaza letal (threat)— expresada en la fórmula del
"plata o plomo", concepto analizado y respaldado
por Simon (2023).
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En los juzgamientos penales, las defensas
técnicas de los servidores judiciales implicados
apelan de forma recurrente al estado de necesidad
disculpante o a la coacción moral irresistible
(artículo 32 del Código Orgánico Integral Penal
[COIP]), argumentando que el juzgador actuó bajo
una amenaza creíble de muerte contra su persona o
su núcleo familiar (Asamblea Nacional del Ecuador,
2014).
No obstante, el análisis dogmático de los
expedientes examinados permite desestimar
categóricamente dicha línea de defensa,
contrastando la versión de los procesados con la
realidad probatoria. En los esquemas de gran
corrupción en el sector de la justicia penal (csjP), se
constata una fractura de la secuencia cronológica de
la coacción que respalda teóricamente los
planteamientos de Simon (2023) y Carvajal
Martínez et al., (2019).
El examen forense de las comunicaciones
encriptadas en el Caso Metástasis sustenta la idea de
que la fase de oferta y soborno económico ("plata")
precedió en el tiempo a cualquier manifestación de
amenaza o violencia física ("plomo") (Posso
Zumárraga, 2025; Simon, 2023). Los funcionarios
judiciales captados ingresaron de manera libre,
voluntaria y consciente en relaciones de
complicidad mercantil con las redes criminales a
cambio de elevadas dádivas financieras, ascensos
corporativos e influencia política, aspecto que
contrasta fuertemente con la supuesta
irresistibilidad de la coacción (Carvajal Martínez et
al., 2019; Posso Zumárraga, 2025; Simon, 2023).
La intimidación armada sólo se activa cuando
el operador judicial intenta retractarse del pacto
ilícito o cuando investigaciones concurrentes
amenazan la continuidad de la impunidad
prometida. En consecuencia, la dogmática penal
contemporánea exige aplicar el principio de actio
libera in causa, sustentando que el servidor público
que provoca dolosamente su propia situación de
riesgo al aceptar sobornos de la delincuencia
organizada no puede invocar posteriormente el
estado de necesidad para justificar la emisión de
fallos contra ley expresa (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014; Posso Zumárraga, 2025).
Por otro lado, esta realidad contrasta
trágicamente con la situación de los operadores
probos que rechazan la oferta económica inicial.
Ante la asfixia presupuestaria de la Función Judicial
—con un recorte de más de 200 millones de dólares
en la última década— y una cobertura de resguardo
policial que no alcanza ni al 46 % de los
funcionarios amenazados de muerte, la negativa a
aceptar el soborno coloca al juzgador íntegro en una
situación de indefensión absoluta, datos
cuantitativos que encuentran total concordancia con
los reportes institucionales de Cyrus R. Vance
Center for International Justice y Federación
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Latinoamericana de Magistrados (2024) y del
Consejo de la Judicatura (2024).
El vil asesinato del fiscal César Suárez en
enero de 2024 constituye la prueba empírica más
dolorosa de esta falla sistémica, contrastando
fuertemente con la ineficacia de los protocolos
burocráticos sobre audiencias telemáticas (Pérez
Rodríguez, 2024). Así, el throffer subvierte la ética
institucional, transformando la integridad
profesional en una sentencia de muerte autoinducida
ante la ausencia de esquemas reales de protección,
idea que resalta y valida los argumentos expuestos
por Simon (2023).
Impunidad Económica y la Corrupción en el
Sector de la Justicia Penal (csjP)
El tercer eje de discusión enfrenta los
resultados sobre el desmantelamiento de activos
ilícitos con los postulados teóricos de la csjP. La
doctrina enfatiza que la corrupción en el sector de la
justicia penal no busca simplemente distorsionar un
proceso aislado, sino asegurar la reproducibilidad de
los mercados criminales a través del blindaje de su
patrimonio acumulado, concepto sustentado
teóricamente por Carvajal Martínez et al., (2019) y
Simon (2023).
Los datos presentados en este estudio revelan
un contraste alarmante: mientras la Fiscalía General
del Estado ha logrado avances espectaculares en la
persecución punitiva individual de líderes y jueces,
el sistema de justicia penal ecuatoriano registra una
tasa del 93 % de impunidad económica real,
hallazgo empírico que contrasta de forma crítica con
la expectativa formal de justicia y que concuerda
con las mediciones del Observatorio Ecuatoriano de
Crimen Organizado [OECO] (2022) y del OECO
(2025).
Esta ineficacia estructural se explica por dos
factores interconectados. En primer lugar, los
reportes criminológicos del OECO (2022, 2025)
evidencian una distorsión en la aplicación de las
figuras procesales, destacando la sobreaplicación
del procedimiento abreviado en causas por
delincuencia organizada. Los integrantes de las
redes de cooptación aceptan penas reducidas de
privación de libertad a cambio de acortar los juicios,
mientras que las medidas cautelares sobre sus bienes
solo se aplican al 20 % de los procesados y el comiso
penal efectivo apenas alcanza un insignificante 1,5
% de los casos (OECO, 2025).
En segundo lugar, existe un vacío dogmático
en la tipificación tradicional del COIP, el cual exige
demostrar la pertenencia jerárquica a la banda
criminal para sancionar la delincuencia organizada
(artículo 369) (Asamblea Nacional del Ecuador,
2014). Esta limitación probatoria contrasta con la
necesidad de golpear a la red de facilitadores
profesionales de cuello blanco —abogados,
contadores y brókers financieros— que operan
como puentes entre el dinero sucio y las
instituciones formales (Radio Pichincha, 2026).
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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De allí la trascendencia de la propuesta
legislativa de incorporar el delito de Pertenencia
Funcional (artículo 369-A del COIP) difundida por
Radio Pichincha (2026). Esta figura penal prescinde
de la pertenencia a la cúpula armada del grupo y
contrasta con los vacíos del derecho penal
tradicional al sancionar directamente a quienes
utilicen su profesión o cargo para prestar un auxilio
estratégico encaminado a consolidar la impunidad
de las mafias, incluyendo la inhabilitación
permanente de la profesión (Radio Pichincha,
2026).
Sin un viraje hacia la pertenencia funcional y
la ejecución rigurosa de comisos de dominio, la
depuración judicial en el Ecuador seguirá siendo un
espectáculo punitivo superficial, dejando intacto el
capital económico que financia la incesante compra
de nuevos operadores de justicia, conclusión que se
alinea perfectamente con los análisis examinados
por el OECO (2025) y Radio Pichincha (2026).
Conclusiones
El análisis exhaustivo de la captación del
crimen organizado en la Función Judicial
ecuatoriana, desarrollado a lo largo de las secciones
de este estudio, permite formular las siguientes
conclusiones de alta abstracción científica,
respondiendo de forma directa y rigurosa al objetivo
central de la investigación.
En primer lugar, a partir de la contrastación
teórica y empírica, se determina que la infiltración
criminal en el país ha superado de manera definitiva
los estadios predatorio y parasitario propios de la
corrupción administrativa tradicional. Este
fenómeno se ha consolidado como un proceso de
captación sistémica y simbiótica que atenta
directamente contra los cimientos del Estado
Constitucional de Derechos y Justicia.
En este escenario, la Función Judicial ha
dejado de actuar como un dique de contención
contra la criminalidad para transformarse en el
centro de gravedad estratégico de la contienda entre
la institucionalidad democrática y el poder
económico e intimidatorio de las estructuras
transnacionales. Dichas organizaciones delictivas
han logrado colonizar las instancias de
administración de justicia no con el fin de cometer
faltas éticas aisladas, sino con el propósito
deliberado de estructurar un blindaje de impunidad
para actividades de gran escala como el
narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas
y el sicariato.
En segundo lugar, se concluye que la
vulnerabilidad operativa de los juzgadores no debe
ser interpretada como un fenómeno atribuible
únicamente a fallas éticas de carácter individual,
sino como el resultado fáctico y directo de un
abandono presupuestario prolongado y de una
precariedad institucional crónica. La profunda
brecha detectada en el diagnóstico situacional entre
el elevado número de servidores judiciales bajo
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amenaza letal confirmada y la reducida asignación
efectiva de esquemas de protección policial
demuestra una grave falencia burocrática estatal que
expone físicamente la vida de los juzgadores.
El trágico asesinato del fiscal César Suárez
constituye el reflejo más crudo e ilustrativo de esta
indefensión estructural, evidenciando la ineficacia
de las respuestas administrativas e intermitentes
cuando se enfrenta a un enemigo con capacidad
táctica y recursos financieros ilimitados. La asfixia
económica que ha afectado a la judicatura en el
último decenio actúa como una vulnerabilidad
estructural inducida que debilita sistemáticamente la
capacidad de resistencia del sistema de justicia.
En tercer lugar, los hallazgos empíricos y
jurisprudenciales demuestran que las respuestas
punitivas clásicas, basadas de manera exclusiva en
procesos de depuración judicial reactivos o "purgas"
institucionales, han resultado insuficientes e
ineficaces para revertir el colapso del sistema. La
revelación de la cooptación en las altas esferas del
gobierno judicial, documentada fehacientemente en
el Caso Metástasis con la implicación de la máxima
autoridad del Consejo de la Judicatura, comprueba
que las redes criminales ostentan una notable
capacidad de reconfiguración para capturar a los
propios órganos encargados de la fiscalización y la
depuración interna.
Asimismo, la constatación de una elevada tasa
de impunidad económica real, sumada a la
desmedida aplicación de procedimientos abreviados
que benefician a las cúpulas delictivas y a la mínima
ejecución de comisos sobre bienes ilícitos,
evidencia que el Estado ecuatoriano no ha logrado
impactar la estructura financiera que sostiene la
liquidez del crimen organizado.
Por otra parte, desde la perspectiva de la
dogmática penal sustantiva, se concluye que la
alegación del estado de necesidad disculpante o la
coacción moral irresistible basada en la fórmula del
throffer ("plata o plomo") resulta técnicamente
inaplicable a los juzgadores involucrados en redes
de gran corrupción. El análisis procesal demuestra
que, en la dinámica de la cooptación simbiótica, la
oferta económica y la aceptación voluntaria de
sobornos preceden de forma temporal a la amenaza
o coacción física.
En consecuencia, el servidor público incurre
en una actio libera in causa, por cuanto provocó de
manera dolosa la situación de peligro en el ejercicio
de sus funciones, lo que invalida cualquier
pretensión de eximir la responsabilidad penal por
una supuesta falta de voluntariedad al momento de
emitir resoluciones contrarias a la ley.
Adicionalmente, se determina que el
ordenamiento jurídico ecuatoriano ha presentado
serios vacíos dogmáticos al intentar encuadrar la
conducta de los facilitadores corporativos de la
corrupción judicial dentro del tipo penal tradicional
de delincuencia organizada. La exigencia probatoria
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de acreditar una pertenencia jerárquica a la
estructura armada de la banda ha generado zonas de
impunidad procesal para los actores de cuello
blanco.
Por esta razón, se concluye que resulta
indispensable incorporar y aplicar la figura de la
Pertenencia Funcional, norma que prescinde de la
cúpula operativa y sanciona directamente a
profesionales del derecho, asesores y servidores
públicos que utilicen su conocimiento o cargo para
prestar una colaboración técnica orientada a
garantizar la impunidad de las mafias, disponiendo
además su inhabilitación permanente para el
ejercicio profesional.
Por último, la recuperación efectiva de la
independencia judicial y de la tutela efectiva en la
República del Ecuador exige trascender de manera
urgente las medidas coyunturales o efectistas. La
restitución del Estado de Derecho requiere impulsar
una reestructuración profunda articulada en tres
pilares estratégicos indisociables: la
implementación de una política de
desterritorialización procesal que aísle a los jueces
de causas complejas de la presión de las mafias
locales; la asignación de un presupuesto estatal
garantizado y proporcional a la exigencia del
servicio público judicial; y el establecimiento de un
sistema integral y permanente de protección física
para los operadores de justicia. Sin la ejecución
simultánea de estas transformaciones
institucionales, la independencia de la Función
Judicial continuará siendo una aspiración teórica
desprovista de vigencia fáctica frente al embate de
la delincuencia organizada transnacional.
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