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Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 12/10/2026
Aceptado: 14/11/2026
Publicado: 18/11/2026
Código Único AV: e906
Páginas: 1(2329-2356)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24353741
Autor:
Jorge Luis Carrillo Rodríguez
Abogado
Doctor en Derecho
https://orcid.org/0000-0003-2563-5793
E-mail: jorgeluiscarrillorodriguez6@gmail.com
Afiliación: Corte Superior de Justicia de
Huánuco
País: República del Perú
Resumen
Una sentencia puede declarar la discriminación y conservarla en las razones con las
que dispone repararla. Este artículo examina esa tensión a la luz de los estándares
internacionales de derechos humanos, mediante un estudio jurídico cualitativo y
comparado de veinte sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El análisis reconstruye el razonamiento
que conecta el interés lesionado con la prueba del perjuicio, la atribución causal, la
cuantificación y la elección del remedio. Las decisiones permiten identificar
problemas vinculados con la desvalorización de la sexualidad femenina, la exclusión
del cuidado paterno y las restricciones a la autonomía reproductiva. Se sostiene que
reparar el sufrimiento causado por un mandato de género exige reconocer sus
consecuencias sin legitimar la expectativa que lo produjo. Sobre esa base, se propone
un criterio de escrutinio de la motivación reparadora que distingue el estándar
jurídico aplicable de la generalización estereotipada y exige justificar su pertinencia
e incidencia, respectivamente. La comparación no acredita tarifas indemnizatorias
por sexo ni permite jerarquizar ambos sistemas por sus importes. Su aporte consiste
en ofrecer una herramienta argumentativa para la jurisdicción civil peruana,
especialmente para la función revisora: determinar si la reparación responde a las
consecuencias acreditadas del daño o a una representación previa de cómo debía vivir
la víctima.
Palabras Clave
Estándares internacionales de derechos humanos, estereotipos de
género, reparación del daño, motivación judicial, derecho
comparado.
Abstract
A judgment may condemn discrimination while retaining it in the reasoning
underpinning reparation. This article examines that tension in light of international
human rights standards through a qualitative comparative legal study of twenty
judgments of the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of
Human Rights. The analysis reconstructs the reasoning connecting the injured
interest with proof of harm, causal attribution, assessment of compensation and
selection of remedies. The judgments reveal issues involving the devaluation of
women’s sexuality, the exclusion of paternal caregiving and restrictions on
reproductive autonomy. The article argues that redressing suffering caused by an
imposed gender role requires acknowledging its consequences without legitimizing
the expectation that produced them. On that basis, it proposes a framework for
scrutinizing remedial reasoning that distinguishes the applicable legal standard from
stereotypical generalizations, requiring justification of the former’s relevance and
examination of the latter’s influence on the decision. The comparison establishes
neither sex-based compensation tariffs nor a ranking of the two systems by the
amounts awarded. Its contribution is an argumentative tool for Peruvian civil
adjudication, particularly appellate review: determining whether reparation addresses
the established consequences of harm or reflects a preconceived notion of how the
victim should have lived.
Keywords
International human rights standards; gender stereotypes;
reparation for harm; judicial reasoning; comparative law.
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Introducción
¿Cuánto pesa un prejuicio al fijar una
indemnización? La pregunta surge cuando una
lesión sexual se considera menos relevante por la
edad o la maternidad de la víctima, o cuando se duda
de la capacidad de un padre para cuidar a su hija por
no tener esposa. En ambos supuestos, una
expectativa de género puede sustituir la valoración
de las circunstancias individuales y condicionar la
respuesta reparadora.
Entre la lesión acreditada y la reparación
concedida, la sentencia debe identificar el interés
afectado, valorar la prueba, establecer las
consecuencias atribuibles a la conducta y justificar
el remedio. En cualquiera de estas operaciones
pueden introducirse presunciones sobre la
maternidad, la paternidad o la sexualidad que, si no
se contrastan con los hechos, desplazan la
experiencia de la persona.
La expresión «precio del daño» no alude al
valor de una vida, sino a las razones empleadas para
reconocer y reparar sus pérdidas. La respuesta
jurídica puede comprender indemnizaciones y
medidas no pecuniarias, como la restitución de
derechos, la atención especializada o la
reconstrucción posible de vínculos familiares.
Examinar su fundamento resulta más esclarecedor
que comparar únicamente las cantidades
concedidas.
Los estándares internacionales de derechos
humanos ofrecen parámetros para ese examen. Su
uso requiere identificar el instrumento o
pronunciamiento de origen, reconstruir el criterio
aplicable y justificar su pertinencia para la
controversia. Sentencias, opiniones consultivas y
decisiones de supervisión cumplen funciones
distintas y no comparten necesariamente la misma
fuerza jurídica.
El estándar jurídico debe distinguirse del
estereotipo: aquel proporciona un criterio normativo
cuya aplicación necesita fundamento; este introduce
una generalización sobre lo que una persona es o
debería hacer por su género. Datos como la edad, la
maternidad o la situación familiar solo son
pertinentes cuando se explica su relación concreta
con el perjuicio.
La evolución de las formas de familia, de la
distribución del cuidado y de las decisiones
reproductivas exige interpretar los derechos sin
asignar a mujeres y varones funciones
predeterminadas. La jurisprudencia internacional
permite observar si ese compromiso con la igualdad
y la autonomía también orienta la reparación, una
vez declarada la vulneración.
Se realiza un análisis jurídico cualitativo y
comparado de veinte sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH). Se examinan el interés lesionado, la
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prueba del perjuicio, la atribución causal, los
criterios de valoración y las medidas dispuestas. La
comparación atiende a las competencias de cada
sistema; no pretende deducir discriminación de
diferencias numéricas ni establecer una jerarquía
entre tribunales.
La tesis del estudio sostiene que es posible
reconocer las consecuencias reales de un mandato
de género sin legitimar el mandato mismo. El
sufrimiento asociado a la presión reproductiva o a la
exclusión del cuidado merece examen, pero no
autoriza a convertir la maternidad, la virilidad o el
papel de proveedor en modelos jurídicos
obligatorios.
La inclusión de experiencias masculinas
permite estudiar cómo los roles tradicionales
restringen también el cuidado y la vida familiar de
los varones, sin equiparar sus situaciones con las
desigualdades estructurales que afectan a las
mujeres. La atención al contexto y la
individualización del perjuicio son exigencias
complementarias.
La pregunta central de la investigación es la
siguiente: ¿De qué manera los estándares
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos permiten identificar y examinar
la incidencia de los estereotipos de género en la
valoración judicial del daño y en la motivación de
las medidas reparadoras?
El objetivo general consiste en analizar
comparativamente los estándares jurisprudenciales
de la Corte IDH y del TEDH para examinar la
incidencia de los estereotipos de género en el
reconocimiento, la valoración y la reparación del
daño, y formular un criterio de escrutinio de la
motivación reparadora útil para la jurisdicción civil
peruana. Este criterio comprende cinco juicios:
identificación del interés lesionado, justificación
probatoria, pertinencia valorativa, consistencia y
correspondencia del remedio. El estudio se
circunscribe a veinte decisiones seleccionadas
intencionalmente.
Antecedentes y Marco Jurídico Conceptual
Reparación del daño con perspectiva de género
La perspectiva de género en la reparación
exige examinar no solo por qué se declara una
vulneración, sino también qué presupuestos
orientan la elección y la valoración de sus remedios.
Una decisión puede cuestionar un rol social en su
fundamento sobre responsabilidad y reproducirlo al
cuantificar el perjuicio; por eso, ambas fases
requieren un examen diferenciado.
La relación entre género y reparación cuenta
con un desarrollo académico previo. El volumen
editado por Rubio-Marín (2009) examina las
dimensiones económicas, simbólicas y colectivas de
las reparaciones, especialmente en contextos de
transición. Timmer (2011), por su parte, propone
identificar y cuestionar los estereotipos en la
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jurisprudencia europea. Sus aportes permiten
advertir cómo una generalización sobre
determinado grupo puede incorporarse al
razonamiento judicial y condicionar la protección
de sus integrantes.
Estereotipos de género en el razonamiento
judicial
Timmer (2011) propone identificar las
generalizaciones de género incorporadas al
razonamiento judicial. Para esta investigación, ese
enfoque constituye un punto de partida, pero la
identificación del estereotipo debe complementarse
con el análisis de su incidencia en el reconocimiento
del daño o en la medida reparadora.
El concepto de estereotipo de género tiene un
fundamento jurisprudencial identificable. En
González y otras —Campo Algodonero— vs.
México (Derechos Humanos, 2009), la Corte
Interamericana lo caracteriza mediante las
preconcepciones sobre atributos, características o
papeles asignados a hombres y mujeres.
Comprende, por tanto, tanto aquello que se presume
que una persona es como aquello que se espera que
deba hacer. Su utilización puede desplazar el
examen de las circunstancias individuales y
contribuir a reproducir relaciones de subordinación
(Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte
IDH], 2009, párrs. 401).
El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer advierte que los
prejuicios pueden distorsionar la percepción de los
hechos y la credibilidad concedida a las mujeres
(Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer [Comité CEDAW], 2015, párrs. 26).
La Convención exige modificar los patrones
socioculturales basados en funciones estereotipadas
(Naciones Unidas, 1979, art. 5.a), mientras que la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (s. f.) vincula
estos patrones con la discriminación. En este
artículo, la cuestión específica consiste en
comprobar si una expectativa grupal reemplazó la
valoración del perjuicio acreditado.
La diferencia se advierte al valorar el cuidado
familiar. Determinar que una persona asumía ciertas
tareas requiere examinar las circunstancias
acreditadas. Atribuirlas a la madre por considerarlas
propias de las mujeres anticipa esa conclusión. Del
mismo modo, establecer las consecuencias de una
lesión sexual exige atender a sus efectos concretos;
presumir que son menores porque la víctima ya tuvo
hijos introduce una valoración sobre su vida que
necesita ser cuestionada.
No toda referencia al género constituye un
estereotipo: puede ser indispensable para
comprender un contexto de desigualdad o una
afectación diferenciada. El defecto aparece cuando
una generalización sustituye, sin suficiente
explicación, la evaluación individual exigible. Es
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preciso identificar la premisa y establecer qué
decisión condicionó.
En sede revisora, el control tiene dos objetos
distintos: justificar la pertinencia del estándar
internacional invocado y demostrar la incidencia del
posible estereotipo en la valoración del daño.
Ninguno se satisface mediante una referencia
genérica a la autoridad o a la experiencia común.
Discriminación y medidas reparadoras en la
jurisprudencia internacional
La Barbera & Wences (2023) estudian la
relación entre el reconocimiento de la
discriminación y las reparaciones transformadoras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(2023) sistematiza, en contextos de justicia
transicional, medidas económicas, simbólicas y de
alcance estructural. Ambos aportes permiten
distinguir entre la declaración de la vulneración y la
justificación del remedio concreto.
El debate comprende, además, las distintas
vías jurídicas empleadas para responder a los
estereotipos. Renzulli (2023) examina las
diferencias entre Carvalho Pinto y J. L. (Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, 2017) en la
jurisprudencia europea, particularmente respecto de
la protección de la vida privada y la prohibición de
discriminación. Su análisis invita a preguntarse qué
aspectos del perjuicio hace visibles cada
fundamentación. Sin embargo, la elección de una
vía jurídica no permite concluir, por sí sola, que la
indemnización será mayor, menor o más adecuada.
Estándares de la Corte IDH y del TEDH sobre
igualdad y reparación
La comparación exige diferenciar los
parámetros convencionales de las creencias sociales
que pueden aparecer en una sentencia. En particular,
las competencias de cada tribunal y el fundamento
jurídico de la respuesta reparadora condicionan el
significado de los importes.
En este estudio, un estándar internacional de
derechos humanos es un parámetro de
interpretación o evaluación derivado de un
instrumento y de su desarrollo por un órgano de
protección. Se trata de una delimitación conceptual
del autor, no de una atribución de igual fuerza
jurídica a tratados, sentencias y otros
pronunciamientos.
Para el análisis se consideran la igualdad y la
no discriminación, las garantías judiciales y la
reparación de las consecuencias de la vulneración,
conforme a los artículos 1.1, 8.1, 24 y 63.1 de la
Convención Americana; y la protección de la vida
privada y familiar, la prohibición de discriminación,
la satisfacción equitativa y la ejecución, de acuerdo
con los artículos 8, 14, 41 y 46 del Convenio
Europeo. El contenido jurisprudencial pertinente se
identifica en las sentencias examinadas (Consejo de
Europa, 1950; Organización de los Estados
Americanos, 1969).
Invocar un estándar implica precisar su
fuente, contenido, alcance y relación con el litigio.
Su autoridad no suprime la obligación de motivar:
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el juzgador debe explicar qué problema resuelve el
criterio y por qué corresponde aplicarlo. La
indemnización otorgada por un tribunal nacional y
la satisfacción equitativa concedida por uno
internacional pueden responder a objetos,
pretensiones y competencias diferentes; por tanto,
sus importes no son directamente equiparables.
En Carvalho Pinto, por ejemplo, el litigio
interno versaba sobre las consecuencias de una
intervención médica. Cuando el asunto llegó al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el examen
se dirigió a determinar si la actuación estatal había
vulnerado el Convenio Europeo. La compensación
internacional respondía a esa vulneración; no
constituía un nuevo cálculo integral de los daños
médicos.
Así, los 3.250 euros concedidos por el TEDH
en Carvalho Pinto correspondieron a la vulneración
del Convenio, no a la devolución de los 30.000
euros de diferencia entre las indemnizaciones
internas de 80.000 y 50.000 euros (TEDH, 2017,
párrs. 61–65).
En el sistema interamericano, el artículo 63.1
de la Convención Americana permite disponer el
restablecimiento del goce del derecho, la reparación
de las consecuencias de su vulneración y una justa
indemnización. Las sentencias examinadas
combinan compensaciones económicas con
atención especializada, publicaciones, capacitación
y otras medidas vinculadas con las violaciones
reconocidas.
En el sistema europeo, la satisfacción
equitativa prevista en el artículo 41 se relaciona con
las posibilidades de reparación interna y con la
necesidad de conceder una respuesta adicional. La
ejecución de las sentencias se desarrolla bajo el
artículo 46 y la supervisión del Comité de Ministros.
Por ello, la ausencia de una suma por determinado
concepto no demuestra que el tribunal haya
considerado inexistente el perjuicio. Beeler ilustra
esta diferencia: el TEDH dejó la determinación del
perjuicio patrimonial a una vía nacional de revisión,
pese a reconocer la vulneración convencional
(TEDH, 2022a, párrs. 120–125).
Individualización, prueba y valoración jurídica
del daño
La individualización del daño requiere separar
los datos acreditados de las inferencias construidas
a partir de ellos. La edad, la maternidad, el sexo o la
situación familiar pueden describir a la víctima;
ninguno demuestra, sin una conexión adicional, la
importancia de una lesión o la intensidad de una
pérdida.
El control debe precisar qué perjuicio se
reconoce, con qué sustento se valora y dentro de qué
régimen se dispone repararlo. Esta distinción
permite identificar tanto diferencias justificadas
entre indemnizaciones como motivaciones
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formalmente elaboradas que contienen una premisa
discriminatoria.
Una inferencia estereotipada puede partir de
un hecho verdadero. Que una mujer haya tenido
hijos no demuestra una menor afectación de su vida
sexual; que un padre no cuente con pareja no
acredita incapacidad para cuidar. Lo que necesita
justificación no es necesariamente el dato, sino el
significado asignado al dato.
El órgano revisor debe reconstruir la
inferencia: hecho acreditado, conclusión adoptada y
razón que los conecta. Solo entonces podrá
determinar si una supuesta regla de experiencia
tiene respaldo suficiente o si desplaza circunstancias
relevantes. Conviene distinguir la discriminación
por sexo, la discriminación por orientación sexual y
el uso de estereotipos. Son categorías relacionadas,
pero sus presupuestos y efectos jurídicos no son
idénticos.
Flor Freire permite examinar una diferencia
de trato basada en una orientación sexual atribuida,
sin convertir esa imputación en una afirmación
sobre la identidad de la víctima (Corte IDH, 2016b).
Duque muestra, por su parte, que reconocer un trato
discriminatorio no autoriza a atribuir sin prueba un
prejuicio decisivo a los jueces nacionales (Corte
IDH, 2016a).
La igualdad no exige indemnizaciones
idénticas. Exige que las diferencias respondan a
circunstancias pertinentes y suficientemente
explicadas, y que una cantidad igual no oculte
perjuicios individualmente desatendidos.
Entre los factores potencialmente relevantes
se encuentran la duración de las secuelas, la pérdida
de autonomía, las responsabilidades acreditadas y la
exposición a hostigamientos. La sentencia debe
explicar su incidencia y el respaldo probatorio
correspondiente. El contexto de género puede
explicar consecuencias que una valoración aislada
no permitiría apreciar, como la sobrecarga de
cuidado o la presión reproductiva. Ese contexto, sin
embargo, no autoriza a presumir de forma universal
cuánto sufre una persona.
Si una persona padece por no ajustarse a una
expectativa social injusta, el daño puede ser real
aunque el mandato carezca de legitimidad. La
reparación ha de reconocer la presión o exclusión
experimentada, sin convertir el ideal impuesto en un
deber de vida. La individualización exige justificar
las diferencias en la experiencia del daño, sin
asignar a las personas un valor superior o inferior
por su conformidad con un rol de género.
Vacío doctrinal y contribución de la investigación
El vacío que aborda esta investigación no es la
ausencia de estudios sobre género o reparaciones,
sino la articulación de sus aportes para examinar el
recorrido argumentativo entre el interés lesionado y
el remedio. La pregunta específica es cómo reparar
las consecuencias de un mandato injusto sin
convertirlo en criterio de valoración.
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El aporte consiste en una secuencia de cinco
juicios destinada a identificar dónde intervino una
expectativa de género, qué valoración desplazó y
cómo pudo incidir en la reparación. Se propone
como herramienta de motivación y revisión judicial,
no como fórmula para calcular indemnizaciones. La
revisión doctrinal es exploratoria y dirigida; no
pretende agotar el estado de la investigación. En
consecuencia, la novedad reclamada es una
articulación interpretativa de antecedentes
existentes, susceptible de contraste con otros casos.
Metodología
Enfoque y diseño de la investigación
El análisis se centró en los fundamentos
empleados para reconocer y reparar el daño, en
lugar de tomar la cuantía indemnizatoria como
indicador autónomo de discriminación. Se realizó
un estudio jurídico cualitativo y comparado de
veinte sentencias dictadas entre 2009 y 2025: diez
de la Corte IDH y diez del TEDH. La selección fue
intencional y comprendió controversias sobre
cuidado, vida familiar, sexualidad, autonomía
reproductiva y discriminación. El equilibrio
numérico facilitó el contraste de argumentos, sin
habilitar inferencias sobre el desempeño global de
los tribunales.
Fuentes de información y procedimiento de
búsqueda jurisprudencial
Las fuentes empleadas son los textos
disponibles en los repositorios oficiales. Las
sentencias interamericanas se consultaron en
español; las europeas, en inglés o francés. Las
explicaciones en castellano de estas últimas son
paráfrasis analíticas y las referencias a sus
fundamentos se realizan mediante los párrs.afos
correspondientes. Los votos separados se
identifican para distinguir sus argumentos de la
decisión del tribunal.
La consulta se delimitó a pronunciamientos de
ambos tribunales comprendidos entre 2009 y 2025.
Los materiales de trabajo no documentan una fecha
única de búsqueda, ecuaciones de consulta ni el
número inicial de decisiones localizadas; por ello, el
corpus se presenta como una selección intencional y
no como una búsqueda exhaustiva.
Criterios de selección y delimitación del corpus
jurisprudencial
Dentro del conjunto, cinco casos concentran
el análisis. Carvalho Pinto y Hulea permiten
examinar directamente las razones empleadas para
valorar el perjuicio o acceder a una compensación.
Artavia Murillo, Ramírez Escobar y Campo
Algodonero permiten explorar cómo se reconocen
consecuencias diferenciadas y cómo se justifican las
medidas reparadoras. Las otras quince sentencias
amplían la comparación y ayudan a precisar los
límites de las conclusiones.
La pertinencia se determinó por la posibilidad
de examinar, en controversias sobre igualdad,
autonomía o discriminación, una expectativa de
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género y su relación con la valoración del daño o del
remedio. Las cinco decisiones centrales fueron
seleccionadas por abordar, respectivamente,
cuantificación, exigencias probatorias, efectos
reproductivos, cuidado familiar y medidas
transformadoras. Las quince restantes sirvieron para
contraste y delimitación, sin que esta descripción
constituya un registro verificable de exclusiones.
Unidades y categorías de análisis
En cada decisión se distinguieron las personas
afectadas, el interés protegido, la expectativa
discutida, los perjuicios reconocidos y las medidas
dispuestas. Se separaron, además, las pretensiones
de las partes, los fundamentos efectivamente
asumidos por el tribunal y las interpretaciones
formuladas en este estudio.
La unidad de análisis fue el fundamento
judicial pertinente. Se organizaron los hallazgos
según cinco dimensiones: interés lesionado,
justificación probatoria, pertinencia valorativa,
consistencia y correspondencia del remedio. Esta
organización describe el examen realizado y no
presupone un protocolo de codificación
documentalmente acreditado.
Procedimiento de análisis jurisprudencial
comparado
Las cantidades conservan su moneda y su
concepto original. Se diferencian el daño material,
el inmaterial, las costas y las compensaciones que
reúnen varios conceptos. Tampoco se calculan
promedios por sexo: las diferencias de gravedad,
duración, prueba, pretensiones y reglas
institucionales impiden atribuir un significado
discriminatorio a la sola distancia entre dos
importes.
Para contrastar las decisiones se recurrió a los
problemas jurídicos, las medidas identificadas y los
localizadores por parágrafo incorporados al texto.
Las interpretaciones del autor se diferenciaron de
los pronunciamientos expresamente asumidos por
cada tribunal; tampoco se equipararon cantidades
referidas a categorías de daño o regímenes distintos.
Rigor del análisis y limitaciones metodológicas
El estudio examina el contenido de las
decisiones y no sus resultados posteriores. Evaluar
el cumplimiento de las medidas y su efecto sobre las
víctimas requeriría un análisis adicional de
ejecución y seguimiento. La trazabilidad disponible
descansa en las referencias oficiales y en los
localizadores por parágrafo. Como la muestra es
intencional y no existe un registro comprobable de
la totalidad de búsquedas y descartes, los resultados
no permiten generalizaciones estadísticas ni
afirmaciones de exhaustividad.
Resultados
Los casos examinados muestran tres
momentos en los que un estereotipo puede adquirir
relevancia reparadora: la definición del interés
protegido, las exigencias de prueba y la elección o
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cuantificación del remedio. Su análisis comienza
por las controversias sobre paternidad y cuidado.
Estereotipos sobre paternidad, cuidado y vida
familiar
La exclusión del padre cuidador puede
ocasionar una pérdida relacional: tiempo de
convivencia, decisiones cotidianas y oportunidades
de construir un vínculo. La valoración requiere
atender tanto a sus intereses como a los derechos y
la situación actual de la hija o del hijo.
En Fornerón e hija vs. Argentina, la Corte
Interamericana identificó ideas preconcebidas sobre
la capacidad de un padre soltero para ejercer la
paternidad. La ausencia de una esposa apareció
como una objeción frente a su posibilidad de criar.
Así, una expectativa sobre la composición de la
familia desplazó el examen de sus capacidades y
circunstancias individuales (Corte IDH, 2012c,
párrs. 94–99).
La cuestión reparadora adquirió especial
complejidad: ¿cómo responder a una relación
familiar privada durante años de la oportunidad de
desarrollarse? La Corte dispuso compensaciones
diferenciadas para el padre y la hija, junto con un
procedimiento de vinculación progresiva
acompañado por profesionales. La medida
reconocía que el perjuicio comprendía una
dimensión relacional que el dinero, por sí solo, no
podía recuperar (Corte IDH, 2012c, párrs. 156–165
y 197).
Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala
permite observar otra manifestación del mismo
reparto de roles. Al decidir sobre la separación
familiar, se atribuyó primordialmente a la madre la
responsabilidad por el cuidado y se dejó de valorar
lo que el padre podía ofrecer. La expectativa de que
criar corresponde a las mujeres produjo
consecuencias para ambos: concentró el juicio sobre
la madre e hizo menos visible la capacidad paterna
(Corte IDH, 2018, párrs. 294–304).
La Corte reconoció una indemnización de
100.000 dólares por daño inmaterial para cada una
de las tres víctimas comprendidas en esa
determinación: la madre, el padre y el hijo. La
igualdad de los importes no demuestra que sus
experiencias fueran idénticas. Su relevancia para
este estudio reside en que la respuesta reconoció
perjuicios propios y no relegó de antemano el
vínculo paterno a una posición secundaria (Corte
IDH, 2018, párrs. 420).
En el sistema europeo, Konstantin Markin vs.
Rusia examina el problema desde el acceso al
permiso parental. La distribución tradicional entre la
mujer cuidadora y el hombre proveedor fue
invocada para justificar la exclusión de un militar
varón. El Tribunal Europeo rechazó que esa
asignación general de funciones bastara para
sostener la diferencia de trato. Su razonamiento
permite comprender cómo una misma expectativa
puede restringir la vida familiar de los hombres y
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mantener sobre las mujeres la responsabilidad
principal del cuidado (TEDH, 2012b, párrs. 140–
143).
Gruba y otros vs. Rusia trasladó ese examen
al ámbito policial. La comparación muestra que la
exclusión del padre cuidador puede surgir en
instituciones diferentes y expresarse mediante
reglas que presentan una distribución histórica de
tareas como si fuera una justificación suficiente para
limitar derechos (TEDH, 2021a, párrs. 80–81).
El transcurso del tiempo añade otra forma de
pérdida. En Paparrigopoulos vs. Grecia, el Tribunal
Europeo examinó las restricciones al ejercicio de la
responsabilidad parental de un padre de una niña
nacida fuera del matrimonio y un procedimiento que
duró nueve años y cuatro meses. En controversias
de esta naturaleza, la demora transforma la relación
sobre la que finalmente recaerá la decisión: las
oportunidades de convivencia y cuidado pueden
desaparecer mientras el proceso continúa (TEDH,
2022b, párrs. 37–43 y 49–50).
En conjunto, estas decisiones evidencian que
la afectación del vínculo paterno no se agota en una
pérdida monetaria. El remedio debe considerar las
relaciones efectivamente comprometidas y las
posibilidades de restablecimiento compatibles con
el interés de las personas involucradas.
Estereotipos y exigencias probatorias del daño
moral
La prueba del daño moral plantea un problema
específico cuando el juez espera manifestaciones
predeterminadas de sufrimiento. Una exigencia
aparentemente neutral puede excluir experiencias
que no adoptan la forma emocional considerada
habitual.
Hulea vs. Rumanía permite examinar esa
dificultad. El caso se refiere a un militar al que se
negó una licencia parental y que posteriormente
encontró obstáculos para obtener una reparación. El
Tribunal Europeo consideró excesivamente
formalista la exigencia de acreditar mediante
manifestaciones externas el sufrimiento derivado de
aquella exclusión discriminatoria. La controversia
mostraba que el acceso a una compensación podía
frustrarse por la forma en que se esperaba demostrar
el perjuicio (TEDH, 2012a, párrs. 44–46).
Hulea permite distinguir entre exigir una
justificación razonable del daño y obligar a
demostrarlo mediante síntomas externos
predefinidos. El sufrimiento puede inferirse de los
hechos y sus consecuencias, siempre que la decisión
explique esa inferencia.
El TEDH concedió 8.000 euros por daño
moral y rechazó los 1.120 euros reclamados por
gastos de cuidado contratado, al no encontrarlos
suficientemente documentados. Esta diferencia
resulta reveladora: cuestionar el formalismo en la
prueba del sufrimiento no implica tener por
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acreditado cualquier desembolso. Cada perjuicio
exige una evaluación acorde con su naturaleza
(TEDH, 2012a, párrs. 52–56).
El caso invita, además, a revisar nuestras
expectativas sobre la expresión del dolor. Si se
presume que los hombres deben soportar las
dificultades sin mostrar afectación, esa expectativa
puede dificultar el reconocimiento de su
sufrimiento. Sin embargo, atribuir ese prejuicio a
una decisión concreta exige identificarlo en sus
fundamentos. Hulea permite cuestionar la rigidez
probatoria aplicada; el fallo no afirma expresamente
que esa rigidez procediera de la creencia de que un
hombre no podía sufrir. Esta cautela también se
aplica al investigador: la posibilidad abstracta de un
sesgo no basta para afirmar que determinó una
sentencia.
Gruba y otros vs. Rusia incorpora un contraste
útil. Aunque los cuatro solicitantes eran varones y
cuestionaban restricciones al permiso parental,
recibieron cantidades diferentes por daño no
patrimonial. El Tribunal atendió a las pretensiones
formuladas y a las particularidades de las
reclamaciones; también distinguió las pérdidas
suficientemente vinculadas con la vulneración de
aquellas cuyo nexo causal o respaldo resultaba
insuficiente (TEDH, 2021a, párrs. 104–105).
En Emel Boyraz vs. Turquía, el TEDH
distinguió el daño moral derivado de una
discriminación laboral de la pérdida patrimonial no
documentada: concedió 10.000 euros por perjuicio
no patrimonial y rechazó la pretensión económica
carente de respaldo documental. Este contraste
refuerza la necesidad de diferenciar la inferencia
sobre sufrimiento de la acreditación de desembolsos
o pérdidas materiales (TEDH, 2014, párrs. 77–81).
Las diferencias indemnizatorias entre los
solicitantes de Gruba muestran que la valoración
debe atender a las pretensiones, la prueba y la
causalidad, incluso cuando las personas pertenecen
al mismo sexo. El contraste entre Hulea y Gruba
confirma que el examen de un posible prejuicio no
elimina la prueba del nexo causal ni convierte toda
reclamación económica en procedente.
Sexualidad, autonomía personal y valoración del
perjuicio
En Carvalho Pinto de Sousa Morais vs.
Portugal, la valoración de una lesión sexual quedó
asociada a la edad y a la maternidad de la
demandante. La controversia permite examinar
cómo un dato biográfico puede emplearse para
reducir anticipadamente la importancia jurídica de
un perjuicio íntimo.
En Carvalho Pinto de Sousa Morais vs.
Portugal, esa pregunta adquirió consecuencias
económicas concretas. La jurisdicción portuguesa
redujo de 80.000 a 50.000 euros la compensación
por daño no patrimonial derivado de una
intervención médica. Entre sus razones incorporó
apreciaciones sobre la edad de la demandante, su
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maternidad y la importancia de la sexualidad. El
Tribunal Europeo examinó esos fundamentos y
constató una discriminación vinculada con el
derecho al respeto de la vida privada (TEDH, 2017,
párrs. 48–60).
El defecto identificado no residía en
mencionar la edad o la maternidad, sino en inferir
de ellas la menor relevancia de la sexualidad. La
valoración del perjuicio debía centrarse en las
consecuencias acreditadas de la intervención
médica. La maternidad y la autonomía sexual son
dimensiones distintas. Haber tenido hijos no permite
determinar, sin examen individual, el valor de la
vida íntima para una persona ni la intensidad de su
lesión.
Sin embargo, el caso también contiene una
controversia que merece atención. El voto disidente
conjunto de Ravarani y Bošnjak cuestionó la
metodología comparativa y la identificación de la
discriminación. Sus objeciones recuerdan que los
antecedentes clínicos, la naturaleza de las lesiones y
sus consecuencias pueden justificar
indemnizaciones diferentes. Por ello, la crítica debe
mostrar la incidencia de la premisa estereotipada en
el razonamiento, sin descansar únicamente en la
distancia entre dos cantidades.
El TEDH concedió 3.250 euros por las
consecuencias de la vulneración convencional. Esa
suma no constituyó una nueva valoración integral de
los daños médicos ni ordenó devolver
automáticamente la diferencia reducida en sede
interna. La relevancia del fallo para este estudio
reside en el control de las razones con las que se
había valorado el perjuicio (TEDH, 2017, párrs. 61–
65).
La pregunta puede extenderse
argumentativamente a los varones. Una lesión
sexual tampoco debería medirse mediante una
supuesta obligación de demostrar virilidad. Esa
extensión es una propuesta del presente artículo, no
un pronunciamiento del TEDH sobre víctimas
masculinas en Carvalho Pinto. Su fundamento es la
necesidad de examinar la autonomía y las
consecuencias personales sin imponer un modelo de
feminidad o masculinidad.
H. W. vs. Francia permite observar otra forma
de intervención judicial sobre la autonomía sexual.
Allí se examinó la atribución de culpa en un
divorcio por el incumplimiento de un deber
conyugal. El Tribunal Europeo sostuvo que el
consentimiento al matrimonio no equivale al
consentimiento a futuras relaciones sexuales. La
decisión protege la capacidad de decidir sobre el
propio cuerpo también dentro de la vida
matrimonial (TEDH, 2025, párrs. 85–93).
En ese caso, la demandante había solicitado
un euro simbólico y el Tribunal consideró suficiente
la declaración de vulneración para reparar el daño
moral reconocido. La respuesta muestra que la
protección de la autonomía no se expresa
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necesariamente en una condena dineraria (TEDH,
2025, párrs. 95–97).
Carvalho Pinto y H. W. examinan
interferencias distintas en la autonomía sexual: el
primero, una reducción indemnizatoria basada en
suposiciones sobre edad y maternidad; el segundo,
la atribución de obligaciones sexuales por razón del
matrimonio. En ambos, la protección exige no
sustituir las decisiones personales por un modelo de
conducta.
Autonomía reproductiva y consecuencias
diferenciadas del daño
La reparación de una afectación reproductiva
plantea una tensión: reconocer las consecuencias de
la presión social para ser madre o de la asociación
entre fertilidad y masculinidad sin tratar esas
expectativas como obligaciones legítimas. Artavia
Murillo y otros vs. Costa Rica permite explorar esa
tensión. Al examinar la prohibición de la
fecundación in vitro, la Corte Interamericana
reconoció impactos diferenciados sobre mujeres y
hombres, incluidas las presiones sociales
relacionadas con la maternidad y la fertilidad
masculina. La afectación de la autonomía se
desarrollaba en un contexto que atribuía
significados distintos a la imposibilidad de tener
descendencia (Corte IDH, 2012a, párrs. 294–302).
Durante el proceso, uno de los representantes
propuso una metodología de cálculo con cantidades
diferentes según el sexo. La Corte fijó, finalmente,
20.000 dólares por daño inmaterial para cada
víctima. El fallo no explicó esa igualdad como un
rechazo expreso de la propuesta diferenciada;
atribuirle esa intención añadiría una razón que no
formuló. Sin embargo, la coexistencia de impactos
distintos y compensaciones iguales plantea una
pregunta relevante: ¿toda diferencia en la
experiencia del daño exige una diferencia
económica? (Corte IDH, 2012a, párrs. 358 y 363).
El daño provocado por la estigmatización
reproductiva puede ser real, aunque la creencia que
lo origina sea injusta. Reconocerlo no exige
identificar la maternidad como destino femenino ni
la fertilidad como medida de la masculinidad. Para
motivar la reparación deben distinguirse las
consecuencias acreditadas —angustia, pérdida de
autonomía, estigmatización o alteración de
vínculos— de la expectativa que las generó.
Confundir ambas operaciones podría legitimar el
mandato social al intentar compensarlo. La
autonomía reproductiva exige identificar las
decisiones restringidas y sus efectos concretos, sin
asumir una única forma valiosa de construir un
proyecto de vida.
Los casos I. V. vs. Bolivia y V. C. vs.
Eslovaquia permiten profundizar en esta cuestión
desde la esterilización sin consentimiento
informado. En el primero, la Corte Interamericana
identificó una lógica paternalista y expectativas de
género que desplazaron la decisión de la mujer. En
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el segundo, el Tribunal Europeo examinó la
afectación de la integridad y la vida privada, así
como la insuficiencia de las garantías de protección
de una mujer romaní (Corte IDH, 2016c, párrs. 187–
188 y 236; TEDH, 2011, párrs. 106–110 y 152–
155).
Las compensaciones tampoco pueden
compararse como si expresaran una misma medida:
los 50.000 dólares reconocidos en I. V.
comprendieron conjuntamente daños materiales e
inmateriales, mientras que los 31.000 euros de V. C.
correspondieron al daño no patrimonial. La
diferencia entre cifras no explica, por sí sola, cómo
cada tribunal comprendió la experiencia de la
víctima. En estos asuntos, la reparación debe
atender tanto la lesión corporal o reproductiva como
las decisiones personales anuladas. Su cuantía solo
puede comprenderse dentro del régimen jurídico y
los conceptos reconocidos en cada sentencia.
Discriminación estructural, victimización
secundaria y reparaciones transformadoras
Las reparaciones transformadoras cobran
relevancia cuando la situación anterior a la
vulneración ya estaba marcada por discriminación.
Restituir sin corregir esos factores puede resultar
insuficiente. En González y otras —Campo
Algodonero— vs. México, la Corte Interamericana
abordó esa tensión. Frente a un contexto de
discriminación estructural, sostuvo que las
reparaciones debían tener una vocación
transformadora. Las medidas debían relacionarse
con las violaciones declaradas y contribuir a
corregir los factores que las habían propiciado
(Corte IDH, 2009, párrs. 450–451).
La orientación transformadora reclama
justificar qué práctica, obstáculo o condición
institucional puede modificarse mediante cada
medida y cómo se relaciona con la vulneración
declarada. El caso ofrece, además, un ejemplo
especialmente revelador sobre las diferencias
indemnizatorias. La Corte incrementó la
compensación de las tres madres por la búsqueda de
justicia que habían realizado. La razón se
encontraba en una carga efectivamente soportada:
las actuaciones, esfuerzos y consecuencias
vinculados con esa búsqueda (Corte IDH, 2009,
párrs. 584).
La distinción es decisiva. Reconocer una
carga acreditada permite valorar lo que esas mujeres
vivieron; presumir que toda madre sufre más
convertiría la maternidad en una regla anticipada de
compensación. Desde la propuesta de este artículo,
un padre que acreditara una carga equivalente
merecería que esta fuera examinada con el mismo
criterio. Se trata de una consecuencia interpretativa
del análisis, no de una decisión adoptada por la
Corte sobre un padre concreto en ese caso.
La reparación también obliga a mirar a
quienes rodean a la víctima directa. Una vulneración
puede producir consecuencias propias en hijos,
padres o hermanos. Guzmán Albarracín y Manuela
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permiten advertir la importancia de distinguir esos
perjuicios de las cantidades que los familiares
reciben como beneficiarios de la reparación
correspondiente a la víctima fallecida. Recibir una
suma y ser titular del daño compensado son
situaciones que deben precisarse para comprender
qué reconoce la sentencia (Corte IDH, 2020, párrs.
263; Corte IDH, 2021, párrs. 307–310).
En otras controversias, la propia respuesta
institucional puede profundizar la afectación. J. L.
vs. Italia muestra cómo el razonamiento judicial
expuso a la denunciante a una victimización
secundaria mediante apreciaciones sobre su vida e
imagen que resultaban ajenas al examen pertinente.
El daño sometido a reparación exigía identificar esa
actuación judicial y mantenerla diferenciada del
hecho penal alegado (TEDH, 2021b, párrs. 137–143
y 151).
Atala Riffo y niñas vs. Chile, por su parte,
permite examinar medidas dirigidas a corregir
prácticas vinculadas con estereotipos y
discriminación por orientación sexual. Su inclusión
recuerda que el remedio debe atender tanto las
consecuencias personales como las prácticas
relacionadas con la vulneración, dentro de las
competencias del tribunal (Corte IDH, 2012b, párrs.
267). Ordenar una capacitación o una reforma no
demuestra su cumplimiento ni su eficacia. El
presente estudio examina el fundamento de las
medidas; su ejecución requiere una investigación
distinta.
Síntesis comparativa de las veinte sentencias
Los hallazgos se organizan por función
argumentativa, distinguiendo las decisiones
ilustrativas de los límites de cada interpretación.
Eje analítico
Sentencias de referencia
Resultado o límite de interpretación
Cuidado y paternidad
Fornerón; Ramírez Escobar; Konstantin
Markin; Gruba; Paparrigopoulos
La atribución automática del cuidado a la mujer puede
invisibilizar intereses del padre; el remedio depende del
vínculo y del marco del caso.
Prueba del perjuicio
Hulea; Gruba; Emel Boyraz
La crítica al formalismo del daño moral no elimina la
justificación probatoria de desembolsos ni del nexo
causal.
Autonomía sexual
Carvalho Pinto; J. L.; H. W.
La edad, la maternidad o el matrimonio no sustituyen el
examen individual de la autonomía y el perjuicio.
Autonomía
reproductiva
Artavia Murillo; I. V.; V. C.
La reparación atiende efectos diferenciados y autonomía;
los montos no son directamente equiparables.
Reparación y
discriminación
estructural
Campo Algodonero; Manuela; Guzmán
Albarracín; Atala Riffo; Flor Freire;
Duque; Beeler
La calificación jurídica y el tipo de remedio son
decisivos; no toda decisión atribuye explícitamente un
estereotipo al tribunal nacional.
Tabla 1. Casos del corpus
Elaboración propia
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Discusión
Coincidencias y divergencias entre los sistemas
interamericano y europeo
El contraste comparado debe atender a lo que
cada decisión declara y repara, no solo a la suma
concedida. Las diferencias de competencias,
pretensiones y categorías de daño impiden utilizar
los montos como una medida directa de mayor o
menor protección. En las decisiones
interamericanas estudiadas, las indemnizaciones
pueden combinarse con rehabilitación, satisfacción
y garantías de no repetición; algunos fallos
justifican expresamente medidas transformadoras
frente a contextos estructurales.
En el sistema europeo, la satisfacción
equitativa debe leerse junto con la ejecución
nacional de la sentencia. Beeler muestra que el
Tribunal puede reconocer una pérdida patrimonial y
considerar disponible una vía interna para
determinar su reparación. Si se observa únicamente
el importe concedido en Estrasburgo, una parte de la
respuesta queda fuera del análisis.
Ninguna de estas diferencias autoriza a
presentar al sistema europeo como exclusivamente
monetario ni a considerar siempre más eficaz al
interamericano. La suficiencia depende de la
correspondencia entre vulneración, destinatarios,
competencias y remedios.
Otra diferencia aparece en la manera de
encuadrar jurídicamente la lesión. En J. L., el
Tribunal Europeo abordó la victimización
secundaria mediante la protección de la vida
privada, sin examinar separadamente la prohibición
de discriminación. En V. C., también resulta
necesario distinguir la protección de la integridad y
del consentimiento de una declaración específica de
discriminación. El encuadre jurídico de la lesión
estructura las opciones reparadoras, pero no acredita
por sí solo su suficiencia: es necesario explicar qué
consecuencias reconoce la decisión y cuáles quedan
atendidas.
Incidencia de los estereotipos en la motivación
reparadora
La propuesta alcanza su punto más exigente
cuando debe responder a las dudas que ella misma
suscita. ¿Incorporar a los varones puede desdibujar
la subordinación histórica de las mujeres?
¿Rechazar una valoración anticipada por sexo puede
impedir reconocer daños diferenciados? ¿Exigir
razones para una indemnización supone reclamar
una exactitud que el sufrimiento no admite?
Las objeciones permiten delimitar el alcance
de la propuesta y evitar que el criterio de control
reproduzca nuevas generalizaciones. El contraste
admite distinguir la identificación de estereotipos,
analizada por Timmer (2011), de las consecuencias
que la calificación de discriminación puede tener
para el remedio, cuestión desarrollada por La
Barbera & Wences (2023) y abordada desde otro
encuadre por Renzulli (2023).
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La atención a la dimensión estructural de las
reparaciones dialoga, a su vez, con Rubio-Marín
(2009) y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (2023). En el corpus, la cuestión
específica no es solo descubrir la generalización,
sino determinar qué juicio sobre el perjuicio ha
sustituido y si esa sustitución incidió en la
reparación.
Equidad, cuantificación y justificación de
diferencias indemnizatorias
La cuantificación del daño moral requiere una
valoración equitativa porque no existe una unidad
que convierta en dinero, de manera exacta, la
pérdida de vínculos, la anulación de decisiones
corporales o la humillación institucional. La
equidad no dispensa de motivar. Aunque no impone
una fórmula universal, exige explicitar los factores
considerados y su conexión con el perjuicio.
Las decisiones muestran importes y
fundamentos heterogéneos. La tarea revisora
consiste en comprobar la coherencia de esos
factores, la ausencia de duplicidades y la exclusión
de inferencias basadas exclusivamente en roles de
género. El resultado no es una cifra
matemáticamente única, sino una justificación
controlable de la relación entre persona, perjuicio y
reparación. La imposibilidad de medir exactamente
el sufrimiento no impide evaluar la pertinencia de
las razones empleadas para aproximar su cuantía.
La intensidad, duración y reversibilidad del
perjuicio ofrecen elementos para justificar la
decisión, aunque no produzcan una operación
aritmética. También permiten advertir omisiones,
duplicidades o premisas estereotipadas. La
exigencia recae sobre la racionalidad de la
valoración y sobre la posibilidad de someterla a
revisión.
Igualdad sustantiva, experiencias diferenciadas y
riesgos de generalización
La inclusión de varones en el corpus no
implica equiparar las desigualdades que padecen
mujeres y hombres. La experiencia del padre
excluido del cuidado puede coexistir con la
sobrecarga de la madre a quien se atribuye esa
función. El valor de estos casos reside en mostrar
cómo una misma división de roles restringe
posibilidades distintas, sin formular una
equivalencia general de desventajas.
Rechazar tarifas fundadas únicamente en el
sexo tampoco obliga a fijar cantidades uniformes.
Los daños pueden requerir respuestas diferentes si
las consecuencias y circunstancias acreditadas lo
justifican. El género aporta contexto, pero no
determina por sí solo la intensidad del daño. La
motivación debe explicar qué circunstancias
individuales hacen pertinente una diferencia.
Alcances y límites de los hallazgos
jurisprudenciales
El criterio de escrutinio no exige
necesariamente una indemnización monetaria ni la
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acumulación de medidas: su aplicación depende de
lo reconocido y de las competencias del tribunal. En
H. W., el Tribunal Europeo consideró suficiente la
declaración de vulneración para el daño moral
reconocido, atendiendo a las circunstancias y a la
solicitud simbólica formulada. En Beeler, la
ausencia de una cantidad patrimonial internacional
se relacionó con la posibilidad de reparación
mediante revisión nacional.
En consecuencia, la ausencia de una suma
determinada no demuestra, por sí sola, que el
perjuicio haya sido desconocido. La última objeción
alcanza a la selección. Un conjunto intencional de
veinte decisiones permite reconstruir
razonamientos, identificar tensiones y formular una
propuesta interpretativa. Su composición no
autoriza a describir la conducta global de ambos
tribunales ni a establecer qué grupo recibe mejor
protección.
El corpus tampoco comprende
suficientemente las experiencias de personas trans o
no binarias ni todas las intersecciones entre género,
pobreza, edad y otras condiciones. La inclusión de
asuntos sobre orientación sexual real o percibida no
cubre esas ausencias. La propuesta es interpretativa
y debe contrastarse con otros casos, en particular
con experiencias insuficientemente representadas
en el corpus. El mismo control se exige al órgano
revisor: si identifica un prejuicio, debe mostrar su
incidencia y fundamentar el remedio procesal y
sustantivo que adopta.
Propuesta de escrutinio de la motivación
reparadora
Fundamento y finalidad del criterio de escrutinio
El criterio propuesto examina un riesgo
específico: que una premisa de género, presentada
como experiencia común o apreciación equitativa,
sustituya la valoración individual del daño. La
revisión debe reconstruir esa inferencia y
comprobar su influencia en la respuesta reparadora.
A partir del corpus se formula un criterio de
escrutinio de la motivación reparadora. Es una
elaboración interpretativa de este artículo, aplicable
dentro de los presupuestos de responsabilidad y las
competencias del órgano jurisdiccional. El criterio
se articula en cinco juicios relacionados:
identificación del interés, justificación probatoria,
pertinencia valorativa, consistencia y
correspondencia del remedio.
La aportación de este escrutinio reside en
reconstruir la inferencia mediante la cual una
expectativa de género sustituye la evaluación
individual e incide en la reparación. Sus apoyos
jurisprudenciales cumplen funciones distintas:
Fornerón permite examinar el interés relacional
(Corte IDH, 2012c, párrs. 156–165); Hulea, el
control probatorio (TEDH, 2012a, párrs. 44–46);
Carvalho Pinto, la pertinencia de los factores de
valoración (TEDH, 2017, párrs. 51–56); Campo
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Algodonero, las circunstancias que justifican
diferencias (Corte IDH, 2009, párrs. 584); y Beeler,
la correspondencia del remedio (TEDH, 2022a,
párrs. 120–125). Su articulación en cinco juicios
constituye la propuesta del autor.
Juicio de identificación del interés lesionado
El primer juicio precisa el interés afectado,
evitando que expresiones como «daño a la
maternidad» o «afectación de la paternidad»
reproduzcan funciones socialmente impuestas sin
identificar la pérdida individual. Corresponde
identificar qué decisión fue impedida, qué relación
resultó deteriorada o qué posibilidad quedó
restringida.
En una lesión reproductiva, la
fundamentación debe examinar la autonomía
comprometida y sus consecuencias, sin dar por
supuesto un deber de procrear. Una delimitación
incorrecta de lo perdido puede conducir a reparar un
aspecto secundario y omitir el interés cuya
protección justificaba la decisión.
Juicio de justificación probatoria
El reconocimiento del daño exige expresar los
hechos y las inferencias que lo sostienen. Deben
diferenciarse la existencia del perjuicio, su
atribución causal y la incertidumbre sobre su
cuantía. La dificultad para determinar una suma
precisa no resuelve las otras dos cuestiones.
Debe comprobarse si se ha exigido una
manifestación prefijada del sufrimiento. El silencio
o la contención emocional no son, por sí solos,
prueba de ausencia de afectación. El juez debe
explicar sus inferencias probatorias e identificar
cualquier expectativa sobre cómo debió
comportarse la víctima que haya sustituido el
examen de los hechos.
Juicio de pertinencia valorativa
La sentencia debe exteriorizar las
circunstancias que considera relevantes para
cuantificar: intensidad, duración, reversibilidad y
consecuencias del perjuicio, entre otras que el caso
justifique. La edad, la maternidad, la situación
familiar o el cuidado solo deben incidir en la cuantía
si existe una relación razonada con la lesión y sus
consecuencias.
Como comprobación, puede preguntarse si la
fundamentación conservaría su fuerza al variar el
sexo de la persona y mantener las circunstancias
jurídicamente comparables. El ejercicio debe
preservar las diferencias corporales y contextuales
pertinentes. Su finalidad es descubrir si el
argumento depende de una generalización que la
sentencia no ha justificado. La equidad admite
incertidumbre cuantitativa, pero no elimina el deber
de justificar los factores que sustentan el importe.
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Juicio de consistencia
Cuando se conceden respuestas diferentes,
corresponde identificar la circunstancia que explica
la distinción y demostrar su relevancia. Cuando se
adopta una respuesta común, debe hacerse
comprensible el criterio utilizado y la forma en que
se atienden las particularidades reconocidas.
Una carga de cuidado o de búsqueda de
justicia acreditada puede justificar un trato distinto;
la presunción de que las madres siempre sufren más,
no. La comparación entre importes únicamente es
útil si permite controlar la coherencia de los factores
relevantes y de los conceptos indemnizados.
Juicio de correspondencia reparadora
Finalmente, debe examinarse la relación entre
el perjuicio declarado y el remedio dispuesto. La
sentencia necesita explicar qué consecuencias
atiende cada medida y por qué la respuesta resulta
adecuada dentro de sus competencias. Una
indemnización puede no atender una dimensión
relacional del daño; una medida general debe
justificar, a su vez, su relación con la reparación
individual. La correspondencia exige reconocer las
consecuencias de mandatos de género injustos sin
convertirlos en criterios legítimos de valoración
personal.
Aplicación del criterio al caso Carvalho Pinto de
Sousa Morais vs. Portugal
La siguiente reconstrucción aplica el criterio
del autor a un caso del corpus; no reproduce un test
formulado por el TEDH. Su punto de partida es la
reducción nacional de la compensación y la
objeción convencional a las razones empleadas
(TEDH, 2017, párrs. 16, 51–56).
Identificación del interés: El examen debe
precisar las consecuencias personales de la lesión
sin reducir la sexualidad a una función reproductiva.
Justificación probatoria. La revisión no puede
sustituir los hechos y antecedentes médicos por una
presunción sobre la experiencia de una madre de
determinada edad.
Pertinencia valorativa: Debe aislarse la
inferencia que atribuye menor importancia a la
sexualidad por la edad y la maternidad y comprobar
su incidencia en la reducción. Consistencia. Los
otros casos invocados requieren comparación de
circunstancias relevantes; la diferencia numérica no
acredita por sí sola discriminación.
Correspondencia del remedio: La
compensación internacional atiende la vulneración
convencional, sin equivaler a una nueva liquidación
integral del daño médico. La utilidad del escrutinio
consiste en separar el factor cuestionado de las
demás razones y explicar el alcance de su corrección
(TEDH, 2017, párrs. 61–65).
Proyección del criterio en el ordenamiento
jurídico peruano
En la jurisdicción peruana, el riesgo se
presenta cuando el razonamiento indemnizatorio
utiliza datos de la víctima como sustitutos de
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prueba: ser hombre y proveedor, ser mujer y
cuidadora, o tener cierta edad. El control consiste en
comprobar la pertinencia jurídica de esas
inferencias.
El caso de Carlos Manuel Araujo Arcase
ofrece un punto de entrada. En el Expediente 01929-
2024-PA/TC, el Tribunal Constitucional examinó
los requisitos impuestos a un viudo para acceder a
una pensión derivada del régimen militar-policial.
Su razonamiento cuestionó el condicionamiento de
la prestación mediante roles tradicionales de género
y dispuso el otorgamiento de la pensión, con
devengados, intereses y costos (Perú, 1993, art. 2.2;
Tribunal Constitucional del Perú, 2025,
fundamentos 25–31 y parte resolutiva).
La sentencia peruana permite observar cómo
una regla pensionaria puede presuponer que el varón
es proveedor y que solo excepcionalmente necesita
protección por viudez. La revisión constitucional de
esa premisa responde a un ámbito diferente del
resarcimiento civil.
La relación con Beeler vs. Suiza es funcional:
ambos asuntos permiten discutir las consecuencias
patrimoniales del modelo del proveedor masculino.
Sus regímenes y respuestas, sin embargo, deben
conservarse diferenciados. El amparo peruano
resolvió una controversia pensionaria; no fijó una
indemnización por daño moral. Tampoco permite
concluir que los devengados agoten cualquier
perjuicio imaginable. Una pretensión resarcitoria
adicional exigiría examinar su procedencia, la vía
correspondiente, sus presupuestos y la ausencia de
duplicidad.
En la responsabilidad civil peruana, los
artículos 1984 y 1985 del Código Civil ofrecen
referencias para examinar la magnitud del
menoscabo y las consecuencias causalmente
relevantes. El artículo 1332 contempla la valoración
equitativa cuando no puede probarse el monto
preciso, cuya utilización debe fundamentarse dentro
del régimen aplicable (Perú, 1984, arts. 1332, 1984
y 1985).
La equidad en la valoración civil no constituye
una dispensa del deber de motivación. La
imposibilidad de establecer una cifra exacta exige
explicitar qué consecuencias y circunstancias
justifican la cantidad fijada. Por ello, la relevancia
de la edad, las relaciones familiares o las tareas de
cuidado debe demostrarse en el caso concreto; de
otro modo, estos datos pueden operar como
sustitutos de la valoración individual.
Las sentencias internacionales aportan
herramientas para reconocer problemas que también
pueden presentarse en la jurisdicción civil. Su
utilización exige distinguir la posición jurídica de la
Convención Americana y de la interpretación
interamericana del valor comparativo que ofrece la
jurisprudencia europea para el Perú.
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También requiere atender a las diferencias
entre la responsabilidad internacional del Estado y
una controversia civil entre particulares. Las
medidas ordenadas por un tribunal internacional no
se trasladan automáticamente al juez nacional. La
competencia, las pretensiones, la contradicción, la
congruencia y las potestades legales delimitan la
respuesta disponible. La proyección al derecho
peruano exige reconocer las particularidades
personales y diferenciar la fuerza de la
jurisprudencia interamericana de la utilidad
comparativa de la europea.
Aplicación en la función revisora de las salas
superiores
Para una Sala Superior, el control exige ubicar
la premisa cuestionada, identificar qué valoración
individual desplazó y demostrar si influyó en el
reconocimiento del perjuicio o en el remedio. El
prejuicio no determina por sí solo la nulidad, la
variación del importe ni una nueva actuación
probatoria. La consecuencia debe justificarse según
las pretensiones, el recurso y las competencias del
órgano revisor. La sentencia revisora debe explicar
el defecto y las razones que lo corrigen; no puede
sustituir una valoración intuitiva por otra
insuficientemente motivada.
Supóngase que una sentencia reduce el
perjuicio de un padre porque considera que el
cuidado cotidiano correspondía principalmente a la
madre. La sala deberá examinar si esa afirmación
procede de las circunstancias acreditadas o de una
distribución presumida de funciones. Después,
tendrá que determinar qué consecuencias quedaron
excluidas o disminuidas por esa premisa y si ello
influyó en el resultado.
El mismo método se aplica cuando se resta
importancia a una lesión sexual por la edad o se
presupone una intensidad del sufrimiento por la
maternidad: deben comprobarse la conexión
probatoria y su incidencia en el resultado. Si se
acredita una inferencia estereotipada decisiva, la
sala debe determinar, de acuerdo con el expediente
y sus potestades, si procede corregir la motivación,
modificar la reparación o adoptar otra consecuencia
procesal legalmente prevista.
Conclusiones
El análisis confirma que el género puede
influir en la exposición al daño y en sus
consecuencias, pero también en las premisas
judiciales utilizadas para reconocerlo y repararlo. El
escrutinio debe establecer si esas premisas
responden a circunstancias acreditadas o a
expectativas sociales no justificadas.
Las veinte decisiones seleccionadas ofrecen
ejemplos sobre cuidado paterno, autonomía sexual
y reproductiva, valoración probatoria y medidas
transformadoras. Por su carácter intencional y por
las diferencias entre los sistemas, el corpus no
permite establecer tarifas indemnizatorias por sexo
ni jerarquizar la protección a partir de los importes.
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La principal distinción analítica separa la
expectativa social, el perjuicio que produce y las
razones que justifican su reparación. Reconocer la
angustia, la estigmatización o la exclusión causadas
por un mandato injusto no supone aceptar ese
mandato como parámetro legítimo de vida.
Como contribución, se proponen cinco juicios
vinculados: identificación del interés lesionado,
justificación probatoria, pertinencia de los factores
de valoración, consistencia de las diferencias
reconocidas y correspondencia del remedio. La
herramienta busca hacer controlables las razones de
la decisión, no producir un cálculo matemático de la
indemnización.
En segunda instancia, la objeción debe
localizar la premisa indebida, reconstruir la
valoración que desplazó y demostrar su incidencia.
Corregirla exige fundamentar la consecuencia
procesal o sustantiva dentro de las potestades de la
sala. La igualdad de dignidad no impone importes
uniformes: admite diferencias basadas en efectos y
circunstancias acreditados, pero excluye atribuir
menor valor a la sexualidad por la maternidad o a
los vínculos familiares por el sexo del cuidador. La
reparación puede reproducir la discriminación que
la sentencia declara contraria a derecho. Evitarlo
requiere una motivación que examine sus propias
inferencias y no sustituya la experiencia de la
víctima por un rol social.
En respuesta a la pregunta del título, el precio
del daño no debería depender de estereotipos de
género. La exigencia jurídica es explicar qué
consecuencias se acreditaron y por qué el remedio
elegido responde a ellas, respetando la autonomía y
las circunstancias individuales.
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