ISSN: 2665-0398
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 01/08/2026
Aceptado: 02/09/2026
Publicado: 04/09/2026
Código Único AV: e852
Páginas: 1(1303-1324)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22308956
Autor:
Magaly Paola Ventura Bances
Abogada
Magister en Psicología, mención en Psicología
Clínica y de la Salud
https://orcid.org/0009-0002-2612-7555
E-mail: mventurab1@upao.edu.pe
Afiliación: Escuela de Posgrado de la
Universidad Privada Antenor Orrego
País: República del Perú
Resumen
La incorporación de tecnologías de comunicación remota a la evaluación
psicológica forense ha ampliado el acceso y la continuidad de los servicios
periciales, pero también ha generado desafíos éticos, metodológicos y
jurídico-probatorios. El objetivo de este estudio fue identificar y categorizar
los dilemas éticos documentados en la literatura científica sobre
evaluaciones psicológicas forenses realizadas mediante tecnologías de
comunicación remota. Se desarrolló una revisión sistemática de la literatura
siguiendo las directrices PRISMA 2020. La búsqueda se realizó en Scopus
mediante criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos,
seleccionándose 14 estudios para el análisis temático. Los hallazgos
permitieron identificar siete categorías: integridad científica y validez
pericial; privacidad, confidencialidad y seguridad digital; autonomía y
consentimiento informado; competencia profesional y responsabilidad;
equidad, accesibilidad y diversidad; legitimidad jurídico-probatoria; y
bienestar psicológico y manejo del riesgo. Los estudios también resaltaron
la necesidad de valorar la idoneidad de cada caso, proteger la información,
documentar las limitaciones del procedimiento y utilizar instrumentos
adecuados. Se concluye que la telepericia psicológica forense requiere
salvaguardas específicas para preservar la calidad científica, proteger los
derechos de las personas evaluadas y garantizar la defendibilidad jurídica de
las conclusiones periciales en contextos judiciales contemporáneos.
Palabras
Clave
Telepericia psicológica forense, dilemas éticos, evaluación
psicológica remota, validez pericial, confidencialidad digital.
Abstract
The incorporation of remote communication technologies into forensic
psychological assessment has expanded access to and continuity of expert
services, but has also generated ethical, methodological, and legal-
evidentiary challenges. The objective of this study was to identify and
categorize the ethical dilemmas documented in the scientific literature on
forensic psychological assessments conducted using remote communication
technologies. A systematic literature review was conducted following the
PRISMA 2020 guidelines. The search was performed in Scopus using pre-
established inclusion and exclusion criteria, and 14 studies were selected for
thematic analysis. The findings allowed for the identification of seven
categories: scientific integrity and expert validity; privacy, confidentiality,
and digital security; autonomy and informed consent; professional
competence and responsibility; equity, accessibility, and diversity; legal-
evidentiary legitimacy; and psychological well-being and risk management.
The studies also highlighted the need to assess the suitability of each case,
protect information, document the limitations of the procedure, and use
appropriate instruments. It is concluded that forensic psychological tele-
assessment requires specific safeguards to preserve scientific quality, protect
the rights of the people evaluated, and ensure the legal defensibility of expert
conclusions in contemporary judicial contexts.
Keywords
Remote forensic psychological assessment, ethical dilemmas,
remote psychological assessment, forensic validity, digital
confidentiality.
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Introducción
La telepericia psicológica forense se sitúa en
la intersección entre la telepsicología y la psicología
forense. La primera comprende la prestación de
servicios psicológicos mediante tecnologías de
telecomunicación, mientras que la segunda se
desarrolla dentro del sistema de justicia y, por ello,
está sometida a exigencias éticas, metodológicas y
probatorias particularmente rigurosas. Esta
convergencia plantea desafíos propios que no
siempre pueden resolverse mediante la aplicación
directa de criterios concebidos para la práctica
clínica presencial.
Batastini et al., (2023) advierten que, pese a la
existencia de orientaciones generales sobre
telepsicología y de lineamientos específicos para la
práctica forense, todavía persisten dificultades para
integrar ambos ámbitos cuando las evaluaciones se
realizan de manera remota. Desde una perspectiva
ética, esta situación resulta especialmente relevante
debido a que aspectos como la privacidad, la
confidencialidad, la competencia profesional y la
gestión de contingencias adquieren nuevas
implicaciones cuando la interacción entre evaluador
y examinado está mediada por tecnologías digitales
(Manalili, 2024).
A ello se suma que la incorporación
tecnológica en el ámbito forense avanza con mayor
rapidez que la consolidación de estándares
específicos para orientar su empleo. Kois et al.,
(2021) señalan que la salud mental electrónica
forense continúa siendo un campo relativamente
poco desarrollado frente al crecimiento de las
tecnologías disponibles y a las necesidades de las
personas vinculadas con el sistema de justicia. Su
planteamiento abarca no solo la prestación remota
de servicios, sino también la obtención,
almacenamiento e intercambio electrónico de
información forense. En conjunto, estos enfoques
permiten sostener que la evaluación psicológica
forense a distancia configura un escenario
particular, en el cual los principios éticos
tradicionales deben ser reconsiderados a la luz de las
exigencias propias del contexto judicial.
La investigación reciente ha comenzado a
mostrar cómo los profesionales forenses perciben y
enfrentan estos desafíos en la práctica. Bernhard et
al., (2021), al comparar dos grupos de profesionales
antes y durante la pandemia de COVID-19,
encontraron que el uso de telepsicología en
contextos forenses aumentó del 55 % al 92 %. Un
hallazgo particularmente relevante fue la diferencia
entre quienes utilizaban estas modalidades y
quienes no lo hacían. Los segundos manifestaban
mayores preocupaciones relacionadas con el
establecimiento del rapport, la privacidad y la
confidencialidad, mientras que estas dificultades no
alcanzaban la misma magnitud entre quienes ya
contaban con experiencia en evaluaciones remotas.
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Esto permite advertir una posible distancia entre los
riesgos anticipados y aquellos que efectivamente se
presentan durante la práctica.
Trupp et al., (2021), mediante una encuesta
aplicada a 176 psicólogos forenses, identificaron
preocupaciones más específicas. El 68.1 % de los
participantes manifestó inquietud respecto de la
capacidad para detectar simulación mediante
videoconferencia, mientras que el 42.7 % expresó
dudas sobre la evaluación general de síntomas de
salud mental. Asimismo, la confiabilidad percibida
de las evaluaciones remotas fue ligeramente inferior
a la atribuida a las evaluaciones presenciales.
Los resultados de Skala et al., (2023)
refuerzan estas preocupaciones. Entre 71
evaluadores forenses encuestados, todos
identificaron al menos una desventaja asociada con
el uso de videoconferencia. Las dificultades más
frecuentes correspondieron a la imposibilidad de
administrar adecuadamente determinados
instrumentos, los problemas técnicos y el riesgo de
vulnerar la confidencialidad. En conjunto, estos
estudios muestran que la telepericia no introduce un
único problema ético, sino un conjunto de tensiones
vinculadas con la validez de la evaluación, la
seguridad de la información, las condiciones
tecnológicas y la calidad de la interacción
profesional.
Pese al creciente interés por estas prácticas, la
literatura todavía presenta limitaciones importantes.
Una primera dificultad radica en que buena parte de
las discusiones sobre ética y atención psicológica
remota se ha desarrollado desde el ámbito clínico
general. Basilio et al., (2024) identifican diversas
incertidumbres éticas relacionadas con el uso de
modalidades remotas en salud mental; sin embargo,
las particularidades del escenario forense requieren
un tratamiento diferenciado, puesto que los
resultados de una evaluación pueden influir
directamente en decisiones judiciales, derechos
individuales y valoración de evidencia.
Un segundo vacío corresponde a la falta de
una clasificación suficientemente consolidada de las
prácticas remotas aplicadas a la evaluación forense.
Mulchay & Knuth (2023) distinguen entre prácticas
consideradas óptimas, suficientes e insuficientes
para la obtención remota de información forense.
Con todo, la literatura disponible continúa
fragmentada y no ofrece todavía una síntesis
sistemática capaz de integrar los diferentes dilemas
éticos identificados en los estudios.
A ello se añade que las investigaciones
existentes suelen concentrarse en problemas
específicos —confidencialidad, confiabilidad,
administración de pruebas o dificultades
tecnológicas— sin integrarlos dentro de una
estructura común. Esta dispersión dificulta
determinar qué dilemas aparecen con mayor
frecuencia, cómo se relacionan entre sí y cuáles
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tienen mayores implicaciones para la validez y
legitimidad de la evaluación psicológica forense.
En atención a estos vacíos, el presente artículo
tiene como objetivo identificar y categorizar los
dilemas éticos documentados en la literatura
científica sobre la realización de evaluaciones
psicológicas forenses mediante tecnologías de
comunicación remota.
Metodología
Se desarrolló una revisión sistemática de la
literatura siguiendo las directrices PRISMA 2020,
orientadas a mejorar la transparencia, integridad y
claridad en el reporte de revisiones sistemáticas
(Page et al., 2021). La búsqueda bibliográfica se
realizó en la base de datos Scopus el 20 de agosto de
2026. A partir de este procedimiento se organizó y
analizó la evidencia disponible sobre los dilemas
éticos asociados con la telepericia psicológica
forense.
Se seleccionó Scopus como única base de
datos para la búsqueda, dado que constituye la
mayor base de datos de literatura revisada por pares
a nivel mundial, con amplia cobertura
multidisciplinar que integra publicaciones de
psicología, derecho, ciencias forenses y tecnología,
lo cual resulta idóneo para capturar la naturaleza
interdisciplinar del tema investigado.
La estrategia de búsqueda se estructuró
mediante tres bloques temáticos conectados por el
operador booleano AND. El primer bloque
correspondió al contexto forense e incluyó los
términos “forensic”, “forensic psychology”,
“forensic evaluation”, “forensic assessment”,
“forensic mental health” y “psycholegal”. El
segundo bloque correspondió a la modalidad remota
e incluyó “telepsychology”, “telehealth”,
“videoconferencing”, “remote assessment”, “tele-
assessment”, “tele-mental health” y “teleforensic”.
El tercer bloque correspondió a la dimensión ética e
incluyó “ethic”, “ethical dilemma”, “ethical issue”,
“confidentiality”, “informed consent”, “privacy” y
“competence”. La búsqueda se restringió a los
campos título, resumen y palabras clave (TITLE-
ABS-KEY).
La fórmula booleana empleada fue la
siguiente: TITLE-ABS-KEY (("telepsychology"
OR "telehealth" OR "videoconferencing" OR
"remote assessment" OR "tele-assessment" OR
"tele-mental health" OR "teleforensic") AND
("forensic" OR "forensic psychology" OR "forensic
evaluation" OR "forensic assessment" OR "forensic
mental health" OR "psycholegal") AND ("ethic" OR
"ethical dilemma" OR "ethical issue" OR
"confidentiality" OR "informed consent" OR
"privacy" OR "competence"))
Para orientar la revisión sistemática, se
formularon tres preguntas de investigación: PI1:
¿Cuáles son los principales dilemas éticos
documentados en la literatura científica respecto a la
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práctica de evaluaciones psicológicas forenses
realizadas mediante tecnologías de comunicación
remota? PI2: ¿Qué categorías temáticas emergen de
la clasificación de los dilemas éticos identificados
en la telepericia psicológica forense? PI3: ¿Qué
recomendaciones o directrices éticas han sido
propuestas en la literatura para abordar los dilemas
éticos específicos de la evaluación psicológica
forense remota?
Estas preguntas se fundamentan en la
necesidad identificada ante la ausencia de
recomendaciones claras en la intersección entre
cuestiones psicojurídicas y el uso de tecnologías
remotas, sobre la escasez de estudios que aborden
sistemáticamente los dilemas éticos en la práctica
forense.
Los criterios de inclusión fueron los
siguientes:
1. Tipo de documento: Artículos originales de
investigación empírica (cuantitativos,
cualitativos o mixtos), artículos de revisión,
guías de práctica profesional y documentos de
posicionamiento de sociedades científicas
publicados en revistas revisadas por pares.
2. Idioma: Publicaciones en inglés, español, y
portugués.
3. Contenido temático: Estudios que aborden
explícitamente dilemas, desafíos o
consideraciones éticas en la realización de
evaluaciones psicológicas forenses mediante
tecnologías de comunicación remota.
4. Acceso: Artículos disponibles en texto completo
entre los años 2006 al 2026.
Los criterios de exclusión fueron los
siguientes:
1. Artículos centrados exclusivamente en
telepsicología clínica o terapéutica sin
componente forense.
2. Estudios que abordaran la telemedicina o
telesalud en disciplinas distintas a la psicología
forense.
3. Publicaciones de tipo editorial, cartas al editor,
resúmenes de congresos o literatura gris sin
revisión por pares.
4. Artículos que trataran aspectos exclusivamente
técnicos o logísticos de la videoconferencia sin
abordar la dimensión ética.
Tras la aplicación de los criterios de inclusión
y exclusión, se evaluaron 25 artículos a texto
completo. En la fase de elegibilidad se excluyeron
11 estudios: 3 por centrarse exclusivamente en
telepsicología clínica o terapéutica sin componente
forense; 2 por abordar telemedicina o telesalud en
disciplinas distintas de la psicología forense; 2 por
corresponder a editoriales, cartas, resúmenes de
congresos o literatura gris sin revisión por pares; y
4 por tratar exclusivamente aspectos técnicos o
logísticos de la videoconferencia sin abordar la
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dimensión ética. Finalmente, 14 estudios
cumplieron los criterios de elegibilidad y fueron
incluidos en la revisión sistemática.
La aplicación secuencial de estos criterios
permitió conformar un corpus de estudios pertinente
y manejable para el análisis temático de los dilemas
éticos en la telepericia psicológica forense,
respondiendo así al objetivo de identificar y
categorizar dichos dilemas de manera rigurosa y
replicable (Ver Figura 1).
Figura 1. Flujograma del método PRISMA
Fuente: elaboración propia
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Resultados
Autor
Contexto de
evaluación remota
Principales dilemas éticos documentados
Implicación ético-forense
Khalifa et al.,
(2008)
Telepsiquiatría forense
mediante videolink
Privacidad; confidencialidad; seguridad de
la transmisión; consentimiento informado;
precisión diagnóstica; licenciamiento y
responsabilidad profesional.
La distancia tecnológica introduce
riesgos adicionales sobre la protección
de información, calidad de la
apreciación clínica y delimitación de
responsabilidades profesionales.
Saleem et al.,
(2008)
Telepsiquiatría forense
en Reino Unido
Consentimiento específico; límites de
privacidad; manejo remoto del riesgo;
responsabilidad profesional; rapport;
adecuación del caso; legitimidad judicial.
La conveniencia institucional de la
videoconferencia no debe prevalecer
sobre la seguridad, comprensión y
calidad de la evaluación del examinado.
Wynchank &
Fortuin (2010)
Telepsiquiatría forense
y evaluación de
competencia
Acceso no autorizado a grabaciones;
transmisión de datos; influencia de terceros
fuera de cámara; privacidad;
consentimiento; estándares de atención.
El entorno remoto dificulta verificar
quién interviene realmente y exige
mantener estándares profesionales
equivalentes a los presenciales.
Mars et al.,
(2012)
Evaluación de
competencia procesal
mediante telepsiquiatría
Privacidad en prisión; pérdida de datos
clínicos; testing complejo; rapport;
consentimiento intercultural;
licenciamiento; responsabilidad;
almacenamiento de datos.
No toda pregunta psicolegal ni todo
examinado resulta apto para evaluación
mediante videoconferencia.
Adjorlolo &
Chan (2015)
Evaluación forense por
videoconferencia
Competencia tecnológica; validez y
fiabilidad; testing; consentimiento;
privacidad; confidencialidad; seguridad;
responsabilidad profesional; admisibilidad
judicial.
La posibilidad tecnológica de evaluar
remotamente no garantiza que los
resultados alcancen estándares
científicos y judiciales suficientes.
Sales et al.,
(2018)
Telepsiquiatría en
contextos forenses
Calidad audiovisual; testing psicométrico;
pérdida de señales clínicas; idoneidad del
caso; privacidad; regulación;
licenciamiento; emergencias.
Fallas técnicas o metodológicas pueden
convertirse en debilidades probatorias y
afectar la aceptación de la pericia.
Luxton et al.,
(2019)
Competencia procesal
mediante tecnologías
digitales
Pérdida de información no verbal; retraso
audiovisual; competencia tecnológica;
privacidad; seguridad; normativa local;
transparencia de limitaciones.
El evaluador debe diferenciar
limitaciones clínicas reales de artefactos
producidos por la tecnología.
Goldenson &
Josefowitz
(2021)
Evaluación psicológica
forense remota en
litigios civiles
Estandarización de pruebas; control del
ambiente; privacidad; confidencialidad;
rapport versus neutralidad; seguridad; no
maleficencia; admisibilidad.
Las alteraciones metodológicas pueden
comprometer tanto la validez de los
resultados como su defendibilidad en
juicio.
Kois et al.,
(2021)
E-mental health forense
Validez individual; grabación; privacidad de
información digital; brecha digital;
diversidad lingüística y cultural;
competencia profesional.
La utilidad de una tecnología debe
valorarse caso por caso y no presumirse
equivalente para todos los examinados.
Trupp et al.,
(2021)
Evaluación de
competencia para juicio
mediante
videoconferencia
Menor fiabilidad percibida; dificultad para
detectar simulación; síntomas de salud
mental; uso de instrumentos;
consentimiento; privacidad; falta de
estándares específicos.
Los psicólogos forenses perciben que
determinadas funciones esenciales de la
evaluación pueden deteriorarse en
modalidad remota.
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Autor
Contexto de
evaluación remota
Principales dilemas éticos documentados
Implicación ético-forense
Batastini et al.,
(2023)
Telepsicología en
práctica psicolegal
Privacidad; consentimiento tecnológico;
pérdida de comunicación no verbal;
equidad; validez psicométrica; seguridad de
tests; terceros; diversidad y accesibilidad.
La modalidad remota amplía las
obligaciones éticas tradicionales del
evaluador forense.
Galán
Santamarina et
al., (2023)
Aplicación remota del
Protocolo de Estambul
Confidencialidad del entorno; conectividad;
falta de recursos; comunicación no verbal;
rapport; crisis emocionales; formación
insuficiente.
La calidad de la evaluación puede verse
afectada tanto por limitaciones
tecnológicas como por dificultades para
contener y comprender emocionalmente
al examinado.
Young (2024)
Tele-neuropsicología
forense
Validez y fiabilidad; Performance Validity
Test (PVT); consentimiento; privacidad;
seguridad de tests; pérdida de observación
conductual; inequidad; admisibilidad y
contrainterrogatorio.
Las decisiones forenses de alto impacto
exigen máxima cautela cuando los
instrumentos o procedimientos remotos
no poseen suficiente evidencia de
equivalencia.
Ebo et al.,
(2025)
Salud mental y
psiquiatría forense
remota
Fiabilidad; simulación; síntomas
psiquiátricos sutiles; observación limitada;
aceptación judicial y estándares probatorios.
La accesibilidad de la telepsiquiatría
debe equilibrarse con la necesidad de
producir evidencia suficientemente
robusta para decisiones judiciales.
Tabla 1. Dilemas éticos en la telepericia forense
Fuente: elaboración propia
Categoría
temática
emergente
Dilemas comprendidos
Estudios que la sustentan
Interpretación analítica
1. Integridad
científica y validez
pericial
Fiabilidad; validez psicométrica;
estandarización; equivalencia
presencial-remota; pérdida de
información conductual; detección
de simulación; PVT;
interpretación; testing.
Khalifa et al.; Mars et al.;
Adjorlolo & Chan; Sales et al.;
Luxton et al.; Goldenson &
Josefowitz; Kois et al.; Trupp et
al.; Batastini et al.; Galán
Santamarina et al.; Young; Ebo
et al.
La principal tensión ética consiste en
determinar si los datos obtenidos
remotamente mantienen la calidad
científica necesaria para sustentar
conclusiones que pueden afectar
derechos y decisiones judiciales.
2. Privacidad,
confidencialidad y
seguridad digital
Protección de datos; transmisión;
almacenamiento; hacking;
grabaciones; terceros; seguridad de
plataforma; seguridad de tests;
ambientes no privados.
Khalifa et al.; Saleem et al.;
Wynchank & Fortuin; Mars et
al.; Adjorlolo & Chan; Sales et
al.; Luxton et al.; Goldenson &
Josefowitz; Kois et al.; Trupp et
al.; Batastini et al.; Galán
Santamarina et al.; Young.
En la telepericia la confidencialidad
deja de depender únicamente del
profesional y se convierte en una
propiedad del conjunto formado por
plataforma, dispositivos, ubicación,
terceros e infraestructura
institucional.
3. Autonomía y
consentimiento
informado
Riesgos tecnológicos; alternativas
presenciales; modificaciones del
procedimiento; grabación; terceros;
límites de confidencialidad;
comprensión tecnológica.
Khalifa et al.; Saleem et al.;
Wynchank & Fortuin; Mars et
al.; Adjorlolo & Chan;
Goldenson & Josefowitz;
Trupp et al.; Batastini et al.;
Young.
El consentimiento tradicional resulta
insuficiente: el examinado debe
comprender las particularidades,
riesgos y limitaciones de la
modalidad remota.
4. Competencia
profesional y
responsabilidad
Capacitación tecnológica;
competencia forense; actualización
profesional; licenciamiento;
Khalifa et al.; Saleem et al.;
Wynchank & Fortuin; Mars et
al.; Adjorlolo & Chan; Sales et
al.; Luxton et al.; Goldenson &
La competencia para telepericia
constituye una capacidad
multidimensional: competencia
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Categoría
temática
emergente
Dilemas comprendidos
Estudios que la sustentan
Interpretación analítica
jurisdicción; manejo de
contingencias; responsabilidad.
Josefowitz; Kois et al.; Trupp et
al.; Batastini et al.; Galán
Santamarina et al.; Young.
forense, tecnológica, psicométrica,
ética y jurídico-jurisdiccional.
5. Equidad,
accesibilidad y
diversidad
Brecha digital; conectividad;
recursos económicos; ruralidad;
discapacidad; edad; idioma;
interpretación; cultura;
alfabetización tecnológica.
Wynchank & Fortuin; Kois et
al.; Batastini et al.; Galán
Santamarina et al.; Young.
Aunque la tecnología puede ampliar
el acceso a servicios especializados,
también puede generar desigualdad
en las condiciones y calidad de la
evaluación.
6. Legitimidad
jurídico-probatoria
Admisibilidad; escrutinio judicial;
contrainterrogatorio;
documentación metodológica;
estándares de evidencia; aceptación
institucional.
Khalifa et al.; Saleem et al.;
Wynchank & Fortuin; Mars et
al.; Adjorlolo & Chan; Sales et
al.; Luxton et al.; Goldenson &
Josefowitz; Kois et al.; Trupp et
al.; Batastini et al.; Young; Ebo
et al.
Un procedimiento puede ser
clínicamente posible pero
jurídicamente controvertible; por
ello, el evaluador debe poder
defender científica y procesalmente
la metodología utilizada.
7. Bienestar
psicológico y
manejo del riesgo
Crisis; autolesión; suicidio;
desregulación emocional; trauma;
dificultad de contención; gestión
remota de emergencias; selección
de casos vulnerables.
Saleem et al.; Mars et al.;
Goldenson & Josefowitz;
Trupp et al.; Batastini et al.;
Galán Santamarina et al.;
Young; Ebo et al.
La telepericia genera una obligación
adicional de anticipar cómo se
responderá a situaciones críticas
cuando profesional y evaluado no
comparten el mismo espacio físico.
Tabla 2. Categorías temáticas de los dilemas éticos
Fuente: elaboración propia
Autor
Recomendaciones/directrices principales
Finalidad ética
Khalifa et al.,
(2008)
Utilizar redes seguras; proteger confidencialidad; explicar riesgos y
beneficios; obtener consentimiento; prever emergencias; investigar
efectividad y limitaciones.
Protección de autonomía,
seguridad y calidad de la
evaluación.
Saleem et al.,
(2008)
Consentimiento específico; informar límites; protocolos de riesgo;
estándares de competencia; coordinación entre hospitales, prisiones y
tribunales; guías profesionales.
Garantizar responsabilidad
institucional y profesional.
Wynchank &
Fortuin (2010)
Anticipar acceso indebido a grabaciones y datos; controlar terceros;
mantener estándares profesionales; desarrollar guías estandarizadas.
Evitar contaminación y pérdida
de confidencialidad.
Mars et al.,
(2012)
Definir cuándo la videoconferencia no sustituye la evaluación presencial;
capacitar profesionales; desarrollar SOP; cumplir legislación de datos;
obtener consentimiento.
Establecer límites claros a la
utilización de la modalidad.
Adjorlolo &
Chan (2015)
Utilizar instrumentos apropiados para videoconferencia; justificar
excepciones; consentimiento ampliado; almacenamiento seguro;
documentar tecnología y limitaciones.
Preservar validez,
confidencialidad y
defendibilidad judicial.
Sales et al.,
(2018)
Garantizar calidad audiovisual; seleccionar casos apropiados; considerar
sesiones presenciales iniciales; capacitar profesionales; profundizar
investigación jurídica y ética.
Adaptar la modalidad a las
características del caso.
Luxton et al.,
(2019)
Evaluación de necesidades; infraestructura adecuada; revisión jurídica;
capacitación; simulaciones; entrenamiento de personal auxiliar; documentar
la modalidad en el informe.
Implementar programas de
telepericia de forma planificada
y transparente.
Goldenson &
Josefowitz
(2021)
Decisión caso por caso; consentimiento detallado; planes de seguridad;
capacitación; cautela psicométrica; documentación de todas las limitaciones.
Equilibrar eficiencia
tecnológica, no maleficencia y
rigor forense.
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Autor
Recomendaciones/directrices principales
Finalidad ética
Kois et al.,
(2021)
Evaluar idoneidad individual; consultar códigos éticos; desarrollar políticas
basadas en evidencia; considerar accesibilidad y diversidad.
Prevenir utilización
indiscriminada y desigual.
Trupp et al.,
(2021)
Desarrollar estándares forenses específicos; incrementar capacitación;
ponderar ventajas/desventajas según caso; prestar especial atención a
simulación, síntomas y testing.
Cerrar la brecha entre
telepsicología general y
evaluación forense.
Batastini et al.,
(2023)
Comprobar idoneidad; privacidad; conexión; consentimiento; testing
validado; seguridad de pruebas; diversidad; documentar limitaciones;
detener evaluación si la tecnología impide una práctica adecuada.
Preservar integridad de todo el
proceso pericial.
Galán
Santamarina et
al., (2023)
Favorecer presencialidad en casos complejos; valorar estabilidad emocional;
disponer de apoyo local; mejorar equipamiento y formación.
Reducir riesgos derivados de
vulnerabilidad emocional y
precariedad tecnológica.
Young (2024)
Sesión preliminar; verificar tecnología y capacidad del examinado;
consentimiento específico; privacidad; impedir grabaciones; monitorizar;
utilizar tests válidos; transparentar modificaciones; cautela con PVT;
considerar equidad.
Proteger simultáneamente
autonomía, validez, seguridad
de pruebas y justicia.
Ebo et al.,
(2025)
Protocolos estandarizados; guías de buenas prácticas; modelos híbridos;
mayor investigación de validez y efectividad.
Combinar accesibilidad con
profundidad y precisión
forense.
Tabla 3. Directrices éticas para la telepericia
Fuente: elaboración propia
Discusión de los resultados
Los resultados de esta revisión sistemática
permiten identificar un conjunto de dilemas éticos
vinculados con la práctica de evaluaciones
psicológicas forenses realizadas mediante
tecnologías de comunicación remota. A partir del
análisis de los artículos incluidos, los dilemas fueron
organizados en siete categorías temáticas:
integridad científica y validez pericial; privacidad,
confidencialidad y seguridad digital; autonomía y
consentimiento informado; competencia profesional
y responsabilidad; equidad, accesibilidad y
diversidad; legitimidad jurídico-probatoria; y
bienestar psicológico y manejo del riesgo. Esta
clasificación responde al objetivo del estudio
porque permite pasar de una identificación dispersa
de problemas particulares a una organización
analítica de los principales núcleos éticos
documentados en la literatura.
En relación con la integridad científica y la
validez pericial, los estudios revisados muestran
preocupación por la fiabilidad de los resultados, la
estandarización de los instrumentos, la equivalencia
entre administración presencial y remota, la calidad
de la observación conductual y la detección de
simulación. Adjorlolo & Chan (2015) ya advertían
que la aplicación de videoconferencia en
evaluaciones forenses debía examinarse
considerando la validez, fiabilidad y adecuación de
los instrumentos utilizados. Esta preocupación
también aparece en Sales et al., (2018), Luxton et
al., (2019), Goldenson & Josefowitz (2021), Trupp
et al., (2021), Batastini et al., (2023), Young (2024)
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y Ebo et al., (2025). La coincidencia entre estos
trabajos indica que la cuestión ética no se limita a
determinar si una evaluación puede realizarse a
distancia, sino a establecer si el procedimiento
remoto conserva condiciones suficientes para
sustentar conclusiones periciales defendibles
científica y jurídicamente.
Trupp et al., (2021) aportan evidencia
empírica específica sobre esta preocupación. En una
encuesta aplicada a 176 psicólogos forenses, el 68.1
% manifestó preocupación respecto de la evaluación
de simulación mediante videoconferencia y el 42.7
% expresó inquietud sobre la evaluación general de
síntomas de salud mental. Además, los evaluadores
atribuyeron una confiabilidad percibida de 73.6 % a
las evaluaciones mediante videoconferencia y de
79.2 % a las evaluaciones presenciales, con un
tamaño de efecto de d = .57 [.43, .70]. Estos
resultados permiten precisar que la percepción de
menor confiabilidad no constituye una apreciación
genérica, sino una diferencia reportada por los
propios profesionales evaluadores.
Young (2024) complementa este hallazgo
desde la neuropsicología forense, especialmente
respecto de los Performance Validity Tests. El autor
sostiene que la administración remota de estas
pruebas requiere cautela mientras la evidencia de
equivalencia con la administración presencial sea
insuficiente. Asimismo, advierte sobre dificultades
relacionadas con observaciones conductuales,
alteraciones en tamaño, ángulo, nitidez y color de
los estímulos visuales, posibilidad de que el
examinado registre información durante tareas de
memoria o consulte internet durante la
administración. La convergencia entre Trupp et al.,
(2021) y Young (2024) resulta relevante porque el
primero aporta percepción profesional cuantificada,
mientras que el segundo profundiza en los
fundamentos psicométricos y éticos de la
evaluación remota.
La literatura incorporada también permite
contextualizar estos resultados. Bernhard et al.,
(2021) observaron que el uso de telepsicología entre
profesionales forenses pasó de 55 % antes de la
pandemia a 92 % durante la pandemia de COVID-
19. En ese estudio, quienes no empleaban estas
modalidades reportaban mayores preocupaciones
respecto del rapport, la privacidad y la
confidencialidad que quienes ya tenían experiencia
con evaluaciones remotas. Esta diferencia puede
interpretarse como evidencia de que la experiencia
práctica modifica la percepción de ciertos riesgos,
aunque no permite concluir que los problemas
relacionados con validez, privacidad o
admisibilidad desaparezcan por efecto de la
familiaridad tecnológica.
Skala et al., (2023), también incluidos en el
marco contextual, encuestaron a 71 evaluadores
forenses y encontraron que todos identificaron al
menos una desventaja asociada con la
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videoconferencia. Las dificultades señaladas se
relacionaron con la administración de instrumentos,
los problemas técnicos y la confidencialidad. Este
resultado converge con los hallazgos de Trupp et al.,
(2021) y Batastini et al., (2023), ya que muestra que
las preocupaciones profesionales no se concentran
exclusivamente en aspectos tecnológicos, sino
también en elementos metodológicos y éticos que
afectan la calidad de la evaluación.
La privacidad, la confidencialidad y la
seguridad digital constituyen otra categoría central
identificada en la revisión. Khalifa et al., (2008),
Saleem et al., (2008), Wynchank & Fortuin (2010),
Mars et al., (2012), Adjorlolo & Chan (2015), Sales
et al., (2018), Luxton et al., (2019), Goldenson &
Josefowitz (2021), Kois et al., (2021), Trupp et al.,
(2021), Batastini et al., (2023), Galán Santamarina
et al., (2023) y Young (2024) documentan
problemas relacionados con transmisión de datos,
almacenamiento, grabaciones, terceros presentes en
el entorno, privacidad física del espacio de
evaluación y seguridad de las plataformas o
instrumentos.
Wynchank & Fortuin (2010) describen
específicamente riesgos relacionados con acceso no
autorizado a grabaciones, transmisión de datos e
influencia de personas presentes en la misma
habitación, pero fuera del campo visual de la
cámara. Esta observación resulta particularmente
importante en el ámbito pericial, porque la presencia
de terceros puede afectar tanto la confidencialidad
como la espontaneidad de las respuestas y la
integridad de la información obtenida. Por su parte,
Batastini et al., (2023) amplían el problema hacia la
seguridad de los instrumentos psicológicos, la
presencia de observadores y la necesidad de
verificar las condiciones del entorno antes de iniciar
la evaluación.
Manalili (2024), utilizado en la introducción
como literatura contextual, también señala que la
privacidad, la confidencialidad, la competencia
profesional y la gestión de contingencias requieren
una adaptación específica cuando la relación
profesional está mediada por tecnologías digitales.
La diferencia entre esta perspectiva general y los
estudios estrictamente forenses radica en que, en
telepericia, una vulneración de confidencialidad o
seguridad puede repercutir además sobre la calidad
de la evidencia y sobre la posterior valoración
judicial del informe.
Respecto de la autonomía y el consentimiento
informado, los resultados muestran que el
consentimiento utilizado para una evaluación
presencial no puede trasladarse sin modificaciones
al escenario remoto. Khalifa et al., (2008), Saleem
et al., (2008), Mars et al., (2012), Adjorlolo & Chan
(2015), Goldenson & Josefowitz (2021), Trupp et
al., (2021), Batastini et al., (2023) y Young (2024)
coinciden en que el examinado debe recibir
información sobre las características de la
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modalidad, los riesgos tecnológicos, los límites de
privacidad y confidencialidad, la posible presencia
de terceros, las modificaciones introducidas en los
instrumentos y las alternativas disponibles.
Young (2024) añade que el consentimiento
debe explicar que el entorno remoto es menos
controlable que el entorno presencial, que
determinados datos observacionales pueden
reducirse o perderse y que pueden existir
limitaciones que afecten las conclusiones. También
señala la necesidad de explicar previamente los
planes de seguridad. De este modo, el
consentimiento informado funciona no solo como
requisito ético, sino también como mecanismo de
transparencia metodológica.
La competencia profesional y la
responsabilidad constituyen otra dimensión
diferenciada. Luxton et al., (2019), Batastini et al.,
(2023), Kois et al., (2021), Galán Santamarina et al.,
(2023) y Young (2024) plantean que la práctica
remota exige habilidades adicionales a las
requeridas para la evaluación presencial. La
competencia incluye dominio de tecnología,
conocimiento de las limitaciones propias del medio,
capacidad para resolver fallas de conexión, manejo
de plataformas seguras, criterio para seleccionar
instrumentos y comprensión de las exigencias
legales aplicables.
Trupp et al., (2021) encontraron que quienes
habían realizado evaluaciones de competencia
mediante videoconferencia o habían recibido
formación relacionada con esta tecnología
reportaban mayor comodidad y menos
preocupaciones respecto del procedimiento. Este
resultado converge con Bernhard et al., (2021),
quienes también observaron diferencias en la
percepción de dificultades entre profesionales con
experiencia y sin experiencia en telepsicología. Sin
embargo, la menor preocupación subjetiva no
permite asumir automáticamente una mayor validez
objetiva de la evaluación; por ello, la capacitación
debe complementarse con estándares verificables de
práctica.
La categoría de equidad, accesibilidad y
diversidad muestra una doble dimensión. Kois et al.,
(2021), Batastini et al., (2023), Galán Santamarina
et al., (2023), Young (2024) y Wynchank & Fortuin
(2010) evidencian que las tecnologías remotas
pueden ampliar el acceso a especialistas,
especialmente en contextos geográficamente
alejados, pero también pueden introducir
desigualdades derivadas de conectividad,
dispositivos disponibles, idioma, discapacidad,
alfabetización digital y características culturales.
Wynchank & Fortuin (2010) resaltan el
potencial de la telepsiquiatría para regiones rurales
y comunidades con disponibilidad limitada de
especialistas. En cambio, Young (2024) enfatiza
que personas con menor acceso tecnológico,
dominio lingüístico limitado o pertenecientes a
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grupos culturales diversos pueden enfrentar
condiciones menos favorables para una evaluación
remota. Estas posiciones no son contradictorias. La
telepericia puede aumentar cobertura y,
simultáneamente, producir diferencias en la calidad
del procedimiento si no se controlan las condiciones
tecnológicas y socioculturales.
La legitimidad jurídico-probatoria constituye
una dimensión específica del contexto forense.
Adjorlolo & Chan (2015), Goldenson & Josefowitz
(2021), Trupp et al., (2021), Young (2024) y Ebo et
al., (2025) advierten que las modificaciones
introducidas por la modalidad remota pueden ser
examinadas durante el proceso judicial. La
admisibilidad, el contrainterrogatorio, la
transparencia metodológica y la documentación de
limitaciones adquieren especial relevancia porque
una evaluación puede resultar técnicamente posible
y, al mismo tiempo, ser cuestionada respecto de la
suficiencia de sus fundamentos.
Young (2024) señala que el neuropsicólogo
debe considerar antes de aceptar el encargo los
posibles efectos de la modalidad remota sobre la
validez, las modificaciones de administración, las
limitaciones interpretativas y la aceptación judicial
de los resultados. Goldenson & Josefowitz (2021)
coinciden en la necesidad de documentar
detalladamente el procedimiento empleado, las
modificaciones introducidas y las limitaciones
identificadas. Esta coincidencia refuerza la idea de
que la transparencia metodológica forma parte del
deber ético del perito y no constituye únicamente un
requisito formal del informe.
El bienestar psicológico y el manejo del riesgo
también adquieren características particulares
cuando el profesional y el examinado se encuentran
físicamente separados. Saleem et al., (2008), Mars
et al., (2012), Goldenson & Josefowitz (2021),
Trupp et al., (2021), Batastini et al., (2023), Galán
Santamarina et al., (2023), Young (2024) y Ebo et
al., (2025) plantean dificultades relacionadas con
crisis emocionales, autolesión, suicidio,
desregulación, trauma y respuesta ante emergencias.
Galán Santamarina et al., (2023), en
evaluaciones remotas basadas en el Protocolo de
Estambul, identificaron dificultades para
comprender respuestas emocionales, problemas de
confidencialidad del entorno, conectividad y
limitaciones en la comunicación no verbal. En las
evaluaciones remotas analizadas, las dificultades
para comprender la respuesta emocional estuvieron
presentes en 6 de 11 evaluaciones (54.5 %); los
problemas relacionados con privacidad del lugar, en
5 de 11 (45.4 %); los problemas de conexión o
recursos materiales, en 4 de 11 (36.3 %); y las
dificultades de seguridad, en 2 de 11 (18.1 %). Estos
datos muestran que los riesgos emocionales y
tecnológicos pueden coexistir dentro de una misma
evaluación, particularmente cuando se trabaja con
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personas que han experimentado hechos
traumáticos.
Las recomendaciones identificadas muestran
correspondencia con los dilemas encontrados. Los
artículos incluidos plantean valorar la idoneidad de
cada caso, verificar previamente las condiciones
tecnológicas, proteger la privacidad, emplear
consentimiento específico, utilizar instrumentos con
respaldo suficiente, documentar las modificaciones,
establecer protocolos de emergencia y recurrir a
modalidades presenciales o híbridas cuando las
condiciones remotas no permitan mantener el
estándar exigido. Mulchay & Knuth (2023),
incorporados como literatura contextual, distinguen
entre prácticas óptimas, suficientes e insuficientes
para la obtención remota de información forense, lo
que coincide con la necesidad de no tratar todas las
modalidades remotas como metodológicamente
equivalentes.
La revisión presenta limitaciones que deben
ser consideradas al interpretar los resultados. La
búsqueda se realizó únicamente en Scopus, por lo
que publicaciones indexadas exclusivamente en
otras bases de datos pudieron quedar fuera del
proceso de selección. La búsqueda se restringió a
artículos disponibles en texto completo publicados
entre 2006 y 2026, en inglés, español y portugués.
Estas decisiones metodológicas delimitan el corpus
recuperado y deben considerarse al valorar la
transferencia de los resultados a otros contextos
académicos o lingüísticos.
Otra limitación corresponde a la
heterogeneidad de los estudios incluidos. El corpus
integra evaluaciones psicológicas,
neuropsicológicas y psiquiátricas forenses, además
de artículos empíricos, revisiones y documentos de
orientación profesional. Esta diversidad permite
identificar problemas desde distintos ámbitos de la
evaluación forense, pero no permite establecer
comparaciones cuantitativas homogéneas entre
todos los estudios. En consecuencia, las siete
categorías temáticas deben interpretarse como una
organización cualitativa de los dilemas
documentados y no como una medición estadística
de su frecuencia, gravedad o importancia relativa.
El contexto de la pandemia de COVID-19
constituye otra limitación interpretativa. Algunos
estudios fueron desarrollados durante un periodo
caracterizado por restricciones a la presencialidad y
adopción acelerada de videoconferencia. Trupp et
al., (2021) muestran que 79.7 % de quienes habían
realizado una evaluación de competencia mediante
videoconferencia lo habían hecho únicamente
después del inicio de la pandemia. Por ello,
determinadas preocupaciones pueden estar
vinculadas parcialmente con condiciones de
implementación rápida y con niveles de experiencia
profesional propios de ese periodo.
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También se observa una limitación en la
naturaleza de la evidencia ética disponible. Parte de
los estudios examina percepciones profesionales,
recomendaciones o problemas metodológicos,
mientras que existe menor desarrollo de
investigaciones orientadas a documentar
directamente incidentes éticos consumados, tales
como vulneraciones de confidencialidad, errores
periciales atribuibles a la modalidad remota, fallos
de seguridad, impugnaciones judiciales o
consecuencias adversas para las personas
examinadas. En consecuencia, algunas
recomendaciones se fundamentan en riesgos
identificados y en principios de precaución
profesional más que en frecuencias documentadas
de eventos adversos.
Otra limitación metodológica es que el
procedimiento presentado no incorpora una
evaluación formal diferenciada del riesgo de sesgo
o de la calidad metodológica de cada estudio
incluido. La aplicación de criterios de inclusión y
exclusión permitió seleccionar trabajos pertinentes
para el objetivo de la revisión, pero no establece una
ponderación entre estudios según robustez
metodológica. Este aspecto debe considerarse
especialmente porque el corpus reúne diseños de
investigación diferentes.
A partir de estas limitaciones y de los
resultados obtenidos, las futuras investigaciones
deberían comparar de manera directa modalidades
presencial, remota e híbrida para tipos específicos
de evaluación forense. Resulta necesario determinar
con qué instrumentos, poblaciones y propósitos
psicolegales la modalidad remota mantiene
propiedades psicométricas suficientemente
equivalentes. La evaluación de simulación y las
pruebas de validez del desempeño constituyen una
línea particularmente relevante debido a las
preocupaciones reportadas por Trupp et al., (2021)
y Young (2024).
Asimismo, se requieren investigaciones
multicéntricas que analicen la influencia de
conectividad, dispositivo utilizado, idioma,
discapacidad, alfabetización digital y contexto
cultural sobre el proceso de evaluación. Estas
variables deberían ser incorporadas explícitamente
en los diseños, en lugar de tratarlas únicamente
como limitaciones contextuales, con el propósito de
establecer criterios que permitan identificar cuándo
la modalidad remota favorece el acceso y cuándo
introduce condiciones desiguales.
La formación profesional constituye otra línea
que requiere mayor evidencia. Los resultados de
Trupp et al., (2021) y Bernhard et al., (2021)
sugieren diferencias entre profesionales con y sin
experiencia o capacitación en modalidades remotas.
Futuros estudios deberían evaluar programas
formativos específicos y analizar si la capacitación
en manejo tecnológico, psicometría, seguridad
digital, entrevista remota, contingencias y
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normativa forense mejora indicadores objetivos de
calidad de la evaluación.
También resulta necesario profundizar el
estudio de la legitimidad jurídico-probatoria.
Futuras investigaciones podrían examinar
decisiones judiciales, impugnaciones y
contrainterrogatorios vinculados con pericias
realizadas remotamente, identificando qué
características metodológicas son aceptadas,
cuestionadas o rechazadas. Esta línea permitiría
avanzar desde recomendaciones generales de
prudencia hacia criterios empíricamente sustentados
sobre documentación y defendibilidad judicial.
En materia de privacidad y seguridad, sería
pertinente desarrollar registros prospectivos de
incidentes producidos durante telepericias,
incluyendo interrupciones técnicas, presencia no
autorizada de terceros, intentos de grabación,
contaminación de pruebas, fallas de conexión y
problemas de almacenamiento o transmisión. Ello
permitiría conocer la ocurrencia real de los riesgos
que actualmente aparecen documentados
principalmente como preocupaciones profesionales
o posibilidades éticas.
Finalmente, futuras investigaciones deberían
incorporar de manera más sistemática la perspectiva
de las personas evaluadas. La literatura revisada
presta atención considerable a la perspectiva
profesional, pero resulta necesario examinar cómo
los propios examinados perciben el consentimiento,
la privacidad, la confianza, la justicia del
procedimiento, las dificultades tecnológicas y los
efectos emocionales de la modalidad. Esta
información permitiría contrastar la evaluación
profesional de los riesgos con la experiencia de
quienes participan directamente en procedimientos
que pueden generar consecuencias jurídicas
relevantes.
En conjunto, los resultados permiten concluir
que la telepericia psicológica forense no constituye
una reproducción exacta de la evaluación presencial
en un medio digital. La modalidad modifica las
condiciones en las que se obtienen, protegen,
interpretan y presentan los datos, y esas
modificaciones generan dilemas que pueden ser
agrupados en las siete categorías identificadas. La
literatura revisada no sustenta una aceptación o
rechazo uniforme de la telepericia; por el contrario,
respalda una evaluación contextual de su idoneidad.
La decisión de utilizarla debe considerar el tipo de
pericia, las características del examinado, el
instrumento utilizado, las condiciones tecnológicas,
los riesgos para la privacidad y seguridad, la
capacidad de respuesta ante contingencias y la
posibilidad de justificar metodológicamente las
conclusiones ante el sistema de justicia.
Conclusiones
La revisión sistemática permitió identificar
que los dilemas éticos asociados con la telepericia
psicológica forense se concentra en siete categorías
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temáticas: integridad científica y validez pericial;
privacidad, confidencialidad y seguridad digital;
autonomía y consentimiento informado;
competencia profesional y responsabilidad;
equidad, accesibilidad y diversidad; legitimidad
jurídico-probatoria; y bienestar psicológico y
manejo del riesgo. Entre los hallazgos más
relevantes destacan las preocupaciones relacionadas
con la fiabilidad de las evaluaciones remotas, la
detección de simulación, la pérdida de información
conductual, la seguridad de los instrumentos y
datos, la presencia de terceros, la suficiencia del
consentimiento, la formación del profesional y la
defendibilidad judicial de las conclusiones. Estos
resultados muestran que la telepericia no plantea un
único dilema ético, sino una red de exigencias
interdependientes que afectan simultáneamente la
calidad científica del procedimiento, la protección
de los derechos del examinado y la legitimidad de la
evidencia producida.
En relación con el objetivo de identificar y
categorizar los dilemas éticos documentados en la
literatura científica respecto a la práctica de
evaluaciones psicológicas forenses realizadas
mediante tecnologías de comunicación remota, el
estudio permitió construir una clasificación temática
que organiza de manera sistemática los principales
problemas reportados. Esta categorización
evidencia que los dilemas no se distribuyen de
forma aislada, sino que se superponen entre sí: por
ejemplo, una deficiencia tecnológica puede afectar
la validez de la prueba, comprometer la
confidencialidad, dificultar el consentimiento
informado y reducir la fuerza probatoria del
informe. De este modo, la contribución principal del
estudio radica en ofrecer una estructura analítica
integrada que facilita comprender la complejidad
ética de la telepericia forense y permite distinguir
los ámbitos que requieren mayores salvaguardas.
El trabajo corresponde a un artículo de
revisión sistemática, desarrollado para sintetizar y
organizar la evidencia disponible sobre los dilemas
éticos vinculados con la evaluación psicológica
forense remota. Desde este marco metodológico, los
resultados obtenidos deben interpretarse como una
síntesis estructurada de la literatura incluida y no
como una medición estadística de la frecuencia o
gravedad de cada dilema. La heterogeneidad de los
estudios analizados y la diversidad de contextos
forenses, psicológicos, neuropsicológicos y
psiquiátricos muestran que la idoneidad de la
modalidad remota depende de las características
concretas del caso, del tipo de evaluación, de los
instrumentos empleados, de la infraestructura
tecnológica y de las condiciones jurídicas
aplicables.
Como reflexión final, la telepericia
psicológica forense debe ser entendida como una
modalidad que exige criterios propios de
planificación, ejecución y control, y no como una
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simple reproducción digital de la evaluación
presencial. La evidencia revisada sugiere la
necesidad de avanzar hacia estándares más
específicos, protocolos de selección de casos,
formación profesional especializada, validación de
instrumentos para entornos remotos y mayor estudio
de la aceptación judicial de estas prácticas.
Asimismo, futuras investigaciones deberían
profundizar en la experiencia de las personas
evaluadas, en los efectos de las desigualdades
tecnológicas y culturales, y en la comparación entre
modalidades presencial, remota e híbrida, con el fin
de precisar en qué condiciones la telepericia puede
utilizarse sin comprometer la validez científica, la
protección de derechos ni la calidad del proceso
pericial
Referencias
Adjorlolo, S., & Chan, H. C. O. (2015). Forensic
assessment via videoconferencing: Issues and
practice considerations. Journal of Forensic
Psychology Practice, 15(3), 185–204.
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Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional
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