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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RESPONSABILIDAD JURÍDICA ORGANIZACIONAL:

NUEVOS DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS DEL PERÚ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ORGANIZATIONAL LEGAL LIABILITY: NEW

CHALLENGES FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN PERU'S PUBLIC

INSTITUTIONS

Tipo de Publicación: Artículo Científico

Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y

Aplicadas

Recibido: 15/07/2026

Aceptado: 17/08/2026

Publicado: 10/09/2026

Código Único AV: e825

Páginas: 1(1483-1511)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22691040

Autores:

Patricia Atoche Pacherres

Abogado

Maestro en Derecho Civil y Comercial

https://orcid.org/0000-0003-0611-8950

E-mail: C28264@utp.edu.pe

Afiliación Universidad Tecnológica del Perú.

Piura

País: República del Perú

César Augusto Atoche Pacherres

Administrador de Empresas

Doctor en Ciencias Administrativas

https://orcid.org/0000-0001-7462-6813

E-mail: catochep@unp.edu.pe

Afiliación: Universidad Nacional de Piura

País: República del Perú

Jorge Hernán Atoche Pacherres

Administrador de Empresas

Doctor en Ciencias Administrativas

https://orcid.org/0000-0002-3643-720x

E-mail: jatoche@unprg.edu.pe

Afiliación: Universidad Nacional Pedro Ruiz

Gallo. Lambayeque

País: República del Perú

Miguel Ángel Atoche Pacherres

Ingeniero Industrial

Doctor en Gestión Pública

https://orcid.org/0000-0001-5815-7850

E-mail: miguel.atoche@upn.pe

Afiliación: Universidad Privada del Norte.

Lima

País: República del Perú

Resumen

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las entidades públicas

transforma los modelos tradicionales de gestión y responsabilidad institucional.

Este artículo analiza los desafíos jurídicos y administrativos asociados al uso de

sistemas inteligentes para optimizar procesos, gestionar información y apoyar la

toma de decisiones, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de

control, transparencia y supervisión. La implementación de algoritmos no exime a

las instituciones de responsabilidad; por el contrario, incrementa sus obligaciones

respecto de la supervisión tecnológica, la protección de derechos fundamentales y

la validez de las decisiones administrativas. En este contexto, la responsabilidad

evoluciona de un enfoque centrado en el funcionario hacia un modelo institucional

sustentado en la trazabilidad, la rendición de cuentas y la gestión ética de sistemas

automatizados. La investigación emplea un método documental y analítico, basado

en literatura especializada sobre inteligencia artificial, derecho administrativo,

gobernanza digital y gestión pública. Se identifican riesgos relacionados con

errores algorítmicos, sesgos, falta de transparencia y dificultades para atribuir

responsabilidades por decisiones automatizadas. Se concluye que la adopción

responsable de la IA requiere un marco regulatorio que articule innovación

tecnológica, legalidad, transparencia, responsabilidad institucional y protección

efectiva de la ciudadanía.

Palabras Clave

Inteligencia artificial, gestión administrativa,

instituciones públicas, gobernanza digital,

administración pública peruana.

Abstract

The incorporation of artificial intelligence (AI) into public institutions transforms

traditional models of institutional management and accountability. This article

analyzes the legal and administrative challenges associated with the use of

intelligent systems to optimize processes, manage information, and support

decision-making, highlighting the need to strengthen mechanisms for control,

transparency, and oversight. The implementation of algorithms does not exempt

institutions from responsibility; on the contrary, it increases their obligations

regarding technological oversight, the protection of fundamental rights, and the

validity of administrative decisions. In this context, responsibility evolves from an

approach centered on the public official toward an institutional model based on

traceability, accountability, and the ethical management of automated systems. The

research employs a documentary and analytical method, based on specialized

literature on artificial intelligence, administrative law, digital governance, and

public management. Risks related to algorithmic errors, bias, lack of transparency,

and difficulties in attributing responsibility for automated decisions are identified.

It is concluded that the responsible adoption of AI requires a regulatory framework

that integrates technological innovation, legality, transparency, institutional

accountability, and the effective protection of citizens.

Keywords

Artificial intelligence, administrative management,

public institutions, digital governance, Peruvian

public administration.

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Introducción

La rápida adopción de la Inteligencia

Artificial (IA) en la administración pública

constituye una de las transformaciones más

significativas en la gestión moderna. Su uso en la

toma de decisiones, la automatización de procesos,

el análisis de grandes cantidades de datos y la

provisión de servicios públicos ha creado valiosas

oportunidades para aumentar la eficiencia, la

transparencia y la calidad en la gestión

administrativa. Sin embargo, estos avances también

presentan nuevos retos legales y organizativos en

relación con la fijación de responsabilidades cuando

los sistemas inteligentes cometen errores, toman

decisiones discriminatorias o impactan los derechos

esenciales de los ciudadanos.

La modernización del Estado promueve la

adopción de tecnologías digitales como un elemento

de las políticas de gobierno digital y mutación

institucional. Sin embargo, el desarrollo normativo

aún enfrenta el reto de establecer criterios claros

sobre la responsabilidad jurídica derivada del uso de

sistemas de inteligencia artificial dentro de las

entidades públicas. Esta situación exige replantear

los mecanismos tradicionales de responsabilidad

administrativa, civil y, en determinados casos,

penal, considerando que las decisiones

automatizadas no eliminan el deber de supervisión,

control y diligencia de aquellos funcionarios y

servidores públicos encargados de su

implementación.

Desde la perspectiva de la responsabilidad

jurídica organizacional, resulta indispensable

analizar cómo las instituciones públicas pueden

diseñar estructuras de gobernanza que permitan

gestionar los riesgos asociados al empleo de la IA.

Ello implica fortalecer los mecanismos de control

interno, establecer protocolos para evaluar los

riesgos tecnológicos, salvaguardar la información

personal, promoviendo transparencia algorítmica y

asegurar la intervención humana en aquellas

decisiones que puedan generar efectos significativos

sobre los derechos y/o intereses de los ciudadanos.

En consecuencia, la responsabilidad organizacional

trasciende la actuación individual de los

funcionarios para comprender también la obligación

institucional de prevenir daños derivados del uso

inadecuado de tecnologías inteligentes.

Asimismo, el marco constitucional peruano

exige que toda actuación administrativa respete los

principios de legalidad, debido procedimiento,

razonabilidad, igualdad y protección efectiva de los

derechos esenciales. En este sentido, la

incorporación de sistemas de inteligencia artificial

debe desarrollarse conforme a normas éticas y

legales que aseguren la rendición de cuentas, la

explicabilidad de los algoritmos y la supervisión

permanente de los procesos automatizados. La

ausencia de estos mecanismos puede generar

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escenarios de inseguridad jurídica, afectar la

confianza ciudadana y comprometer la legitimidad

de la actuación estatal.

En este marco, la investigación sobre el nexo

entre inteligencia artificial y responsabilidad

jurídica organizacional adquiere especial relevancia

para comprender los nuevos desafíos que enfrenta la

gestión administrativa en las instituciones públicas

del Perú. Analizar esta problemática permite

identificar vacíos normativos, riesgos

institucionales y oportunidades de mejora en las

políticas de transformación digital, contribuyendo al

diseño de un modelo de administración pública que

integre avances tecnológicos con el respeto absoluto

de los principios del Estado constitucional de

derecho y la salvaguarda de los derechos de los

administrados.

Desarrollo

Responsabilidad y obligación de rendir cuentas

en sistemas de inteligencia artificial.

Novelli et al., (2024) analizan la obligación y

la transparencia en los sistemas de IA, destacando

cierta problemática legal contemporánea no radica

únicamente en identificar al causante de un daño,

sino en definir quién debe asumir la responsabilidad

cuando las decisiones son el resultado de sistemas

complejos en los que intervienen programadores,

proveedores de tecnología, funcionarios y

organizaciones que utilizan estos sistemas. Permite

fundamentar que la responsabilidad jurídica

organizacional en instituciones públicas peruanas

debe evolucionar desde una visión individual hacia

un modelo de responsabilidad institucional

distribuida, donde la entidad pública mantiene

deberes de supervisión, transparencia y control

sobre las herramientas de IA.

Hirvonen (2023) discute la relevancia de crear

estructuras de responsabilidad que aseguren la

utilización inequívoca de sistemas automatizados en

el ámbito público. Plantear que los algoritmos

utilizados por gobiernos pueden generar problemas

relacionados con transparencia, control democrático

y atribución de responsabilidades jurídicas. Sustenta

que las instituciones públicas peruanas requieren

mecanismos como:

1. Auditorías algorítmicas.

2. Supervisión humana.

3. Trazabilidad de decisiones automatizadas.

4. Protocolos institucionales de responsabilidad.

Salvador (2021) analiza la conexión entre la

inteligencia artificial, la gestión de datos y la

administración pública, destacando que la adopción

de tecnologías avanzadas requiere mejorar las

capacidades de las organizaciones, las estructuras

internas, la gestión del conocimiento y los

mecanismos institucionales de supervisión. Su

perspectiva permite aclarar que la IA en el Estado

peruano no debe verse únicamente como un

programa informático, sino como un factor que

transforma la gestión administrativa, los métodos de

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decisión y la responsabilidad de los servidores

públicos.

Levy et al., (2021) examinan la aplicación de

algoritmos en decisiones del sector público y

señalan que la automatización puede impactar

elementos fundamentales como la igualdad, la

privacidad, la participación de los ciudadanos y la

legitimidad de las instituciones.

Su investigación permite argumentar que la

implementación de IA en entidades públicas

peruanas debe estar vinculada con principios

jurídicos como:

1. Debido procedimiento administrativo.

2. Protección de derechos fundamentales.

3. Transparencia pública.

4. Motivación de decisiones administrativas.

Los estudios recientes sobre gobernanza

responsable de IA en organizaciones públicas

Aguilar et al., (2026) destacan que el valor

institucional de estas tecnologías depende de la

existencia de modelos de gobernanza basados en

datos confiables, supervisión, ética organizacional y

protección de derechos.

Fortalece la idea de que la responsabilidad

jurídica organizacional debe incluir una dimensión

administrativa: las instituciones no solo deben

responder por actos humanos, sino también por

decisiones producidas mediante sistemas

tecnológicos bajo su dirección. Desde un enfoque

relacionado con la realidad peruana, se sugiere la

importancia de una gestión adecuada de la IA en la

administración estatal, considerando el bienestar

colectivo, el valor para la sociedad, el entendimiento

de la tecnología y el marco legal correspondiente

(Rojas, 2026). Su enfoque resulta relevante para

adaptar el debate internacional al Perú, donde la

incorporación de IA en instituciones estatales

requiere equilibrio entre innovación administrativa

y protección jurídica ciudadana.

La inteligencia artificial aplicada a las

instituciones públicas del Perú genera un nuevo

escenario jurídico-administrativo donde la

responsabilidad organizacional adquiere una

dimensión tecnológica. La decisión administrativa

ya no depende exclusivamente del funcionario

público, sino de sistemas algorítmicos integrados

dentro de procesos institucionales complejos. En

consecuencia, la responsabilidad jurídica debe

orientarse hacia un modelo de gobernanza

responsable que garantice supervisión humana,

transparencia, trazabilidad y control institucional.

Los aportes de Floridi (2013) Novelli (2024),

Hirvonen (2023) y Salvador (2021) permiten

sostener que la IA no elimina la responsabilidad

administrativa del Estado; por el contrario,

incrementa la obligación de las organizaciones

públicas de implementar mecanismos preventivos y

correctivos frente a posibles errores, sesgos o

decisiones automatizadas que afecten derechos

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ciudadanos. La Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económicos (OCDE) se centra en la

inteligencia artificial en el ámbito público mediante

marcos de gobernanza particulares, enfatizando los

fundamentos de facilidades y protecciones para

asumir la obligación de informar y afrontar los

desafíos de la responsabilidad gubernamental,

indicando lo siguiente:

Desafíos en la Gestión Administrativa

1. Falta de transparencia en los algoritmos:

Problemas para detallar el proceso mediante el

cual un sistema automático toma una decisión

pública particular.

2. Uso clandestino: Empleo no oficial de

herramientas de inteligencia artificial por

funcionarios sin supervisión oficial.

3. Dificultades operativas: Ausencia de

habilidades técnicas y datos confiables dentro de

las entidades gubernamentales (OECD, 2025).

La UNESCO se ocupa de la Inteligencia

Artificial en las entidades públicas, poniendo en

primer plano los derechos humanos, la ética y el

enfoque en las personas, considerando estos

elementos como fundamentales para establecer la

responsabilidad legal de las organizaciones y

mejorar la administración. A través de su marco

global histórico, la Guía sobre la Ética de la

Inteligencia Artificial y su particular plan de IA para

el Sector Público, la entidad define lineamientos

fundamentales ante los nuevos retos regulatorios:

Directrices para la Responsabilidad

Organizacional

Control humano necesario:

El Gobierno lleva toda la responsabilidad

legal; ninguna solución tecnológica puede

reemplazar la autoridad en la toma de decisiones

públicas ni la responsabilidad legal de los

funcionarios del Gobierno.

Evaluación de Consecuencias Éticas (ECE):

Responsabilidad de los organismos estatales

de cuantificar, analizar y reducir los riesgos a nivel

institucional y de derechos humanos antes de poner

en práctica cualquier sistema algorítmico.

Marco de Competencias Digitales:

La UNESCO impulsa la formación de los

servidores públicos a través de su orientación global

sobre Inteligencia Artificial y Transformación

Digital, Habilidades para Servidores Civiles,

garantizando que estén al tanto de las restricciones

éticas y funcionales de la tecnología.

Gobernanza y claridad en el manejo de datos:

Necesidad de contar con infraestructuras que

sean claras, seguras y libres de corrupción, las

cuales salvaguarden la información de los

ciudadanos y prevengan su utilización para fines

comerciales o el dominio de sistemas de inteligencia

artificial que carezcan de transparencia (UNESCO,

2023).

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La Comisión Europea trata el tema de la

Inteligencia Artificial (IA) y la responsabilidad

legal de las organizaciones desde una perspectiva

rigurosamente normativa, obligatoria y centrada en

los riesgos. A diferencia de otras entidades

internacionales, sus orientaciones se establecen

como deberes legales directos para el sector público

(Eco, 2026).

Directrices de la Comisión sobre la

Responsabilidad Organizacional

Vigilancia Humana y Responsabilidad de

Publicación:

Las herramientas de inteligencia artificial

carecen de entidad legal; la carga de responsabilidad

recae en los funcionarios públicos. Las revisiones

automáticas (como la corrección de textos) no

reemplazan la supervisión editorial humana que se

requiere para decisiones de interés público.

Evaluación del Efecto en los Derechos Básicos:

Los organismos gubernamentales que

implementen sistemas considerados de alto riesgo

están obligados a llevar a cabo estudios de impacto

para prevenir cualquier tipo de discriminación en la

distribución de recursos o servicios públicos.

Supervisión del Supervisor Europeo de Protección

de Datos (SEPD):

Mientras las autoridades nacionales vigilan

los municipios y gobiernos locales, el SEPD actúa

como el órgano fiscalizador directo de la

responsabilidad de las propias instituciones y

agencias de la Unión Europea.

Gobernanza a través de Oficinas de IA:

Implementación oficial de la gestión

colaborativa junto a la Oficina Europea de IA,

obligando a las entidades a poseer mecanismos

internos para supervisar los riesgos técnicos y

legales, con el aviso de afrontar fuertes

penalizaciones (Commission, 2026).

Marco Normativo en el Perú

1. Ley N° 31814: Fomenta el empleo de la IA para

potenciar el crecimiento económico y social de

la nación, dando prioridad a la ética y la

transparencia (El Peruano, 2023).

2. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

(ENIA): Analizada y presentada por la

Secretaría de Gobierno y Transformación

Digital (SGTD) de la oficina del Primer

Ministro (PCM) (ENIA, 2026).

3. Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo

N° 1412): Controla el empleo de herramientas

digitales en la gestión gubernamental (El

Peruano, 2018).

4. Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública: Crucial para analizar los "algoritmos de

caja negra" y el derecho de los ciudadanos a

saber cómo toma decisiones una IA b estatal

(MINEDU, 2002).

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La regulación de la IA en Perú es un trámite

administrativo y legal que busca definir condiciones

para su uso responsable en el Estado y en la

sociedad. En lo que respecta a las instituciones

estatales, la IA introduce complicaciones extra

sobre la rendición de cuentas de la entidad, puesto

que las decisiones administrativas pueden estar

influenciadas por sistemas automatizados. Estos

sistemas pueden gestionar grandes volúmenes de

datos y proporcionar recomendaciones o resultados

que impactan las acciones del gobierno.

En este escenario, el marco normativo

peruano busca equilibrar la innovación tecnológica

con principios jurídicos esenciales como la

transparencia, ética pública, protección de derechos

fundamentales, seguridad digital y responsabilidad

institucional.

Ley N.º 31814: Fomento del empleo de la IA en

territorio peruano

Esta norma fomenta la utilización de la IA

para fomentar el crecimiento económico y social en

la nación, representa uno de los avances normativos

más significativos de Perú en relación con la

integración de tecnologías inteligentes. Esta norma

establece un enfoque de promoción tecnológica

orientado a aprovechar la IA como herramienta para

mejorar servicios, fortalecer capacidades

institucionales e impulsar la transformación digital.

Desde una óptica jurídico-institucional, la

relevancia de esta legislación reside en que

establece que la evolución de la IA debe realizarse

conforme a principios de responsabilidad, ética,

transparencia y consideración por los derechos

humanos. En consecuencia, las organizaciones

gubernamentales no pueden adoptar sistemas

inteligentes únicamente basándose en criterios de

eficacia administrativa, sino que deben evaluar los

posibles efectos legales y sociales que puedan surgir

de su operación.

En el sector de la gestión pública, esta norma

plantea un nuevo paradigma: la entidad estatal que

utiliza inteligencia artificial mantiene la obligación

de garantizar que los procesos automatizados sean

comprensibles, supervisables y compatibles con los

principios de la administración pública. La

tecnología no sustituye la responsabilidad

institucional; por el contrario, exige mayores niveles

de control y planificación.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

(ENIA)

La Estrategia Nacional de Inteligencia

Artificial (ENIA) es una herramienta de política

pública organizada por la Secretaría de Gobierno y

Transformación Digital (SGTD, 2026) de la

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2026).

Su meta es orientar el progreso y la implementación

ética de la IA en la nación peruana.

La ENIA aspira a que la IA se incorpore a un

esquema de digitalización que se base en la

administración, innovación y fortalecimiento de las

instituciones. Abarca que las entidades públicas

deben desarrollar capacidades internas para

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gestionar tecnologías inteligentes, evitando una

dependencia absoluta de proveedores tecnológicos

externos.

En relación con la responsabilidad jurídica

organizacional, la ENIA adquiere relevancia porque

plantea la necesidad de establecer mecanismos de

gobernanza tecnológica, tales como:

1. Supervisión humana de decisiones

automatizadas.

2. Gestión responsable de datos públicos.

3. Evaluación de riesgos tecnológicos.

4. Fortalecimiento de competencias digitales de

funcionarios.

5. Criterios éticos para el uso institucional de

algoritmos.

Por ende, la estrategia nacional permite

entender que en el Estado peruano la IA necesita ser

considerada como un elemento esencial de la

administración pública y no solamente como una

herramienta de informática.

Decreto Legislativo N.º 1412: Ley de Gobierno

Digital

Normativa aprobada por el Decreto

Legislativo N.° 1412, sienta las bases jurídicas para

la digitalización del Estado peruano. Su propósito es

establecer normas para la integración de tecnologías

digitales en organismos públicos, promoviendo la

cooperación entre sistemas, los servicios en línea, la

protección de datos y la actualización

administrativa.

Esta regulación es importante en el estudio de

la inteligencia artificial porque establece las bases

institucionales necesarias para que las

organizaciones públicas puedan implementar

sistemas tecnológicos avanzados. La relación entre

gobierno digital e inteligencia artificial se evidencia

en que una IA eficiente requiere:

1. Datos confiables.

2. Sistemas interoperables.

3. Infraestructura tecnológica adecuada.

4. Gestión segura de información.

5. Reglas claras de responsabilidad.

Desde la perspectiva de derecho

administrativo, se puede afirmar que la Ley de

Gobierno Digital instituye lo referente a la

modernización del Estado tiene que ir acompañada

de controles jurídicos para garantizar que la

automatización no perjudique los derechos de los

ciudadanos ni disminuya las responsabilidades del

funcionario público (Perú, 2018).

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública: Control ciudadano sobre algoritmos

estatales

Esta ley adquiere un sentido específico en

cuanto al uso de la inteligencia artificial en

instituciones públicas, debido a un fenómeno

conocido como "algoritmos de caja negra".

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Este concepto hace referencia a sistemas

donde el proceso interno mediante el cual una IA

genera una respuesta o decisión puede resultar

difícil de comprender incluso para quienes utilizan

dicha tecnología. En la administración pública, esta

situación puede generar problemas jurídicos cuando

una decisión administrativa afecta derechos,

beneficios, servicios públicos o procedimientos

ciudadanos. La transparencia algorítmica plantea

nuevas preguntas:

1. ¿Puede un ciudadano conocer los criterios

utilizados por una IA estatal?

2. ¿Quién responde cuando un algoritmo produce

una decisión incorrecta?

3. ¿Cómo puede impugnarse una decisión

automatizada si no existe explicación

suficiente?

Desde esta perspectiva, la transparencia deja

de limitarse al acceso tradicional a documentos

públicos y adquiere una dimensión tecnológica: las

instituciones deben avanzar hacia modelos de

explicabilidad de algoritmos, permitiendo que los

ciudadanos comprendan cómo se generan

determinadas decisiones administrativas.

Relación del marco normativo con la

responsabilidad jurídica organizacional

La inclusión de la IA en la gestión estatal,

conforme al ordenamiento legal peruano, produce

un cambio en la noción clásica de responsabilidad

jurídica. Anteriormente, la responsabilidad

administrativa se analizaba principalmente desde la

conducta del funcionario; sin embargo, con la IA

aparece un escenario más complejo donde

intervienen datos, algoritmos, proveedores

tecnológicos y estructuras organizacionales.

Por ello, las instituciones públicas peruanas

deben asumir una responsabilidad integral basada

en:

1. Responsabilidad preventiva: identificar riesgos

antes de implementar sistemas inteligentes.

2. Responsabilidad de supervisión: mantener

control humano sobre decisiones automatizadas.

3. Responsabilidad de transparencia: garantizar

información comprensible sobre el

funcionamiento de la IA.

4. Responsabilidad institucional: responder frente

a consecuencias derivadas del uso tecnológico.

El marco normativo peruano hacia el 2026

refleja una transición hacia un modelo de

administración pública digital donde la inteligencia

artificial puede fortalecer la eficiencia estatal, pero

requiere una arquitectura jurídica y organizacional

que garantice legitimidad, confianza ciudadana y

protección de derechos.

Desafíos Administrativos y Jurídicos Reales

Responsabilidad Administrativa Funcional:

Determinar quién asume la culpa (el

funcionario o el desarrollador) si un algoritmo

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comete un error que afecta los derechos de un

ciudadano.

La implementación de sistemas de IA en la

gestión estatal plantea un nuevo dilema legal:

establecer quién es el responsable cuando una

decisión automatizada causa un daño a un

ciudadano. El debate académico contemporáneo

cuestiona si la responsabilidad debería estar a cargo

de la entidad estatal que aplica la tecnología, del

funcionario público que emplea la herramienta, del

creador del algoritmo o de una responsabilidad

conjunta entre todos los participantes implicados.

Los especialistas sostienen, que, en términos

de administración pública y derecho administrativo,

la IA no puede ser un instrumento para transferir a

la tecnología las responsabilidades institucionales,

ya que los algoritmos operan en estructuras

organizativas creadas, financiadas y vigiladas por

seres humanos.

Hildebrandt (2018) analiza cómo los sistemas

automatizados modifican la relación entre derecho y

tecnología, señalando que los algoritmos pueden

influir en decisiones con efectos jurídicos sin

ofrecer siempre explicaciones comprensibles. Su

aporte resulta relevante porque plantea que las

instituciones que utilizan sistemas inteligentes

deben garantizar la explicabilidad, es decir, la

posibilidad de comprender las razones que llevaron

a una decisión automatizada. Si una administración

pública utiliza IA para otorgar beneficios, sancionar

conductas o clasificar ciudadanos, la falta de

explicación del algoritmo podría afectar principios

administrativos como:

1. Debido procedimiento.

2. Motivación del acto administrativo.

3. Derecho de defensa.

La responsabilidad estatal de justificar sus

determinaciones no se anula con la aplicación de

inteligencia artificial; la tecnología tiene que

adecuarse a los requerimientos del derecho

administrativo.

Wachter et al., (2017) estos investigadores

han estudiado la problemática de los sistemas de

decisión automatizada y los riesgos asociados a

modelos algorítmicos poco transparentes. Plantean

que la responsabilidad debe analizarse considerando

tres dimensiones:

1. Responsabilidad del diseño: relacionada con

quienes crean el sistema.

2. Responsabilidad de implementación: vinculada

a la organización que decide utilizarlo.

3. Responsabilidad de supervisión: relacionada

con quienes tienen la obligación de controlar sus

resultados.

Un funcionario que utiliza una herramienta de

IA sin verificar sus resultados podría incurrir en

responsabilidad administrativa, incluso si el error

provino del sistema tecnológico. La existencia de un

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algoritmo no constituye una causa automática de

exoneración de responsabilidad para los servidores

públicos.

Yeung (2017) analiza la llamada regulación

algorítmica, donde las decisiones son influenciadas

por sistemas tecnológicos que clasifican, predicen o

recomiendan acciones. La autora advierte que el

problema jurídico aparece cuando las instituciones

delegan funciones sensibles en sistemas

automatizados sin establecer mecanismos claros de

control. En la administración pública peruana, la

responsabilidad administrativa funcional debe

considerar que el funcionario conserva el deber

jurídico de revisar, validar y justificar las decisiones

tomadas con apoyo de IA. Esta debe ser percibida

como un instrumento de apoyo en la administración

y no como una sustitución de la responsabilidad

humana.

Pasquale (2015) estudia los riesgos de los

sistemas opacos de decisión automatizada y sostiene

que las organizaciones deben responder cuando

utilizan tecnologías que afectan derechos

individuales. Su planteamiento sobre las

denominadas “sociedades de caja negra” resulta

importante para analizar entidades públicas que

aplican algoritmos sin suficiente transparencia.

Cuando un algoritmo estatal produce un daño, la

discusión no debe limitarse a identificar quién

programó el código, sino analizar:

1. ¿Quién aprobó su uso?

2. ¿Quién supervisó su funcionamiento?

3. ¿Quién tenía capacidad de prevenir el daño?

Una de las dificultades más grandes del

derecho público contemporáneo es la

responsabilidad administrativa funcional ante los

fallos producidos por inteligencia artificial. Los

aportes de Floridi (2013), Hildebrandt (2018),

Wachter (2017), Mittelstadt (2017), Yeung (2017) y

Pasquale (2015) permiten sostener que los daños

derivados de decisiones algorítmicas no pueden

atribuirse exclusivamente al desarrollador

tecnológico, debido a que la organización pública

mantiene el deber jurídico de supervisar, controlar y

garantizar la legalidad de sus actuaciones.

En consecuencia, cuando un algoritmo afecta

los derechos de un ciudadano, la responsabilidad

puede configurarse bajo un modelo compartido: el

desarrollador responde por fallas técnicas

atribuibles al diseño o programación del sistema,

mientras que el funcionario y la entidad pública

pueden asumir responsabilidad administrativa

cuando existe una implementación deficiente, falta

de supervisión o aceptación de resultados

automatizados sin revisión.

Esta visión permite que se forme una nueva

categoría de responsabilidad administrativa,

conocida como responsabilidad algorítmica

institucional. En este modelo, la tecnología es parte

del proceso de toma de decisiones; no obstante, la

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responsabilidad jurídica continúa siendo de la

entidad pública que utiliza esta herramienta.

Sesgos Algorítmicos en Programas Sociales:

Cómo mitigar la discriminación

Automatizada en la asignación de recursos o bonos

públicos.

O'Neil (2016) sostiene que los algoritmos

utilizados para tomar decisiones sociales pueden

reproducir desigualdades cuando son diseñados con

datos históricos incompletos o cargados de

prejuicios. En el contexto de los programas sociales,

la autora advierte que los modelos predictivos

pueden generar exclusión automatizada al clasificar

erróneamente a determinados grupos poblacionales

como menos prioritarios para recibir beneficios

estatales. Su contribución es esencial para examinar

el compromiso legal de las entidades públicas

peruanas, ya que una resolución administrativa que

se basa en inteligencia artificial no suprime la

responsabilidad del Estado de asegurar igualdad,

transparencia y no discriminación.

Eubanks (2019) analiza cómo los sistemas

automatizados utilizados por gobiernos pueden

afectar especialmente a poblaciones vulnerables. Su

investigación demuestra que la digitalización de la

gestión pública no siempre produce mayor justicia,

porque los algoritmos pueden incorporar criterios

que históricamente han generado desigualdad. En lo

que respecta a Perú, esta perspectiva posibilita poner

en duda el empleo de IA para determinar quiénes

son los beneficiarios de programas sociales, ya que

los errores algorítmicos podrían tener un impacto

negativo sobre derechos esenciales como la

dignidad, la igualdad y el acceso justo a los servicios

del Estado.

Alon-Barkat & Busuioc (2023) estudian cómo

los funcionarios públicos pueden desarrollar una

confianza excesiva en las recomendaciones

generadas por sistemas inteligentes. Este fenómeno

denominado “sesgo de automatización” puede

provocar que los servidores acepten decisiones

algorítmicas sin realizar una evaluación crítica. En

programas sociales, esto representa un riesgo

porque una autoridad administrativa podría aprobar

o rechazar beneficiarios únicamente por la

clasificación realizada por un sistema automatizado,

debilitando el principio de responsabilidad

administrativa.

Rivas (2022) plantea que los sesgos

algorítmicos requieren una respuesta jurídica basada

en igualdad, transparencia y supervisión humana.

Aunque su estudio se desarrolla en el ámbito

laboral, sus fundamentos son aplicables a la

administración pública y distribución automatizada

de recursos. Los sesgos algorítmicos en programas

sociales constituyen un problema jurídico-

administrativo porque la inteligencia artificial puede

transformar desigualdades existentes en decisiones

automatizadas aparentemente objetivas. Los

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algoritmos aprenden de bases de datos históricas;

por ello, cuando los datos contienen patrones de

exclusión social, pobreza estructural o

discriminación previa, el sistema puede reproducir

dichas condiciones mediante criterios

automatizados de selección.

En las instituciones públicas peruanas, la

implementación de inteligencia artificial para

asignar bonos o recursos sociales requiere un

modelo de gobernanza algorítmica responsable,

basado en auditorías periódicas, evaluación de

impacto discriminatorio, transparencia en los

criterios de decisión, supervisión humana y

procedimientos para impugnar por parte de los

ciudadanos.

Desde el punto de vista de la responsabilidad

jurídica de las organizaciones, la entidad pública

conserva el deber de garantizar que la tecnología sea

utilizada conforme a los principios constitucionales

de igualdad, razonabilidad, debido procedimiento

administrativo y protección de derechos

fundamentales. El algoritmo debe ser visto como

una herramienta auxiliar de la administración, más

no como un reemplazo de las responsabilidades del

Estado.

Veale et al., (2018) afirman que es necesario

incluir criterios de rendición de cuentas, equidad y

control institucional en los sistemas de inteligencia

artificial empleados en decisiones públicas con un

alto impacto. La problemática no se limita al

funcionamiento técnico del algoritmo, sino a la

forma en que la organización pública define

objetivos, selecciona datos y utiliza los resultados.

Su aporte es fundamental para analizar que un

algoritmo puede ser técnicamente correcto, pero

administrativamente injusto si genera

consecuencias desproporcionadas sobre

determinados grupos sociales.

Coaquira Flores (2024) analiza los riesgos

jurídicos de los sistemas automatizados dentro del

contexto peruano, señalando que los algoritmos

pueden producir decisiones discriminatorias cuando

funcionan sobre bases de datos que contienen

desigualdades previamente existentes. Su labor trata

sobre la urgencia de fijar fronteras legales con

respecto a la utilización de inteligencia artificial en

decisiones que tienen un impacto en derechos

esenciales. Permite vincular la inteligencia artificial

con la responsabilidad jurídica organizacional de las

instituciones públicas peruanas, especialmente

cuando una decisión automatizada afecta el acceso

ciudadano a beneficios estatales.

Barocas & Selbst (2016) desarrollan una de

las teorías más influyentes sobre cómo los sistemas

automatizados pueden generar discriminación

incluso cuando no utilizan expresamente variables

relacionadas con características protegidas como

género, origen social o condición económica. Los

autores explican que los algoritmos pueden producir

impactos diferenciados debido a la forma en que se

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seleccionan los datos, se construyen los modelos

predictivos y se interpretan los resultados.

Aplicado a programas sociales, esta teoría

permite comprender que un sistema diseñado para

identificar beneficiarios de bonos estatales puede

excluir involuntariamente a determinados grupos

cuando utiliza indicadores indirectos como

ubicación geográfica, historial laboral o patrones de

consumo digital, generando una discriminación

conocida como impacto desigual (disparate impact).

Desde la perspectiva de la administración pública

peruana, este planteamiento evidencia que la

responsabilidad no recae únicamente en el sistema

tecnológico, sino en la institución que decide

implementarlo sin evaluar previamente sus efectos

sobre poblaciones vulnerables.

Palma et al., (2022) estos autores analizan

investigaciones internacionales sobre los

mecanismos que generan sesgo en modelos de

aprendizaje automático. Identifican que los

principales problemas provienen de tres elementos:

datos incompletos, selección inadecuada de

variables y ausencia de métricas de evaluación de

justicia algorítmica. Su aporte es relevante para

programas sociales porque plantea que la mitigación

del sesgo requiere procesos técnicos y

organizacionales: auditorías periódicas, validación

independiente de modelos y revisión continua de

resultados. Desde una perspectiva administrativa,

esto implica que las instituciones públicas deben

implementar sistemas de control antes, durante y

después de aplicar inteligencia artificial en

decisiones relacionadas con recursos públicos.

Dignum (2019) sostiene que la IA utilizada

en las instituciones debe ser creada de acuerdo con

los principios de responsabilidad, supervisión

humana y transparencia. La autora sostiene que los

sistemas inteligentes no deben evaluarse

únicamente por su precisión técnica, sino por sus

consecuencias sociales y jurídicas. Este enfoque en

programas sociales posibilita sostener que una

decisión automatizada, la cual es estadísticamente

correcta, puede ser errónea desde el ángulo del

derecho administrativo si transgrede la equidad, la

inclusión o el principio de justicia distributiva. Su

teoría contribuye directamente al análisis de

responsabilidad jurídica organizacional, porque

atribuye a las instituciones públicas la obligación de

diseñar estructuras de gobernanza que controlen el

uso de IA.

Resguardo de la información personal:

Las limitaciones de la administración de datos

de los ciudadanos peruanos que tienen lugar bajo la

supervisión de la ANPD, por medio de sistemas

estatales de IA (Autoridad Nacional de Protección

de Datos Personales) (ANPD, 2026).

Hert & Papakonstantinou (2016) analizan

cómo ha evolucionado el derecho a la protección de

datos personales en medio del progreso tecnológico,

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que tiene la facultad de recoger, guardar y procesar

grandes cantidades de información sobre los

ciudadanos. De acuerdo con los autores, la

protección de datos no debería ser considerada

únicamente como una responsabilidad técnica, sino

además como un aval jurídico vinculado a la

dignidad del ser humano, al control que tiene el

ciudadano sobre su información personal y a la

autonomía individual.

Aplicado al uso de inteligencia artificial en

entidades públicas peruanas, este planteamiento

permite sostener que los sistemas estatales que

procesan datos para otorgar beneficios, identificar

riesgos sociales o mejorar servicios públicos deben

respetar principios como finalidad,

proporcionalidad y transparencia. La ANPD, como

autoridad supervisora, cumple un papel esencial al

controlar que las instituciones públicas no utilicen

información ciudadana para finalidades distintas a

aquellas que justificaron su recopilación.

Mantelero (2018) sugiere que para desarrollar

tecnologías fundamentadas en inteligencia artificial

es necesario superar la visión convencional de la

protección de datos, que se enfoca únicamente en el

consentimiento personal. El escritor sugiere un

enfoque en el que las entidades tienen la obligación

de analizar por adelantado los posibles perjuicios

que puedan surgir del manejo masivo de

información, así como una gestión preventiva del

riesgo.

Para el caso peruano, esta teoría resulta

relevante porque los sistemas de IA utilizados por el

Estado pueden procesar datos sensibles

relacionados con pobreza, salud, situación familiar

o ubicación territorial de ciudadanos. Por ello, antes

de implementar una solución tecnológica, la

administración pública debería realizar

evaluaciones de impacto sobre privacidad y

derechos fundamentales. Este enfoque fortalece la

responsabilidad jurídica organizacional, porque

atribuye a la entidad pública la obligación de

prevenir daños antes de que ocurran.

Lynskey (2015) propone la idea de que el

resguardo de los datos personales es una

manifestación del derecho fundamental a la

privacidad y al control sobre la identidad digital. La

investigadora explica que la libertad de las personas

puede verse afectada si no saben cómo se utilizan

sus datos. Este aporte permite analizar que los

algoritmos estatales no pueden operar como

sistemas cerrados donde los ciudadanos

desconozcan qué información se recopila, cómo se

procesa o qué decisiones administrativas pueden

generarse. En el contexto peruano, los sistemas de

inteligencia artificial utilizados por organismos

públicos deben garantizar mecanismos de

información y defensa frente a decisiones

automatizadas que afecten derechos ciudadanos.

Floridi (2013) sostiene que la sociedad digital

genera nuevos desafíos relacionados con la gestión

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de información personal. Su teoría de la ética de la

información plantea que los datos representan

elementos fundamentales de la vida social y

requieren una administración responsable. Desde

esta perspectiva, el Estado no debe considerar los

datos ciudadanos únicamente como recursos

administrativos, sino como información vinculada

con personas concretas y derechos jurídicamente

protegidos.

Aplicado a la inteligencia artificial pública

peruana, significa que la eficiencia administrativa

obtenida mediante algoritmos debe estar limitada

por principios éticos y jurídicos que eviten

vigilancia excesiva, usos secundarios no

autorizados o decisiones automatizadas

injustificadas.

Hildebrandt (2020) investiga la relación entre

inteligencia artificial, derecho y autonomía humana.

La autora sostiene que los sistemas automatizados

pueden modificar la relación entre ciudadanos y

Estado cuando las decisiones administrativas son

delegadas progresivamente a modelos

computacionales.

Su aporte es importante porque advierte que

una administración pública basada exclusivamente

en algoritmos puede generar una pérdida de control

democrático si los ciudadanos no tienen capacidad

de comprender, cuestionar o impugnar las

decisiones producidas por sistemas inteligentes.

Para el Perú, esta perspectiva permite fundamentar

que la implementación de IA en programas estatales

requiere mecanismos de revisión humana y

garantías de debido procedimiento administrativo.

Sartor & Lagioia (2020) analizan cómo los

sistemas inteligentes utilizan datos personales para

generar predicciones y decisiones, destacando la

necesidad de establecer límites regulatorios cuando

estas tecnologías intervienen en ámbitos sensibles.

Los autores sostienen que el problema jurídico no se

encuentra solamente en la recopilación de datos,

sino en las inferencias que la inteligencia artificial

puede producir sobre las personas.

En programas públicos peruanos, un

algoritmo podría inferir condiciones económicas,

familiares o sociales de un ciudadano y utilizar esas

conclusiones para determinar acceso a servicios

estatales. Por ello, la supervisión de la ANPD debe

considerar no solo los datos utilizados, sino también

las consecuencias derivadas del procesamiento

automatizado.

Cavoukian (2011) desarrolla el concepto de

“Privacy by Design”, indicando que la salvaguarda

de datos personales tiene que incluirse desde el

primer momento en que se crea un sistema

tecnológico, y no únicamente como una acción

posterior cuando aparece una dificultad. Dado que

su teoría sostiene que los algoritmos estatales deben

ser diseñados desde el comienzo con la seguridad, la

transparencia, el control ciudadano y la reducción de

datos en mente, es fundamental para analizar cómo

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se implementa la inteligencia artificial en entidades

públicas.

En el contexto de Perú, esta visión establece

que los organismos públicos que utilicen

inteligencia artificial para manejar servicios,

beneficios sociales o procesos digitales deben

desarrollar sus sistemas considerando previamente

las responsabilidades establecidas por la normativa

de protección de datos personales y la supervisión

de la ANPD.

En la literatura especializada se sostiene que

la privacidad moderna enfrenta nuevos desafíos

debido a la acumulación y análisis masivo de datos

(Solove, 2010) . El autor explica que el problema no

solamente está en la obtención de información

personal, sino en las consecuencias que pueden

producirse cuando organizaciones públicas o

privadas utilizan esos datos para clasificar, evaluar

o tomar decisiones sobre individuos.

Aplicado al Estado peruano, esta teoría

permite comprender que un sistema de IA puede

afectar derechos ciudadanos, aunque utilice datos

obtenidos legalmente, si posteriormente genera

perfiles automatizados que condicionan el acceso a

servicios públicos. La administración pública debe

garantizar que el procesamiento de datos mediante

inteligencia artificial tenga límites claros, evitando

usos secundarios, vigilancia desproporcionada o

decisiones automatizadas sin justificación.

Ohm (2010) analiza la dificultad de garantizar

anonimato absoluto en grandes bases de datos. Su

investigación demuestra que incluso cuando las

instituciones eliminan nombres u otros

identificadores directos, los sistemas avanzados de

análisis pueden reconstruir la identidad de una

persona combinando diferentes fuentes de

información.

Este aporte es relevante para la administración

pública peruana porque muchas entidades manejan

bases de datos vinculadas con salud, educación,

programas sociales y registros económicos. La

utilización de inteligencia artificial podría permitir

inferencias sobre ciudadanos que no fueron

previstas originalmente. Por ello, la protección de

datos bajo supervisión de la ANPD debe considerar

no solo la información entregada directamente por

el ciudadano, sino también los riesgos derivados de

la capacidad predictiva de la IA.

Kosta (2013) examina las restricciones del

consentimiento como método de resguardo de datos

personales en contextos digitales complejos. La

autora señala que muchas veces los ciudadanos

aceptan tratamientos de información sin

comprender completamente las consecuencias del

uso tecnológico.

Este planteamiento es importante para

sistemas estatales basados en inteligencia artificial,

porque la relación entre ciudadano y Estado no

siempre se caracteriza por una negociación

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equilibrada. En muchos casos, las personas

proporcionan datos porque necesitan acceder a

servicios públicos. Desde este punto de vista, las

entidades peruanas tienen la obligación de asegurar

que el manejo de datos a través de IA no solo se base

en el consentimiento formal, sino también en los

principios de legalidad, necesidad y

proporcionalidad.

Nissenbaum (2009) plantea la teoría de la

integridad contextual, que defiende que la

privacidad no consiste solo en prevenir el acceso a

los datos, sino asegurar que se emplee la

información en el contexto adecuado para el cual fue

proporcionada. Este enfoque permite analizar

situaciones donde una entidad pública obtiene datos

ciudadanos para una finalidad específica, pero

posteriormente los utiliza en sistemas de

inteligencia artificial con objetivos distintos.

Ejemplo aplicado al Perú: datos entregados

para acceder a un programa social no deberían

utilizarse automáticamente para construir perfiles

ciudadanos destinados a otros fines administrativos

sin una justificación jurídica suficiente. Según la

teoría de Nissenbaum, es necesario que el Estado

salvaguarde la confianza del ciudadano en lo que

respecta a la administración de sus datos personales.

Woodrown (2018) estudia cómo las

tecnologías digitales pueden generar desequilibrios

de poder entre organizaciones que controlan

información y ciudadanos que entregan sus datos. El

autor sostiene que los sistemas tecnológicos deben

diseñarse bajo criterios de responsabilidad y

limitación del poder informacional. Este aporte

resulta aplicable a la inteligencia artificial estatal

porque las entidades públicas poseen grandes

volúmenes de datos personales y capacidad para

analizarlos mediante algoritmos.

En el caso peruano, la responsabilidad jurídica

organizacional exige que las instituciones públicas

no utilicen la información ciudadana únicamente

desde una lógica de eficiencia administrativa, sino

bajo una perspectiva de protección de derechos.

La implementación de IA en la gestión pública

transforma la manera en que el Estado peruano

recopila, maneja y utiliza información ciudadana.

Sin embargo, la capacidad para predecir de estos

sistemas implica nuevos peligros legales

relacionados con la privacidad, la autonomía y la

seguridad de las personas. Entender que la

salvaguarda de datos personales no debe limitarse a

almacenar información con seguridad, sino abarcar

todo el ciclo vital del dato: la recolección, el

procesamiento, el análisis automatizado y la toma de

decisiones es posible gracias a las contribuciones de

Solove (2010), Cavoukian (2011), Nissenbaum

(2009) y Ohm (2010).

En este escenario, la ANPD (Autoridad

Nacional de Protección de Datos Personales)

desempeña un rol fundamental, ya que es el ente

encargado de supervisar que las instituciones

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públicas empleen sistemas de inteligencia artificial

cumpliendo con los principios de legalidad,

finalidad, proporcionalidad y transparencia. Por

ello, la responsabilidad jurídica organizacional del

Estado frente al uso de IA implica establecer

controles preventivos, auditorías sobre algoritmos,

mecanismos de explicación de decisiones

automatizadas y garantías para que los ciudadanos

puedan conocer, cuestionar y corregir tratamientos

indebidos de sus datos personales. La inteligencia

artificial pública tiene que enfocarse en una gestión

más eficaz, pero siempre bajo los límites legales y

constitucionales que salvaguarden la dignidad y los

derechos esenciales de los ciudadanos.

Floridi & Cowls (2019) sostienen que la

gobernanza de la IA debería fundamentarse en

principios éticos que favorezcan el balance entre la

innovación tecnológica y la protección de los

derechos humanos. Los autores afirman que los

sistemas inteligentes deben cumplir con las

condiciones de ser imparciales, independientes,

comprensibles y no ocasionar perjuicio ni beneficio.

Este enfoque es relevante para la

administración pública peruana porque la

incorporación de IA en instituciones estatales no

puede evaluarse únicamente por su capacidad de

mejorar procesos administrativos, sino también por

sus efectos sobre los ciudadanos. Una decisión

automatizada que determine acceso a servicios

públicos, beneficios sociales o procedimientos

administrativos debe estar sometida a controles que

garanticen imparcialidad y respeto jurídico.

Desde la responsabilidad organizacional, esta

teoría permite sostener que la institución pública

mantiene la obligación de supervisar el

funcionamiento de los sistemas inteligentes,

evitando trasladar la responsabilidad

exclusivamente al algoritmo.

Coglianese & Lehr (2017) analizan cómo se

implementan algoritmos para tomar decisiones

administrativas y regulatorias, y destacan que la

automatización puede incrementar la eficiencia del

Estado, pero también crear nuevos retos en cuanto a

supervisión y responsabilidad. Los autores

sostienen que la administración pública debe

desarrollar mecanismos institucionales capaces de

controlar los resultados generados por sistemas

automatizados. La utilización de IA no elimina la

obligación jurídica del Estado de motivar sus

decisiones. Aplicado al Perú, significa que una

entidad pública que utiliza inteligencia artificial

debe conservar capacidad de revisión humana,

especialmente cuando la decisión tecnológica afecta

derechos, beneficios o cargas administrativas para

los ciudadanos.

Bucher (2018) analiza cómo los algoritmos no

son herramientas neutrales, debido a que reflejan

decisiones humanas sobre qué información

procesar, qué objetivos perseguir y qué resultados

considerar relevantes. La autora sostiene que la

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gobernanza algorítmica requiere comprender que

detrás de cada sistema existe una estructura

organizacional que define sus parámetros. Este

aporte resulta importante para las instituciones

públicas peruanas porque permite afirmar que la

responsabilidad frente a una decisión automatizada

pertenece también a los funcionarios y

organizaciones que diseñan, adquieren o

implementan dichos sistemas.

Coeckelbergh (2020) sostiene que la

discusión sobre IA no debe centrarse solamente en

la tecnología, sino en las relaciones humanas e

institucionales donde esta opera. La responsabilidad

siempre permanece vinculada con actores humanos

y organizaciones que toman decisiones sobre el uso

tecnológico. Este enfoque es esencial para analizar

la responsabilidad jurídica organizacional en el

Estado peruano, porque una institución no puede

justificar una afectación ciudadana argumentando

que el resultado fue producido automáticamente por

un sistema inteligente. Para una gobernanza

responsable, es necesario establecer quién

supervisa, quién valida y quién asume la

responsabilidad de las consecuencias que resultan

del uso de la inteligencia artificial.

El gobierno de Perú ha empezado a regular la

IA, lo que representa un modelo administrativo

nuevo en el cual la tecnología no es únicamente una

herramienta operacional, sino que también tiene

impactos a nivel social y legal. La puesta en marcha

de sistemas inteligentes puede aumentar la eficacia

del Estado a través de la optimización de recursos,

el análisis predictivo y la automatización de

procesos; no obstante, también conlleva riesgos

vinculados con la transparencia, la responsabilidad

institucional y el resguardo de los derechos

ciudadanos.

Según las aportaciones de Coglianese (2017),

Pasquale (2015) y Floridi (2013), la transparencia

algorítmica es esencial para legitimar el uso de

inteligencia artificial en el sector público. Las

decisiones administrativas que se fundamentan en

algoritmos tienen que ser revisables, auditable y

comprensibles, sobre todo si tienen un impacto en

los ciudadanos. Asimismo, los planteamientos de

Bucher (2018), O’Neil (2016) y Coeckelbergh

(2020) permiten sostener que los algoritmos no

funcionan de manera independiente de la

organización que los implementa. La

responsabilidad jurídica permanece en la institución

pública, debido a que esta decide qué sistema

utilizar, qué datos incorporar y cómo aplicar los

resultados obtenidos.

Por ende, es necesario un modelo de

gobernanza basado en la supervisión humana, la

rendición de cuentas, la transparencia tecnológica y

la responsabilidad organizacional para que la IA

modernice el Estado peruano. La digitalización

pública no debería limitarse a incorporar

tecnologías nuevas, sino garantizar que estas

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funcionen de acuerdo con los principios del Estado

constitucional de derecho.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo

un enfoque cualitativo, con un diseño de

investigación documental de nivel descriptivo-

analítico. Este enfoque permitió examinar de

manera sistemática la producción científica,

normativa y doctrinal relacionada con la

incorporación de la inteligencia artificial en las

entidades públicas y sus implicancias para la

responsabilidad administrativa, la gobernanza

digital y la protección de los derechos

fundamentales.

La revisión documental se efectuó mediante

una búsqueda estructurada de información en las

bases de datos Scopus, Web of Science, SciELO,

Dialnet y Google Scholar, complementada con la

consulta de documentos oficiales emitidos por

organismos internacionales y entidades públicas,

tales como la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión

Europea y la normativa peruana vigente en materia

de administración pública, gobierno digital,

protección de datos personales e inteligencia

artificial.

La estrategia de búsqueda se diseñó utilizando

operadores booleanos (AND y OR) y

combinaciones de palabras clave en español e

inglés, entre ellas: "inteligencia artificial" AND

"administración pública", "responsabilidad

administrativa" AND "algoritmos", "gobernanza

digital", "artificial intelligence" AND "public

administration", "algorithmic accountability" y

"automated decision-making". Estas combinaciones

permitieron ampliar la cobertura temática y

recuperar estudios relevantes desde las perspectivas

jurídica, tecnológica y de gestión pública.

El período de búsqueda comprendió

publicaciones entre 2013 y 2026, debido a que en

estos años se produjo un incremento significativo de

investigaciones y desarrollos normativos vinculados

con la implementación de sistemas de IA en el

ámbito gubernamental.

Como criterios de inclusión se consideraron

artículos científicos revisados por pares, libros

académicos, capítulos de libro, documentos

técnicos, informes institucionales y normas

jurídicas relacionadas con la inteligencia artificial,

el derecho administrativo, la responsabilidad del

Estado, la gobernanza digital y la gestión pública.

Asimismo, se incluyeron publicaciones en español e

inglés con acceso al texto completo y que

presentaran un desarrollo conceptual o empírico

pertinente para los objetivos de la investigación.

Por su parte, se excluyeron documentos

duplicados, publicaciones sin respaldo académico,

artículos de opinión sin fundamentación científica,

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resúmenes de congresos sin texto completo, trabajos

que abordaban exclusivamente aplicaciones

técnicas de inteligencia artificial sin relación con la

administración pública y estudios cuya información

resultaba desactualizada o no guardaba relación

directa con el objeto de análisis.

El procedimiento metodológico se desarrolló

en cuatro etapas. En la primera, se identificaron y

recopilaron las fuentes mediante la estrategia de

búsqueda definida. En la segunda, se realizó un

proceso de selección aplicando los criterios de

inclusión y exclusión. En la tercera etapa se efectuó

la lectura crítica y la extracción de información

relevante respecto a los modelos de responsabilidad

institucional, transparencia algorítmica, supervisión

tecnológica, riesgos asociados al uso de inteligencia

artificial y mecanismos de gobernanza digital.

Finalmente, en la cuarta etapa se realizó un análisis

cualitativo de contenido, mediante la comparación e

interpretación de las distintas posiciones

doctrinales, normativas y científicas, identificando

convergencias, divergencias y tendencias que

permitieron sustentar las conclusiones de la

investigación.

Con el propósito de fortalecer el rigor

metodológico, se recurrió a la triangulación de

fuentes doctrinales, normativas e institucionales,

contrastando los aportes provenientes de diferentes

disciplinas y organismos especializados. Este

procedimiento contribuyó a mejorar la consistencia

analítica, la confiabilidad de la interpretación y la

solidez de los resultados obtenidos.

Conclusiones

La implementación de la IA en las

instituciones públicas de Perú conlleva una

modificación significativa en el manejo de recursos,

la optimización de los procedimientos

administrativos y la mejora de los servicios para los

habitantes. No obstante, su puesta en marcha no se

puede entender solamente desde un enfoque

tecnológico, ya que da lugar a nuevas situaciones de

responsabilidad legal, en las que las decisiones

automatizadas pueden tener impactos directos sobre

los derechos, obligaciones e intereses de la

ciudadanía.

Para que la IA se aplique en la gestión pública,

es imprescindible un modelo de gobernanza que esté

fundamentado en la responsabilidad organizacional,

la transparencia y la supervisión humana. Las

entidades estatales no quedan exentas de su

responsabilidad legal de asegurar que sus

resoluciones se basen en motivos, sean coherentes y

respeten los principios constitucionales de

protección de derechos fundamentales, igualdad y

debido proceso al automatizar los procesos

administrativos.

Además, los sistemas de IA que el Estado

peruano emplea pueden dar lugar a riesgos

relacionados con prejuicios algorítmicos,

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especialmente cuando los datos empleados para

entrenar los modelos contienen desigualdades

históricas o información incompleta. Por lo tanto, la

eficacia tecnológica no puede ser el único criterio

para la administración pública; debe

complementarse con controles institucionales,

auditorías y evaluaciones de impacto que ayuden a

evitar decisiones discriminatorias en sectores

delicados como los servicios públicos, la

distribución de beneficios y los programas sociales.

En cuanto a la salvaguarda de datos

personales, se establece que la gestión automatizada

de información ciudadana necesita límites legales

claramente establecidos, debido a que los sistemas

de IA tienen un gran potencial para procesar,

vincular e inferir datos personales. En este marco, es

fundamental que la Autoridad Nacional de

Protección de Datos Personales (ANPD) supervise

para garantizar que las entidades públicas respeten

los principios de transparencia, seguridad,

proporcionalidad y finalidad al gestionar datos

personales.

Desde el punto de vista de la responsabilidad

jurídica a nivel organizacional, se determina que los

efectos producidos por la inteligencia artificial no

pueden atribuirse exclusivamente al algoritmo o al

proveedor tecnológico. La institución pública

mantiene responsabilidad debido a que decide

implementar el sistema, define sus objetivos,

administra los datos utilizados y aplica los

resultados generados. Por ello, la responsabilidad

administrativa debe extenderse a los procesos

internos de diseño, adquisición, supervisión y

evaluación de tecnologías inteligentes.

Con el fin de fortalecer la legitimidad del uso

de inteligencia artificial en el sector público

peruano, otro componente fundamental es la

transparencia algorítmica. Los ciudadanos deben

contar con mecanismos que permitan conocer

cuándo una decisión administrativa utiliza sistemas

automatizados, cuáles son sus criterios generales de

funcionamiento y cómo pueden cuestionar

resultados que afecten sus derechos. La opacidad

tecnológica puede debilitar la confianza ciudadana

y generar escenarios de inseguridad jurídica.

En conclusión, la mejora de las entidades

públicas mediante el uso de inteligencia artificial

debe estar orientada a una digitalización

responsable, en la que la innovación tecnológica

esté supeditada al respeto del ordenamiento jurídico.

El reto del Estado peruano no se limita a

implementar herramientas inteligentes, sino a

desarrollar habilidades institucionales que

posibiliten su uso con responsabilidad legal,

transparencia y ética, asegurando así que la

tecnología favorezca el fortalecimiento de la

administración pública en lugar de crear nuevas

formas de vulnerabilidad ciudadana.

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