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IMPACTO DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA EN INVESTIGACIONES CONTRA POLÍTICOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA
IMPACT OF THE VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND PRESUMPTION
OF INNOCENCE IN INVESTIGATIONS AGAINST POLITICIANS: SYSTEMATIC REVIEW
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Aplicadas
Recibido: 13/05/2026
Aceptado: 15/06/2026
Publicado: 03/08/2026
Código Único AV: e756
Páginas: 1(429-448)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21780540
Autor:
Rosa Marleny Angeles Ñiquen
Abogada
Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal
Doctorando en Derecho
https://orcid.org/0000-0001-5875-1382
E-mail: rangelesn@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Escuela de Posgrado Internacional -
Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto
de la vulneración del principio de legalidad y de la presunción de
inocencia en las investigaciones dirigidas contra figuras políticas, a
partir de una revisión sistemática de literatura científica publicada
en los últimos cinco años. Para ello, se aplicó la metodología
PRISMA, seleccionándose veinte estudios relevantes provenientes
de distintos contextos jurídicos y geográficos, conforme a criterios
de inclusión y exclusión previamente definidos. Los resultados
evidencian patrones recurrentes de afectación al debido proceso,
tales como el uso abusivo de la prisión preventiva, la aplicación
flexible o selectiva del principio de legalidad, la influencia
desproporcionada de los medios de comunicación y la
instrumentalización del sistema penal con fines de persecución
política. Estas prácticas generan sanciones anticipadas,
estigmatización social, debilitamiento de la confianza ciudadana e
impactos negativos en la legitimidad institucional de los sistemas
de justicia. Se concluye que la vulneración de estas garantías
fundamentales constituye un fenómeno estructural que
compromete el Estado de derecho y la calidad democrática,
haciendo necesario reforzar la independencia judicial, las garantías
procesales y la cultura garantista en los sistemas de justicia penal.
Palabras Clave
Principio de legalidad, presunción de inocencia,
debido proceso, investigaciones políticas.
Abstract
The aim of this study was to analyze the impact of the violation of
the principle of legality and the presumption of innocence in
investigations against political figures, through a systematic review
of scientific literature published over the last five years. For this
purpose, the PRISMA methodology was applied, and twenty
relevant studies from different legal systems and geographical
contexts were selected based on predefined inclusion and exclusion
criteria. The findings reveal recurring patterns of due process
violations, including the abusive use of pretrial detention, the
flexible or selective application of the principle of legality, the
disproportionate influence of the media, and the
instrumentalization of the criminal justice system for political
persecution purposes. These practices result in anticipatory
punishment, social stigmatization, a deterioration of public trust,
and negative impacts on the institutional legitimacy of justice
systems. It is concluded that the violation of these fundamental
guarantees constitutes a structural phenomenon that undermines the
rule of law and democratic quality, highlighting the need to
strengthen judicial independence, procedural safeguards, and a
rights-based legal culture within criminal justice systems.
Keywords
Principle of legality, presumption of innocence, due process,
political investigations.
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Introducción
La creciente judicialización de la actividad
política, durante las últimas dos décadas, ha sido
fuente de una constante preocupación en los
sistemas de derecho modernos, sobre todo como
consecuencia de la vulneración de derechos
fundamentales en los procesos penales contra
quienes ejercen la política. En varios casos, estas
pesquisas motivaron prácticas que distorsionan el
debido proceso y ponen en riesgo la imparcialidad
institucional, al convertir al derecho penal en un
instrumento de control político más que en un
mecanismo que debe acercar a una justicia
equilibrada. Como señala Fix-Fierro (2020),
emplear el poder punitivo de forma instrumental
termina por deformar principios fundamentales
como la legalidad y la presunción de inocencia,
debilitando, con ello, los mecanismos que deberían
limitar el poder del Estado.
En el ámbito jurídico, la presunción de
inocencia es un derecho reconocido
internacionalmente y una piedra angular del sistema
penal acusatorio, según el cual toda persona debe ser
considerada inocente mientras no exista una
sentencia firme que la declare culpable (Felices,
2021). Por su parte, el principio de legalidad
desempeña una función protectora de la seguridad
jurídica, porque las personas saben a qué atenerse
en cuanto a lo que tienen permitido hacer o no hacer
y, al mismo tiempo, limita la potestad punitiva
estatal para que esta no vaya más allá de lo
razonable (Huertas, 2022). Y cuando estos
principios son vulnerados, el perjuicio es mucho
más que legal: la ciudadanía deja de confiar en la
justicia y la legitimidad democrática se resiente, y
ambas están directamente conectadas con lo que
persigue la Meta 16 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible en cuanto a robustecer el Estado de
Derecho (Gonzales, 2024).
A nivel internacional, en el análisis
comparativo, se ha demostrado que estas tensiones
no están localizadas. En España, el proceso penal
ha dejado de ser un espacio de resguardo de
garantías procesales para convertirse en un lugar de
confección de percepciones de culpabilidad, lo cual
se ve potenciado por la influencia mediática y por la
realización de juicios paralelos que vulneran la
dignidad del imputado y su derecho a ser
considerado inocente (Pérez, 2020; Rodríguez,
2022). También en Alemania, la polémica doctrinal
en torno a la necesidad de precisar con mayor rigor
los principios fundamentales para impedir
interpretaciones discrecionales que menoscaben la
seguridad jurídica (Marcano, 2023). Mientras que
en Estados Unidos el debate gira en torno a las
preguntas que plantea la fijación de límites prácticos
a la presunción de inocencia en la evidencia, como
reflejo de las tensiones entre su reconocimiento
teórico y su materialización en el sistema penal
(Díaz, 2024).
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A su vez, los cubanos Mendoza & Goite
(2020) alertan de que cuando en las investigaciones
a políticos se vulneran derechos y garantías como la
legalidad y la presunción de inocencia, no solo se
vulnera a los investigados, sino que se socava el
Estado de Derecho y la confianza ciudadana en las
instituciones y, por ende, se afectan en ese plano los
equilibrios democráticos. Por otra parte, Migliucci
(2021) analiza cómo, en Estados Unidos en el entre
guerras, las tensiones sociales llevaron a respuestas
legislativas dirigidas a contener la influencia en la
opinión pública, poniendo de relieve el empleo de la
propaganda por parte de una variedad de actores, así
como la institucionalización progresiva mediante
comités legislativos para supervisar y regular los
ámbitos político y social.
En el escenario latinoamericano, la literatura
señala que el principio de legalidad se ve
particularmente dificultado cuando se emplea el
derecho penal con fines de control político o social,
lo que pone de manifiesto problemas de
legitimación en el ejercicio del poder punitivo
(Aponte, 2022). En Colombia, se considera que la
prisión preventiva debe continuar siendo una
excepción, pues su uso masivo impacta en el
derecho a la presunción de inocencia (Ruiz, 2024).
En ese sentido, las investigaciones en torno al
lawfare hacen referencia a que ciertas decisiones
judiciales pueden alejarse de criterios de objetividad
para dar lugar a dinámica predominantemente
política y no jurídica estricta (Quito et al., 2024).
A su vez, para Orbegoso (2020), el principio
de legalidad es un freno frente al poder arbitrario y
principio de Estado de Derecho; no obstante, con el
tránsito hacia un Estado social, se impone la
necesidad de una reinterpretación en clave más
flexible, para que la Administración Pública pueda
dar respuesta eficaz a la garantía de los derechos
sociales. Colcha (2020), indica que la aplicación
del procedimiento abreviado en casos de flagrancia
terminaría atentando contra la presunción de
inocencia, pues se estarían adoptando decisiones sin
un sustento probatorio suficiente. Por otra parte,
Scocco (2021) menciona que en Argentina la
acumulación de tensiones civiles durante la
dictadura, que se tradujo en una fuerte resistencia y
en la emergencia de movimientos sociales, cuyas
prácticas comenzarían a consolidarse a comienzos
de los setenta, como las iniciativas en favor de
presos políticos, adquirió un grado mayor de
organización y especialización.
En nuestro país, este problema tiene particular
importancia; en los últimos años se ha vuelto común
que figuras políticas enfrenten procesos judiciales
con una fuerte exposición mediática, en los que el
juicio público se produce mucho antes de que exista
una decisión judicial definitiva. Investigaciones
recientes indican que, en muchos casos, las
decisiones de prisión preventiva no están
debidamente fundamentadas ni se acompañan de un
análisis riguroso de proporcionalidad, lo que
contraviene los estándares del sistema
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interamericano de derechos humanos y del control
de convencionalidad (Flores & Tupa, 2024). Esta
realidad refleja una lucha constante por amparar las
garantías del acusado y, al mismo tiempo, hacer
frente a la demanda social de castigo; con
frecuencia, se dirime mediante resoluciones que
deforman el sentido cautelar de la prisión preventiva
y afectan gravemente el debido proceso (Mejía,
2023).
De esta forma, se comprende que la
presunción de inocencia es garantía que vertebra al
sistema democrático y que protege a toda persona
desde su condición de sujeto de derecho y antes de
que se le haya aplicado un proceso penal,
disponiendo que toda actuación jurídica se adecúe a
la dignidad humana como valor superior del
ordenamiento (Centellas & Cavero, 2022). En otro
orden, las elecciones del Bicentenario marcaron una
profunda polarización social y división partidaria, y
el “terruqueo” se convirtió en instrumento para
desacreditar adversarios, movilizando el temor a
terrorismo en discursos políticos y mediáticos
(Mendoza, 2022). Finalmente, se señala que en las
Unidades de Flagrancia “la exigencia de celeridad
en el proceso puede repercutir en la afectación de
derechos fundamentales como la presunción de
inocencia y el debido proceso”; lo que hace visible
la necesidad de una nueva reglamentación a fin de
"armonizar la eficacia de la justicia penal con el
respeto a las garantías (Agip, 2022).
Para analizar esta problemática se parte de un
marco teórico compuesto por tres perspectivas
básicas, la Teoría del Estado de Derecho que
implica la sujeción de los órganos del Estado al
Derecho (Díaz, 1966), la Teoría Garantista del
Derecho Penal que entiende al derecho penal como
un sistema de limitaciones al poder punitivo estatal
(Ferrajoli, 1995) y la teoría de los derechos
fundamentales que considera a éstos como
principios que regulan la actuación estatal y que
delimitan la actuación del Estado (Alexy, 2002).
Desde esta perspectiva, el principio de legalidad es
la premisa para que el derecho resulte predecible,
racional y justo (Bobbio, 1991). Y se expresa en la
prohibición de sancionar conductas sin una ley
previa que las tipifique, mientras que la presunción
de inocencia impone un estándar de trato y decisión
que debe regir todo el proceso penal hasta la emisión
de una sentencia firme (San Martín, 2020).
En atención a lo expuesto, el problema que
orienta el presente estudio se formula de la siguiente
manera: ¿cuál es el impacto de la vulneración del
principio de legalidad y la presunción de inocencia
en las investigaciones contra políticos según la
literatura científica de los últimos cinco años?, en la
misma línea el objetivo general de la investigación
es analizar el impacto de la vulneración del principio
de legalidad y la presunción de inocencia en las
investigaciones contra políticos según la literatura
científica de los últimos cinco años.
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Metodología
Para realizar este estudio se utilizó una
revisión sistemática de la literatura científica desde
una perspectiva cualitativa. Se eligió esta
metodología porque permite reunir y contrastar
distintos estudios académicos sobre un problema
que tiene varias dimensiones y que exige analizar de
forma conjunta aspectos jurídicos, doctrinales y
contextuales. Con el fin de garantizar el rigor y la
transparencia del proceso, se aplicó el protocolo
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses), que orientó cada una
de las etapas: la búsqueda de fuentes, selección,
evaluación de su pertinencia y la inclusión definitiva
de los documentos analizados.
El análisis se centró en investigaciones
publicadas entre 2020 y 2025, con el objetivo de
compilar evidencia reciente directamente
relacionada con el problema de estudio. Este
período de tiempo delimitado permitió realizar el
análisis en contextos contemporáneos, con altos
niveles de exposición mediática y de polarización
política. Con base en esto, se plantearon cinco
preguntas que orientaron el proceso de revisión: a)
¿cuáles son las principales formas de vulneración
del principio de legalidad en investigaciones contra
actores políticos?; b) ¿qué mecanismos procesales
afectan la presunción de inocencia en contextos de
investigación política?; c) ¿cómo varían las
garantías del debido proceso en distintos sistemas
jurídicos en casos asociados al lawfare?; d) ¿qué
metodologías han sido empleadas para estudiar la
vulneración de derechos fundamentales en
investigaciones políticas?; y e) ¿cuáles son las
consecuencias jurídicas y sociales derivadas de la
afectación del principio de legalidad y la presunción
de inocencia en este tipo de investigaciones?
La revisión de la literatura se llevó a cabo en
Scopus, SciELO y Latindex, bases de datos
elegidas por la amplia cobertura en el área de
ciencias sociales y jurídicas y por el cumplimiento
de criterios de indización y evaluación por pares. Se
tuvieron en cuenta artículos en español. Para la
búsqueda de estudios, se combinaron descriptores y
palabras clave: principio de legalidad, presunción de
inocencia, investigaciones políticas, lawfare, debido
proceso, derechos humanos, garantías judiciales. De
manera complementaria, se efectuó una búsqueda
manual en las listas de referencias de los estudios
seleccionados, con la finalidad de identificar
investigaciones relevantes que no hubieran sido
recuperadas en la búsqueda automatizada inicial.
Los criterios de inclusión considerados
fueron: artículos científicos publicados entre 2020 y
2025, con acceso completo al texto, indexados en
bases de datos académicas reconocidas y que
abordaran de forma directa la vulneración del
principio de legalidad y la presunción de inocencia
en investigaciones contra actores políticos, desde
enfoques jurídicos, doctrinales, jurisprudenciales o
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interdisciplinarios. Por su parte, se excluyeron
artículos duplicados, editoriales, comentarios, cartas
al editor, trabajos sin revisión por pares, estudios
que no guardaran relación directa con el objeto de
investigación y aquellos con restricciones de acceso
al texto completo.
El proceso de selección de los estudios se
desarrolló en cuatro fases, conforme al protocolo
PRISMA. En la fase de identificación se obtuvieron
374 registros, distribuidos entre EBSCO, Scopus,
SciELO y Latindex. Posteriormente, en la fase de
selección, aquellos estudios que no cumplían con los
criterios establecidos fueron depurados
seleccionándose 50 artículos. En la fase de
elegibilidad se leyeron completos los artículos
preseleccionados, evaluando su pertinencia
temática, rigor metodológico y aporte al estudio.
Finalmente, en la fase de inclusión, se seleccionaron
veinte artículos científicos que cumplían con todos
los criterios definidos y se incorporaron a la matriz
analítica de la revisión.
Figura 1. Identificación de estudios seleccionados mediante
el método PRISMA
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Concluido el proceso de selección de estudios
conforme al protocolo PRISMA (Ver Figura 1), se
incorporaron 20 artículos científicos a la matriz
analítica de la revisión sistemática. A continuación,
la Tabla 1 presenta la distribución de los estudios
incluidos según el año de publicación, la
procedencia y la base de indexación. Esta
información permite apreciar la concentración
temporal de la producción científica, la diversidad
de contextos en los que se han desarrollado las
investigaciones y el nivel de visibilidad académica
de los estudios seleccionados.
Criterio
Categoría
n
%
Año de publicación
2020
4
20.0
2021
3
15.0
2022
6
30.0
2023
2
10.0
2024
5
25.0
Procedencia
Perú
7
35.0
Ecuador
2
10.0
España
2
10.0
Colombia
2
10.0
Estados Unidos
2
10.0
Cuba
1
5.0
México
1
5.0
Argentina
1
5.0
Alemania
1
5.0
América Latina
1
5.0
Base de indexación de
la revista
SciELO
9
45.0
Latindex
8
40.0
Scopus
3
15.0
Tabla 1. Caracterización sintética de los estudios incluidos
en la revisión (n = 20)
La distribución de los estudios muestra una
mayor concentración de publicaciones en el periodo
2022-2024, con predominio de investigaciones
procedentes del Perú. Asimismo, se observa
presencia de estudios de otros contextos nacionales
y regionales, lo que permite una aproximación
comparada al problema analizado. En cuanto a la
indexación de las revistas, se identificó mayor
frecuencia en SciELO y Latindex, mientras que
Scopus presentó una proporción menor dentro del
conjunto seleccionado.
Para analizar la información se elaboró una
matriz analítica que sirvió para organizar los datos
más importantes de cada estudio: autoría, año de
publicación, país, título, revista, enfoque
metodológico, código DOI y referencia
bibliográfica. Los resultados se integraron mediante
un análisis temático con el fin de identificar
similitudes, diferencias y patrones recurrentes en las
formas de vulneración de los principios analizados,
en los mecanismos procesales afectados, entre
sistemas jurídicos y en las repercusiones jurídicas y
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sociales evidenciadas en la literatura revisada.
Las categorías de análisis que permitieron
organizar e interpretar los hallazgos fueron
definidas en función de la matriz analítica y de las
preguntas guía de la revisión. En la Tabla 2 se
presentan las categorías empleadas en el desarrollo
de la síntesis temática.
Categoría de
análisis
Descripción de análisis
Vulneración del
principio de legalidad
Se examinaron formas de afectación
del principio de legalidad en
investigaciones contra actores
políticos.
Afectación de la
presunción de
inocencia
Se identificaron manifestaciones de
afectación de esta garantía en etapas
previas a decisión definitiva.
Mecanismos
procesales
comprometidos
Se analizaron actuaciones y medidas
procesales vinculadas con la
afectación de garantías.
Variaciones entre
sistemas jurídicos
Se compararon diferencias en
tratamiento jurídico e institucional
entre contextos analizados.
Consecuencias
jurídicas y sociales
Se sistematizaron efectos reportados
en el plano jurídico, institucional y
social.
Tabla 2. Categorías de análisis empleadas en la revisión
Estas categorías facilitaron la clasificación
sistemática de la información obtenida y
permitieron identificar similitudes, diferencias y
patrones entre los estudios analizados. También
ayudaron a mantener la alineación entre las
preguntas de revisión, el análisis temático y la
presentación de resultados.
Aunque no se utilizó ninguna escala
estandarizada para valorar la calidad metodológica,
se realizó un juicio crítico de los estudios incluidos,
basado en la definición de los objetivos, la robustez
del marco teórico, la adecuación del diseño
metodológico, la actualidad de la evidencia y la
coherencia entre los argumentos y las conclusiones.
Del mismo modo, son limitaciones metodológicas,
entre otras, que los resultados no se ven afectados,
pero sí deben ser consideradas al analizarlas y al
emprender futuras investigaciones: la dependencia
exclusiva de fuentes secundarias y la barrera del
idioma, que limita el estudio a sólo aquellas
publicaciones en español.
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 3 se
resumen los criterios de calidad que fueron
críticamente evaluados en los estudios.
Criterio
Descripción breve
Claridad de objetivos
Precisión del propósito del estudio.
Solidez del marco
teórico
Consistencia conceptual y sustento
bibliográfico.
Coherencia
metodológica
Correspondencia entre enfoque,
método y análisis.
Actualidad de fuentes
Pertinencia temporal de la
bibliografía utilizada.
Consistencia
argumentativa
Relación entre resultados, discusión
y conclusiones.
Tabla 3. Criterios de valoración crítica de los estudios
incluidos
La utilización de estos criterios hizo posible
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un análisis del corpus más homogéneo, sin que ello
sustituyera la evaluación en líneas generales. Este
procedimiento robustece la interpretación de los
resultados y genera fronteras para las conclusiones
del estudio.
Resultados
Los hallazgos de la revisión sistemática
muestran patrones derivados de violaciones a
derechos fundamentales en procesos investigativos
llevados a cabo contra figuras políticas, que se
encuentran replicados en diferentes contextos
geográficos y sistemas de justicia. Se presentan a
continuación, de manera sistemática y ordenada,
hasta qué punto los estudios analizados ofrecen
respuestas a las preguntas de investigación que han
guiado el presente trabajo.
¿Cuáles son las principales formas de vulneración del
principio de legalidad en investigaciones contra actores
políticos?
Autor
Orbegoso (2020)
Metodología
Enfoque analítico y comparativo
Conclusiones
Interpretación extensiva de tipos
penales y aplicación diferenciada
vulneran la seguridad jurídica,
especialmente cuando la presión
mediática flexibiliza indebidamente el
principio de legalidad.
Autor
Huertas (2022)
Metodología
Metodología interpretativa de análisis-
síntesis (holística)
Conclusiones
La aplicación selectiva del principio de
legalidad en Colombia constituye un
mecanismo sistemático de persecución
judicial con fines políticos.
Autor
Aponte (2022)
Metodología
Investigación documental, con enfoque
teórico-analítico
Conclusiones
La ambigüedad normativa facilita
interpretaciones arbitrarias que afectan
desproporcionadamente a figuras
políticas mediante la
instrumentalización del derecho penal.
Autor
Marcano (2023)
Metodología
Enfoque hermenéutico aplicado,
revisión documental
Conclusiones
La aplicación retroactiva de normas
penales establece precedentes
peligrosos utilizables para vulnerar
garantías fundamentales en procesos
contra opositores políticos.
¿Qué mecanismos procesales afectan la presunción de
inocencia en contextos de investigación política?
Autor
Colcha (2020)
Metodología
Enfoque cualitativo
Conclusiones
Procedimiento abreviado en flagrancia
vulnera presunción de inocencia,
agravándose en casos políticos donde
presión mediática amplifica
estigmatización anticipada.
Autor
Felices (2021)
Metodología
Enfoque teórico-analítico y
comparativo
Conclusiones
Vulneración sistemática mediante
prisión preventiva abusiva, filtración
procesal y declaraciones públicas que
prejuzgan culpabilidad,
intensificándose en casos políticos.
Autor
Flores & Tupa (2024)
Metodología
Enfoque cualitativo, análisis de
información textual
Conclusiones
Ministerio Público opera como
acusador parcializado mediante
acusaciones sin sustento, filtración
mediática, medidas cautelares
desproporcionadas y resistencia a
incorporar descargos.
Autor
Centellas & Cavero (2022)
Metodología
Descriptivo-comparativo, cualitativo,
dogmático y exégesis jurídica
Conclusiones
Prisión preventiva aplicada
desproporcionadamente en casos
políticos funciona como castigo
anticipado, eliminando presunción de
inocencia.
Autor
Rodríguez (2022)
Metodología
Enfoque teórico y analítico
Conclusiones
Cobertura mediática desproporcionada
genera condena social anticipada
irreversible. Medios operan como
tribunales paralelos erosionando la
legitimidad judicial.
Autor
Mejía (2023)
Metodología
Enfoque teórico-analítico y
comparativo
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Volumen: 7, Número: 15, Año: 2026 (Julio 2026 - Diciembre 2026)
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Conclusiones
Prisión preventiva con estándares laxos
en casos políticos se desnaturaliza como
mecanismo de neutralización política
más que medida cautelar.
Autor
Díaz (2024)
Metodología
Enfoque teórico y analítico
Conclusiones
En casos políticos, el equilibrio entre
juicio justo e información pública
favorece la exposición mediática,
comprometiendo la imparcialidad y el
juicio sin prejuicios.
Autor
Ruiz (2024)
Metodología
Metodología cualitativa, estudio teórico
y analítico
Conclusiones
Privación de libertad previa a sentencia
afecta desproporcionadamente a
imputados políticos, prevaleciendo
consideraciones de oportunidad política
sobre criterios jurídicos.
Autor
Agip (2022)
Metodología
Enfoque teórico-analítico de normativa
y casuística
Conclusiones
Procedimientos expeditos en Unidades
de Flagrancia comprometen defensa y
presunción de inocencia, agravándose
en casos políticos por presión mediática.
Autor
Mendoza (2022)
Metodología
Metodología cualitativa y analítica
Conclusiones
Medios amplifican narrativas
vinculando candidatos con terrorismo
sin sustento, operando como lawfare
que genera condena social anticipada,
comprometiendo el debido proceso.
¿Cómo varían las garantías del debido proceso según
diferentes sistemas jurídicos en casos de lawfare?
Autor
Pérez (2020)
Metodología
Enfoque teórico, analítico y
comparativo
Conclusiones
Protección efectiva depende más de
voluntad política e independencia
judicial que de sofisticación normativa,
mostrando debilidades en casos
políticos.
Autor
Mendoza & Goite (2020)
Metodología
Enfoque analítico y comparativo
Conclusiones
Existen estándares mínimos
internacionales de protección.
Vulneración sistemática en casos
políticos evidencia crisis del
constitucionalismo democrático.
Autor
Gonzales (2024)
Metodología
Enfoque cualitativo y teoría
fundamentada
Conclusiones
Lawfare opera activando memorias
traumáticas para legitimar procesos sin
garantías, constituyendo una estrategia
sistemática que combina
instrumentalización judicial, campaña
mediática y movilización social.
Autor
Quito et al., (2024)
Metodología
Método científico con análisis de
variables
Conclusiones
Lawfare como control político
institucionalizado mediante la
utilización selectiva de la vía judicial, la
amplificación mediática sin sustento y
la aplicación diferenciada de las
garantías procesales.
¿Qué metodologías se han utilizado para estudiar la
vulneración de derechos fundamentales en
investigaciones políticas?
Autor
Orbegoso (2020)
Metodología
Enfoque analítico y comparativo
Conclusiones
Utiliza análisis comparativo para
evidenciar aplicación diferenciada del
principio de legalidad según perfil del
imputado en contextos políticos.
Autor
Colcha (2020)
Metodología
Enfoque cualitativo
Conclusiones
Metodología cualitativa permite
examinar vulneración de presunción de
inocencia en procedimientos abreviados
de flagrancia en Ecuador.
Autor
Scocco (2021)
Metodología
Metodología histórico-hermenéutica de
investigación
Conclusiones
Enfoque histórico-hermenéutico
documenta patrones de persecución
política mediante instrumentalización
judicial, evidenciando continuidad
histórica en estrategias de control
político.
Autor
Migliucci (2021)
Metodología
Enfoque analítico y comparativo
Conclusiones
Análisis histórico-comparativo revela
patrones de manipulación mediática que
replican en contextos contemporáneos,
evidenciando construcción de amenazas
políticas.
Autor
Huertas (2022)
Metodología
Metodología interpretativa de análisis-
síntesis (holística)
Conclusiones
Enfoque holístico permite examinar
monopolio del principio de legalidad y
sus posibilidades de flexibilización
selectiva en Colombia.
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Autor
Gonzales (2024)
Metodología
Enfoque cualitativo y teoría
fundamentada
Conclusiones
Teoría fundamentada permite
identificar patrones sistemáticos de
lawfare mediante activación estratégica
de memorias traumáticas colectivas.
Autor
Quito et al., (2024)
Metodología
Método científico con análisis de
variables
Conclusiones
Análisis de variables identifica
componentes esenciales del lawfare:
utilización selectiva judicial,
amplificación mediática y aplicación
diferenciada de garantías.
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas y sociales de no
garantizar el principio de legalidad y presunción de
inocencia en investigaciones contra figuras políticas?
Autor
Rodríguez (2022)
Metodología
Enfoque teórico y analítico
Conclusiones
Condena social anticipada e irreversible
erosiona la legitimidad del sistema
judicial, incluso cuando posteriormente
se dicten sentencias absolutorias.
Autor
Mendoza (2022)
Metodología
Metodología cualitativa y analítica
Conclusiones
Construcción mediática de
vinculaciones sin sustento genera
condena social que influye
decisivamente en la opinión pública y
potencialmente en decisiones judiciales.
Autor
Gonzales (2024)
Metodología
Enfoque cualitativo y teoría
fundamentada
Conclusiones
Neutralización de opositores políticos
sin sentencias condenatorias firmes
mediante estigmatización social y
deterioro irreversible de la reputación
pública.
Autor
Mendoza & Goite (2020)
Metodología
Enfoque analítico y comparativo
Conclusiones
Brecha entre derecho proclamado y
derecho aplicado evidencia crisis del
constitucionalismo democrático,
generando desconfianza institucional y
debilitamiento del Estado de Derecho.
Tabla 4. Síntesis de patrones identificados en los estudios
incluidos
Del conjunto de la literatura estudiada, se
puede concluir que existe una convergencia entre
descripciones de prácticas que periódicamente
violentan al principio de legalidad y la presunción
de inocencia en investigaciones contra actores
políticos. Los resultados indican un patrón
persistente de interpretaciones normativas
"flexibles", un uso selectivo de medidas cautelares
y una exposición mediática previa en diversas
tradiciones jurídicas. También se confirmó que estas
violaciones no se cometen exclusivamente en una
etapa del proceso penal, sino que se constituyen en
esta última, en preliminares y en etapas de decisión
posterior. La diversidad metodológica de los
estudios que integran la revisión en cuestión, entre
ellos teóricos, comparativos, cualitativos e
histórico-hermenéuticos, se constituye en otro
aspecto que da cuenta reforzada de los patrones
descriptivos identificados en el estudio.
La convergencia de los hallazgos refleja ese
mayor protagonismo temático en la academia
reciente. Esta tendencia coincide con un
incremento de la producción jurisprudencial durante
el año analizado y anticipa que el tema alcanzará un
mayor protagonismo en el debate jurídico
institucional. Los resultados señalan que la
violación del principio de legalidad y de la
presunción de inocencia no es un hecho aislado, sino
que se reproduce en situaciones de máxima
exposición pública y política.
La diversidad de la literatura nacional
analizada en el estudio permite observar similitudes
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y diferencias en las formas de describir estas
afectaciones y las contribuciones comparativas
enriquecen la comprensión del problema. Los
resultados sistematizados ofrecen una base
ordenada para identificar tendencias de análisis,
variaciones de enfoque y regularidades en la
literatura sobre investigaciones políticas y garantías
fundamentales.
El análisis evidencia que la violación del
principio de legalidad y de la presunción de
inocencia es recurrente en las investigaciones contra
figuras políticas, con variaciones que dependen del
contexto nacional y de la perspectiva metodológica
de cada investigación. Aunque los artículos no
describen el problema de la misma manera, sí
presentan regularidades en torno a la interpretación
normativa, al uso de medidas procesales y a la
exposición mediática de los casos. Con estos
resultados se puede acceder a la discusión con un
banco sistematizado de hallazgos, coincidencias y
diferencias encontrados en la literatura revisada.
Discusión de resultados
Las interpretaciones desarrolladas se
sustentan en los patrones identificados en la
literatura revisada y no en el análisis de casos
empíricos directos.
El análisis de los estudios incluidos permite
comprender el alcance de los resultados obtenidos
desde una perspectiva interpretativa. La revisión de
la literatura ofrece un marco para examinar cómo el
contexto político, institucional y mediático afecta
la protección de los derechos procesales en
investigaciones que involucran actores políticos.
Los hallazgos muestran prácticas recurrentes y
revelan un patrón en los contextos donde ocurren.
Así, se pueden interpretar los resultados en un
marco más amplio de cómo opera el sistema de
justicia en casos de alta exposición pública y
politización.
La discusión se basa en los patrones
identificados mediante los estudios y en las
similitudes temáticas a pesar de las diferencias
contextuales y de enfoque. Basándose en estas
premisas, se discute la extensión de los efectos del
control y del derecho al debido proceso en la
investigación de actores políticos, con especial
atención al principio de legalidad y a la presunción
de inocencia. Asimismo, se analizan los límites
interpretativos de los efectos y sus consecuencias en
el material objeto de análisis.
Los resultados de esta revisión evidencian que
existen dificultades de fondo en la aplicación de los
mínimos procesales en las investigaciones contra
personas políticas, que se reflejan en patrones
globales que trascienden los contextos geográficos
y se traducen en un uso sistemático del derecho
penal como herramienta de control político y social.
La convergencia de los hallazgos en países
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latinoamericanos, europeos y anglosajones nos
muestra que se trata de un problema a escala global
que pone en jaque los pilares mismos del Estado de
derecho y de la calidad democrática en los sistemas
de justicia penal contemporáneos.
En la visión garantista, la presunción de
inocencia es una garantía estatal que limita la
potestad punitiva estatal y protege contra la
arbitrariedad penal, además en ambientes de fuerte
politización (Ferrajoli, 1995). El maltrato y la
sistemática vulneración de este principio, así como
la utilización excesiva de la prisión preventiva,
fueron narrados en el Perú y Colombia por Centellas
& Cavero (2022), Mejía (2023) y Ruiz (2024). Tales
hallazgos revelan un cambio de sentido en la lógica
de la garantía que debería regir al sistema
acusatorio. La popularización de esta práctica
obedece a factores estructurales, como el
punitivismo, la presión mediática y la
instrumentalización del sistema penal con fines de
control social. En ese plano, las reformas legales son
gestos o gestos mínimamente simbólicos cuando no
medían con cambios en las prácticas y en la cultura
judicial, aún impregnadas de parámetros
inquisitivos que ponen en primer plano la seguridad
y no la libertad.
Preocupa además que los instrumentos que se
crean para agilizar la respuesta penal afecten
derechos fundamentales. En tal sentido, las
Unidades de Flagrancia relatadas por Agip (2022)
y los procedimientos abreviados presentados por
Colcha (2020) muestran riesgos de vulneración del
debido proceso. Así, hay un tira y afloja
permanente entre la eficiencia procesal y la justicia
sustantiva, pues la presión por resolver casos cuanto
antes hace que el análisis de la prueba sea más
superficial y que la defensa se restrinja en un
esquema que privilegia las metas y los indicadores
por sobre la calidad de las decisiones judiciales.
Otro elemento fundamental lo es el rol de los
medios para la conformación de “juicios paralelos y
castigos sociales adelantados” Rodríguez (2022),
Pérez (2020) y Gonzales (2024). En tanto que los
procesos penales se dirimen en los medios antes de
contar con una resolución definitiva, atenta contra la
presunción de inocencia y puede generar presiones
en jueces y fiscales, lo que repercute en su
imparcialidad. El estudio histórico de Migliucci
(2021) muestra que este problema no es nuevo, si
bien el espacio digital ha propiciado su expansión y
polarización informativa.
La reinterpretación, desde posiciones de
flexibilización del principio de legalidad,
promovida por Orbegoso (2020) y Huertas (2022),
plantea un problema para llevarla a cabo. Una
interpretación de rigor positivista podría resultar
insuficiente para satisfacer las exigencias de justicia
sustantiva; pero la flexibilización del positivismo
puede dar lugar a decisiones interpretativas que, en
ciertos contextos políticos, podrían utilizarse con
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sentido discrecional. El estudio que Marcano
(2023) lleva a cabo de dicho juicio de Núremberg
ejemplifica los riesgos de elaborar esta pauta con
base en un sobrematerialismo en otros ámbitos de
polarización. Bajo estas circunstancias, no hay
también que justificar la restricción de derechos
fundamentales con sentencias generalizadas o
indeterminadas que implican la transgresión de su
núcleo duro. Como señala Alexy (2002), la
restricción de los derechos necesita razones
objetivas y verificables.
El fenómeno del lawfare, abordado en el Perú
y Ecuador por González (2024) y Quito et al.,
(2024), queda evidenciado, sin sombra de duda, de
que fue el sistema de justicia el que fue
instrumentalizado para fines persecutorios políticos.
El uso del derecho penal como arma para perseguir
a enemigos, junto con campañas mediáticas que los
deslegitiman, mina la formación cívica y la
confianza en las instituciones democráticas y
promueve la noción de una justicia aliñada con la
política. En este sentido, dentro de la estrategia del
“terruqueo”, que generó o profundizó en los análisis
de Mendoza (2022), este rememoraba memorias
traumáticas colectivas y agudizaba la polarización
social. También en ese sentido se señala que existe,
entre muchos otros casos, una selectividad de los
procesos penales en el ámbito de la política, lo que
permite comprobar, una vez más, que el poder
punitivo no se ejerce de manera indiferente ni
neutra, sino que está al servicio de ciertos intereses
más amplios de control y disciplinamiento social,
como lo ha señalado la criminología crítica
(Zaffaroni, 2011).
La ausencia de objetividad del Ministerio
Público, constatada al inicio de la presentación de
Flores & Tupa (2024), vulnera uno de los ejes
estructurales del sistema acusatorio, que asume que
los fiscales son garantes de la legalidad y no parte
en el proceso: acusadores. Esta tendencia a favor de
la acusación es una de las muchas anomalías que
socavan el principio de equilibrio judicial que
favorece la condena y no la absolución,
particularmente en causas abiertas contra líderes
políticos.
Lo mismo sucede con otros estudios que
evidencian que la vulneración del derecho procesal
también está vinculada al contexto institucional en
el que actúan los operadores de justicia. La presión
para obtener resultados, la divulgación pública
temprana de los asuntos y la controversia política
pueden tener repercusiones en la interpretación de
las reglas. Bajo estas circunstancias, el grado de
protección del debido proceso tiende a disminuir en
investigaciones a personajes políticos, si bien el
andamiaje jurídico formal permanece intacto.
El tamaño de la muestra objeto de estudio y la
tipología de revisión cualitativa condicionan la
interpretación de los resultados; aunque permiten
aproximarse a la identificación de tendencias en la
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literatura, no sitúan un nivel de generalización
ilimitado.
Finalmente, la disputa entre la ampliación
normativa de la Constitución cubana de 2019,
relatada por Mendoza & Goite (2020), y la
continuidad de prácticas vulneradoras en
democracias consolidadas sugiere que el
reconocimiento constitucional es insuficiente sin
mecanismos efectivos de monitoreo e
independencia judicial. Los análisis de la
COFAPPEG en Argentina realizado por Scocco
(2021), la fragmentación interpretativa de la
presunción de inocencia en el common law a partir
de lo desarrollado por Díaz (2024) y la
indeterminación de principio de legalidad en
América Latina, a partir de lo evidenciado por
Aponte (2022), refuerzan la exigencia de
transformaciones que vayan más allá de las
reformas normativas y que ataquen las causas
sistémicas que originan la crisis del Estado de
derecho. La violación sistemática de las garantías
procesales en casos políticos manifiesta una tensión
estructural entre democracia formal y Estado de
derecho, donde el poder punitivo termina
imponiéndose sobre los límites jurídicos que
deberían contenerlo (Bobbio, 1991).
Conclusiones
Los resultados sugieren que el vulnerar el
derecho a la legalidad y a la presunción de inocencia
no es un hecho accidental, sino una tendencia
común que podemos encontrar en múltiples
ordenamientos jurídicos y en variados campos
políticos. Los patrones que se repiten en los análisis
examinados evidencian que, siempre que se
produzca en ámbitos de debate público y político, se
pondrá de manifiesto la tensión entre el poder
punitivo y las garantías procesales.
El delito del principio de legalidad y de la
presunción de inocencia, en definitiva, afectaba a lo
más íntimo del Estado de Derecho, ya que éste no se
consideraba sólo como legalidad formal, sino
también como garantía material frente a la
aplicación arbitraria del poder punitivo (Díaz,
1966). La revisión sistemática pone de manifiesto
que los procesos penales por contra de figuras
políticas presentan violaciones sistemáticas a
principios esenciales del proceso penal que el
traspaso de dichos patrones en distintas
legislaciones evidencia un problema de contagio a
otro ramo del derecho. En ambos casos, los análisis
teóricos y empíricos indican que las relaciones no
se explican sólo por la institucionalización, que
influye en la aplicación efectiva de las garantías
judiciales.
Desde la perspectiva legal, las conclusiones
evidencian un cambio en el empleo de algunas
instituciones dentro del proceso. En la práctica, las
garantías dejan de tener vigencia como garantías
preventivas encaminadas a proteger derechos para
transformarse en medios procedimentales que
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anticipan sus efectos jurídicos a los de una sentencia
definitiva. Esta transformación atenta contra el
equilibrio del proceso, perturba la lógica del sistema
acusatorio y menoscaba los márgenes que deben
contener el ejercicio punitivo, en particular en
ámbitos en donde la exposición mediática y
presiones políticas sobre los jueces y fiscales
constituyen un elemento de alta sensibilidad.
En el plano social, la culpabilidad se
determina anticipadamente en el espacio público y
provoca un daño directo a la reputación personal y
política. A esto hay que añadir una erosión gradual
de la confianza en las instituciones encargadas de la
administración de justicia, que alimenta dinámicas
de deterioro democrático que persisten aun cuando
los procesos concluyen sin condena.
Metodológica y analíticamente, la
investigación resulta novedosa, ya que ordena la
producción académica reciente relativa a la
violación del principio de legalidad y de la
presunción de inocencia en investigaciones que
alcanzan a figuras políticas. De este modo, se
detectan patrones de repetición, así como
limitaciones y vacíos, para elaborar estudios
comparativos que contribuyan al seguimiento de la
labor investigativa y crear marcos analíticos que
permitan abordar la criminalización en contextos de
enfrentamiento político.
Los hallazgos refuerzan la relevancia de
explorar el límite del poder punitivo y el actuar de
los operadores del derecho ante su exposición a
presiones mediáticas y contextos de
institucionalización dual, y ofrecen insumos para
debatir, a partir de un análisis teórico-comparado, la
vigencia y el desempeño de las garantías procesales
mínimas en las democracias actuales.
Asimismo, los resultados permiten prever
que la efectividad de las garantías procesales no
solo está determinada por el marco normativo
vigente, sino también por las condiciones
institucionales bajo las que los jueces y fiscales se
desempeñan. La presión de los medios, la pública
notoriedad de los casos, el contexto de polarización
política también afecta la aplicación práctica de las
normas de debido proceso; esto da cuenta de que es
necesario fortalecer la independencia judicial y los
mecanismos de control en el poder punitivo.
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