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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 17/02/2026
Aceptado: 20/03/2026
Publicado: 26/03/2026
Código Único AV: e695
Páginas: 1(420-441)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19235573
Autores:
Doris Estela Jacinto-Reyes
Derecho
Maestría en Derecho Penal
Doctora en Derecho y Gestión Pública y
Gobernabilidad
https://orcid.org/0009-0004-0076-3865
E-mail: dejacintoj@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Adriana Sofía Revoredo Peña
Licenciada en Periodismo
Maestría en Relaciones Públicas, Eventos y
Protocolo
https://orcid.org/0000-0003-0182-7061
E-mail: arevoredo@cientifica.edu.pe
Afiliación: Universidad Científica del Sur (Perú)
País: República del Perú
Resumen
Este estudio se enfocó en analizar investigaciones vinculadas con el
procedimiento administrativo sancionador, considerando aspectos
como la legalidad, discrecionalidad y control judicial. Se llevó a cabo
un análisis descriptivo de publicaciones científicas, tanto de ámbito
internacional como nacional, recogidas en la base de datos Scopus desde
2019 hasta 2023. De un total de 1572 investigaciones identificadas, 33
fueron seleccionadas para este estudio basándose en su relevancia,
unicidad y pertinencia. La conclusión del estudio subraya que el
Derecho Administrativo Sancionador juega un papel vital en el Estado
de Derecho, equilibrando la protección de intereses colectivos y los
derechos individuales. Es esencial que las sanciones administrativas se
fundamenten en principios de legalidad y justicia. La discrecionalidad
debe ser ejercida con prudencia y siempre bajo supervisión judicial para
garantizar equidad y evitar arbitrariedades.
Palabras Clave
Derecho administrativo, procedimiento
administrativo, sanción administrativa, legalidad.
Abstract
This study focused on analyzing investigations linked to the
administrative sanctioning procedure, considering aspects such as
legality, discretion and judicial control. A descriptive analysis of
scientific publications, both international and national, collected in the
Scopus database from 2019 to 2023 was carried out. Of a total of 1,572
identified investigations, 33 were selected for this study based on their
relevance, uniqueness, and relevance. The conclusion of the study
highlights that Administrative Sanction Law plays a vital role in the
Rule of Law, balancing the protection of collective interests and
individual rights. It is essential that administrative sanctions are based
on principles of legality and justice. Discretion must be exercised
prudently and always under judicial supervision to guarantee equity and
avoid arbitrariness.
Keywords
Administrative law, administrative procedure,
administrative sanction, legality.
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Introducción
A medida que las sociedades evolucionaron,
se hizo cada vez más importante que la
Administración Pública desempeñara un papel
activo en la resolución de conflictos y en la
protección de los derechos y libertades de sus
ciudadanos. Esto llevó al desarrollo de nuevas
formas de actividad administrativa, tales como la
regulación, la planificación, la gestión de recursos,
entre otras. Estas nuevas formas de actividad
administrativa permitieron a la Administración
Pública tener un impacto más amplio y significativo
en la vida social, y se convirtieron en una parte
esencial del funcionamiento de las sociedades
modernas.
La actividad administrativa, se puede
describir como aquella en la que la Administración
y otros organismos con autoridad jurídica pública
establecen limitaciones, obligaciones o de alguna
manera regulan las acciones privadas con el
propósito de asegurar un interés público,
supervisando su cumplimiento y tomando medidas
en caso de incumplimiento para restaurar la
legalidad (Rojas et al., 2021).
Al respecto, la correcta aplicación de
sanciones administrativas desempeña un papel
positivo en la eficiencia del servicio público, al
corregir conductas perjudiciales para la prestación
del servicio y el interés público, además de cumplir
una función educativa. No obstante, las sanciones
públicas mal aplicadas, derivadas de mala fe o
errores por parte de la autoridad administrativa,
pueden obstaculizar o incluso poner fin a
actividades privadas, sin corregir los errores de
conducta, convirtiéndose en un error en sí mismas y
obstaculizando así la mejora del funcionamiento
social (Ezan & Carmona, 2021).
La discrecionalidad administrativa es un tema
de gran complejidad en el Derecho administrativo,
especialmente en lo que respecta al ejercicio de las
potestades administrativas sancionadoras. Hay
quienes niegan la existencia de áreas de
discrecionalidad en la aplicación de sanciones,
mientras que otros abogan por su reducción. Esta
controversia se debe, en parte, a la naturaleza
desfavorable de las sanciones, que son similares a
las penas penales y, por lo tanto, requieren una
regulación estricta en todos sus aspectos. Esta
rigurosidad en la regulación explica, en cierta
medida, la resistencia o el rechazo a la
discrecionalidad en este ámbito (Gómez, 2020a).
Por lo tanto, el proceso administrativo se rige
por un conjunto de normas, principios y costumbres
legales que establecen un nivel mínimo de garantía
de los derechos individuales en el proceso y las
formas de ejercer dichos derechos. Estas normas y
principios son una parte integral del Estado de
derecho y garantizan el equilibrio entre los intereses
públicos y privados en la administración pública. El
cumplimiento del Estado de derecho es una
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prioridad tanto en el ámbito internacional como
europeo en la administración de justicia
(Rastorhuiev et al., 2021). En ese contexto, la
Constitución española ha consolidado de manera
definitiva el concepto de ejercicio del poder
punitivo estatal y se descompone en dos categorías,
ambas sujetas al principio de conformidad con la
ley: el ámbito penal y el ámbito de las sanciones
administrativas (Gómez, 2020b). Lo propio ha
sucedió en Chile, país que a través de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha
reconocido la existencia del ius puniendi (Cordero,
2020).
En relación con esto, el principio de legalidad
se considera una de las mayores expresiones del
Estado de Derecho, ya que representa un avance en
términos de limitación del poder. Antes de su
establecimiento, aquellos que ostentaban el poder
no encontraban límites más allá de su propia
voluntad (Orbegoso, 2020). Sin embargo, el
principio de legalidad, que implica el pleno
sometimiento del poder a la ley, ya no puede
aplicarse en su forma clásica debido a la función
actual de la Administración Pública de garantizar la
igualdad material. Esta función requiere actitudes
más flexibles y una discrecionalidad administrativa
que sigue los lineamientos de la ley, pero que otorga
un campo de actuación más amplio (Villacreses,
2019).
Considerando la problemática presentada, se
plantea como objetivo general el estudio de las
investigaciones relacionadas con el procedimiento
administrativo sancionador, en el contexto de la
legalidad, discrecionalidad, límites y control
judicial. La relevancia de abordar este tema radica
en su importancia para garantizar un equilibrio
adecuado entre los poderes públicos y los derechos
individuales de los ciudadanos en el ámbito de las
sanciones administrativas.
A pesar de los avances en la regulación de los
procedimientos administrativos sancionadores,
persisten desafíos que obstaculizan la correcta
aplicación de la legalidad, la discrecionalidad y el
control judicial en este ámbito. La comprensión
profunda de las investigaciones existentes busca no
solo ampliar nuestro conocimiento sobre la
situación actual, sino también identificar áreas en las
que se han logrado avances sustanciales y, al mismo
tiempo, identificar los desafíos pendientes de
superar.
El estudio del procedimiento administrativo
sancionador y su aplicación efectiva puede
contribuir a informar políticas y acciones más
efectivas, promoviendo la protección de los
derechos individuales y el cumplimiento de los
principios del Estado de derecho en todas las esferas
de la administración pública. Al analizar y
reflexionar sobre las investigaciones disponibles, se
fortalecerá el camino hacia un procedimiento
ISSN: 2665-0398
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administrativo sancionador que garantice la
legalidad, reduzca la discrecionalidad injustificada
y promueva un control judicial eficaz, en beneficio
de la sociedad en su conjunto.
Metodología
En el curso de esta investigación, se
examinaron artículos relativos al proceso
administrativo sancionador, los cuales fueron
extraídos de revistas indexadas en la base de datos
Scopus y correspondientes al mes de octubre de
2023. La estrategia de búsqueda se enfocó en los
temas relacionados con el proceso administrativo
sancionador y la legalidad presentes en la literatura
académica. Se reunió un conjunto total de 1572
artículos mediante la aplicación de los criterios de
búsqueda especificados en la Tabla 1 adjunta.
Tabla 1. Criterio de búsqueda por temática de artículos originales en base de datos Scopus
Se eligieron 33 artículos de entre los que se
examinaron, considerando su relevancia y su
correspondencia con el objetivo establecido. A
continuación, se muestra el flujo de trabajo del
diagrama Prisma empleado como la táctica para
seleccionar los artículos (Ver Figura 1).
Temática
Criterio de búsqueda
Base de datos
Número de
artículos
Sanctioning power
“TITLE. (sanctioning AND power) AND (LIMIT. - TO
(OA, “all”)) AND (LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2023) OR
LIMIT - TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT - TO
(PUBYEAR, 2021) OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2020)
OR LIMIT - TO (PUBYEAR, 2019)”
Scopus
95
Administrative legality
“TITLE. (Administrative AND legality) AND (LIMIT. -
TO (OA, “all”)) AND (LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2023)
OR LIMIT - TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT - TO
(PUBYEAR, 2021) OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2020)
OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2019)”
Scopus
537
Administrative
sanctions
“TITLE. (administrative AND sanctions) AND (LIMIT. -
TO (OA, “all”)) AND (LIMIT - TO (PUBYEAR, 2023) OR
LIMIT - TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT. - TO
(PUBYEAR, 2021) OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2020)
OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2019)”
Scopus
334
Administrative power
“TITLE. (administrative AND power) AND (LIMIT. - TO
(OA, “all”)) AND (LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2023) OR
LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT - TO
(PUBYEAR, 2021) OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2020)
OR LIMIT. - TO (PUBYEAR, 2019)”
Scopus
606
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Figura 1. Diagrama de flujo Prisma
La Figura 1 presenta una síntesis del proceso
llevado a cabo en este estudio. En un primer paso,
se accedió a la base de datos Scopus, donde se
identificaron un total de 1572 artículos. Luego, se
procedió a eliminar 672 artículos duplicados, lo que
resultó en un conjunto de 900 artículos. A
continuación, se aplicaron criterios de exclusión,
incluyendo la disponibilidad en acceso abierto, el
año de publicación y la estructura, lo que condujo a
la eliminación de 800 artículos. Finalmente, se
descartaron 64 artículos debido a su falta de
relevancia y su falta de conexión con el objetivo de
la investigación.
Aspectos Generales
El procedimiento sancionador se caracteriza
por tener una naturaleza represiva, lo que significa
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que constituye una respuesta a la comisión de una
infracción que afecta intereses colectivos o
supraindividuales, en lugar de intereses
individuales. La imposición de una sanción implica
la aplicación de una medida punitiva al infractor, sin
la intención primordial de beneficiar a terceros (al
menos no de manera directa). En otras palabras, el
procedimiento sancionador sigue una estructura
unidireccional, con el propósito de determinar si ha
ocurrido una infracción administrativa y, en su caso,
aplicar una sanción correspondiente (Gómez,
2020c).
El Derecho Administrativo Sancionador ha
evolucionado gracias a las contribuciones de varios
sectores de influencia, específicamente a través de
regulaciones sectoriales que han dado forma a
distintos procedimientos sancionadores (Lepe,
2022). En contraste con otros procedimientos
administrativos, el procedimiento administrativo
sancionador debe contar con un nivel más elevado
de garantías en beneficio de los individuos
(Scheuermann, 2021).
La potestad sancionadora, al igual que
cualquier otro poder público, es una herramienta
otorgada con el propósito de permitir que la
autoridad administre de manera efectiva la
satisfacción de los intereses generales. Establecer
sanciones de manera absoluta o extremadamente
rígida la mayoría de las veces entraría en conflicto
con principios fundamentales como el de
proporcionalidad, así como con los requisitos
necesarios para el funcionamiento administrativo,
como eficacia, eficiencia y economía procesal. En
otras palabras, una estructura rígida de este tipo
obstaculizaría el desempeño de las autoridades
públicas en la búsqueda de sus objetivos y
perjudicaría a los individuos (Gómez, 2020a).
Como podemos advertir, una sanción
administrativa se deriva de una acción u omisión de
un individuo que conduce al incumplimiento de una
obligación legal y a la falta de ejecución de la acción
requerida por la norma. Esto confiere a la sanción la
naturaleza de una medida punitiva, lo que da lugar a
la imputación de consecuencias jurídicas específicas
de carácter administrativo (Da Costa, 2021). Al
respecto, cada vez que se impone una sanción
administrativa, es necesario llevar a cabo un
procedimiento administrativo previo. Desde una
perspectiva constitucional, no es aceptable que las
sanciones administrativas se apliquen de manera
inmediata o "de plano" (Cordero & Gómez, 2023).
Por ello, es crucial destacar que el propósito
preventivo de las sanciones no justifica de ninguna
manera la reducción de las garantías sustanciales y
procesales cuando se lleva a cabo la facultad de
imponer sanciones. Además, es fundamental
comprender que los objetivos de prevención pueden
lograrse a través de medidas alternativas que no
involucran la imposición de sanciones; en otras
palabras, es posible alcanzar los mismos resultados
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sin la necesidad de recurrir a la potestad
sancionadora y sancionar a los administrados
(Alejos, 2021).
En tal sentido, los principios del debido
proceso y el derecho defensa constituyen garantías
consagradas a nivel constitucional, legal,
reglamentaria y específicamente en los
procedimientos administrativos, en particular,
aquellos relacionados con sanciones (Aguirrezabal
& Flores, 2021). Por tanto, los principios que rigen
la potestad sancionadora no solo establecen las
pautas generales que todas las entidades públicas
deben seguir al ejercer esta atribución, sino que
también incluyen directrices que orientan el proceso
de los procedimientos administrativos
sancionadores. La relevancia de estos principios
radica en que no solo proporcionan una hoja de ruta
para la creación de normativas por parte de las
entidades públicas para regular el ejercicio de la
potestad sancionadora, sino que también orientan la
aplicación de estas normas, asegurando que las
decisiones tomadas no impliquen un uso excesivo o
abusivo de esta facultad (García, 2022).
Finalmente, se puede colegir que, el
procedimiento sancionador, con su enfoque
represivo hacia infracciones que afectan intereses
colectivos, ha evolucionado gracias a influencias de
regulaciones sectoriales y se diferencia de otros
procedimientos administrativos por la necesidad de
mayores garantías para los individuos involucrados.
La potestad sancionadora busca gestionar intereses
generales y aplica sanciones después de un
procedimiento previo en lugar de manera inmediata.
Mantener un equilibrio entre prevención y
protección de garantías es esencial, ya que los
objetivos de prevención pueden alcanzarse
mediante alternativas a la sanción. Los principios
del debido proceso y el derecho de defensa
desempeñan un papel crucial al proporcionar
directrices para la creación de normativas y su
aplicación, lo que garantiza un proceso más justo y
equitativo en el ámbito de los procedimientos
sancionadores.
Legalidad
En un Estado constitucional y de derecho, es
fundamental que todas las acciones
gubernamentales se fundamenten en el principio de
legalidad. Esto implica que deben estar respaldadas
por disposiciones legales o normativas estatutarias
para que esas acciones tengan una base jurídica
legítima y sean válidas desde una perspectiva legal.
Estas normas legales o regulaciones se crean en el
contexto de proteger los intereses y derechos de
todas las partes involucradas (Rixer, 2023).
La concepción de un principio de legalidad en
el ejercicio de la potestad sancionadora se origina en
una perspectiva histórica que considera la sanción
como un medio de disuasión y concibe al Derecho
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Administrativo Sancionador como un modelo de
supervisión y sanción de carácter confrontacional.
En otras palabras, si la estrategia sancionadora
que se adopta es confrontativa y se basa
principalmente en la aplicación de sanciones,
entonces tiene sentido que el principio de legalidad
inste a la Administración a imponer una sanción tan
pronto como detecte una infracción (Rojas et al.,
2021).
En la perspectiva del siglo XIX, el principio
de legalidad implica que la ley tiene prioridad en la
formación del Derecho. En otras palabras, el
principio de legalidad, en su sentido más amplio,
implica que la Administración Pública está
completamente sujeta a la ley (Orbegoso, 2020).
Este se basa en la noción de que cada acto emitido
por la Administración Pública debe tener un
fundamento jurídico previo. En otras palabras, no se
permite que exista una actividad administrativa
válida cuando no hay una base legal que la respalde;
en otras palabras, no hay margen para la actividad
administrativa en un vacío legal (Eite de Resende &
Molinaro, 2019).
El principio de legalidad requiere que todas
las sanciones se ejecuten de acuerdo con las
condiciones especificadas en el acto administrativo
que las establece. Sin embargo, en nuestro sistema
legal se han implementado diversas vías que
permiten a la entidad administrativa examinar un
acto administrativo de sanción sin necesidad de
aplicar la penalización. En primer lugar, la entidad
puede emplear procedimientos generales de revisión
para invalidar actos sancionatorios que
contravengan la legislación vigente. Además, la
autoridad tiene la facultad de revocar la sanción,
siempre y cuando tome precauciones para evitar
abusos o violaciones de la igualdad ante la ley.
Asimismo, la autoridad puede declarar la extinción
del acto sancionatorio (Gómez, 2020d).
Es por ello que, la capacidad de la
Administración para aplicar sanciones no penales se
encuentra restringida por el principio de legalidad.
Según este principio, solo la ley tiene la autoridad
para definir lo que puede ser objeto de sanción. Esto
garantiza que las sanciones sean anticipadas por los
individuos y que las determinaciones de la entidad
administrativa no sean arbitrarias ni vulneren el
principio de división de poderes (Couso, 2018). Las
sanciones administrativas se basan en la autoridad
de la legalidad, es decir, en la Constitución, leyes y
reglamentos.
Para que estas sanciones sean válidas y
efectivas, deben estar en conformidad con estas
disposiciones legales. Si un acto administrativo que
incluye una sanción viola estas disposiciones, surge
la cuestión de la invalidez del acto y sus efectos. En
términos más amplios, cualquier acto administrativo
que sea ilegal, en el sentido de que infringe el
conjunto de leyes y regulaciones, resultará inválido
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y podría ser declarado nulo (Cordero & Gómez,
2023).
Los principios fundamentales del derecho
administrativo, incluyen el principio de legalidad,
que requiere que las autoridades administrativas
respeten el Derecho comunitario dentro de los
límites de sus atribuciones; el principio del debido
procedimiento, que garantiza que las autoridades
deben llevar a cabo el proceso de manera justa; el
principio de impulso de oficio, que obliga a las
autoridades a dirigir y promover el proceso de oficio
y tomar medidas necesarias para esclarecer y
resolver las cuestiones en cuestión; el principio de
imparcialidad, que exige que las autoridades
administrativas actúen sin discriminación y
resuelvan de acuerdo con el ordenamiento jurídico
comunitario; y el principio de verdad material, que
requiere que las autoridades verifiquen
completamente los hechos que fundamentan sus
decisiones y tomen todas las medidas necesarias
para hacerlo (Diez Canseco & Sasaki, 2021).
Principios que se encuentran comprendidos en el
principio de legalidad, es así que, en esta
perspectiva, la proporcionalidad se incluiría en el
marco de la legalidad administrativa, que abarca no
solo las fuentes escritas formales, sino también las
no escritas (Harris, 2020).
En síntesis, el principio de legalidad es un
pilar fundamental en el derecho administrativo y en
la aplicación de sanciones no penales. Este principio
garantiza que todas las acciones gubernamentales
estén respaldadas por leyes y regulaciones,
proporcionando una base jurídica sólida y
asegurando que las sanciones sean previsibles y
justas para los individuos. Además, establece
mecanismos de revisión y control para garantizar
que las sanciones sean aplicadas de manera
adecuada y en conformidad con la legalidad. Estos
principios, junto con otros fundamentales del
derecho administrativo, contribuyen a un sistema de
administración de justicia más equitativo y
transparente.
Relación con el Derecho Penal
El fenómeno administrativo sancionador es
visto como una manifestación de una función estatal
unificada conocida como "ius puniendi" o como la
facultad del poder público de sancionar ciertos
comportamientos contrarios a la ley por parte de
individuos. Dentro de esta función estatal única de
imponer sanciones, entran tanto el Derecho Penal
como el Derecho Administrativo Sancionador
(Bordalí, 2023). En ese sentido, la potestad
sancionadora se deriva de la función de policía u
ordenación, y, al igual que la potestad penal ejercida
por los jueces y tribunales, se considera una
manifestación del amplio ius puniendi del Estado
(Rojas et al., 2021).
Tradicionalmente, se ha argumentado que las
mayores garantías otorgadas a los particulares en
procedimientos sancionadores se basan en la idea
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del "ius puniendi" único. Esta noción sostiene que
las penas y las sanciones administrativas comparten
una naturaleza similar y, por lo tanto, deben estar
sujetas a un conjunto de garantías similares. En el
contexto de esta perspectiva, existen dos enfoques
principales: uno aboga por la aplicación completa de
las garantías penales en el Derecho Administrativo
Sancionador, mientras que el enfoque mayoritario
defiende una aplicación más matizada de estas
garantías (Scheuermann, 2021).
Una tesis inicial sostiene que existe una
similitud sustancial entre el poder sancionador de la
administración y el poder sancionador de los
tribunales, ya que ambos emanan de un único ius
puniendi estatal. Desde esta perspectiva, se
argumenta que los dos poderes deben estar sujetos a
los mismos principios y garantías. Sin embargo, a
pesar de esta tesis, parece que las posturas que
abogan por distinguir entre sanciones penales y
administrativas han ganado terreno, al punto de que
la promulgación de esta Ley ofreció una
oportunidad para reformar el procedimiento
sancionatorio, al menos en lo que respecta al
mercado financiero (Villablanca, 2020).
Las sanciones administrativas, en primer
lugar, están vinculadas a las funciones que cumple
la administración. La supuesta relación con el
derecho penal se basa en preferencias por
explicaciones abstractas relacionadas con el poder
estatal en general, descuidando por completo los
aspectos funcionales. Es importante destacar que las
sanciones administrativas no constituyen penas,
sino acciones tomadas por la autoridad para
gestionar un área particular de interés público bajo
la supervisión de la administración (Valdivia &
Izquierdo, 2023).
Por otro lado, el principio de legalidad es
aplicable tanto en el ámbito penal como en el
administrativo, empero, es importante destacar que
no se le brinda el mismo tratamiento en ambos
casos. En el ámbito penal, debido a la gravedad de
las sanciones y su profunda influencia en los
derechos de las personas, se requieren mayores
garantías en la definición de los delitos, la
imposición de las penas y el proceso judicial en sí.
Por otro lado, en el ámbito administrativo, se
permite un grado mayor de discrecionalidad, que se
justifica por los objetivos y métodos propios de esta
área, aunque esta discrecionalidad está sujeta a una
serie de restricciones y controles establecidos en el
marco constitucional, lo que lo distingue del antiguo
régimen basado en el poder de policía (Gómez,
2020a).
Además, en el ámbito penal, el principio de
legalidad se rige de manera más estricta en
comparación con el ámbito administrativo. Esto se
debe a que las medidas punitivas en el ámbito penal
son más severas y tienen un impacto significativo en
los derechos individuales, lo que requiere un mayor
nivel de garantías en la definición de los delitos, la
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determinación de las penas y la conducta de los
procesos judiciales. En contraste, en el ámbito
administrativo, se concede un mayor grado de
discrecionalidad, justificado por los objetivos y
métodos propios de este campo. Sin embargo, esta
discrecionalidad está sujeta a restricciones y
controles establecidos en el orden constitucional, lo
que lo diferencia del antiguo régimen de poder de
policía (Gómez, 2019).
Es importante señalar que, los principios
como la tipicidad, la culpabilidad, la no duplicación
de sanciones (non bis in ídem), el debido proceso y
otros, que derivan del derecho penal se han aplicado
de manera general, aunque con ciertas adaptaciones,
en el derecho administrativo sancionador. Esta
situación, según la perspectiva de Huergo, ha creado
una mayor cantidad de dudas que de certezas en lo
que respecta a la eficacia de esta teoría para
salvaguardar los derechos de las personas en sus
relaciones con el Gobierno, lo que presenta desafíos
para alcanzar un nivel de anticipación en las
resoluciones judiciales (Sánchez, 2022).
Como se puede inferir, la conexión entre el
Derecho Penal y el Derecho Administrativo
Sancionador es compleja y se basa en la noción de
"ius puniendi" del Estado. Si bien existe un debate
sobre si las garantías penales deben aplicarse de
manera completa o matizada en el ámbito
administrativo, es fundamental reconocer que las
sanciones administrativas no son penas, sino
medidas regulatorias adoptadas en el interés
público. El principio de legalidad se aplica en ambos
ámbitos, pero con diferencias en su rigurosidad
debido a la gravedad de las sanciones y los objetivos
propios de cada campo. Aunque se han adaptado los
fundamentos del Derecho Penal en el ámbito del
Derecho Administrativo Sancionador, su
efectividad para proteger los derechos de los
particulares sigue siendo objeto de debate y
desafíos, lo que destaca la importancia de seguir
explorando y refinando esta relación para garantizar
la justicia y la predictibilidad en las decisiones
judiciales
Discrecionalidad Administrativa
La Administración Pública y otros sujetos con
poderes administrativos tienen ciertas prerrogativas
y privilegios que les permiten cumplir su principal
objetivo de proteger el interés público y satisfacer
las necesidades de la población. Sin embargo, no es
suficiente con reconocer estas prerrogativas si no se
les da la capacidad de hacerlas cumplir. Esto implica
la necesidad de empoderar a la Administración
Pública para hacer cumplir sus decisiones, incluso a
través de medidas represivas, si es necesario, contra
aquellos comportamientos que se opongan a sus
determinaciones (Rojas et al., 2021). En tal sentido,
las autoridades administrativas poseen ciertas
facultades que son intrínsecas a la Administración
Pública y esenciales para el desempeño eficaz de sus
funciones. Estas facultades incluyen el poder
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jerárquico y el poder disciplinario (Eite de Resende
& Molinaro, 2019).
Las potestades administrativas se pueden
describir como los derechos exclusivos otorgados a
la Administración Pública para cumplir sus
objetivos. Estas potestades le permiten a la
Administración llevar a cabo sus responsabilidades
desde una posición de autoridad legal. Esto se
traduce en la obligación, que puede ser general o
específica, de los ciudadanos de obedecer los actos
emitidos por la Administración en el ejercicio de
estas potestades. En su esencia, la potestad
administrativa representa una manifestación en un
campo particular de las relaciones jurídicas del
poder general que posee la Administración. Este
concepto es fundamental para definir el estatus de la
Administración como sujeto del Derecho
administrativo (Huamán, 2022).
Al respecto, la discrecionalidad se refiere a un
amplio rango de situaciones en las que se otorga
cierto margen de decisión a los órganos de la
Administración en el marco del proceso
administrativo sancionador. Esto no se limita
únicamente a los casos en que el legislador establece
la discrecionalidad de manera directa o a través de
fórmulas que permiten su ejercicio. También abarca
situaciones en las que el cuerpo legislativo emplea
términos legales ambiguos, requiriendo que la
autoridad precise, en un rango de discreción, el área
de indefinición o falta de precisión de estas
nociones. En la actualidad, la existencia de
discrecionalidad en el ejercicio de las potestades
sancionadoras se ha centrado en cuestiones
relacionadas con el momento y la determinación de
la sanción específica a imponer en cada caso,
aunque sin un consenso absoluto al respecto. La
discrecionalidad en el ejercicio de los poderes
punitivos permite a la Administración dirigir su
acción represiva para lograr los objetivos públicos,
considerando las circunstancias particulares de cada
caso y adecuándola a ciertas opciones de política
pública, como el uso eficiente de los recursos
públicos, la eficacia en la gestión, la disuasión, entre
otros (Gómez, 2020a).
Es por ello que, la tradicional aplicación del
principio de legalidad, de acuerdo con el Estado de
Derecho, que demandaba una adhesión rigurosa del
poder a la legislación, ya no puede ser sostenido con
idénticos requerimientos. La actual función
desempeñada por la Administración Pública, que
implica, en última instancia, garantizar la igualdad
sustantiva, requiere actuaciones más flexibles. Estas
actuaciones, si bien siguen las directrices legales,
disponen de un margen de discrecionalidad que no
escapa a las directrices legales, pero que permite una
mayor flexibilidad en su ejecución (Orbegoso,
2020).
En el contexto de la discrecionalidad
administrativa, es esencial destacar que, si bien se
reconoce la necesidad de otorgar cierto margen de
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decisión a la Administración para adaptarse a las
circunstancias específicas de cada caso, esto debe ir
de la mano con un control efectivo y transparente.
La discrecionalidad no debe convertirse en
arbitrariedad. La exigencia de que la
Administración actúe de manera razonable y
proporcional es fundamental para mantener un
equilibrio entre la flexibilidad necesaria y la
protección de los derechos de los ciudadanos. En
este sentido, la revisión judicial de las decisiones
administrativas se convierte en un elemento clave
para garantizar que la discrecionalidad se ejerza de
manera justa y en consonancia con los fundamentos
de la democracia y del Estado de Derecho. La
adecuada delimitación de los márgenes de actuación
discrecional y el control judicial contribuyen a
fortalecer la confianza de los ciudadanos en la
Administración y a salvaguardar sus derechos en un
contexto en constante evolución.
Límites a la Potestad Sancionadora
El derecho administrativo juega un papel
esencial en la delimitación de los límites legales,
bases y procesos que regulan las acciones de las
entidades y funcionarios del aparato estatal.
Asimismo, establece los mecanismos para
salvaguardar los derechos de los individuos que
podrían verse afectados por las decisiones
administrativas, ya sean decisiones concretas o la
falta de acción por parte de la administración
(Rastorhuiev et al., 2021). Dentro del ámbito
administrativo, la centralidad otorgada al debido
proceso legal, tanto en sus aspectos procedimentales
como sustantivos, implica que la imposición de
sanciones administrativas debe llevarse a cabo a
través de un proceso formal, evitando cualquier tipo
de arbitrariedad, improvisación o desviación. Este
proceso debe ser diseñado de manera que garantice
la previsibilidad y la racionalidad de las decisiones
tomadas (Da Costa, 2021).
En los procedimientos administrativos
sancionadores, es esencial llevar a cabo una fase de
pruebas, ya que es común que surjan disputas
relacionadas con los hechos o acciones descritos en
los cargos presentados por la Administración.
Además, se pueden generar desacuerdos en torno a
la magnitud de la sanción y la veracidad de los
hechos debatidos en la defensa del acusado, junto
con la invocación de circunstancias que puedan
eximir o reducir la sanción administrativa (Alejos,
2021).
Al respecto, es importante destacar que el
Tribunal Constitucional de Chile ha ajustado su
posición con respecto a las sanciones
administrativas. Aunque ha afirmado que la facultad
para imponer, reducir o condonar sanciones no
constituye una función jurisdiccional, ha subrayado
que debe estar sujeta a los estándares de un debido
proceso. Esto significa que el debido proceso es
aplicable en asuntos administrativos como un medio
para limitar la arbitrariedad estatal y garantizar el
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bien común. En consecuencia, la Administración
debe cumplir con un debido proceso sustantivo al
ejercer sus facultades, lo que implica garantizar
ciertas protecciones mínimas para la emisión de
actos administrativos justos (Scheuermann, 2021).
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español destaca que su
Constitución ha reconocido la facultad de
imposición de sanciones por parte de la entidad
administrativa y ha establecido ciertos límites para
su ejercicio. Estos límites incluyen: a) la obligación
de que la potestad sancionadora esté respaldada por
una norma de rango legal, debido a la naturaleza
excepcional de las competencias para imponer
sanciones en manos de la entidad administrativa; b)
la prohibición de imponer penas privativas de
libertad; c) el respeto de los derechos de defensa,
que se aplican a los procedimientos que la
Administración sigue al imponer sanciones; y d) la
sujeción a la autoridad judicial (Gómez, 2020b).
Asimismo, a través de la legislación,
jurisprudencia y orientaciones de expertos en
derecho administrativo, se han establecido
principios y pautas destinadas a garantizar una
aplicación apropiada del principio de tipicidad
durante la ejecución de la facultad para imponer
sanciones por parte de las entidades
gubernamentales. Esto se refleja tanto en las
normativas como en la realización de
procedimientos administrativos sancionadores. Uno
de estos lineamientos sostiene que las infracciones
deben estar claramente definidas, y su tipificación
debe basarse en obligaciones o prohibiciones
previamente establecidas en leyes o reglamentos,
evitando de esta manera la tipificación de conductas
como infracciones administrativas si no han sido
explícitamente designadas como tales en la
normativa vigente (García, 2022).
Por último, es fundamental recordar que el
procedimiento sancionador busca lograr el
propósito de sancionar por parte de la
Administración, pero debe hacerlo respetando
rigurosamente los derechos y garantías del
individuo bajo investigación. Esto incluye el
derecho a un proceso justo y razonable, el derecho a
ser escuchado, la posibilidad de presentar sus
defensas y pruebas, y el derecho a impugnar las
acciones de la Administración. Sin una regulación
adecuada, estos derechos podrían verse amenazados
por la participación ocasional de terceros
interesados (Gómez, 2020c).
En síntesis, los límites a la potestad
sancionadora en el ámbito administrativo son
esenciales para garantizar que las decisiones de la
Administración se tomen de manera justa,
respetando los derechos de los individuos y evitando
la arbitrariedad. El debido proceso, la tipicidad de
las infracciones, el respaldo legal de las sanciones y
la supervisión judicial son elementos clave para
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asegurar que las sanciones administrativas cumplan
con los estándares de legalidad y justicia.
Estos límites no solo protegen los derechos de
los ciudadanos, sino que también contribuyen a
fortalecer la confianza en el sistema administrativo
y a promover el bien común. La evolución de la
jurisprudencia y las orientaciones legales continúan
refinando estos límites, buscando un equilibrio
adecuado entre la autoridad de la Administración y
la protección de los derechos individuales en un
entorno administrativo en constante evolución.
Control Judicial de las Actuaciones
Administrativas
El mecanismo de supervisión judicial de las
determinaciones administrativas, en su forma
general, es plenamente aplicable en el entorno de las
penalizaciones administrativas. Esto implica la
revisión de los aspectos subjetivos, objetivos y
formales del acto, permitiendo identificar posibles
irregularidades desde una perspectiva de
conformidad con la legalidad o la constitución. No
obstante, este enfoque requiere la incorporación de
los métodos convencionales de supervisión judicial
de la discrecionalidad administrativa. A diferencia
de lo expresado en la jurisprudencia y literatura
especializada, la ejecución de las competencias
administrativas sancionadoras también debe estar
sujeto a una evaluación crítica por parte de los
tribunales (Cordero & Gómez, 2023).
Así por ejemplo en Colombia, la jurisdicción
de lo contencioso administrativo tiene la
responsabilidad de ejercer la función judicial en la
resolución de disputas en las que al menos una de
las partes involucradas es una entidad
gubernamental o que desempeña funciones
administrativas (Martínez & Agudelo, 2023). Al
respecto, si consideramos que el contencioso
administrativo es un componente del principio de
legalidad, podemos afirmar que la efectividad de los
recursos contenciosos juega un papel fundamental
en la función del ámbito legal gubernamental en el
Estado de Derecho. Sin embargo, históricamente, la
efectividad de estos recursos judiciales se ha visto
restringida por varias normas que limitan las
posibilidades de impugnar los actos y acciones
llevadas a cabo por la Administración (Harris,
2022).
El control ejercido por los tribunales sobre las
sanciones administrativas es esencial en todos los
contextos, pero en algunos sectores, presenta
particularidades distintivas que hacen que dicho
control sea especialmente relevante. En lo que
respecta a los tribunales, es importante destacar que
su propósito fundamental no radica en supervisar de
manera amplia al poder ejecutivo. Su función se
orienta hacia la asistencia de individuos y otras
entidades que poseen derechos legales,
garantizando que puedan hacer valer esos derechos
de manera eficaz. En el cumplimiento de este deber,
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los tribunales deben examinar la legalidad de las
actuaciones administrativas (Mehde, 2021). No
obstante, al examinar un recurso judicial contra un
acto administrativo, nuestros tribunales se enfrentan
a restricciones significativas debido a la prohibición
de la desviación procesal y el principio de
congruencia. Estos elementos impiden que se
presenten nuevas demandas o reclamaciones que no
hayan sido previamente consideradas en el proceso
administrativo (Flores & Aguirrezabal, 2022).
Finalmente, es importante destacar lo
señalado por la Corte Suprema de Chile que ha
establecido que la revisión de la legalidad de las
determinaciones administrativas por parte del
magistrado, es esencial para el Estado de derecho y
comprende la revisión de diversos aspectos del acto,
como su forma, competencia, propósito, contenido
y justificación.
Sin embargo, el control más característico y
distintivo es aquel relacionado con los motivos del
acto, que implica evaluar si existen fundamentos
sólidos para el acto, verificar la interpretación legal
de esos fundamentos si es relevante y, en raras
ocasiones, cuestionar la apreciación de los hechos,
ya que esto último generalmente se reserva a la
discrecionalidad administrativa (Huepe, 2021).
En definitiva, el control judicial de las
actuaciones administrativas, especialmente en el
contexto de las sanciones administrativas, juega un
papel crucial en la preservación del Estado de
Derecho y en la protección de los derechos de los
ciudadanos. Los tribunales tienen la responsabilidad
de examinar minuciosamente la legalidad y
constitucionalidad de los actos administrativos,
asegurando que se ajusten a las normas y principios
establecidos.
Este control no solo se trata de supervisar la
legalidad formal de las actuaciones, sino también de
evaluar la justificación y fundamentos de dichos
actos, garantizando que la discrecionalidad
administrativa no se convierta en arbitrariedad. En
un sistema democrático y basado en el Estado de
Derecho, el control judicial es esencial para
equilibrar el poder del Estado y garantizar que las
decisiones administrativas sean justas, razonables y
respetuosas de los derechos individuales.
Conclusiones
En el presente artículo de revisión, se han
abordado diversos aspectos cruciales relacionados
con el Derecho Administrativo Sancionador, con el
objetivo de arrojar luz sobre su legalidad y su
importancia en el contexto del Estado de Derecho.
A continuación, se presentan cinco conclusiones
clave:
1. La potestad sancionadora en el Derecho
Administrativo tiene una naturaleza represiva y
busca proteger intereses colectivos. El
procedimiento sancionador se caracteriza por
seguir una estructura unidireccional y la
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imposición de una sanción implica la aplicación
de una medida punitiva al infractor.
2. El principio de legalidad es un pilar fundamental
en el Derecho Administrativo y en la aplicación
de sanciones no penales. Este principio
garantiza que todas las acciones
gubernamentales estén respaldadas por leyes y
regulaciones, proporcionando una base jurídica
sólida y asegurando que las sanciones sean
previsibles y justas para los individuos.
3. La relación entre el Derecho Penal y el Derecho
Administrativo Sancionador es compleja y se
basa en la noción de "ius puniendi" del Estado.
Si bien existe un debate sobre si las garantías
penales deben aplicarse de manera completa o
matizada en el ámbito administrativo, es
fundamental reconocer que las sanciones
administrativas no son penas, sino medidas
regulatorias adoptadas en el interés público.
4. La discrecionalidad administrativa es esencial
para adaptarse a las circunstancias específicas de
cada caso, pero debe ir de la mano con un control
efectivo y transparente. La discrecionalidad no
debe convertirse en arbitrariedad. La revisión
judicial de las decisiones administrativas se
convierte en un elemento clave para garantizar
que la discrecionalidad se ejerza de manera justa
y en consonancia con los principios
democráticos y de Estado de Derecho.
5. Los límites a la potestad sancionadora en el
ámbito administrativo son esenciales para
garantizar que las decisiones de la
Administración se tomen de manera justa,
respetando los derechos de los individuos y
evitando la arbitrariedad. El debido proceso, la
tipicidad de las infracciones, el respaldo legal de
las sanciones y la supervisión judicial son
elementos clave para asegurar que las sanciones
administrativas cumplan con los estándares de
legalidad y justicia
6. El control judicial de las actuaciones
administrativas es un mecanismo importante
para garantizar que la administración pública
actúe de acuerdo con la ley y los principios de
justicia y equidad. A través del control judicial,
los tribunales administrativos tienen la tarea de
revisar las decisiones y acciones de la
administración pública para determinar si han
sido tomadas de acuerdo con la ley y los
principios de justicia y equidad. Además, el
control judicial también ayuda a resolver
conflictos entre particulares y la administración
pública.
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Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional
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