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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 02/02/2026
Aceptado: 03/03/2026
Publicado: 01/04/2026
Código Único AV: e678
Páginas: 1(617-636)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19373248
Autores:
Rossana Patricia León Izquierdo
Obstetra
Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud
Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0000-0003-0070-2400
E-mail: pleoni@unc.edu.pe
Afiliación: Universidad Nacional de Cajamarca
País: República del Perú
Martha Elizabeth Sánchez Vásquez
Obstetra
Maestro en Salud Pública
https://orcid.org/0000-0003-2756-7819
E-mail: msanchezv_epg16@unc.edu.pe
Afiliación: Universidad Nacional de Cajamarca
País: República del Perú
Resumen
La violencia contra la mujer constituye un problema persistente de salud pública
y de derechos humanos que se manifiesta de manera diferenciada según los
contextos sociales. El objetivo del presente estudio fue analizar la frecuencia de
la violencia contra la mujer y su relación con factores sociales en usuarias de
los Centros de Emergencia Mujer de la región Cajamarca, Perú, durante el año
2023. Se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, con diseño
documental y nivel correlacional, basada en el análisis de datos secundarios
provenientes de los registros administrativos del Programa Nacional Aurora del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La población estuvo
conformada por la totalidad de registros de mujeres atendidas en los Centros de
Emergencia Mujer de la región. Los resultados evidencian que la violencia
afecta principalmente a mujeres adultas, con predominio de procedencia urbana,
siendo la violencia psicológica y física las formas más frecuentes y
generalmente de carácter recurrente. El análisis inferencial identificó una
relación estadísticamente significativa entre la edad y la procedencia de las
víctimas con la frecuencia de la violencia, mientras que el estado civil y el nivel
educativo no presentaron asociación significativa. Se concluye que los factores
sociales se relacionan con la frecuencia y persistencia de la violencia contra la
mujer, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de prevención e
intervención con enfoque territorial y de género en la región Cajamarca.
Palabras Clave
Violencia contra la mujer, frecuencia de la violencia,
factores sociales, Centros de Emergencia Mujer,
Cajamarca, Perú.
Abstract
Violence against women is a persistent public health and human rights issue that
manifests differently according to social contexts. This study aimed to analyze
the frequency of violence against women and its relationship with social factors
among users of the Women’s Emergency Centers in the Cajamarca region, Peru,
during 2023. A quantitative study with a documentary and correlational design
was conducted, based on secondary data obtained from administrative records
of the National Aurora Program of the Ministry of Women and Vulnerable
Populations. The population included all records of women assisted in Women’s
Emergency Centers in the region. The findings show that violence mainly
affects adult women, predominantly from urban areas, with psychological and
physical violence being the most frequent forms and commonly occurring on a
recurrent basis. Inferential analysis revealed a statistically significant
association between age and place of origin with the frequency of violence,
while marital status and educational level showed no significant association.
The study concludes that social factors are related to the frequency and
persistence of violence against women, highlighting the need to strengthen
prevention and intervention strategies using a territorial and gender-sensitive
approach in the Cajamarca region.
Keywords
Violence against women, frequency of violence, social factors,
Women’s Emergency Centers, Cajamarca, Peru.
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Introducción
La violencia contra la mujer continúa siendo
un problema prioritario de salud pública y de
derechos humanos en la región, cuyas
consecuencias afectan de manera profunda y
prolongada la salud y el bienestar de las mujeres, así
como el desarrollo de sus familias y comunidades.
Los efectos de esta violencia abarcan desde lesiones
físicas hasta alteraciones en la salud mental, como
depresión y ansiedad, además de un mayor riesgo de
infecciones de transmisión sexual, embarazos no
deseados, enfermedades crónicas e incluso la
muerte violenta. A pesar de los esfuerzos
implementados, las estimaciones regionales
muestran que la prevalencia de la violencia ejercida
por la pareja se ha mantenido prácticamente sin
variaciones durante las últimas décadas,
evidenciando avances limitados en su reducción
(OPS, 2023).
Si bien se han logrado progresos mediante una
mayor sensibilización social, el fortalecimiento de
políticas públicas y la generación de evidencia
empírica, estos avances se ven contrarrestados por
contextos de crisis persistentes, como la desigualdad
social, los conflictos, los desplazamientos, las
emergencias sanitarias y el retroceso en materia de
igualdad de género. En este escenario, la prevención
de la violencia contra la mujer requiere acciones
intersectoriales sostenidas, fundamentadas en
intervenciones basadas en evidencia y acordes con
la magnitud del problema (OPS, 2023).
Desde una perspectiva global, la violencia
basada en género ha sido reconocida como un
problema de salud pública y de derechos humanos
que trasciende fronteras culturales, económicas y
geográficas. Informes de la Organización Mundial
de la Salud señalan que, entre los años 2000 y 2018,
aproximadamente una de cada tres mujeres
experimentó violencia física y/o sexual por parte de
su pareja íntima o violencia sexual ejercida por
terceros. Asimismo, se ha documentado que más de
una cuarta parte de las mujeres entre 15 y 49 años
que han tenido pareja han sufrido algún tipo de
violencia física o sexual al menos una vez en su
vida, con variaciones significativas entre regiones
(OMS, 2021). Estos antecedentes permiten
comprender que la frecuencia de la violencia no es
homogénea y responde a dinámicas sociales
específicas, lo que justifica su análisis en contextos
regionales como Cajamarca.
La expresión más extrema de la violencia de
género es el feminicidio, fenómeno que refleja de
manera cruda las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres. A nivel mundial, se estima
que cerca del 38 % de los asesinatos de mujeres son
perpetrados por sus parejas o exparejas, lo que
confirma que el espacio íntimo y familiar puede
convertirse en un escenario de alto riesgo para las
mujeres (OMS, 2021).
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Diversos estudios internacionales han
intentado dimensionar la magnitud y las
características de la violencia contra la mujer,
reconociendo las dificultades metodológicas que
implica su medición. Lombard & McMillan (2013)
advierten que la prevalencia de la violencia sexual
suele subestimarse debido a la baja denuncia de
estos hechos, los cuales ocurren principalmente en
el ámbito privado. Investigaciones citadas por la
autora muestran estimaciones que oscilan entre el 9
% y cifras superiores al 40 % de mujeres que han
experimentado violación o intento de violación a lo
largo de su vida, lo que evidencia la magnitud oculta
del problema.
En América Latina, la violencia contra la
mujer adopta patrones específicos según el contexto
social y cultural. En Colombia, Noreña & Rodríguez
(2022) identificaron un incremento sostenido de los
casos de violencia sexual, particularmente durante
el año 2020, afectando principalmente a niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes. De manera similar,
Alkan et al., (2022), en Turquía, evidenciaron que
las mujeres que experimentan violencia física,
económica o sexual presentan una mayor
probabilidad de sufrir violencia psicológica y
verbal, lo que revela la coexistencia de múltiples
formas de violencia.
En Ecuador, Márquez & Mora (2022)
encontraron que factores como la edad, el nivel
educativo y el lugar de residencia influyen en la
prevalencia y el tipo de violencia de género,
observándose mayor violencia psicológica y física
en zonas rurales, mientras que la violencia sexual y
patrimonial es más frecuente en áreas urbanas. En
México, Gonzáles et al., (2023) evidenciaron una
alta prevalencia de violencia psicológica en mujeres
que acuden a servicios de atención psicológica,
destacando su impacto negativo en la autoestima y
las relaciones interpersonales.
En el Perú, la violencia contra la mujer
continúa siendo una problemática de alta magnitud.
Reportes nacionales indican que la violencia
doméstica afecta principalmente a mujeres adultas y
jóvenes, con predominio de la violencia psicológica
y física, y con una asociación relevante con
variables sociales como el estado civil, el nivel
educativo y la dependencia económica (Arias et al.,
2019; Berrocal, 2021). Asimismo, el país presenta
niveles de violencia contra la mujer superiores al
promedio mundial y regional, con marcadas
desigualdades territoriales. Antes de la pandemia
por COVID-19, más de un tercio de las mujeres
peruanas había sufrido violencia física o sexual por
parte de su pareja (Revoredo, 2023).
En Cajamarca, estas dinámicas se intensifican
debido a factores estructurales como altos niveles de
pobreza, elevada ruralidad y procesos históricos de
migración, configurando un escenario de mayor
vulnerabilidad. De acuerdo con estimaciones
previas a la pandemia, alrededor del 64% de mujeres
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cajamarquinas había experimentado algún tipo de
violencia por parte de su pareja, observándose
además diferencias relevantes entre los ámbitos
urbano y rural, donde la violencia tiende a
permanecer subregistrada por barreras
socioculturales e institucionales (Revoredo, 2023).
Durante el año 2020, el cierre temporal de los
Centros de Emergencia Mujer generó una reducción
aparente de las denuncias, particularmente en zonas
urbanas; sin embargo, tras el restablecimiento de la
atención, los casos se incrementaron de manera
significativa durante el año 2021, lo que sugiere una
subnotificación previa y la persistencia del
problema, especialmente en contextos rurales
(Gobierno Regional de Cajamarca, 2018).
En este contexto, resulta fundamental analizar
los factores sociales asociados a la frecuencia de la
violencia contra la mujer, tales como la edad, la
procedencia, el estado civil, la situación económica
y el nivel educativo, variables que influyen tanto en
la ocurrencia de la violencia como en la posibilidad
de denunciarla y acceder a los servicios de atención
y protección (Quispe, 2018; Díaz, 2023).
En este marco, la presente investigación tiene
como objetivo analizar la relación entre las
dinámicas sociales y la frecuencia de la violencia
contra la mujer atendida en los Centros de
Emergencia Mujer de la región Cajamarca, a partir
del análisis de registros administrativos del
Programa Nacional Aurora, con la finalidad de
aportar evidencia empírica que contribuya a la
evaluación y fortalecimiento de las estrategias de
prevención e intervención implementadas a nivel
regional.
El marco teórico del presente estudio se
sustenta en enfoques conceptuales, empíricos y
teóricos que permiten comprender la violencia
contra la mujer como un fenómeno complejo,
multidimensional y socialmente determinado. A
continuación, se desarrollan los principales
conceptos, tipos de violencia, factores sociales
asociados, enfoques explicativos y consecuencias,
que fundamentan el análisis de la relación entre las
dinámicas sociales y la frecuencia de la violencia
contra la mujer.
Desarrollo
Tipos de violencia contra la mujer
Esta violencia puede manifestarse de diversas
formas, las cuales suelen coexistir y superponerse en
una misma relación, fenómeno conocido como
polivictimización. Las Naciones Unidas y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
clasifican la violencia contra la mujer en violencia
física, psicológica, sexual y económica o
patrimonial (OPS, 2013).
La violencia física comprende todo acto que
implique el uso intencional de la fuerza corporal con
el propósito de causar daño, tales como empujones,
golpes, bofetadas, patadas, quemaduras,
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estrangulamiento o el uso de objetos o armas. Si
bien este tipo de violencia suele ser el más visible,
no siempre es el más frecuente, dado que muchas
agresiones físicas ocurren en el ámbito privado y no
son denunciadas, lo que contribuye a su subregistro
(Díaz, 2023).
La violencia psicológica se refiere a cualquier
conducta que genere daño emocional, afecte la
autoestima o produzca miedo, humillación o control
sobre la víctima. Incluye manifestaciones como
insultos, gritos, amenazas, desvalorización,
aislamiento social, vigilancia constante y
manipulación emocional. Diversos estudios
coinciden en que la violencia psicológica constituye
la forma más prevalente y persistente de violencia
contra la mujer y que, con frecuencia, precede o
acompaña a otros tipos de agresión, intensificando
sus efectos (Alkan et al., 2022; Gonzáles et al.,
2023).
La violencia sexual implica cualquier acto
sexual realizado sin el consentimiento de la mujer,
incluyendo la violación, el acoso, el hostigamiento
sexual y la imposición de prácticas sexuales no
deseadas. Este tipo de violencia vulnera
directamente la libertad y autonomía sexual de las
mujeres y genera graves consecuencias para su
salud sexual y reproductiva, así como para su
bienestar psicológico y social (OMS, 2021).
Por su parte, la violencia económica o
patrimonial se manifiesta a través del control,
limitación o privación de los recursos económicos
de la mujer, así como mediante la destrucción,
apropiación o retención de bienes personales. Este
tipo de violencia refuerza la dependencia económica
de la víctima y dificulta significativamente la
posibilidad de romper o abandonar una relación
violenta (Pérez & Rodríguez, 2024).
Es importante destacar que estos tipos de
violencia rara vez ocurren de manera aislada. La
coexistencia de múltiples formas de violencia
incrementa la gravedad del daño, prolonga la
permanencia de las mujeres en relaciones abusivas
y profundiza las consecuencias físicas, psicológicas
y sociales de la violencia (OPS, 2013).
La identificación de los distintos tipos de
violencia resulta relevante para el presente estudio,
en tanto la coexistencia de múltiples formas de
agresión puede influir en la recurrencia y
persistencia de la violencia contra la mujer.
Factores sociales asociadas a la violencia contra
la mujer
Esta forma de violencia se encuentra
influenciada por diversas dinámicas sociales que
pueden incrementar o reducir el riesgo de
exposición a situaciones de agresión. Entre los
principales factores sociales asociados se
encuentran la edad, la procedencia geográfica, el
nivel educativo, el estado civil y la situación
económica, los cuales interactúan de manera
compleja en la configuración de la violencia de
género.
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1. Edad y ciclo de vida
La edad constituye un factor relevante en el
análisis de la violencia contra la mujer, ya que los
niveles de vulnerabilidad varían según el ciclo de
vida. Estudios nacionales e internacionales señalan
que las mujeres jóvenes y adultas presentan una
mayor prevalencia de violencia ejercida por la
pareja, mientras que, en contextos rurales, se
observa una mayor afectación en niñas y
adolescentes, especialmente en casos de violencia
sexual (Noreña & Rodríguez, 2020; Quispe, 2018).
Durante la etapa adulta, la violencia suele
vincularse a relaciones de pareja caracterizadas por
dependencia emocional y económica, mientras que
en edades tempranas se asocia con situaciones de
abuso intrafamiliar y relaciones de poder
asimétricas. En este sentido, la Organización
Mundial de la Salud advierte que la exposición
temprana a la violencia incrementa el riesgo de
revictimización a lo largo de la vida, perpetuando el
ciclo de la violencia (OMS, 2021).
2. Procedencia urbana y rural
La procedencia geográfica constituye otro
factor determinante en la dinámica de la violencia
contra la mujer. En las zonas rurales, la violencia
tiende a estar subregistrada debido a barreras de
acceso a los servicios de atención, la normalización
cultural de la violencia, el temor a represalias y la
menor presencia institucional (INEI, 2020). En
contraste, en las zonas urbanas se registra un mayor
número de denuncias, lo que no necesariamente
refleja una menor ocurrencia de la violencia, sino
una mayor visibilidad del problema y mayores
posibilidades de acceso a los servicios de apoyo.
Investigaciones realizadas en el contexto
peruano evidencian que, tras la pandemia por
COVID-19, el incremento de denuncias fue más
marcado en áreas urbanas, mientras que en zonas
rurales la violencia continuó ocurriendo de manera
menos visible, lo que refuerza la necesidad de
enfoques territoriales diferenciados (Díaz, 2023).
3. Nivel educativo, estado civil y situación
económica
El nivel educativo se asocia de manera inversa
con la prevalencia de la violencia contra la mujer.
Las mujeres con menor nivel de instrucción
presentan mayor riesgo de sufrir violencia debido a
limitadas oportunidades laborales, mayor
dependencia económica y menor acceso a
información sobre sus derechos y mecanismos de
protección (Arias et al., 2019; Berrocal, 2021).
En relación con el estado civil, diversos
estudios señalan que las mujeres convivientes y
separadas presentan mayor exposición a la
violencia, lo que se relaciona con vínculos afectivos
inestables, dependencia económica y conflictos
familiares persistentes. Asimismo, la pobreza y la
precariedad económica incrementan el estrés
familiar y restringen las posibilidades de romper el
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ciclo de la violencia, perpetuando situaciones de
maltrato (Infante & Vásquez, 2022). No obstante, la
influencia de estas variables puede verse
condicionada por el tipo de fuente utilizada,
particularmente cuando se trabaja con registros
administrativos.
Enfoques teóricos explicativos de la violencia
contra la mujer
Diversas teorías han intentado explicar la
dinámica de la violencia en las relaciones de pareja,
destacando su carácter progresivo, relacional y
contextual. Una de las más reconocidas es la teoría
del ciclo de la violencia, propuesta por Walker
(2017), la cual describe tres fases recurrentes: a)
acumulación de tensión, b) estallido de la violencia
y c) fase de reconciliación o “luna de miel”. Este
ciclo tiende a repetirse y a intensificarse con el
tiempo, incrementando la frecuencia y gravedad de
las agresiones, así como la dependencia emocional
de la víctima.
Asimismo, la teoría de la unión traumática
Dutton & Painter (1981) explica cómo la alternancia
entre episodios de maltrato y manifestaciones de
afecto genera un vínculo emocional intenso y
disfuncional, que dificulta la ruptura de la relación
violenta. Desde esta perspectiva, la violencia no
solo produce daño, sino que también refuerza la
dependencia psicológica de la víctima hacia el
agresor.
De manera complementaria, la teoría del
castigo paradójico Long & McNamara (1989)
sostiene que el uso de la violencia como mecanismo
de control y dominación puede reforzar la conducta
agresiva del victimario, al generar sometimiento,
miedo y obediencia en la víctima. Estas teorías
coinciden en señalar que la violencia contra la mujer
no surge de manera repentina, sino que se desarrolla
progresivamente dentro de contextos sociales y
relacionales que la toleran, normalizan y
reproducen.
Desde el campo de la psicología social, la
agresión se conceptualiza como una conducta
interpersonal dirigida a causar daño físico,
simbólico o verbal a otra persona. Esta puede
manifestarse de forma reactiva, como respuesta a
una provocación o amenaza percibida, o proactiva,
con fines instrumentales, tales como la obtención de
poder, control o recursos. La violencia, en este
marco, constituye una forma extrema de agresión
caracterizada por la intención explícita de causar
daño severo, incluyendo lesiones graves o la muerte
(Páez & Ubillos, 2004).
Esta distinción resulta relevante para
comprender las diversas manifestaciones de la
violencia contra la mujer, ya que permite explicar
cómo patrones de hostilidad, coerción e
intimidación pueden escalar desde agresiones
psicológicas hacia formas más severas de violencia
interpersonal en las relaciones de pareja. Asimismo,
la variabilidad sociocultural en las expresiones de la
agresión evidencia que los factores ambientales, las
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normas sociales y los procesos de socialización
influyen en la legitimación o el rechazo de
conductas violentas, contribuyendo a explicar por
qué ciertos entornos sociales presentan mayores
niveles de violencia de género que otros (Páez &
Ubillos, 2004).
Consecuencias de la violencia contra la mujer
Las consecuencias de la violencia contra la
mujer son múltiples y afectan de manera integral
diversas dimensiones de la salud y el bienestar. En
el ámbito físico, se reportan lesiones traumáticas,
fracturas, enfermedades crónicas y discapacidad. En
la salud mental, la violencia se asocia con ansiedad,
depresión, baja autoestima, trastornos del sueño e
ideación suicida. En la esfera sexual y reproductiva,
se vincula con embarazos no deseados, infecciones
de transmisión sexual y complicaciones obstétricas
(OMS, 2021).
Además de los efectos individuales, la
violencia contra la mujer genera un impacto social
significativo, manifestado en el aislamiento social,
la pérdida de empleo y el deterioro de las redes de
apoyo. Los hijos e hijas de mujeres víctimas de
violencia también se ven afectados, presentando
problemas emocionales, conductuales y de
desarrollo, lo que evidencia la naturaleza
intergeneracional de la violencia (OPS, 2013).
Contexto regional de la violencia contra la mujer
en Cajamarca
La región Cajamarca presenta características
socioeconómicas que incrementan la vulnerabilidad
de las mujeres frente a la violencia, tales como altos
niveles de pobreza, elevada ruralidad y procesos de
migración interna. Antes de la pandemia por
COVID-19, se estimaba que aproximadamente el 64
% de las mujeres cajamarquinas había
experimentado violencia por parte de su pareja en
algún momento de su vida (INEI, 2020).
En respuesta a esta problemática, el Gobierno
Regional de Cajamarca elaboró en 2018 el Plan
Regional contra la Violencia de Género al 2030,
reconociendo la necesidad de implementar
estrategias integrales de prevención, atención y
sanción. No obstante, los reportes del Programa
Nacional Aurora evidencian que la violencia
persiste, lo que refuerza la necesidad de generar
evidencia empírica que permita evaluar y fortalecer
las políticas públicas implementadas a nivel
regional.
En este contexto, el presente estudio se
sustenta en un marco teórico que integra enfoques
estructurales, sociales y psicológicos, permitiendo
comprender la violencia contra la mujer como un
fenómeno complejo, multicausal y contextualizado,
que requiere intervenciones focalizadas y
diferenciadas según el territorio. Estos elementos
contextuales refuerzan la pertinencia del análisis de
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la frecuencia de la violencia desde una perspectiva
social y territorial.
Metodología
El presente estudio se desarrolló bajo un
enfoque cuantitativo, debido a que se orientó al
análisis numérico de la información y a la
contrastación de relaciones entre variables mediante
procedimientos estadísticos. El diseño de la
investigación fue no experimental y documental,
dado que se trabajó con datos secundarios
previamente registrados en bases institucionales. El
nivel del estudio fue correlacional, ya que se buscó
establecer la relación existente entre las dinámicas
sociales y la frecuencia de la violencia contra la
mujer atendida en los Centros de Emergencia Mujer
de la región Cajamarca, sin manipulación deliberada
de las variables (Hernández et al., 2014).
La población de estudio estuvo conformada
por la totalidad de registros de mujeres atendidas en
los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de la
región Cajamarca, consignados en las bases de datos
del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, correspondientes
al año 2023. Debido a que se incluyeron todos los
registros disponibles, no se realizó muestreo,
efectuándose un análisis censal, lo que permitió una
mayor representatividad y solidez de los resultados
obtenidos.
La unidad de análisis estuvo constituida por
cada registro individual de atención a mujeres
víctimas de violencia, en el cual se consignan
características sociodemográficas y datos
relacionados con el tipo y la frecuencia de la
violencia sufrida.
La primera variable del estudio correspondió
a los factores sociales, operacionalizadas a través de
las características sociodemográficas de las
víctimas, tales como edad, procedencia (urbana o
rural), estado civil y nivel educativo. La segunda
variable estuvo representada por la frecuencia de la
violencia contra la mujer, categorizada según la
frecuencia de ocurrencia registrada en las bases
administrativas del Programa Nacional Aurora.
Estas variables fueron seleccionadas considerando
la evidencia previa que señala su influencia en la
ocurrencia, persistencia y visibilización de la
violencia contra la mujer (INEI, 2020; Quispe,
2018).
La técnica empleada fue el análisis
documental, utilizando como instrumento una ficha
de registro de datos, elaborada a partir de la
estructura original de la base de datos oficial del
Programa Nacional Aurora. Dicho instrumento
permitió sistematizar la información relacionada
con las variables de estudio, garantizando la
coherencia, integridad y validez de contenido de los
datos analizados.
Los registros utilizados provienen de fuentes
oficiales, lo que asegura la confiabilidad de la
información, al haber sido recolectada mediante
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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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procedimientos estandarizados por el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El procedimiento inició con la identificación
y recopilación de los registros correspondientes a la
región Cajamarca. Posteriormente, la información
fue depurada y organizada en una base de datos para
su análisis estadístico. Se verificó la consistencia de
los datos y se codificaron las variables de acuerdo
con los criterios establecidos en la
operacionalización.
Para el análisis de la información se empleó
estadística descriptiva, mediante la elaboración de
tablas de frecuencia y porcentajes, con el fin de
caracterizar a la población estudiada. Asimismo, se
utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson para
determinar la existencia de relación
estadísticamente significativa entre las dinámicas
sociales y la frecuencia de la violencia contra la
mujer, considerando un nivel de significancia de
0,05. El procesamiento de los datos se realizó
utilizando un software estadístico especializado, lo
que permitió una adecuada gestión y análisis de la
información.
El estudio respetó los principios éticos de la
investigación científica. Al tratarse de un análisis de
datos secundarios de carácter institucional, no se
trabajó con información que permita la
identificación directa de las personas atendidas,
garantizándose la confidencialidad y el anonimato
de los registros. Asimismo, la información fue
utilizada exclusivamente con fines académicos y
científicos, en concordancia con la normativa
vigente sobre protección de datos y ética en
investigación (OPS, 2013).
Resultados
En la Tabla 1 se presentan los factores sociales
de las mujeres atendidas por violencia en los
Centros de Emergencia Mujer de la Región
Cajamarca durante el periodo de estudio. En
relación con la edad, se observa que la mayor
proporción de casos corresponde a mujeres adultas
de 30 a 59 años (47,74%), seguidas por el grupo de
18 a 29 años (25,65%). Un 21,12% de los casos
correspondió a menores de 18 años, lo que evidencia
la presencia de violencia en etapas tempranas de la
vida, mientras que las mujeres de 60 años a más
representaron el 5,49%.
Variable
Categoría
n
%
Edad
Menores de 18 años
154
21,12
18 a 29 años
187
25,65
30 a 59 años
348
47,74
60 años a más
40
5,49
Procedencia
Urbana
464
63,65
Rural
265
36,35
Estado civil
Soltera
655
89,85
Casada
63
8,64
Separada/divorciada
6
0,82
Viuda
5
0,69
Nivel
educativo
Sin nivel
52
7,13
Primaria
266
36,49
Secundaria
262
35,94
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Superior
149
20,44
Total
729
100,00
Tabla 1. Factores sociales de las mujeres atendidas por
violencia en los Centros de Emergencia Mujer de la región
Cajamarca
Respecto a la procedencia, predominan las
mujeres provenientes del área urbana (63,65%), en
comparación con el área rural (36,35%). En cuanto
al estado civil, la gran mayoría de las víctimas se
identificó como soltera/conviviente (89,85%),
seguida por mujeres casadas (8,64%), mientras que
los porcentajes de separadas/divorciadas y viudas
fueron reducidos.
En relación con el nivel educativo, se
evidenció que la mayor proporción de mujeres
contaba con educación primaria (36,49%) y
secundaria (35,94%), seguido por aquellas con
educación superior (20,44%), mientras que un
7,13% no presentó ningún nivel de instrucción.
Variable
Categoría
n
%
Frecuencia
de la
violencia
Ocasional
94
12,89
Recurrente / reiterada
482
66,12
No registrado
153
20,99
Total
729
100,00
Tabla 2. Frecuencia de violencia en mujeres atendidas en los
CEM de la Región Cajamarca
En la Tabla 2 se presenta la distribución de la
frecuencia de la violencia contra la mujer atendida
en los Centros de Emergencia Mujer de la Región
Cajamarca. Se observa que la mayoría de los casos
correspondió a violencia recurrente o reiterada,
representando el 66,12% del total de registros, lo
que evidencia la persistencia de las agresiones en el
tiempo. En contraste, el 12,89% de los casos fue
clasificado como violencia ocasional. Asimismo, en
el 20,99% de los registros no se consignó
información sobre la frecuencia de la violencia, lo
cual se atribuye a limitaciones propias del sistema
de registro administrativo. Estos resultados reflejan
que la violencia contra la mujer no se presenta como
un hecho aislado, sino como una problemática de
carácter continuo y repetitivo.
En la Tabla 3 se presentan los tipos de
violencia reportados en las mujeres atendidas por
los Centros de Emergencia Mujer de la Región
Cajamarca. Se evidenció que la violencia
psicológica fue la más frecuente, representando el
61,1% del total de eventos registrados, seguida de la
violencia física con el 30,0%.
Tipo de violencia
n
%*
Psicológica
1385
61,1
Física
680
30,0
Sexual
148
6,5
Económica / patrimonial
53
2,3
Total de eventos de violencia
2266
100,0
Tabla 3. Tipos de violencia contra la mujer atendida en los
Centros de Emergencia Mujer de la Región Cajamarca
Nota: Los porcentajes se calcularon sobre el total de eventos
de violencia reportados, considerando que una misma mujer
pudo presentar más de un tipo de violencia.
En menor proporción se reportó violencia
sexual (6,5%) y violencia económica o patrimonial
(2,3%). Estos resultados confirman que la violencia
contra la mujer se manifiesta predominantemente a
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través de formas psicológicas, las cuales suelen
coexistir con otros tipos de agresión, evidenciando
un fenómeno de poli victimización más que
episodios aislados de violencia.
Frecuencia de la violencia y factores sociales
asociados
Con el fin de identificar la asociación entre los
factores sociales y la frecuencia de la violencia
contra la mujer, se realizó un análisis inferencial
mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson,
cuyos resultados se presentan en las Tablas 4 y 5.
Con relación a los factores sociales asociados
a la frecuencia de la violencia contra la mujer, los
resultados del análisis inferencial evidenciaron una
asociación estadísticamente significativa entre la
edad y la frecuencia de las agresiones (χ² = 91,903;
gl = 24; p < 0,05). Este hallazgo indica que la
recurrencia de la violencia varía de manera
diferenciada según los grupos etarios, no
presentándose como un fenómeno homogéneo a lo
largo del curso de vida (Ver Tabla 4).
De igual forma, se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre la procedencia
de las víctimas y la frecuencia de la agresión (χ² =
13,637; gl = 4; p < 0,05), lo que sugiere que la
dinámica de la violencia difiere entre los contextos
urbanos y rurales. En ambos análisis, la prueba de
asociación lineal por lineal no resultó significativa,
lo cual es consistente con la naturaleza categórica de
las variables analizadas y refuerza la interpretación
de asociaciones no lineales entre los factores
sociales y la frecuencia de la violencia (Ver Tabla
5).
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
df
Significación
asintótica
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
91,903 a
24
,000
Razón de verosimilitud
46,681
24
,004
Asociación lineal por
lineal
1,035
1
,309
N de casos válidos
648
Tabla 4. Edad según frecuencia
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
df
Significación
asintótica
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson
13,637 a
4
,009
Razón de verosimilitud
14,662
4
,005
Asociación lineal por lineal
,331
1
,565
N.º de casos válidos
648
Tabla 5. Procedencia según frecuencia
Discusión
Los resultados del presente estudio evidencian
que la violencia contra la mujer atendida en los
Centros de Emergencia Mujer de la región
Cajamarca constituye un fenómeno persistente y
reiterado, condicionado por determinadas dinámicas
sociales que influyen en su frecuencia y
visibilización. Estos hallazgos se interpretan a la luz
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del marco teórico y de la evidencia empírica
nacional e internacional, permitiendo comprender la
violencia como un proceso estructural y relacional
más que como un evento aislado.
En relación con la edad, se observó que la
mayor proporción de mujeres afectadas corresponde
al grupo de 30 a 59 años, seguido por las mujeres
jóvenes de 18 a 29 años, evidenciándose además una
asociación estadísticamente significativa entre la
edad y la frecuencia de la violencia. Este resultado
es consistente con investigaciones previas que
señalan que la violencia de pareja se presenta con
mayor intensidad durante la adultez, etapa en la que
suelen establecerse relaciones prolongadas
marcadas por dependencia emocional, económica y
social (Berrocal, 2021; Quispe, 2018).
Desde la teoría del ciclo de la violencia
propuesta por Walker (2017), la permanencia en
relaciones abusivas favorece la reiteración de los
episodios de agresión, lo que explicaría la elevada
frecuencia de violencia recurrente identificada en
este grupo etario. Asimismo, la Organización
Mundial de la Salud (2021) advierte que la
exposición sostenida a situaciones de violencia
incrementa el riesgo de revictimización a lo largo
del ciclo de vida, reforzando la gravedad de este
hallazgo.
Respecto a la procedencia, los resultados
muestran una mayor proporción de casos
registrados en el ámbito urbano y una asociación
significativa entre la procedencia y la frecuencia de
la violencia. Este hallazgo no debe interpretarse
como una menor ocurrencia de violencia en zonas
rurales, sino como una mayor visibilidad y acceso a
los servicios de atención en contextos urbanos.
Diversos estudios realizados en Cajamarca y
en otras regiones del país señalan que en el ámbito
rural la violencia contra la mujer suele estar
subregistrada debido a barreras geográficas,
limitaciones en el acceso a los servicios
especializados, normalización cultural de la
violencia y temor a represalias dentro de
comunidades con fuerte control social (Infante &
Vásquez, 2022; Díaz, 2023). En este sentido, la
violencia en zonas rurales podría permanecer
invisibilizada, lo que constituye un desafío relevante
para el diseño e implementación de políticas
públicas con enfoque territorial y diferencial.
En cuanto al estado civil y el nivel educativo,
no se evidenció una asociación estadísticamente
significativa con la frecuencia de la violencia. Si
bien este resultado difiere parcialmente de lo
reportado por Arias et al., (2019) y Berrocal (2021),
quienes identificaron mayor prevalencia de
violencia en mujeres convivientes y con menor nivel
educativo, esta discrepancia podría explicarse por el
uso de registros administrativos como fuente de
información. Este tipo de registros presenta
limitaciones inherentes relacionadas con el
subregistro, la omisión de datos y la calidad de la
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información consignada, lo que puede afectar la
detección de asociaciones estadísticas. No obstante,
la elevada proporción de mujeres con nivel
educativo básico entre las víctimas atendidas
refuerza la relevancia de considerar estos factores en
el diseño de estrategias preventivas orientadas a la
reducción de desigualdades estructurales.
En relación con la frecuencia de la violencia,
predominó la violencia recurrente o reiterada, lo que
evidencia la dificultad para interrumpir el ciclo de la
violencia una vez instaurado. Este hallazgo se
encuentra en concordancia con la teoría de la unión
traumática de Dutton & Painter (1981), la cual
explica cómo la alternancia entre episodios de
agresión y reconciliación refuerza la dependencia
emocional de la víctima y prolonga su exposición al
maltrato. Asimismo, la presencia de registros no
consignados o incompletos en el sistema pone de
manifiesto limitaciones en los sistemas de
información, tal como lo señala la OMS (2021), lo
que subraya la necesidad de fortalecer los
mecanismos de registro, monitoreo y vigilancia de
la violencia contra la mujer.
Finalmente, el predominio de la violencia
psicológica, seguido de la violencia física, confirma
lo reportado por estudios nacionales e
internacionales que identifican a la violencia
psicológica como la forma más frecuente y menos
visibilizada de agresión contra la mujer (Alkan et
al., 2022; Gonzáles et al., 2023). La coexistencia de
múltiples tipos de violencia en una misma víctima
evidencia el fenómeno de polivictimización,
descrito por la OPS (2013), lo que incrementa la
gravedad de las consecuencias para la salud física,
mental y social de las mujeres afectadas.
Asimismo, el análisis de los tipos específicos
de violencia registrados permite profundizar en la
comprensión de las dinámicas de agresión que
enfrentan las mujeres atendidas en los Centros de
Emergencia Mujer de la región Cajamarca. La
violencia psicológica se configuró como la forma
predominante, destacando expresiones de control y
desvalorización como los gritos e insultos, la
humillación, las amenazas de daño o muerte y la
expulsión del hogar. Estas manifestaciones
evidencian que la agresión psicológica no solo opera
como una forma autónoma de violencia, sino
también como un mecanismo permanente de
coerción y dominación, coherente con el enfoque de
control coercitivo descrito por Stark (2023) y con lo
señalado por la OPS (2013), que identifica este tipo
de violencia como la más extendida y menos
visibilizada.
En relación con la violencia física, los
resultados muestran que las agresiones de contacto
directo —como empujones, puñetazos, jalones de
cabello y bofetadas— son las más frecuentes, lo que
sugiere una escalada progresiva de la violencia
desde formas psicológicas hacia agresiones físicas
más severas. Este patrón coincide con la teoría del
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ciclo de la violencia de Walker (2017), según la cual
los episodios de agresión tienden a intensificarse
cuando no existen mecanismos efectivos de ruptura
del vínculo violento. La presencia, aunque en menor
proporción, de actos de extrema gravedad como el
intento de estrangulamiento o el uso de armas
refuerza la necesidad de una detección temprana y
una intervención oportuna.
Respecto a la violencia sexual, si bien su
frecuencia porcentual es menor en comparación con
otras formas de violencia, la ocurrencia de violación
sexual y otros actos sexuales no consentidos
representa una grave vulneración de los derechos
humanos y de la autonomía corporal de las mujeres.
Diversos estudios advierten que este tipo de
violencia suele estar subregistrado debido al
estigma, el miedo y la normalización cultural,
especialmente en contextos de desigualdad
estructural, lo que sugiere que su magnitud real
podría ser mayor a la reflejada en los registros
administrativos (OMS, 2021).
Finalmente, la violencia económica o
patrimonial, expresada principalmente a través de la
limitación de recursos económicos, el
incumplimiento de obligaciones alimentarias y la
destrucción o apropiación de bienes, evidencia
estrategias de control que refuerzan la dependencia
económica de las víctimas. Aunque su registro es
menor en términos porcentuales, su impacto resulta
significativo, ya que limita la capacidad de las
mujeres para romper el ciclo de la violencia y
acceder a redes de apoyo, tal como lo señalan
investigaciones previas en contextos similares
(Arias et al., 2019; OPS, 2013).
En conjunto, los resultados del estudio
refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias
de prevención, atención e intervención frente a la
violencia contra la mujer desde un enfoque integral,
territorial y sensible a las desigualdades sociales,
incorporando las particularidades culturales,
económicas y estructurales que caracterizan a la
región Cajamarca.
La alta frecuencia de violencia recurrente y la
coexistencia de múltiples formas de agresión en una
misma víctima confirman el fenómeno de
polivictimización, lo que incrementa la severidad de
las consecuencias físicas, psicológicas y sociales, y
evidencia que las respuestas institucionales no
deben limitarse a la atención del evento aislado.
En este sentido, resulta imprescindible
implementar intervenciones integrales que aborden
de manera simultánea las distintas expresiones de la
violencia, así como fortalecer los sistemas de
información y vigilancia, a fin de contar con datos
oportunos y de calidad que permitan una adecuada
toma de decisiones y la formulación de políticas
públicas más efectivas para la reducción de la
violencia contra la mujer.
Conclusiones
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La violencia contra la mujer atendida en los
Centros de Emergencia Mujer de la región
Cajamarca constituye un problema persistente y
recurrente, evidenciándose que una proporción
significativa de las víctimas experimenta agresiones
reiteradas. Este hallazgo confirma la dificultad para
interrumpir el ciclo de la violencia una vez
instaurado y pone de manifiesto su carácter
estructural y continuo en el contexto regional.
La edad se identificó como un factor social
significativamente asociado a la frecuencia de la
violencia, observándose una mayor recurrencia de
agresiones en mujeres adultas, particularmente en el
grupo etario de 30 a 59 años. Este resultado sugiere
que la exposición prolongada a relaciones de pareja
violentas incrementa el riesgo de revictimización a
lo largo del ciclo de vida, lo que resalta la
importancia de implementar estrategias preventivas
tempranas y sostenidas.
Asimismo, la procedencia mostró una
asociación estadísticamente significativa con la
frecuencia de la violencia, registrándose una mayor
visibilidad de casos en el ámbito urbano. Sin
embargo, este hallazgo advierte la posible existencia
de subregistro en zonas rurales, donde las barreras
geográficas, institucionales y socioculturales
limitan la denuncia y el acceso oportuno a los
servicios especializados.
No se evidenció una asociación
estadísticamente significativa entre la frecuencia de
la violencia y variables como el estado civil y el
nivel educativo; no obstante, la elevada proporción
de mujeres con nivel educativo básico entre las
víctimas atendidas pone de relieve la necesidad de
fortalecer acciones educativas y preventivas
orientadas a reducir desigualdades estructurales que
incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia.
La violencia psicológica se identificó como la
forma más frecuente, seguida de la violencia física,
evidenciándose la coexistencia de múltiples tipos de
violencia en un número considerable de casos. Este
fenómeno de poli victimización incrementa la
gravedad de las consecuencias físicas, psicológicas
y sociales, afectando de manera significativa el
bienestar integral de las mujeres.
Finalmente, la presencia de registros
incompletos o no consignados en los sistemas de
información revela limitaciones en la calidad de los
datos disponibles, lo que subraya la necesidad de
fortalecer los sistemas de registro, monitoreo y
vigilancia. En conjunto, los resultados del estudio
aportan evidencia relevante para el diseño y
fortalecimiento de políticas públicas y estrategias de
intervención con enfoque territorial y de género,
orientadas a prevenir la violencia contra la mujer y
mejorar la atención integral de las víctimas en la
región Cajamarca.
Referencias
Alkan, Ö., Serçemeli, C., & Özmen, K. (2022).
Verbal and psychological violence against
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