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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 22/01/2026
Aceptado: 22/02/2026
Publicado: 29/03/2026
Código Único AV: e665
Páginas: 1(500-518)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19321074
Autores:
José Antonio Beraún - Barrantes
Abogado
Doctor en Derecho
https://orcid.org/0000-0001-8979-2734
E-mail: jose.beraun@udh.edu.pe
Afiliación: Universidad de Huánuco
País: República del Perú
Fernando Eduardo Corcino Barrueta
Abogado
Doctor en Derecho Penal y Procesal
https://orcid.org/0000-0003-0296-4033
E-mail: fernando.corcino@udh.edu.pe
Afiliación: Universidad de Huánuco
País: República del Perú
Resumen
La protección efectiva de víctimas y testigos en los procesos penales constituye
un desafío central para los sistemas de justicia contemporáneos, especialmente
en contextos donde operan mecanismos de desvinculación procesal que
fragmentan la continuidad de las garantías y debilitan la coherencia
institucional. Frente a este problema, el presente artículo tuvo como objetivo
proponer, a partir de la evidencia sintetizada, un marco comparativo operativo
y un conjunto de recomendaciones normativas y procedimentales orientadas a
reducir la brecha existente entre los estándares internacionales de protección y
su implementación judicial efectiva. La investigación se desarrolló mediante un
artículo de revisión sistemática, sustentado en una estrategia de búsqueda
estructurada y criterios de selección rigurosos, que permitió integrar estudios
empíricos, análisis doctrinales y enfoques comparados provenientes de distintas
jurisdicciones. Los resultados evidenciaron que las principales brechas se
concentran en niveles normativos, procedimentales y operativos,
manifestándose en regulaciones incompletas, formalismo excesivo, limitada
participación de las víctimas y deficiencias de coordinación interinstitucional,
lo que incrementa los riesgos de revictimización y reduce la efectividad de las
medidas de protección. Como conclusión principal, se determinó que la sola
adopción formal de estándares internacionales resulta insuficiente si no se
acompaña de herramientas operativas, mecanismos de seguimiento y enfoques
centrados en la justicia procedimental, lo que subraya la necesidad de reformas
integrales orientadas a fortalecer la protección judicial de víctimas y testigos.
Palabras Clave
Desvinculación Procesal, Estándares Internacionales,
Protección de Víctimas y Testigos, Justicia
Procedimental, Implementación Judicial.
Abstract
The effective protection of victims and witnesses in criminal proceedings is a
central challenge for contemporary justice systems, especially in contexts where
procedural disengagement mechanisms fragment the continuity of guarantees
and weaken institutional coherence. In response to this problem, this article
aimed to propose, based on synthesized evidence, an operational comparative
framework and a set of normative and procedural recommendations designed to
reduce the gap between international protection standards and their effective
judicial implementation. The research was conducted as a systematic review,
based on a structured search strategy and rigorous selection criteria, which
allowed for the integration of empirical studies, doctrinal analyses, and
comparative approaches from different jurisdictions. The results showed that
the main gaps are concentrated at the normative, procedural, and operational
levels, manifesting as incomplete regulations, excessive formalism, limited
victim participation, and deficiencies in inter-institutional coordination. This
increases the risk of revictimization and reduces the effectiveness of protection
measures. The main conclusion was that the mere formal adoption of
international standards is insufficient without operational tools, monitoring
mechanisms, and approaches focused on procedural justice. This underscores
the need for comprehensive reforms aimed at strengthening the judicial
protection of victims and witnesses.
Keywords
Procedural disengagement, international standards, protection
of victims and witnesses, procedural justice, judicial
implementation.
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Introducción
La protección de víctimas y testigos en los
procesos penales se configura como un componente
esencial de los sistemas de justicia contemporáneos,
cuya importancia excede los marcos jurídicos
nacionales y se inscribe en los debates centrales
sobre derechos humanos y garantías procesales. En
este escenario, la desvinculación procesal concebida
como el conjunto de mecanismos que fragmentan,
separan o bifurcan los procedimientos penales ha
adquirido relevancia como un fenómeno que
introduce tensiones sustantivas entre la eficiencia
del proceso y la protección efectiva de sujetos en
situación de vulnerabilidad.
La literatura científica reciente ha evidenciado
que, en determinadas circunstancias, la actuación de
los operadores judiciales puede generar dinámicas
de revictimización hacia quienes denuncian hechos
delictivos, lo que ha impulsado el desarrollo de
instrumentos específicos orientados a evaluar la
victimización secundaria en la etapa de denuncia
penal (Mantilla & Avendaño, 2020). Esta
problemática se intensifica cuando los mecanismos
de desvinculación procesal interrumpen la
continuidad de la atención, el acompañamiento y las
medidas de protección que requieren víctimas y
testigos a lo largo del iter procesal.
El análisis del derecho procesal y de las
garantías constitucionales revela una marcada
variabilidad en la efectividad de las normas
procesales y en la protección de los derechos
fundamentales entre distintos sistemas jurídicos, lo
que plantea cuestionamientos relevantes sobre la
equidad y la imparcialidad en la administración de
justicia (Echeverría, 2024).
Esta heterogeneidad en la implementación
normativa resulta particularmente crítica desde la
perspectiva de la tutela de víctimas y testigos,
quienes con frecuencia enfrentan barreras
institucionales que limitan su participación efectiva
en los procesos penales. En este contexto, la
evaluación pericial psicológica de la credibilidad
del testimonio en casos de delitos sexuales se ha
consolidado como un componente clave del sistema
judicial contemporáneo, atendiendo a la especial
sensibilidad y complejidad de este tipo de procesos,
lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer
marcos normativos y procedimentales que aseguren
una protección integral de quienes intervienen en
calidad de víctimas o testigos.
Asimismo, la distancia existente entre los
estándares internacionales de protección y su
aplicación efectiva en la práctica judicial constituye
uno de los principales desafíos que enfrentan los
sistemas de justicia penal en la actualidad. En el
ámbito de la trata de personas, la evolución doctrinal
y normativa de las últimas décadas ha situado el
enfoque de derechos humanos como eje central de
las estrategias para abordar esta problemática,
tomando como referentes el Protocolo de Palermo y
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su desarrollo posterior en el Convenio de Varsovia
(Villanueva-Fernández, 2023).
No obstante, la implementación de dichos
estándares se ve obstaculizada cuando los
mecanismos de desvinculación procesal fragmentan
la responsabilidad institucional y dificultan la
coordinación entre los distintos actores del sistema
de justicia. Frente a estas limitaciones estructurales,
se ha propuesto la creación de unidades
especializadas encargadas de supervisar el
cumplimiento y la ejecución de las sentencias,
acompañadas de una adecuada asignación de
recursos logísticos y de programas de capacitación
continúa dirigidos a jueces y funcionarios judiciales,
como medidas orientadas a fortalecer la protección
efectiva de víctimas y testigos y a mejorar la
coherencia institucional del sistema (Echeverría,
2024).
Las investigaciones recientes sobre la
protección de víctimas y testigos en los procesos
penales han aportado evidencia sustantiva para
comprender las brechas persistentes entre los
marcos normativos internacionales y su
implementación efectiva, particularmente en
contextos caracterizados por dinámicas de
desvinculación procesal. En este ámbito, resulta
especialmente relevante el estudio desarrollado por
Mukama (2024), quien analizó la efectividad del
marco de protección de testigos en Tanzania a la luz
de los estándares internacionales, identificando
vacíos normativos y desafíos institucionales que
limitan la protección efectiva de los testigos dentro
del sistema de justicia penal. Dicha investigación,
sustentada en una metodología jurídica cualitativa
que integró enfoques doctrinales y empíricos,
formuló recomendaciones operativas orientadas a
fortalecer tanto las garantías legales como las
prácticas institucionales, constituyéndose en un
referente metodológico para el análisis comparado
de regímenes de protección en distintas
jurisdicciones.
De manera complementaria, los estudios
centrados en la protección de testigos y víctimas
frente a delitos de carácter transnacional han puesto
de relieve que la creciente complejidad de
fenómenos como la trata de personas, el narcotráfico
y la corrupción transfronteriza ha incrementado la
urgencia de contar con mecanismos de protección
eficaces. En esta línea, Alladuniah (2025) examinó,
desde un enfoque jurídico-normativo y de derecho
comparado, el marco legal internacional aplicable
—con especial atención a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y al Protocolo contra la Trata de
Personas— así como su implementación en diversas
jurisdicciones.
Los hallazgos evidenciaron que, cuando los
sistemas de protección resultan insuficientes, los
testigos y las víctimas quedan expuestos a riesgos
significativos de intimidación y represalias, lo que
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puede debilitar de manera sustancial la eficacia de
las investigaciones y los procesos de enjuiciamiento
penal.
Asimismo, la investigación desarrollada por
Aziz (2025) abordó los marcos legales
internacionales y regionales destinados a la
protección de testigos, analizando las garantías
previstas en convenciones internacionales,
instrumentos regionales y la jurisprudencia de
tribunales penales internacionales para los distintos
participantes en los procesos penales, incluidos
testigos, víctimas, informantes y expertos. Este
estudio, sustentado en un enfoque de justicia basado
en estándares internacionales y regionales, subrayó
la necesidad de equilibrar las medidas de protección
con los derechos del acusado, destacando que dicho
balance resulta esencial para la promoción de la paz,
la justicia y el fortalecimiento de instituciones
sólidas.
La literatura científica reciente ha puesto de
manifiesto la existencia de vacíos relevantes en la
documentación y el análisis de los estándares
internacionales de protección de víctimas y testigos,
especialmente en lo referido a su aplicación efectiva
en escenarios donde operan mecanismos de
desvinculación procesal. Un primer vacío temático
significativo se vincula con la carencia de marcos
comparativos operativos que permitan evaluar de
manera sistemática la efectividad de los
mecanismos de protección en distintas
jurisdicciones.
En este sentido, el estudio sobre la eficacia de
los mecanismos de protección de derechos humanos
en la Constitución ecuatoriana evidenció que, pese
a la presencia de garantías formales, subsisten áreas
problemáticas que demandan un fortalecimiento del
proceso jurídico, destacándose la necesidad de
recurrir a metodologías mixtas que posibiliten
identificar las brechas existentes entre la normativa
y la práctica judicial (Padrón-Icuña & Vázquez-
Martínez, 2024). Este hallazgo permite inferir que la
sola existencia de estándares normativos resulta
insuficiente en ausencia de instrumentos operativos
de evaluación, monitoreo y seguimiento.
Un segundo vacío temático identificado en la
literatura se relaciona con la fragmentación del
conocimiento respecto de la interacción entre los
principios procesales y la protección de los derechos
fundamentales en contextos de desvinculación
procesal. El análisis del principio de inmediación y
de la actividad probatoria en la administración de
justicia ecuatoriana demostró que, si bien el sistema
judicial reconoce principios procesales orientados a
garantizar la justicia —entre ellos, el derecho al
debido proceso como salvaguarda del cumplimiento
de los procedimientos legales—, persiste una brecha
entre su reconocimiento formal y su aplicación
efectiva cuando los procedimientos se fragmentan o
se desarrollan de manera desvinculada (Castelo &
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Hidalgo, 2024). Esta investigación pone de relieve
que la desvinculación procesal puede afectar la
continuidad de las garantías fundamentales, en
particular el derecho a ofrecer y producir prueba
como componente esencial del debido proceso.
Un tercer vacío temático de carácter crítico se
asocia con la limitada sistematización de
recomendaciones normativas y procedimentales que
permitan traducir los estándares internacionales en
prácticas judiciales concretas y verificables. Desde
una perspectiva comparativa, los estudios sobre
derecho procesal y garantías constitucionales han
evidenciado que la disparidad en la aplicación
diligente de normas y garantías plantea serios
cuestionamientos sobre la equidad, la imparcialidad
y la defensa efectiva de los derechos en distintos
sistemas jurídicos.
En respuesta a estas deficiencias, se ha
propuesto la creación de unidades especializadas
encargadas de supervisar el cumplimiento y la
ejecución de las sentencias, acompañadas de una
adecuada asignación de recursos logísticos y de
programas de capacitación continúa dirigidos a
jueces y funcionarios judiciales (Echeverría, 2024).
Este vacío resulta especialmente relevante, en la
medida en que revela la necesidad de desarrollar
herramientas operativas capaces de cerrar la brecha
entre los compromisos internacionales asumidos por
los Estados y la práctica judicial cotidiana.
La identificación de estos vacíos temáticos
fundamenta el objetivo de la presente revisión
sistemática, orientada a proponer, a partir de la
evidencia sintetizada, un marco comparativo
operativo y un conjunto de recomendaciones
normativas y procedimentales destinadas a reducir
la distancia entre los estándares internacionales de
protección y su implementación judicial en
contextos de desvinculación procesal. La síntesis
sistemática de la literatura permitirá identificar
patrones de implementación deficiente, barreras
normativas y procedimentales, así como buenas
prácticas susceptibles de adaptación a distintos
contextos jurisdiccionales.
Metodología
La presente revisión sistemática se llevó a
cabo conforme a las directrices establecidas por la
declaración PRISMA (Preferred Reporting Items
for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
La estrategia de búsqueda se ejecutó en la base
de datos Scopus, seleccionada por su reconocida
amplitud y calidad en la indexación de literatura
científica. Para la recuperación de los estudios se
empleó una fórmula booleana estructurada de la
siguiente manera: (("witness protection" OR "victim
protection" OR "victim rights" OR "witness rights")
AND ("criminal procedure" OR "criminal justice"
OR "penal process") AND ("international
standards" OR "human rights standards" OR
"international law") AND ("implementation" OR
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"judicial practice" OR "court practice" OR "gap"
OR "compliance")). La combinación de estos
términos permitió identificar investigaciones que
abordaran de forma simultánea la protección de
víctimas y testigos, los procedimientos penales, los
estándares internacionales aplicables y las
problemáticas asociadas a su implementación,
garantizando así la pertinencia temática y analítica
de los registros recuperados. Nos formulamos las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los mecanismos específicos de
desvinculación procesal documentados en la
literatura que generan mayor vulnerabilidad en
la protección de derechos de víctimas y testigos
durante los procesos penales?
2. ¿Qué estándares internacionales de protección
de víctimas y testigos se encuentran
insuficientemente implementados en la práctica
judicial según la evidencia empírica disponible,
y cuáles son las barreras normativas,
procedimentales y operativas que obstaculizan
su aplicación efectiva?
3. ¿Cuáles son las principales barreras normativas,
procedimentales y operativas que obstaculizan
la implementación efectiva de estándares
internacionales de protección en contextos de
desvinculación procesal?
4. ¿Qué recomendaciones normativas y
procedimentales han demostrado efectividad
para reducir la brecha entre los estándares
internacionales y su implementación judicial en
contextos donde operan mecanismos de
desvinculación procesal?
Las estrategias de búsqueda complementarias
incluyeron la revisión de referencias bibliográficas
mediante la técnica de bola de nieve, la consulta de
repositorios de jurisprudencia internacional y el
análisis de informes técnicos elaborados por
organismos internacionales, con el fin de ampliar y
contrastar la evidencia recuperada. Los criterios de
inclusión establecieron que los estudios debían
haber sido publicados entre 2020 al 2025, estar
redactados en español o inglés, abordar
explícitamente la protección de víctimas o testigos
en procesos penales, referirse a estándares
internacionales o a su implementación y
corresponder a artículos originales, revisiones
sistemáticas o estudios de caso publicados en
revistas científicas indexadas. Para el filtrado
temático se utilizaron palabras clave relacionadas
con la protección de víctimas y testigos, los
estándares internacionales, los derechos humanos,
el proceso penal, la implementación judicial, la
brecha normativa y la desvinculación procesal.
Los criterios de exclusión se aplicaron para
asegurar la calidad y pertinencia del corpus
analítico. Se descartaron estudios centrados
únicamente en aspectos sustantivos del derecho
penal, investigaciones relativas a sistemas de
justicia no penales, artículos de opinión o
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comentarios sin sustento empírico o doctrinal
riguroso, trabajos con información insuficiente
sobre marcos normativos o prácticas de
implementación, publicaciones duplicadas o
preliminares y estudios cuyo enfoque geográfico
excluyera jurisdicciones latinoamericanas o
sistemas jurídicos comparables. La aplicación
sistemática de estos criterios permitió conformar un
corpus metodológicamente sólido y alineado con los
objetivos de la revisión.
Figura 1. Identificación de estudios que utilizan el método prismático
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Resultados
Autor
Contexto / jurisdicción
Mecanismo de desvinculación
procesal identificado
Efectos en la vulnerabilidad de
víctimas y testigos
Implicancias normativas o procedimentales
Fairclough
(2021)
Proceso penal,
Inglaterra y Gales
Aplicación instrumental y
condicionada de medidas especiales;
supeditación a la calidad probatoria
Persistencia de trato inhumano,
revictimización y exclusión
simbólica de testigos vulnerables
Necesidad de desvincular la protección del
criterio exclusivo de utilidad probatoria y
reconocer la protección como valor autónomo
Gill et al.,
(2021)
Tribunales de
inmigración y asilo,
Reino Unido
Atmósfera judicial intimidante,
procedimientos opacos y
comunicación deficiente
Desorientación, desconfianza
institucional y retraimiento procesal
de personas vulnerables
Incorporar estándares de justicia procedimental
cualitativa y ajustes centrados en la experiencia
del usuario
O’Driscoll
(2025)
Compensación estatal a
víctimas, Irlanda
Retrasos excesivos, reglas
procedimentales rígidas y mala
gestión de casos
Victimización secundaria, desgaste
emocional y abandono de
reclamaciones
Flexibilización de requisitos, gestión sensible al
trauma y alineación con estándares de la UE
Zhu & Lo
(2021)
Justicia restaurativa y
gobernanza, China
Exclusión de actores locales en la
toma de decisiones (déficit
procedimental)
Invisibilización de daños y negación
de reconocimiento a los afectados
Relevancia del enfoque de justicia
procedimental y reconocimiento aplicable a
contextos penales
Gill et al.,
(2023)
Políticas públicas y
comunidades
vulnerables
Intervenciones externas sin
participación efectiva (desvinculación
estructural)
Incremento de desigualdad y
pérdida de capacidad de agencia
Importancia de marcos participativos para
evitar vulnerabilidad institucional inducida
Zasuwa
(2025)
Regulación social y
responsabilidad
institucional
Desvinculación moral frente al daño
causado
Normalización del daño y
debilitamiento de la respuesta
protectora
Aporta marco teórico para explicar inacción
institucional frente a vulnerabilidad
Tabla 1. Mecanismos de desvinculación procesal y vulnerabilidad de víctimas y testigos
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Autor
Contexto y diseño del
estudio
Estándares internacionales
analizados
Barreras normativas,
procedimentales u operativas
Hallazgos clave y aportes para el marco
comparativo
Chun
(2021)
Estudio de caso con análisis
jurídico-político del Acuerdo
“Comfort Women” (Corea del
SurJapón)
Justicia procedimental,
justicia restaurativa, dignidad
de las víctimas, DIDH
Exclusión de las víctimas del proceso
decisorio; acuerdos estatales sin
consentimiento; ausencia de
mecanismos reparadores efectivos
Evidencia que la desvinculación procesal de las
víctimas vulnera estándares internacionales;
sustenta la necesidad de participación efectiva y
centralidad de la víctima en procesos de justicia
transicional
Katz &
Kosher
(2020)
Estudio cualitativo mediante
grupos focales con
entrevistadores forenses
(Israel)
Convención sobre los
Derechos del Niño (art. 12),
derecho a ser oído,
participación infantil
Sistema penal no adaptado a
capacidades infantiles; barreras
emocionales de operadores; diseño
procedimental adultocéntrico
Demuestra brecha entre estándares
internacionales y práctica judicial; aporta
evidencia para ajustes procedimentales
diferenciados para víctimas menores de edad
Okech et
al., (2024)
Investigación cualitativa
participativa con actores
institucionales y comunitarios
(Sierra Leona)
CRC, Protocolo de Palermo,
enfoque survivor-centered,
interés superior del niño
Débil implementación normativa;
escasa coordinación
interinstitucional; limitaciones
operativas locales
Identifica barreras estructurales que impiden
protección efectiva de víctimas; propone marcos
ecológicos y comunitarios replicables
Haiqing et
al., (2025)
Análisis doctrinal y
comparado sobre medicina
forense clínica en casos de
violación (Bangladesh)
CEDAW, derecho de acceso
a la justicia, estándares
probatorios internacionales
Legislación obsoleta; falta de
protocolos forenses; baja capacitación
técnica; débil articulación médico-
judicial
Evidencia cómo fallas procedimentales y
operativas erosionan la protección judicial de
víctimas; fundamenta recomendaciones de
armonización normativa y protocolar
Lichman
et al.,
(2022)
Estudio comparado sobre el
principio de razonabilidad en
procesos judiciales europeos
Art. 6 CEDH, debido
proceso, plazo razonable
Indeterminación normativa;
aplicación judicial discrecional;
déficits de control temporal
Aporta marco transversal para analizar cómo la
falta de razonabilidad procesal afecta la tutela
efectiva de víctimas y testigos
Yıldırım et
al., (2023)
Análisis empírico con machine
learning sobre incumplimiento
de sentencias del TEDH
Art. 46 CEDH, obligación de
ejecución de sentencias
internacionales
Resistencia estatal; costos políticos;
baja capacidad institucional
Proporciona evidencia empírica sobre brechas
entre estándares internacionales y su ejecución
práctica; sustenta recomendaciones de
enforcement y seguimiento judicial
Tabla 2. Brechas en la implementación judicial de estándares de protección de víctimas y testigos
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Autor
Contexto del estudio
Tipo de barreras identificadas
Estándares / marcos
relevantes
Aportes clave para la revisión
Sumrit &
Maneelok
(2025)
Implementación de servicios
médicos de emergencia aérea
en países de ingresos bajos y
medios
Normativas (débil soporte regulatorio),
procedimentales (coordinación
interinstitucional), operativas (seguridad
aérea, financiamiento)
Marcos regulatorios de
EMS, gobernanza
públicaprivada
Evidencia que la ausencia de marcos
regulatorios claros y de coordinación
institucional limita la implementación efectiva
de estándares internacionales en contextos
complejos.
Aziz Khan et
al., (2024)
Prácticas sostenibles en
manufactura textil en países en
desarrollo
Normativas (débil regulación),
procedimentales (falta de información),
operativas (costos, capacidades técnicas)
Estándares
internacionales de
sostenibilidad
Identifica barreras estructurales comparables a
la desvinculación procesal, especialmente en la
traslación normativa a la práctica operativa.
Griffore et al.,
(2023)
Contratación pública en salud
durante emergencias sanitarias
Normativas (relajación de controles),
procedimentales (opacidad), operativas
(corrupción y falsificación)
ACTA, estándares
OMS de transparencia
Demuestra cómo la flexibilización
procedimental genera brechas entre estándares
internacionales y su implementación efectiva.
Yadav et al.,
(2021)
Adopción de estándares de
seguridad alimentaria en
empresas exportadoras
Normativas (costos regulatorios),
procedimentales (certificación),
operativas (capacidad organizacional)
Estándares
internacionales de
seguridad alimentaria
Aporta un marco analítico transferible para
estudiar barreras de implementación normativa
en contextos de cumplimiento formal parcial.
Dancey et al.,
(2024)
Regulación privada en entornos
alimentarios saludables
Normativas (voluntariedad),
procedimentales (débil monitoreo),
operativas (ausencia de enforcement)
Gobernanza
regulatoria y salud
pública
Evidencia que la falta de mecanismos de
control y seguimiento profundiza la brecha
entre estándares y resultados reales.
Kamoonpuri &
Sengar (2023)
Implementación de asistentes
virtuales con IA en el sector
retail
Normativas (vacíos legales),
procedimentales (aceptación
organizacional), operativas (limitaciones
técnicas)
Marcos de adopción
tecnológica y ética en
IA
Ilustra cómo las barreras operativas y
procedimentales impiden la materialización
efectiva de estándares tecnológicos.
Correa-Rotter
et al., (2023)
Políticas públicas y guías
clínicas sobre enfermedad renal
crónica en América Latina
Normativas (desactualización),
procedimentales (falta de registros),
operativas (desigualdad en acceso)
Guías clínicas
internacionales
(KDIGO)
Refuerza la existencia de brechas estructurales
entre estándares internacionales y su
implementación judicial y administrativa.
Tabla 3. Barreras para la implementación de estándares internacionales
ISSN: 2665-0398
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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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Autor(es)
Contexto
Diseño
Recomendaciones normativas y
procedimentales con evidencia de
utilidad
Barreras/condiciones de
implementación
Lichman et
al., (2022)
Estándares internacionales sobre
plazo razonable, acceso a justicia y
organización judicial; riesgos de
ineficacia cuando la justicia se
administra con demoras
injustificadas.
Análisis jurídico comparado
apoyado en estándares y
prácticas europeas
(ECHR/CEPEJ/Venice
Commission).
(i) Consolidar legislativamente remedios
eficaces frente a dilaciones, incluyendo
compensación por daños por
incumplimiento de plazos y derecho a
recurrir ante instancia superior como
herramienta procedimental explícita. (ii)
Adoptar “best practices” de gestión del
tiempo judicial y herramientas
institucionales para reducir retrasos.
La efectividad dependerá de evitar
formalismo excesivo que distorsione el
acceso a la justicia; se requerirá
distinguir formalidades legítimas de
obstáculos indebidos (certeza jurídica y
debida administración). Además, la
prevención de dilaciones deberá
contemplar el abuso de recursos como
táctica dilatoria.
Orlove et
al., (2023)
Brecha entre instrumentos
normativos internacionales y su
implementación: inclusión y
distribución de poder en procesos
(consentimiento/consulta y
reconocimiento de reglas).
Ensayo y síntesis de
instrumentos de política con
base en marcos
internacionales (ILO 169,
UNDRIP, Nagoya Protocol,
etc.).
(i) Institucionalizar consulta plena como
requisito procedimental para participación
y autogobierno (sin asumir que por sí sola
garantice influencia). (ii) Exigir
consentimiento libre, previo e informado
(FPIC) como estándar reforzado (capaz de
bloquear proyectos cuando se niegue el
consentimiento). (iii) Reconocer derecho
consuetudinario y derechos de propiedad
intelectual para asegurar estatus jurídico a
reglas/categorías propias y titularidad del
conocimiento, fortaleciendo la simetría de
poder.
Se evidenciarán riesgos de
“cumplimiento aparente”: FPIC podrá
producir apariencia de consentimiento
cuando no sea libre o informado; por
ello, se requerirá monitoreo y
evaluación continua de instrumentos,
con ajustes y adiciones según déficits
detectados.
Gill et al.,
(2023)
Implementación de justicia
procedimental: participación
efectiva, liderazgo local,
transparencia y mecanismos de
resolución de conflictos como
condiciones para evitar
“maladaptación” e inequidad.
Artículo tipo “Perspective”
con estrategias
transformativas basadas en
evidencia empírica y síntesis
conceptual-operativa.
(i) Priorizar la justicia social como
principio rector con foco en
reconocimiento, procedimiento y
distribución. (ii) Diseñar participación
que vaya más allá de invitaciones:
asegurar transparencia, neutralidad, voz
adecuada, control decisorio, y
mecanismos accesibles de resolución de
conflictos. (iii) Impulsar gobernanza
compartida y liderazgo local para
decisiones legítimas.
Se identificará que la implementación
requerirá remover barreras de capacidad
(pobreza de tiempo/recursos) en grupos
subrepresentados; se necesitarán
medidas de apoyo para participación
significativa sin agravar restricciones.
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Autor(es)
Contexto
Diseño
Recomendaciones normativas y
procedimentales con evidencia de
utilidad
Barreras/condiciones de
implementación
Sundaram,
A., et al.,
(2026)
Brecha entre decisiones “técnicas”
y justicia: sesgos por decisiones
tempranas (financiamiento,
alcance, diseño), falta de
trazabilidad y rendición de cuentas
en procesos.
Revisión y propuesta de
recomendaciones operativas
para incorporar justicia en
procesos (énfasis en etapas
tempranas).
(i) Exigir documentación trazable de
decisiones (quién decide, cuándo, por qué
y con qué método), como condición
procedimental de transparencia y control.
(ii) Implementar herramientas
estructuradas (checklists, guías de
reflexión, cuestionarios) para evaluar
implicancias de justicia en cada etapa y
hacer explícitos sesgos/omisiones.
Se advertirá que decisiones tempranas
condicionarán la participación y el
reconocimiento; por ello, la
implementación debe abarcar fases
previas (definición del problema,
equipo, recursos, criterios), no solo
fases “técnicas” posteriores.
Tabla 4. Recomendaciones normativas y procedimentales para la implementación judicial de estándares internacionales
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Discusión de resultados
La evidencia sintetizada en la presente
revisión permite afirmar que la desvinculación
procesal opera como un factor transversal que
incrementa la vulnerabilidad de víctimas y testigos
y acentúa la brecha existente entre los estándares
internacionales de protección y su efectiva
implementación en la práctica judicial. Los
hallazgos evidencian que dicha desvinculación se
manifiesta tanto en el plano procedimental a través
de la fragmentación del proceso, el formalismo
rígido y los retrasos, tales como en dimensiones
institucionales y simbólicas.
Estos resultados coinciden con los aportes de
Fairclough (2021) y Gill et al., (2021), quienes
señalaron que la subordinación de las medidas de
protección a criterios de eficiencia administrativa o
utilidad probatoria favorece dinámicas de
revictimización. De manera consistente, O’Driscoll
(2025) demostró que una gestión procedimental
insensible al trauma se asocia con el abandono de
reclamaciones, fenómeno que también fue
identificado en los estudios analizados en esta
revisión.
En lo referido a la implementación deficiente
de los estándares internacionales, los resultados se
alinean con investigaciones que destacan la
exclusión de las víctimas de los espacios decisorios
como una afectación directa a la justicia
procedimental (Chun, 2021), así como con la
literatura que identifica obstáculos específicos para
grupos en situación de especial vulnerabilidad,
como niños y niñas (Katz & Kosher, 2020) y
víctimas de trata de personas (Okech et al., 2024).
Del mismo modo, la brecha entre los compromisos
internacionales asumidos por los Estados y su
ejecución práctica, documentada por Yıldırım et al.,
(2023), refuerza la necesidad de incorporar
mecanismos efectivos de seguimiento y
cumplimiento, aspecto que la presente revisión
integra de manera sistemática en la propuesta de un
marco comparativo operativo.
Desde una perspectiva explicativa, las
coincidencias con la literatura previa pueden
atribuirse a la presencia de patrones estructurales
recurrentes, tales como la débil coordinación
interinstitucional, el predominio del formalismo
procesal y la ausencia de indicadores verificables de
cumplimiento. Por su parte, las diferencias
observadas entre jurisdicciones se explican
principalmente por variaciones en las capacidades
institucionales y por la existencia o ausencia de
unidades especializadas y protocolos claros, tal
como lo advierten Mukama (2024) y Haiqing et al.,
(2025).
Entre las principales limitaciones del estudio
se reconoce la dependencia de literatura publicada
en bases de datos indexadas, lo que podría excluir
experiencias relevantes no sistematizadas, así como
la heterogeneidad metodológica de los estudios
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incluidos, que restringe la posibilidad de realizar
comparaciones cuantitativas directas. Estas
limitaciones aconsejan cautela al generalizar los
hallazgos, especialmente hacia contextos con
configuraciones institucionales sustancialmente
distintas.
En relación con las líneas futuras de
investigación, se sugiere el desarrollo de estudios
empíricos comparados que permitan
operacionalizar indicadores de implementación
judicial, así como evaluaciones longitudinales
orientadas a medir el impacto de reformas
normativas y procedimentales. Asimismo, resulta
pertinente profundizar en análisis centrados en la
experiencia de víctimas y testigos, incorporando
metodologías participativas que contribuyan a
validar y ajustar el marco propuesto. En conjunto,
estas neas de investigación favorecerán la
traducción efectiva de los estándares internacionales
en prácticas judiciales coherentes, consistentes y
verificables, en consonancia con el objetivo central
de la presente revisión sistemática.
Conclusiones
Los resultados de esta investigación
evidenciaron que la desvinculación procesal
constituye un factor estructural que incide de
manera directa en la vulneración de los derechos de
víctimas y testigos, al fragmentar la continuidad de
las medidas de protección y debilitar la coherencia
institucional en la implementación judicial.
La revisión sistemática permitió identificar
que las principales brechas se concentran en tres
niveles interrelacionados: normativo, caracterizado
por regulaciones incompletas o desactualizadas;
procedimental, asociado al formalismo excesivo, a
la rigidez de los plazos y a la limitada participación
de las víctimas; y operativo, vinculado a
deficiencias de coordinación interinstitucional,
recursos y capacidades técnicas. Estos hallazgos
contribuyeron al campo de estudio al sistematizar
evidencia comparada que demuestra que la
existencia formal de estándares internacionales
resulta insuficiente si no se acompaña de
mecanismos verificables de aplicación y
seguimiento.
En relación con el objetivo de investigación,
los resultados permitieron proponer un marco
comparativo operativo, sustentado en la evidencia
sintetizada, que integra criterios de justicia
procedimental, participación efectiva, razonabilidad
temporal y supervisión institucional como ejes para
reducir la brecha entre los estándares
internacionales y su implementación judicial en
contextos de desvinculación procesal.
Asimismo, se formularon recomendaciones
normativas y procedimentales orientadas a
fortalecer la centralidad de la víctima, mejorar la
trazabilidad de las decisiones judiciales y promover
unidades especializadas y protocolos claros de
protección, contribuyendo así a una traducción más
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coherente de los compromisos internacionales en la
práctica judicial.
El estudio se desarrolló bajo la modalidad de
artículo de revisión sistemática, siguiendo
directrices metodológicas reconocidas, lo que
permitió integrar y comparar hallazgos provenientes
de diversas jurisdicciones y diseños de
investigación. Este enfoque otorgó solidez analítica
a las conclusiones y facilitó una visión amplia y
estructurada del estado actual del conocimiento,
coherente con el objetivo propuesto.
Finalmente, los resultados obtenidos sugieren
implicaciones relevantes para la política judicial y la
investigación futura. Se identificó la necesidad de
estudios empíricos comparados que evalúen el
impacto real de las reformas normativas y
procedimentales, así como investigaciones que
incorporen la experiencia directa de víctimas y
testigos mediante enfoques participativos.
De igual modo, futuras líneas de trabajo
podrían profundizar en el desarrollo de indicadores
operativos de cumplimiento y en el análisis
longitudinal de la implementación de estándares
internacionales, con el fin de fortalecer la
efectividad y legitimidad de los sistemas de justicia
penal.
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