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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 03/01/2026
Aceptado: 04/02/2026
Publicado: 24/03/2026
Código Único AV: e659
Páginas: 1(384-402)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19210127
Autores:
Mónica Cecilia Lañas Quinde
Magister en Gestión Pública
https://orcid.org/0000-0002-2910-9689
E-mail: moniceci18@hotmail.com
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Mileydi Elizabeth Paiva Calderón
Doctora en Derecho y Ciencias Políticas
https://orcid.org/0009-0008-9679-1295
E-mail: paivamileydi@gmail.com
Afiliación: CEMF C.S. Santa Julia
País: República del Perú
Paola Yowanny Andrade Garcia
Magister en Contratación Pública
https://orcid.org/0009-0005-0720-0296
E-mail: paolayowannya@gmail.com
Afiliación: CEMF C.S. Santa Julia
País: República del Perú
Resumen
Los mecanismos de vigilancia comunitaria son claves en la mitigación de
riesgos sociales como son la acciones delictiva y situaciones de emergencia, por
lo tanto, este estudio analiza la eficacia de los mecanismos de vigilancia
comunitaria en la mitigación de riesgos sociales en los asentamientos humanos
del Distrito Veintiséis de Octubre, mediante un enfoque longitudinal para
determinar cómo el control social informal y la eficacia colectiva influyen en la
reducción de incidentes delictivos y en la mejora de la percepción de seguridad.
La metodología empleó un diseño no experimental y correlacional, utilizando
encuestas de victimización y auditorías territoriales procesadas con modelos de
regresión logística. Los resultados revelaron una reducción del 28% en delitos
patrimoniales y del 35% en los tiempos de respuesta ante emergencias gracias
al uso de tecnologías de información y redes de alerta temprana. Se identificó
que la confianza vecinal es el principal predictor del éxito operativo, logrando
una disuasión delictiva superior en territorios con alto capital social. El estudio
concluye que la vigilancia comunitaria es un motor de resiliencia territorial que
requiere de una articulación multinivel robusta con la Policía Nacional y el
municipio, no obstante, se recomienda fortalecer el marco estratégico mediante
capacitaciones en derechos humanos para garantizar una intervención ética y
sostenible que transforme los asentamientos en espacios de ciudadanía activa y
paz social.
Palabras Clave
Asentamiento, comunidad, emergencia, riesgo,
seguridad.
Abstract
Community policing mechanisms are key to mitigating social risks such as
crime and emergencies. Therefore, this study analyzes the effectiveness of
community policing mechanisms in mitigating social risks in the informal
settlements of the Veintiséis de Octubre District, using a longitudinal approach
to determine how informal social control and collective efficacy influence the
reduction of criminal incidents and improve the perception of safety. The
methodology employed a non-experimental, correlational design, utilizing
victimization surveys and territorial audits processed with logistic regression
models. The results revealed a 28% reduction in property crimes and a 35%
reduction in emergency response times thanks to the use of information
technologies and early warning networks. Neighborhood trust was identified as
the main predictor of operational success, achieving greater crime deterrence in
areas with high social capital. The study concludes that community policing is
a driver of territorial resilience that requires robust multi-level coordination with
the National Police and the municipality; however, it recommends
strengthening the strategic framework through human rights training to ensure
an ethical and sustainable intervention that transforms settlements into spaces
of active citizenship and social peace.
Keywords
Settlement, community, emergency, risk, security.
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Introducción
La seguridad ciudadana y la gestión de riesgos
sociales han evolucionado de modelos
exclusivamente policiales hacia paradigmas
participativos donde la vigilancia comunitaria se erige
como un componente estratégico para la cohesión
social y la prevención del delito. En este contexto, la
eficacia de los mecanismos de vigilancia comunitaria
no solo se mide por la reducción cuantitativa de actos
delictivos, sino por su capacidad para mitigar
vulnerabilidades sistémicas y fortalecer la resiliencia
en entornos de alta complejidad demográfica.
Los asentamientos humanos del Distrito
Veintiséis de Octubre presentan una configuración
socioterritorial particular, donde la precariedad de la
infraestructura y la fragmentación del tejido social
exacerban la exposición a riesgos como la violencia
interpersonal, el microtráfico y la desarticulación
vecinal. La vigilancia comunitaria, entendida como un
sistema de control social informal basado en la
solidaridad y el monitoreo territorial, surge como una
respuesta alostática ante la limitada presencia
institucional, buscando restaurar el orden público a
través de la inteligencia vecinal y la acción
coordinada. No obstante, la sostenibilidad de estos
mecanismos depende de una arquitectura
organizacional que equilibre la legitimidad social con
la efectividad operativa, evitando que la vigilancia se
convierta en una fuente adicional de conflicto o en un
ejercicio de justicia extralegal.
A pesar de la existencia de esfuerzos
organizativos, los asentamientos humanos de esta
jurisdicción enfrentan una degradación progresiva de
la seguridad debido a la permeabilidad de sus
fronteras sociales y a la falta de un marco de
evaluación longitudinal que determine si estas
iniciativas comunitarias logran una mitigación
sostenida o son meramente paliativos reactivos. El
problema radica en que, sin una comprensión técnica
de los factores que condicionan la eficacia de la
vigilancia como el grado de capital social, la
confianza en las autoridades formales y la calidad de
la comunicación interna, los mecanismos de
vigilancia comunitaria operan bajo una incertidumbre
que debilita su capacidad preventiva. Esta situación
genera un ciclo de desprotección donde la percepción
de inseguridad aumenta el aislamiento vecinal,
reduciendo la eficacia de los ojos de la comunidad y
permitiendo que los riesgos sociales se
institucionalicen en el territorio, comprometiendo el
desarrollo humano y la estabilidad de los
asentamientos.
La presente investigación busca validar
modelos de seguridad participativa que puedan ser
replicados y escalados en contextos de vulnerabilidad
urbana. Un análisis longitudinal en el Distrito
Veintiséis de Octubre permite identificar las variables
críticas que garantizan que la vigilancia comunitaria
sea un motor de transformación y no una respuesta
efímera ante crisis puntuales. La relevancia de este
estudio es tanto teórica como social, ya que busca
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dotar a los líderes comunitarios y a los tomadores de
decisiones de evidencia científica sobre cómo el
fortalecimiento del control social informal puede
desarticular factores de riesgo estructurales. Justificar
científicamente estos mecanismos implica reconocer
el papel de la comunidad como un actor protagónico
en la gestión de su propia seguridad, promoviendo una
gobernanza multinivel que optimice los recursos
locales y estatales basado en los siguientes
fundamentos teóricos.
Desarrollo
Paradigmas de Seguridad Ciudadana y Control
Social
La transición paradigmática en la gestión del
orden público ha desplazado el eje de gravedad desde
el modelo punitivo-estatal, centrado en la represión y
la soberanía del Estado, hacia un enfoque de seguridad
humana y ciudadana que prioriza la integridad del
individuo y la prevención del riesgo social. Este
cambio implica comprender que la seguridad no es
solo la ausencia de delito, sino la presencia de
condiciones que permitan el desarrollo de las
libertades civiles. Según autores como Kaldor (2018),
Jutersonke et al., (2021) y Tadjbakhsh (2023), la
seguridad humana aborda las causas estructurales de
la violencia, mientras que Dammert (2019) y Frühling
(2020) sostienen que la seguridad ciudadana exige la
democratización de las fuerzas policiales. Esta
evolución es fundamental para los mecanismos de
vigilancia comunitaria, ya que reorienta la acción
vecinal de la simple delación hacia la construcción de
entornos resilientes y la mitigación de
vulnerabilidades socioeconómicas.
La arquitectura de la seguridad urbana se
sustenta en la interacción dialéctica entre el control
social formal, ejercido por instituciones coercitivas
del Estado, y el control social informal, emanado de
las normas y redes de la propia comunidad. El control
informal, manifestado a través de la vigilancia vecinal
y la desaprobación social de la conducta desviada, es
a menudo más eficaz para mitigar riesgos en
microcontextos que la presencia policial esporádica.
De acuerdo con Sampson (2017), Wikström et al.,
(2018) y Bottoms (2021), la eficacia colectiva es la
capacidad de los vecinos para intervenir frente a
problemas comunes. Investigadores como Garland
(2021) y Sozzo (2022) argumentan que cuando el
control formal se desconecta del informal, se genera
un vacío de legitimidad que favorece la anomia,
mientras que la vigilancia comunitaria exitosa actúa
como un pegamento social que autorregula el espacio
público sin recurrir necesariamente a la punitividad.
La coproducción de seguridad se define como la
colaboración estratégica y operativa entre los órganos
estatales de control y la sociedad civil organizada para
la gestión del orden público y la reducción del riesgo
social. Este modelo reconoce que el Estado es incapaz
de cubrir la totalidad del territorio de manera
omnipresente, por lo que requiere de la "inteligencia
comunitaria" para optimizar sus intervenciones.
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Según Meagher (2019), Verschuere et al., (2020) y
Loftus (2021), la coproducción trasciende la mera
denuncia, involucrando a los ciudadanos en el diseño
de diagnósticos territoriales. Autores como Bayley &
Shearing (2017) y Ayling, (2022) destacan que esta
sinergia mejora la rendición de cuentas policial y
empodera a las comunidades, permitiendo que la
vigilancia vecinal se integre en un sistema de
seguridad multinivel que previene la escalada de
conflictos locales.
La gobernanza local y la descentralización
administrativa son los catalizadores institucionales
que permiten la institucionalización de la vigilancia
participativa en los niveles más cercanos al ciudadano.
El papel del gobierno municipal es fundamental para
dotar de legalidad, recursos y capacitación a las juntas
vecinales, evitando que la vigilancia comunitaria
derive en prácticas de justicia por mano propia. De
acuerdo con Grindle (2017), Faguet & Pöschl (2015)
y Ungar (2020), la descentralización facilita una
respuesta más ágil a los riesgos sociales específicos de
cada asentamiento humano. Investigadores como
Bahl & Bird (2018) y Rodríguez-Pose (2020)
sostienen que la autonomía local permite la creación
de observatorios del delito y redes de alerta temprana
que son mucho más precisos que los sistemas
centralizados. Finalmente, Cano (2021) argumenta
que una gobernanza local robusta transforma la
vigilancia comunitaria en un ejercicio de ciudadanía
activa, donde la seguridad se gestiona como un bien
público local y no como una imposición vertical del
Estado.
Mecanismos de Vigilancia Comunitaria: Estructura
y Función
La vigilancia comunitaria se define
ontológicamente como un sistema de control social
informal donde los residentes de un territorio asumen
un rol activo en la monitorización y protección de su
entorno. Este fenómeno trasciende la mera
observación, configurándose como una estructura
orgánica de prevención que se adapta a las
particularidades sociogeográficas de cada
asentamiento. Según Gill et al., (2015), Bennett et al.,
(2017) y Ayling (2022), las tipologías de vigilancia
varían desde las juntas vecinales urbanas,
caracterizadas por su vinculación administrativa con
el Estado, hasta las rondas urbanas o campesinas, que
poseen una autonomía operativa más profunda y una
legitimidad basada en la identidad territorial.
Investigadores como Frühling (2020) y Ungar (2020)
sostienen que la eficacia de estas organizaciones
depende de su capacidad para formalizar patrullajes
comunitarios que no vulneren los derechos humanos,
transformando el espacio público de un lugar de riesgo
en un territorio de cohesión protegida.
La teoría de la eficacia colectiva constituye el
núcleo explicativo de por qué algunos vecindarios
logran mitigar los riesgos sociales mientras otros
sucumben a la anomia. Este constructo, propuesto
originalmente por Robert Sampson, articula la
confianza mutua entre vecinos con la voluntad
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compartida de intervenir ante la desviación social. De
acuerdo con Sampson (2017), Wikström et al., (2018)
y Bottoms (2021), la eficacia colectiva actúa como un
factor de resiliencia estructural que reduce las tasas de
criminalidad incluso en contextos de precariedad
económica. Autores como Gerell et al., (2021) y
Sutherland et al., 2023) enfatizan que la vigilancia
comunitaria solo es sostenible cuando existe un
capital social que garantice que los individuos están
dispuestos a actuar en favor del bien común,
convirtiendo la vigilancia pasiva en una intervención
preventiva activa y legítima.
La criminología ambiental ofrece un marco
técnico para entender cómo la configuración del
espacio y el cálculo racional del infractor interactúan
con la vigilancia comunitaria. En primer lugar, la
Teoría de las Ventanas Rotas, reevaluada por Harcourt
(2015), Hinkle & Yang (2020) y Garland (2021),
sugiere que el deterioro físico del entorno envía
señales de falta de control social, lo que invita a la
escalada delictiva; en respuesta, la vigilancia
comunitaria prioriza la recuperación del orden visual.
En segundo lugar, la Teoría de la Elección Racional,
defendida por Farrell et al., (2016), Cornish & Clarke
(2017) y Sidebottom & Wortley (2020) y, posiciona a
la vigilancia comunitaria como un incremento directo
en el riesgo percibido por el delincuente. Al aumentar
la probabilidad de ser detectado y aprehendido por el
"ojo vecinal", los mecanismos de vigilancia actúan
como un factor disuasorio que altera el cálculo costo-
beneficio del transgresor, mitigando así los incidentes
críticos en el territorio.
El capital social se erige como la infraestructura
invisible pero indispensable sobre la cual operan los
mecanismos de vigilancia comunitaria. La red de
vínculos, normas de reciprocidad y niveles de
asociacionismo determinan la capacidad operativa de
cualquier sistema de seguridad informal. Según
Putnam (2020), Woolcock (2021), Bhandari (2022) y
Aldrich, 2023, la cohesión vecinal genera canales de
comunicación fluidos que facilitan la inteligencia
comunitaria y la respuesta rápida ante emergencias.
Investigadores como Loftus (2021) y Sozzo (2022)
argumentan que en asentamientos humanos con alto
capital social "puente" (conexiones externas), la
vigilancia informal se integra mejor con la policía
formal. Por su parte, Cano (2021) destaca que la
fortaleza de estos vínculos sociales permite que la
comunidad gestione sus propios riesgos de manera
autónoma, reduciendo la dependencia del Estado y
fomentando una cultura de paz basada en la
solidaridad y el conocimiento compartido del
territorio.
Fenomenología de los Riesgos Sociales en
Asentamientos Humanos
La vulnerabilidad territorial en los
asentamientos informales no es un fenómeno
accidental, sino el resultado de procesos históricos de
exclusión segregada que predisponen a la inseguridad
sistémica. La falta de infraestructura básica, el diseño
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urbano caótico y la ausencia de servicios estatales
configuran un escenario de "abandono institucional"
que facilita la apropiación del territorio por actores
delictivos. Según Katzman (2018), Dammert (2019),
Moser (2021), Sozzo (2022) y Abramo (2023), la
precariedad en la tenencia de la tierra y la segregación
espacial generan una ruptura en el tejido social que
debilita el control informal. Investigadores como
Rodríguez-Pose (2020) y Sassen (2024) sostienen que
la exclusión económica actúa como un multiplicador
de riesgos, donde la geografía del asentamiento se
convierte en una barrera para la movilidad social y un
refugio para la economía sumergida, exigiendo
intervenciones que trasciendan la vigilancia policial
para abordar la justicia espacial.
La taxonomía de los riesgos sociales en
asentamientos precarios revela una interacción
multicausal de violencias que degradan la calidad de
vida comunitaria. En primera instancia, la violencia
familiar e interpersonal se exacerba por el
hacinamiento y el estrés ambiental, mientras que el
microtráfico y consumo de sustancias actúan como
catalizadores de la inseguridad patrimonial (robos y
hurtos). Por otro lado, el pandillaje y la
desarticulación juvenil reflejan la falta de alternativas
educativas y laborales. De acuerdo con Zubillaga et
al., (2019), Frühling (2020), Cano (2021), Briceño-
León (2023), y Díaz & Schargrodsky (2024), estos
riesgos no operan de forma aislada, sino que se
retroalimentan en un ciclo de victimización
recurrente. Al respecto, Valenzuela (2022) enfatiza
que el microtráfico territorializa el poder, desplazando
la autoridad vecinal y sometiendo a la población a un
régimen de control delictivo que desarticula cualquier
iniciativa de vigilancia comunitaria autónoma.
La dinámica entre los factores de riesgo y los
factores de protección determina la resiliencia de un
asentamiento humano frente a la criminalidad.
Mientras que la desocupación juvenil y el entorno
físico degradado actúan como disparadores delictivos,
la existencia de redes de apoyo vecinal y la presencia
de espacios públicos iluminados funcionan como
mecanismos de mitigación. Según Sampson (2017),
Wikström et al., (2018), Farrington et al., (2021),
Lösel (2023) y Farrell (2024), el factor de protección
más potente es la eficacia colectiva, es decir, la
capacidad de la comunidad para movilizar recursos
informales de control. Investigador como Ungar
(2020) argumenta que la vigilancia comunitaria bien
organizada puede neutralizar los factores de riesgo
situacionales, siempre que exista una base de capital
social que garantice la sostenibilidad de los lazos de
confianza frente a la amenaza externa e interna.
El impacto psicosocial de la inseguridad se
manifiesta en una distorsión de la percepción del
riesgo que puede derivar en el fenómeno de "parálisis
comunitaria", donde el miedo extremo inhibe la
participación ciudadana y fomenta el aislamiento. La
percepción de inseguridad a menudo supera las tasas
reales de victimización, alterando las rutinas
cotidianas y fragmentando los lazos vecinales. De
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acuerdo con Harcourt (2015), García-España (2021),
Ramos (2022) y San-Juan (2024), el miedo al delito
actúa como un agente desocializador que debilita los
mecanismos de vigilancia comunitaria. Autores como
Dammert (2019) y Garland (2021) y sostienen que la
parálisis vecinal entrega el espacio público a la
delincuencia, creando un círculo vicioso donde la falta
de cohesión aumenta la vulnerabilidad. La
intervención debe, por tanto, enfocarse en la
recuperación de la confianza intersubjetiva como paso
previo a cualquier estrategia operativa de seguridad
participativa.
Mitigación de Riesgos mediante la Intervención
Comunitaria
La prevención situacional se fundamenta en la
premisa de que el entorno físico puede ser gestionado
para reducir las oportunidades delictivas y aumentar
el riesgo percibido por el infractor. En los
asentamientos humanos, esta estrategia se traduce en
la recuperación de espacios públicos, la mejora del
alumbrado y el diseño de barreras arquitectónicas que
limiten el anonimato. Según Farrell et al., (2016),
Cornish & Clarke (2017), Armitage (2018),
Sidebottom & Wortley (2020), Ekblom (2023) y
Bowers et al., (2024), la reducción de la
"vulnerabilidad del sitio" es determinante para
disuadir delitos de oportunidad. Investigadores como
Cozens & Love (2015) y Hinkle & Yang (2020)
sostienen que la vigilancia natural, promovida por un
diseño urbano que favorezca la visibilidad vecinal,
actúa como un potente catalizador de la seguridad
ciudadana, permitiendo que la comunidad recupere la
soberanía sobre su territorio mediante la eliminación
de "puntos ciegos" y zonas de confort delictivo.
La prevención social trasciende el control físico
al enfocarse en el fortalecimiento de las competencias
ciudadanas y la promoción de una cultura de paz que
desarticule los riesgos desde su origen conductual.
Este enfoque prioriza la mediación y la resolución
pacífica de conflictos como herramientas para evitar
que las disputas vecinales escalen hacia violencias
mayores. De acuerdo con Dammert (2019), Frühling
(2020), Verschuere et al., (2020), Cano (2021), y
Sozzo (2022), la educación comunitaria es el soporte
que garantiza la sostenibilidad de la vigilancia
participativa. Autores como Panadero (2017) y
Hervás et al., (2022) destacan que el empoderamiento
psicológico y la cohesión intersubjetiva permiten que
la comunidad gestione sus riesgos no desde la
paranoia, sino desde la solidaridad y el respeto a la
norma, transformando al vecino de un observador
pasivo en un mediador social proactivo.
La inteligencia vecinal, potenciada por las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), ha revolucionado la respuesta reactiva en los
asentamientos humanos mediante la creación de redes
de alerta temprana. El uso de plataformas como
WhatsApp, junto con alarmas comunitarias e
intercomunicadores, permite una comunicación en
tiempo real que optimiza la coordinación vecinal
frente a incidentes críticos. Según Bennett et al.,
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(2017), Meagher (2019), Loftus (2021), Ayling
(2022), y Ratcliffe (2024), estos sistemas de
"vigilancia conectada" incrementan drásticamente la
capacidad de detección y respuesta. Investigadores
como Gill et al., (2015) y Tamm et al., (2020)
argumentan que el SAT vecinal actúa como una
extensión sensorial de la seguridad pública, siempre
que la información sea procesada éticamente y
comunicada de manera efectiva a los órganos de
control formal, evitando la saturación del sistema y
garantizando intervenciones oportunas y precisas.
El ejercicio de la vigilancia comunitaria debe
estar estrictamente enmarcado en el respeto a la ética
y los derechos humanos para evitar que la protección
vecinal derive en prácticas de justicia extralegal o
"mano propia". El establecimiento de límites legales
claros es fundamental para preservar la legitimidad
social de estos mecanismos y garantizar la integridad
de todos los actores involucrados. De acuerdo con
Ungar (2020), Garland (2021), Bottoms (2021),
Jutersonke et al., (2021) y Valenzuela (2022), la
vigilancia informal nunca debe sustituir la función
jurisdiccional del Estado. Según Abramo (2023)
enfatiza que el entrenamiento en derechos humanos
para los líderes comunitarios es imperativo para
mitigar riesgos de abusos o estigmatización. La
vigilancia ética se define, por tanto, como una
actividad de acompañamiento y alerta que fortalece el
Estado de Derecho, promoviendo una seguridad
inclusiva que protege tanto al residente como el
debido proceso legal.
Marco Estratégico de Integración y Sostenibilidad
La articulación multinivel constituye el eje
gravitacional de la seguridad ciudadana moderna,
donde la sinergia entre la Policía Nacional, el
Serenazgo y las organizaciones vecinales trasciende la
mera coexistencia para convertirse en una red
operativa integrada. Este modelo de gobernanza
híbrida permite que la vigilancia comunitaria actúe
como un sensor territorial que nutre de inteligencia a
las fuerzas de seguridad pública, optimizando la
asignación de recursos. Según Dammert (2019),
Frühling (2020) y Ungar (2020), Loftus (2021) y
Ayling (2022), la eficacia de esta triada depende de la
creación de protocolos de comunicación claros y de la
validación institucional de los líderes vecinales.
Investigadores como Cano (2021) y Sozzo (2022)
sostienen que cuando la articulación es horizontal y
respetuosa de las competencias locales, se reduce la
desconfianza histórica hacia la policía, permitiendo
que la vigilancia participativa sea el primer eslabón en
una cadena de prevención que mitiga riesgos sociales
de manera sistémica.
La evaluación de la vigilancia comunitaria exige
un enfoque longitudinal que logre diferenciar entre la
reducción fáctica de los incidentes críticos
(indicadores de impacto) y la fortaleza de la
organización social que los sustenta (indicadores de
proceso). Una vigilancia eficaz no solo es aquella que
disminuye la victimización, sino la que aumenta la
participación vecinal y la cohesión intersubjetiva a lo
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largo del tiempo. De acuerdo con Sampson (2017),
Wikström et al., (2018), Gerell et al., (2021),
Sutherland et al., (2023) y Díaz & Schargrodsky
(2024), medir la percepción de seguridad es tan vital
como registrar las tasas de criminalidad. Autores
como Bennett et al., (2017), Garland (2021) y
enfatizan que la sostenibilidad de estos mecanismos
depende de evaluaciones recurrentes que permitan
ajustar las tácticas preventivas según la evolución
fenomenológica del riesgo en el asentamiento,
garantizando que el sistema no se agote tras la fase de
implementación inicial.
La modernización de la vigilancia comunitaria
se ha visto potenciada por el uso estratégico de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), las cuales actúan como multiplicadores de
fuerza para los sistemas de alerta temprana. La
integración de redes sociales, alarmas inteligentes y
cámaras de videovigilancia de bajo costo ha
democratizado el acceso a la seguridad tecnológica en
los asentamientos humanos. Según Meagher (2019),
Sidebottom & Wortley (2020), Verschuere et al.,
(2020), Bowers et al., (2024) y Ratcliffe (2024), la
"vigilancia conectada" permite una respuesta reactiva
casi inmediata y un mapeo delictivo vecinal de alta
precisión. Investigadores como Gill et al., (2015) y
Loftus (2021) destacan que el papel de las TIC no es
sustituir la presencia física, sino facilitar una
inteligencia vecinal que sea verificable y articulable
con los centros de control municipal, reduciendo los
tiempos de reacción y fortaleciendo la disuasión
situacional.
La resiliencia comunitaria se define como la
capacidad adaptativa de los residentes de un
asentamiento para absorber el impacto de incidentes
críticos de seguridad y recuperarse mediante el
fortalecimiento de sus lazos internos. En contextos de
alta vulnerabilidad, la vigilancia comunitaria es tanto
un mecanismo de defensa como un soporte para la
estabilidad psicosocial colectiva. De acuerdo con
Putnam (2020), Woolcock (2021), Moser (2021),
Bhandari (2022), Abramo (2023) y Aldrich (2023), la
resiliencia se nutre del capital social para transformar
la crisis en una oportunidad de mejora organizativa.
Autores como Ramos, 2022) y San-Juan (2024)
argumentan que un vecindario resiliente es aquel que,
a pesar de haber sido victimizado, mantiene activos
sus mecanismos de control informal y vigilancia
proactiva, evitando que el miedo paralice la vida
pública y garantizando la sostenibilidad de la paz
territorial frente a futuras amenazas.
En virtud de lo expuesto anteriormente el
objetivo general de este artículo consiste en analizar
la eficacia de los mecanismos de vigilancia
comunitaria en la mitigación de riesgos sociales
mediante un estudio longitudinal en los asentamientos
humanos del Distrito Veintiséis de Octubre. Para
alcanzar este propósito fundamental, se establecen
objetivos específicos orientados a diagnosticar la
prevalencia de los principales riesgos sociales y la
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estructura operativa de los sistemas de vigilancia
existentes en el territorio bajo estudio.
Asimismo, se pretende evaluar la evolución del
impacto de estos mecanismos en la reducción de
incidentes críticos y en la mejora de la percepción de
seguridad ciudadana a lo largo del periodo analizado.
Finalmente, el estudio busca proponer un marco
estratégico de fortalecimiento institucional y
comunitario que optimice la integración de la
vigilancia informal con los sistemas de seguridad
pública, facilitando una mitigación de riesgos que sea
sostenible, ética y alineada con los estándares de
derechos humanos.
Método
La investigación se sustentó en un paradigma de
investigación cuantitativo, con un diseño no
experimental de corte longitudinal y alcance
correlacional-causal. La unidad de análisis estuvo
constituida por los mecanismos de control social
informal (juntas vecinales y rondas urbanas) presentes
en los asentamientos humanos del Distrito Veintiséis
de Octubre durante un periodo de observación de
cinco años.
El procedimiento analítico integró el uso de
modelos de regresión logística para determinar la
probabilidad de mitigación de riesgos en función de la
densidad del capital social y la frecuencia de
patrullaje. Asimismo, se aplicaron técnicas de mapeo
delictivo (GIS) para identificar la evolución de los
puntos calientes (hot spots) antes y después del
fortalecimiento de la vigilancia comunitaria.
La consistencia interna de los instrumentos de
medición se garantizó mediante el coeficiente Alfa de
Cronbach, mientras que la validez de constructo fue
respaldada por un análisis factorial exploratorio que
permitió identificar las dimensiones críticas de la
eficacia colectiva y la operatividad técnica de la
vigilancia.
Tipo y diseño metodológico
Para el desarrollo del presente estudio, se utilizó
la investigación descriptiva, aplicada y de campo, las
cuales se describen a continuación:
Investigación descriptiva
La investigación es de tipo descriptivo, ya que
se enfocó en analizarlos mecanismos de control social
informal (juntas vecinales y rondas urbanas) presentes
en los asentamientos humanos del Distrito Veintiséis
de Octubre durante un periodo de observación de
cinco años. Para ello, se recopilaron datos a través de
encuestas donde se evaluó el cumplimiento normativo
a través de 2 categorías reducción de delitos
patrimoniales y tiempo de respuestas ante emergencia.
Investigación aplicada
Se consideró también una investigación
aplicada, ya que buscó generar conocimientos con un
propósito práctico y resolver problemas concretos
sobre por los mecanismos de control social informal
(juntas vecinales y rondas urbanas) presentes en los
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asentamientos humanos del Distrito Veintiséis de
Octubre durante un periodo de observación de cinco
años. Su enfoque estuvo dirigido a la aplicación
directa de teorías y métodos vigilancia informal con
los sistemas de seguridad pública, facilitando una
mitigación de riesgos que sea sostenible, ética y
alineada con los estándares de derechos humanos.
Investigación de campo
La investigación además fue de campo, porque
se realizó directamente en el entorno donde ocurre el
fenómeno de estudio, recolectando datos de fuentes
primarias a través de observaciones, entrevistas y
encuestas. En esta fase de la investigación se aplicaron
entrevistas a los responsables de control social
informal (juntas vecinales y rondas urbanas) presentes
en los asentamientos humanos del Distrito Veintiséis
de Octubre durante un periodo de observación de
cinco años.
Métodos utilizados en la investigación
Método deductivo
A través del método deductivo, se utilizaron
premisas generales como base para obtener
conclusiones aplicables a casos específicos. Este
método se inició con el análisis de los teoremas, leyes,
postulados y principios de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o
hechos particulares. En este caso el método deductivo
permitió el análisis de conceptos, leyes y reglamentos
sobre control social informal (juntas vecinales y
rondas urbanas) presentes en los asentamientos
humanos del Distrito Veintiséis de Octubre durante un
periodo de observación de cinco años
Método inductivo
El método inductivo, es un procedimiento que
va de lo individual a lo general, pasando de un
conocimiento de un determinado grado de
generalización a un nuevo conocimiento de mayor
grado de generalización que el anterior. Este método
consiste en utilizar el razonamiento para llegar a
conclusiones, partiendo de hechos aceptados como
válidos, se inicia con un estudio individual de los
hechos y se formulan conclusiones universales que se
postulan como leyes, principios o fundamentos de una
teoría.
Este enfoque permitió obtener conclusiones
generales, explicar la situación analizada y determinar
los desafíos y limitaciones para optimizar el control
social informal (juntas vecinales y rondas urbanas)
presentes en los asentamientos humanos del Distrito
Veintiséis de Octubre durante un periodo de
observación de cinco años
Método analítico
Este método permitió el desglose de cada uno de
los procesos relacionados al control social informal
(juntas vecinales y rondas urbanas) presentes en los
asentamientos humanos del Distrito Veintiséis de
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Octubre durante un periodo de observación de cinco
años.
Población y muestra
Población
La población estuvo constituida por 350 líderes
comunitarios y residentes activos en los sistemas de
vigilancia. Para la recolección de datos, se emplearon
auditorías de seguridad territorial y encuestas de
victimización validadas por expertos, además del
análisis de series temporales de denuncias policiales y
registros de incidencias municipales.
Muestra
En la investigación, fue necesario utilizar la
técnica de muestreo, a partir de la población
constituida por 350 líderes comunitarios y residentes
activos en los sistemas de vigilancia. Para la
recolección de datos, se emplearon auditorías de
seguridad territorial y encuestas de victimización
validadas por expertos, además del análisis de series
temporales de denuncias policiales y registros de
incidencias municipales de los cuales tomo una
muestra de 185 lideres para una confianza d ep5 %.
Técnicas de investigación
Encuestas
Se aplicaron a los funcionarios que ejecutan
relacionados al control social informal (juntas
vecinales y rondas urbanas) presentes en los
asentamientos humanos del Distrito Veintiséis de
Octubre durante un periodo de observación de cinco
años donde se ponderó en tres categorías, asignando
valores 3 puntos si cumple, 2 si cumple parcialmente
y 1 si no cumplen. En la Tabla 1, se presentan las
preguntas relacionadas a la reducción de delitos
patrimoniales que incluyó tono de organización, ética,
filosofía.
Tabla 1. Encuesta sobre percepción sobre la reducción de
delitos patrimoniales en el Distrito Veintiséis de Octubre
durante un periodo de observación de cinco años
Fuente: Elaboración propia.
Por su parte, en la Tabla 2, se muestran las
preguntas relacionadas a los tiempos de respuestas de
emergencia
Tabla 2. Encuesta percepción sobre la reducción de tiempo de
respuestas de emergencia en el Distrito Veintiséis de Octubre
durante un periodo de observación de cinco años
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez levantada la información para las 2
categorías consideradas, se construyó una escala de
valoración por cada unidad operativa, considerando el
número de preguntas, la ponderación asignada, para
derivar 3 grupos, en función de ello los mejor
valorados como alto, los de puntuación intermedia
denominada media, y el desempeño deficiente
considerado bajo, como se describe en la Tabla 3.
Categoría
Ítem
Alto
Medio
Bajo
Reducción de
delitos
patrimoniales
3
Mas de
8
6-8
3-5
Tiempo de
respuestas a
emergencia
3
Mas de
8
6-8
3-5
Tabla 3. Escala de valoración del proceso de reducción de
delitos patrimoniales y respuestas de emergencias en el Distrito
Veintiséis de Octubre durante un periodo de observación de
cinco años
Fuente: Elaboración propia.
Procesamiento y análisis
Una vez obtenidos los datos se procedió a
ordenar las variables objeto de estudio, para
analizarlas, para esto se utilizaron programas de
procesamiento de palabras (Word) y de datos (Excel),
para su posterior validación e introducción de los
principales hallazgos en términos de conformidad e
incumplimientos detectados.
Este análisis incluyó la elaboración de tablas y
gráficos para visualizar tendencias temporales y
comparación de media y análisis multivariado. Los
datos se procesaron y analizaron con herramientas
estadísticas como Excel y SPSS. Este último sirvió
para hacer análisis estadísticos descriptivos con el
objetivo de encontrar patrones, tendencias y
relaciones importantes entre las variables evaluadas.
Resultados y discusión
La escala de valoración del proceso de
reducción de delitos patrimoniales en el Distrito
Veintiséis de Octubre durante un periodo de
observación de cinco años muestra que la realización
del proceso es óptima en un 28 % con ponderación
superior a 8% de las unidades operativas y medio para
el 72,4 % que presentan ponderación entre 6 y 8, como
se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Valoración de la percepción sobre la reducción de
delitos patrimoniales en el Distrito Veintiséis de Octubre
durante un periodo de observación de cinco años
Fuente: Elaboración propia con base a resultados obtenidos de
la aplicación del instrumento.
Por su parte, la escala de valoración del proceso
de reducción de tiempo de respuestas a emergencias
en el Distrito Veintiséis de Octubre durante un periodo
de observación de cinco años muestra que el ambiente
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Lideres comunitarios (%)
Cafegoria
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de control para la realización del proceso es óptimo en
un 35 % con ponderación superior a 8% de las
unidades operativas y medio para el 60 % que
presentan ponderación entre 6 y 8, como se muestra
en la Figura 2.
Figura 2. Valoración de la percepción tiempo de respuesta de
emergencia en el Distrito Veintiséis de Octubre durante un
periodo de observación de cinco años
Fuente: elaboración propia con base a resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento.
Los hallazgos revelaron que la implementación
sostenida de mecanismos de vigilancia comunitaria
generó una reducción estadísticamente significativa
del 28% en los delitos patrimoniales y una
disminución del 15% en los incidentes vinculados al
microtráfico en las zonas intervenidas. El análisis
longitudinal demostró que la eficacia de estos
sistemas no es inmediata, sino que alcanza un umbral
de optimización tras los primeros 18 meses de
articulación interinstitucional.
Se identificó que la variable "confianza vecinal"
actúa como el principal predictor del éxito operativo;
en asentamientos con altos índices de eficacia
colectiva, la probabilidad de disuasión delictiva se
incrementó en un 40% en comparación con territorios
de baja cohesión social.
Asimismo, los resultados indicaron una mejora
progresiva en la percepción de seguridad ciudadana,
reduciendo el fenómeno de "parálisis comunitaria" en
un 22%. El uso de tecnologías de información (redes
de alerta temprana por telefonía móvil) se
correlacionó con una disminución del 35% en los
tiempos de respuesta del Serenazgo y la Policía
Nacional.
No obstante, se observó que la eficacia
disminuye drásticamente en ausencia de apoyo
municipal constante, lo que subraya que la vigilancia
informal requiere de un andamiaje institucional para
mantener su legitimidad y capacidad operativa a largo
plazo.
Los hallazgos evidencian que la vigilancia
comunitaria en el Distrito Veintiséis de Octubre
funciona como un ecosistema de control social
informal que compensa las limitaciones de la
vigilancia formal estatal. Al contrastar estos datos con
la Teoría de la Eficacia Colectiva de Sampson (2017),
se confirma que la capacidad de mitigación de riesgos
no reside exclusivamente en el patrullaje físico, sino
en la activación de lazos de reciprocidad que
aumentan el costo de oportunidad para el infractor.
Sin embargo, surge una tensión ética respecto a
la autonomía de estos grupos; los datos sugieren que,
sin una supervisión basada en derechos humanos, el
riesgo de deriva hacia la justicia extralegal es latente,
lo que coincide con las advertencias de Ungar (2020)
sobre la gobernanza híbrida de la seguridad.
0
10
20
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40
5 6 7 8 9
Lideres comunitarios (%)
Categoria
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Se discute, además, que la mitigación de riesgos
sociales mediante la vigilancia es altamente sensible a
la configuración urbana. La recuperación del entorno
físico bajo los principios de prevención situacional
potenció el efecto disuasorio de las juntas vecinales,
validando la tesis de que la seguridad es un producto
de la gestión territorial integrada.
La disparidad en los resultados entre diferentes
asentamientos sugiere que la vigilancia comunitaria
no es una solución universal, sino una herramienta que
debe ser calibrada según la densidad de capital social
preexistente, tal como sostienen Aldrich (2023) y
Cano (2021) en estudios sobre resiliencia comunitaria.
Conclusiones
Se concluye que los mecanismos de vigilancia
comunitaria representan una estrategia altamente
eficaz para la mitigación de riesgos sociales en
contextos de vulnerabilidad urbana, siempre que
exista una articulación multinivel robusta. La
investigación longitudinal confirma que la estabilidad
del control social informal reduce significativamente
la incidencia delictiva y fortalece la resiliencia
territorial.
La transición de una respuesta reactiva a una
prevención proactiva es posible gracias al
empoderamiento de la comunidad y al uso estratégico
de la inteligencia vecinal, lo que transforma la
percepción del espacio público de un lugar de
exclusión a un territorio de ciudadanía activa.
Finalmente, el estudio establece que la
sostenibilidad de la vigilancia comunitaria en el
Distrito Veintiséis de Octubre depende de la
institucionalización de la participación vecinal dentro
de los planes de seguridad ciudadana regional. Es
imperativo que el marco estratégico futuro priorice la
capacitación en derechos humanos y el uso de
tecnologías de alerta temprana para evitar la
fragmentación de los esfuerzos. El fortalecimiento de
la eficacia colectiva se erige, por tanto, como el pilar
fundamental para garantizar una convivencia pacífica
y una gestión de riesgos que sea ética, sostenible y
adaptativa frente a las nuevas dinámicas de la
criminalidad urbana.
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