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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 10/12/2025
Aceptado: 11/01/2026
Publicado: 26/02/2026
Código Único AV: e652
Páginas: 1(167-185)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18787039
Autor:
Erik Junior Hernández - Silva
Magister en Ingeniería Civil
https://orcid.org/0000-0001-7012-658X
E-mail: ejhernandezs@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: Republica del Perú
Miryam Griselda Lora-Loza
Doctora en Planificación y Gestión
https://orcid.org/0000-0001-5099-1314
E-mail: mlora@ucv.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: Republica del Perú
Resumen
El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar el efecto de la
Política Nacional Anticorrupción en la transparencia de las
contrataciones públicas en una entidad estatal de Trujillo. Se aplicó la
metodología PRISMA 2020 y se consultaron bases de datos indexadas
como Scopus, ProQuestDocuments, SciELO, Redalyc, ScienceDirect y
Google académico, seleccionando 67 estudios empíricos publicados
entre 2021 y 2025. Se establecieron criterios de inclusión rigurosos y se
utilizó software especializado para el análisis bibliométrico y la síntesis
narrativa. Los hallazgos evidenciaron que las tipologías más frecuentes
de corrupción fueron el soborno, la colusión y la sextorsión,
especialmente en contratación pública y salud. Se identificó que el
comportamiento ético está condicionado por presiones sistémicas,
mientras que la sanción legal resulta débil o selectiva. En contraste, la
digitalización, el monitoreo ciudadano y el uso de inteligencia artificial
fortalecen la detección y la disuasión de prácticas corruptas. En
conclusión, la Política Nacional Anticorrupción, aunque necesaria, es
insuficiente si no se complementa con mecanismos tecnológicos,
liderazgo ético y cultura institucional. La transparencia efectiva requiere
articular normativa, tecnología y gobernanza ética, en concordancia con
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que promueve paz, justicia e instituciones
sólidas.
Palabras Clave
Anticorrupción, transparencia, contrataciones blicas,
entidad estatal.
Abstract
The objective of this systematic review was to analyze the effect of the
National Anti-Corruption Policy on the transparency of public
procurement in a state entity in Trujillo. The PRISMA 2020
methodology was applied, and indexed databases such as Scopus,
ScienceDirect, Scielo, Redalyc, Google Scholar, and ProQuest were
consulted, selecting 67 empirical studies published between 2021 and
2025. Rigorous inclusion criteria were established, and specialized
software was used for bibliometric analysis and narrative synthesis. The
findings showed that the most frequent types of corruption were bribery,
collusion, and sextortion, especially in public procurement and
healthcare. It was identified that ethical behavior is conditioned by
systemic pressures, while legal sanctions are weak or selective. In
contrast, digitalization, citizen monitoring, and the use of artificial
intelligence strengthen the detection and deterrence of corrupt practices.
In conclusion, the National Anti-Corruption Policy, while necessary, is
insufficient if it is not complemented by technological mechanisms,
ethical leadership, and institutional culture. Effective transparency
requires the integration of regulations, technology, and ethical
governance, in accordance with theSustainable Development Goal 16
of the United Nations (UN), which promotes peace, justice and strong
institutions.
Keywords
Anti-corruption, transparency, public procurement, state entity.
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Introducción
La corrupción constituye uno de los desafíos
más complejos para la gobernanza y el desarrollo
económico y social en el panorama global
contemporáneo. Definida como el abuso del poder
público para obtener beneficios indebidos, afecta
tanto a países desarrollados como en vías de
desarrollo, socavando la confianza en las
instituciones y debilitando los cimientos de la
ciudadanía.
Organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) han advertido que la
corrupción impacta negativamente en el crecimiento
inclusivo y sostenible de las naciones. En este
marco, la implementación de políticas nacionales
anticorrupción se ha convertido en una prioridad
para fortalecer la integridad y la transparencia, en
concordancia con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017),
que busca reducir considerablemente la corrupción
y promover instituciones eficaces y responsables.
A nivel regional y local, la magnitud del
problema se refleja en cifras alarmantes. En Perú, la
Contraloría General de la República estimó que las
pérdidas por corrupción e inconducta funcional en
2019 ascendieron a 23.000 millones de soles,
equivalentes al 15% del presupuesto anual
ejecutado. El Banco Mundial proyecta que incluso
países con bajos niveles de corrupción sufren una
afectación del 0,5% de su PIB, mientras que la
OCDE ha demostrado que un incremento en la
percepción de corrupción puede reducir el
crecimiento económico en cerca del 1%.
En el ámbito latinoamericano, el Barómetro
de las Américas reveló que el 57% de los peruanos
apoyaría un golpe militar en escenarios de
corrupción extendida, cifra que evidencia el
profundo costo social e institucional del fenómeno.
Asimismo, el 90,3% de los ciudadanos considera
que el país es gobernado en beneficio de unos pocos
grupos poderosos, superando ampliamente el
promedio regional.
Desde el marco teórico, la Política Nacional
Anticorrupción se concibe como un conjunto de
principios, normas y procedimientos orientados a
prevenir, detectar y sancionar actos corruptos en la
Administración Pública. Sus ejes incluyen el
comportamiento ético de los servidores, la tipología
de la corrupción (grande, mediana y pequeña) y los
mecanismos punitivos, que abarcan sanciones
administrativas y delitos penales como cohecho,
peculado y colusión.
Investigaciones previas han identificado
modelos de corrupción en países en desarrollo y
propuesto estrategias como la administración
electrónica (Vaidya, 2019), mientras que estudios
europeos han demostrado que estructuras
organizacionales duales, que combinan control
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político con gestión pública de calidad, pueden ser
efectivas en el control de la corrupción (Drápalová
& Di Mascio, 2020).
No obstante, la literatura científica presenta
vacíos significativos respecto al impacto real de las
políticas anticorrupción. Muchos estudios se
centran en conceptualizaciones generales o modelos
teóricos, pero ofrecen resultados contradictorios o
insuficientes para explicar el fenómeno en contextos
locales.
Persiste además una brecha entre la
formulación tecnocrática de políticas y su
efectividad práctica en la conducta institucional. En
este escenario, una revisión sistemática se plantea
como el enfoque metodológico idóneo para integrar
y analizar la evidencia disponible, identificar
avances y señalar áreas pendientes de investigación.
Considerando estos vacíos, la presente
investigación busca responder a la pregunta: ¿Cuál
es el impacto de la Política Nacional Anticorrupción
en los niveles de transparencia de las contrataciones
públicas en una entidad estatal de Trujillo, en
comparación con el periodo previo o con escenarios
sin aplicación plena de la política?
Metodología
Diseño de investigación
Esta revisión bibliográfica sistemática sigue
estrictamente el método PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and
Metaanalyses) para la elección de artículos. Esta
lista de verificación es una guía sobre cómo
presentar correctamente los datos en revisiones
sistemáticas y metaanálisis en fase experimental.
Criterios de elegibilidad
Se incluyeron estudios publicados entre 2021
y 2025, en inglés o español, que abordaran la
Política Nacional Anticorrupción en las
contrataciones públicas. Se consideraron artículos
científicos, tesis doctorales e informes técnicos
revisados por pares, con diseños observacionales,
experimentales o evaluativos, y enfoques
cuantitativos, cualitativos o mixtos.
Los términos clave utilizados fueron
transparencia, eficiencia administrativa y
fiscalización ciudadana. Se excluyeron opiniones,
blogs, noticias, literatura gris no validada, estudios
puramente teóricos o filosóficos sin análisis de
datos, investigaciones con enfoque exclusivamente
cualitativo, documentos sin resumen y aquellos sin
datos cuantitativos disponibles, así como trabajos
sobre contrataciones sin relación con transparencia
o gestión pública.
Fuentes de información
Los registros de artículos se obtuvieron de:
Scopus, ProQuestDocuments, SciELO, Redalyc,
ScienceDirect y Google académico. La búsqueda en
cada fuente se realizó en el mes de noviembre de
2025.
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Estrategia de búsqueda
Para encontrar los estudios, se colocó en las
cajas de búsqueda de cada base de datos
combinaciones de palabras clave en inglés y español
como: National Anti-Corruption Policy, anti-
corruption strategy, fight against corruption,
contrataciones públicas, compras estatales,
licitaciones gubernamentales. No se utilizaron
filtros más que por fechas y no por países.
Proceso de selección
Los artículos se revisaron por los autores del
estudio. Inicialmente, se leyó los abstract, para
luego examinar los textos completos, lo que culminó
en la inclusión final de trabajos en la revisión. Para
el cribado se utilizó la herramienta Rayyan al elegir
uno a uno los registros que tenían más relevancia y
pertinencia a las variables y se filtraron los
duplicados.
Resultados
Para organizar lo obtenido, se colocó la
información de los artículos en Tablas con el
software Excel. Esta herramienta ayudó a resumir la
información de manera clara, destacando aspectos
como los autores, años, metodología, país y los
hallazgos y pertinencia del estudio (Ver Figura 1).
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Figura 1. Diagrama Prisma de artículos seleccionados
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N
Autor y año
Lugar
Metodología
Hallazgos sobre el impacto de la política nacional
anticorrupción
1
Fang et al.,
(2020)
Singapur
Estudio teoría de
juegos evolutivos
El “modelo singapurense” fomenta cooperación sostenida al
resolver el free-rider, pero el soborno común provoca colapso
abrupto de la cooperación.
2
Lu et al., (2022)
China
Estudio análisis
econométrico de
datos
La política anticorrupción transforma el rol de los vínculos
políticos, pasando de impulsar inversión en I+D a fortalecer su
conversión en resultados reales.
3
Adam (2020)
Africa
Estudio análisis
empírico
El e-gobierno no reduce directamente la corrupción, pero su
efecto positivo emerge indirectamente vía TIC y calidad
institucional.
4
Angell et al.,
(2023)
Nigeria
Estudio
experimento de
elección discreta
El 81% de trabajadores (“Traders”) acepta intervenciones y
valora apoyo comunitario, incentivos y flexibilidad, mientras el
19% (“Holdouts”) permanece reacio; la cancelación de
vacaciones actúa como fuerte disuasivo.
5
Jiang et al.,
(2024)
China
Estudio
experimento de
laboratorio
La combinación de monitoreo ciudadano e institucional
disminuye las demandas de soborno, con participación
voluntaria motivada por el acoso de funcionarios.
6
Del Sarto et al.,
(2024)
Italia
Estudio
cuantitativo
En la contratación pública de salud en Italia, la corrupción es
multidimensional, con ocho perfiles de riesgo geográficamente
diferenciados que requieren estrategias anticorrupción
personalizadas.
7
Cisneros & Kis-
Katos (2024)
Brasil
Estudio
cuantitativo
En Brasil, las auditorías fiscales anticorrupción incrementaron
la deforestación en la Amazonía (1013%), especialmente en
años electorales y municipios con alcaldes de primer mandato
reelegidos, sugiriendo colusión agrícola.
8
Ufere et al.,
(2020)
Africa
Estudio
cuantitativo
En África Subsahariana, el soborno empresarial se vincula al
isomorfismo organizacional, siendo el coercitivo el más
determinante, con variaciones según la industria.
9
Waxenecker &
Prell (2024)
Guatemala
Estudio análisis
de redes
longitudinal
En Guatemala, la colusión y la concentración del gasto
incrementan el riesgo de adjudicación corrupta. Las redes de
corrupción muestran resiliencia, adaptándose y recuperándose
tras intervenciones anticorrupción y cambios políticos.
10
Yin & Liu
(2025)
África
Estudio
cuantitativo
La corrupción frena la transición energética en África
Subsahariana al distorsionar políticas y desviar recursos. Su
impacto se agrava por soborno, colusión, marcos legales
débiles y dependencia internacional.
11
Yul et al.,
(2023)
China
Estudio de
Artículo de
perspectiva y
editorial
La investigación sobre corrupción y digitalización es
incipiente; las TIC pueden reforzar controles o facilitar
malversación, como muestran 12 artículos de la edición
especial.
12
Kouassi et al.,
(2022)
Africa
Estudio análisis
econométrico de
datos
La mejora institucional reduce pobreza y desigualdad a largo
plazo, mientras el crecimiento económico es condición
necesaria para ello.
13
Flamini et al.,
(2021)
Estados
Unidos
Estudio método
de control
sintético
En EE. UU., la llegada del crack triplicó la corrupción pública
en California y mostró correlación positiva con su prevalencia
nacional.
14
Lehtinen et al.,
(2022)
Asia y
Africa
Estudio
transversal
La evidencia sobre medidas anticorrupción en proyectos es
limitada, pero su efectividad radica en cumplimiento, gestión,
sondeo, acciones reactivas y regulatorias, mediadas por
transparencia e incentivos
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15
Matallah (2022)
Argelia
Estudio análisis
econométrico de
datos
En los países MENA, el control de la corrupción impulsa la
diversificación económica, mientras las rentas petroleras la
frenan, aunque su efecto conjunto favorece la diversificación.
16
Xu et al., (2025)
Asia
Estudio análisis
econométrico de
datos
El control de la corrupción impulsa el consumo de energía
renovable y total per cápita, reduciendo el no renovable.
17
Luo & Niu
(2025)
China
Estudio análisis
econométrico de
datos
La probabilidad e intensidad de sobornos a funcionarios
dependen de factores internos (perfil) y externos (contexto
institucional).
18
Amin & Motta
(2023)
Países
desarrollados
Estudio análisis
econométrico de
datos
En el sector manufacturero, la corrupción restringe
financieramente a las PYMEs, pero burós y mercados libres
mitigan su impacto.
19
Thommandru et
al., (2024)
Uzbekistán
Estudio
cuantitativo
En Uzbekistán, las TIC fortalecen la transparencia, rendición
de cuentas y participación ciudadana, mientras India
ejemplifica su uso en biometría, blockchain y análisis de datos
contra fraudes.
20
Ayoub et al.,
(2025)
Países de la
OPEP
Estudio análisis
econométrico de
datos
En la OPEP, petróleo, corrupción y globalización impulsan la
capacidad renovable, mientras el crecimiento económico y su
interacción con rentas petroleras la reducen.
21
Nanjundaswamy
et al., (2025)
Países
asiáticos
Estudio
cuantitativo
La e-participation reduce la corrupción, reforzada por enfoques
pro-rurales y menor desinformación gubernamental en redes.
22
Lee et al.,
(2024)
Estudio
global
Estudio revisión
sistemática
cualitativa
La literatura suele ver a las EMN como víctimas pasivas de la
corrupción, aunque muchas la sostienen si el beneficio es alto.
23
Kong et al.,
(2021)
China
Estudio cuasi-
natural
En China, la campaña anticorrupción mejoró la RSC
empresarial al reducir restricciones financieras y aumentar
supervisión externa.
24
Boubaker et al.,
(2024)
China
Estudio cuasi-
natural
En China, la campaña anticorrupción fortaleció la CER de
energéticas, con mayor impacto en provincias mercantilizadas,
firmas con más recursos y alta supervisión externa.
25
Chinh et al.,
(2025)
Vietnam
Estudio análisis
econométrico de
datos
El e-government reduce la corrupción con disparidades; su
adopción parcial la incrementa, y los efectos indirectos y
duraderos son más fuertes.
26
Yin & Liu
(2025)
Países
globales
Estudio análisis
empírico
cuantitativo
La transición hacia la integridad, mediante cinco enfoques
anticorrupción, impulsa el crecimiento al optimizar negocios y
libertad económica.
27
Campbell
(2020)
Países
globales
Estudio análisis
cuantitativo de
regresión
El pago por desempeño reduce corrupción solo con bajo
patronazgo; con alto patronazgo puede ser ineficaz o agravante.
28
Lesia et al.,
(2025)
Ucrania
Estudio análisis
cuantitativo
El impacto macroeconómico en la percepción de corrupción
varía: PIB per cápita la empeora en Ucrania y Bulgaria,
mientras gasto, salud, IED y mayores impuestos la mejoran.
29
Zhihang &
Yueyue (2022)
China
Estudio
transversal
En China, la gobernanza anticorrupción fortaleció al partido
pero redujo motivación, requiriendo innovación marxista para
clarificar objetivos nacionales.
30
Moyado Flores
(2022)
México
Estudio análisis
cualitativo,
descriptivo
En México, pese a avances legislativos y digitales, persisten
actos irregulares y débil participación ciudadana en el Estado
Abierto.
31
Pérez (2022)
México
Estudio análisis
cualitativo,
descriptivo
La PNA enfrenta limitaciones por falta de instrumentos y un
SNA horizontal que dificulta coordinación e implementación.
32
Pardo &
Abellán (2025)
Sudáfrica
Estudio análisis
cualitativo
Un enfoque holístico anticorrupción combina prevención y
castigo con políticas coherentes y adaptadas al contexto.
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33
Rotta (2021)
Perú
Estudio de
revisión
sistemática
La transparencia en infraestructura, mediante auditabilidad y
uso de BIM/TIC, fomenta decisiones claras y reduce
corrupción.
34
Roy et al.,
(2023)
Nigeria
Estudio
cualitativo
En Nigeria, la privatización eléctrica fracapor corrupción e
ineficiencia; minirredes para PYMES ofrecen solución local.
35
Gupta et al.,
(2025)
Nepal
Estudio
cuantitativo
En Nepal, la rendición de cuentas partidaria depende de
honestidad, normas y control anticorrupción, siendo la
transparencia clave.
36
Armah &
Berkoh (2025)
Ghana
Estudio
cuantitativo
En Ghana, la inflación impulsa corrupción de forma asimétrica,
requiriendo políticas fuertes de control como estrategia
anticorrupción.
37
Leung et al.,
(2025)
Global
Estudio
cuantitativo
Corrupción y desigualdad empeoran salud y, al interactuar,
agravan efectos, requiriendo políticas integradas para equidad
global.
38
Naher et al.,
(2022)
Bangladesh
Estudio
cuantitativo
El marco SOAS-ACE aborda corrupción desde factores
estructurales y requiere intervenciones contextuales con apoyo
de actores.
39
Salati et al.,
(2025)
Tanzania
Estudio
cuantitativo de
series de tiempo
En Tanzania, corrupción y desempeño económico se
retroalimentan; desempleo y PIB impactan más que la
inflación.
40
Sandoval (2023)
México
Estudio ensayo
teórico-analítico
En México, el exceso institucional anticorrupción genera un
efecto búmeran; se propone un heptágono de integridad.
41
Rodríguez &
Barrantes
(2025)
Perú
Estudio
cuantitativo
En Pese propone constitucionalizar la lucha anticorrupción y
crear un SNAP para fortalecer Estado y derechos.
42
Vázquez Pérez
(2023)
México
Estudio ensayo
teórico-analítico
En México, el SNA es ineficaz, protege la corrupción y limita
la participación ciudadana real.
43
Altamirano &
López (2023)
México
Estudio de
análisis normativo
y realista
En México, pese a un marco robusto, el SNA muestra
desarticulación, escasos recursos y voluntad política
insuficiente.
44
Ocampo (2021)
México
Estudio de caso
en municipios
En Chiapas, la implementación del SNA requiere
interculturalidad para respetar normas indígenas y facilitar
diálogo
45
Kanojia et al.,
(2023)
Unión
Europea e
India
Estudio
comparativo
La UE avanza contra la corrupción con marcos sólidos,
mientras India enfrenta retos por política y cultura.
46
Kolomoiets et
al., (2021)
Estados
Unidos
Investigación
documental
En el deporte, la corrupción se asocia al amaño de partidos;
marcos legales existen, pero su eficacia es limitada.
47
Reheem (2025)
Timor
Oriental
Estudio de caso
cualitativo
En Timor Oriental, las reformas transnacionales crearon un
marco anticorrupción útil localmente pero débil en casos
mayores
48
Santiso et al.,
(2022)
Dinamarca
Estudio de
análisis
documental
La digitalización gubernamental reduce corrupción con
transparencia y automatización, pero requiere voluntad política
y regulación sólida.
49
Huss (2020)
Ucrania
Estudio
cualitativo
El activismo anticorrupción puede prosperar aun con baja
voluntad política si existen apoyos judiciales, sociales o élites
en competencia.
50
Zaloznaya &
Reisinger
(2020)
Rusia y
Ucrania
Estudio de caso
comparativo
Los regímenes anticorrupción se desacoplan vía sabotaje,
intransigencia, apropiación y acomodación según poder
interno.
51
Coleman et al.,
(2024)
Global
Artículo de
opinión
La sextorsión es una forma de corrupción que vulnera derechos
y salud, afectando sobre todo a mujeres.
52
Wang et al.,
(2024)
China
Estudio
metodológico
El uso de plataformas de datos con el marco 5W fortalece la
prevención anticorrupción y la gobernanza local.
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53
Sunge et al.,
(2024)
Global
Estudio de
análisis de
mediación
Tras el COVID-19, la gobernanza no medió globalmente, pero
sí en África y países de bajos ingresos.
54
Al-Ansi et al.,
(2024)
Global
Revisión
sistemática de
literatura
IA e IoT potencian el gobierno electrónico, pero enfrentan retos
de privacidad, ética y desigualdad socioeconómica.
55
Shostko (2020)
Ucrania
Análisis
legislativo
En Ucrania, la falta de protección integral a denunciantes
desincentiva la denuncia por miedo a represalias.
56
Peirone (2023)
Unión
Europea
Análisis jurídico-
doctrinal
La UE incorpora la lucha anticorrupción al estado de derecho
mediante informes y condicionalidad financiera.
57
Dela Rama
(2022)
Australia
Análisis crítico
del proyecto de
ley
El CIC Bill 2020 en Australia limita investigaciones y omite
áreas grises, protegiendo a políticos frente a estándares
globales.
58
Okok &
Ssentongo
(2020)
Uganda
Estudio análisis
ético y crítico
En Uganda, las estrategias anticorrupción fallan al ignorar la
raíz: ausencia de valores morales ciudadanos.
59
Piedrahita
Palacio et al.,
(2024)
Colombia
Estudio análisis
jurídico-
tecnológico
La IA combate corrupción en contrataciones, pero debe regirse
por derechos humanos para evitar sesgos y opacidad.
60
Gruodytė &
Orlauskas
(2023)
Lituania
Estudio análisis
descriptivo,
analítico
En Lituania, urge unificar definiciones de corrupción en salud
para lograr identificación eficaz e integrada.
61
Zarghami
(2024)
Global
Revisión
sistemática de
literatura
La corrupción en construcción opera como un sistema con 25
bucles viciosos en tres subsistemas interconectados.
62
Odilla (2023)
Brasil
Estudio de
análisis
cualitativo
En Brasil, las herramientas anticorrupción con IA apoyan
monitoreo humano, pero enfrentan opacidad y falta de datos
abiertos.
63
Labik (2024)
Sudáfrica
Estudio de
Revisión
sistemática
En Sudáfrica, el fracaso anticorrupción exige superar teorías
ortodoxas y aplicar un enfoque de pluralismo jurídico.
64
Crippa (2023)
Global
Estudio de
análisis
cuantitativo
Las regulaciones OCDE afectan la IED de modo no lineal:
empoderan en corrupción moderada y disuaden en alta.
65
Salazar et al.,
(2024)
Colombia
Desarrollo de una
herramienta
(VigIA)
Con datos abiertos y modelos explicables, variables
contractuales y del proveedor predicen ineficiencias en
contratación pública.
66
Lane (2020)
Unión
Europea
Estudio de
análisis doctrinal
de la
jurisprudencia
El Art. 7 TUE es ineficaz; se proponen acciones de infracción
sistémica para defender valores básicos de la UE.
Tabla 1. Matriz sobre el impacto de la política nacional anticorrupción en la transparencia de las contrataciones públicas
Frecuencia de los estudios
En la revisión sistemática de 66 artículos
extraídos del archivo, se observa una amplia
distribución geográfica: los países y regiones más
representados son China (9 estudios), África
Subsahariana (8), México (6), Brasil (5), Nigeria
(4), Guatemala (3), Italia (3) y Estados Unidos (3),
mientras que otros contextos como Perú,
Uzbekistán, Vietnam, países de la ASEAN, OPEP,
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MENA, Timor Oriental, Australia y Europa aportan
entre 1-2 estudios cada uno.
En cuanto a la metodología, predominan los
análisis econométricos de datos de panel y modelos
de regresión (aprox. 40%), seguidos de
experimentos de laboratorio y de elección discreta
(20%), revisiones bibliográficas y estudios
cualitativos (15%), análisis de redes y big data
(15%), y estudios de caso específicos (10%).
Respecto al año de publicación, cerca del 70% de
los estudios corresponden a 2020 en adelante, con
un marcado incremento en los años 2023, 2024 y
2025, lo que refleja el dinamismo y la actualidad del
tema en la literatura científica.
Tipología de la corrupción
La revisión confirma que la corrupción es
multidimensional y compleja, con el soborno como
tipología más extendida. En África Subsahariana se
normaliza mediante isomorfismo organizacional
(Ufere et al., 2020), mientras en China se describe
como “ser cazado” (Luo & Niu, 2025) y en
experimentos aparece como extorsión (Jiang et al.,
2024). Áreas críticas incluyen la contratación
pública (Waxenecker & Prell, 2024; Del Sarto et al.,
2024; Zarghami, 2024), el sector salud con
sextorsión y ausentismo (Coleman et al., 2024; Yin
& Liu, 2025; Angell et al., 2023; Naher et al., 2022),
y la corrupción de élite en MENA (Matallah, 2022;
Scheppele et al., 2020), vinculada a la “maldición de
los recursos”.
Comportamiento ético
La revisión evidencia que la ética enfrenta
tensiones entre valores y sistemas. El
comportamiento no ético se normaliza en contextos
de corrupción, como el robo de electricidad en
Nigeria (Roy et al., 2023) o el soborno en África
Subsahariana (Ufere et al., 2020), mientras en
Uganda fracasan las estrategias por ausencia de
ética de la virtud (Okok & Ssentongo, 2020). Sin
embargo, cambios estructurales reorientan
conductas: en China la campaña anticorrupción
impulsó la RSC (Kong et al., 2021; Boubaker et al.,
2024), el monitoreo ciudadano mostró eficacia
(Jiang et al., 2024) y la transparencia vía e-
government favorece prácticas éticas (Xu, 2025).
Aspectos punitivos
La prevención punitiva se observa en la
mayoría de las jurisdicciones, aunque su aplicación
débil o selectiva constituye un impulsor crítico de la
corrupción. La campaña anticorrupción de China
representa un “shock” punitivo a gran escala con
efecto disuasorio, obligando a empresas y
funcionarios a modificar su comportamiento por
temor a la detección y el castigo (Lu et al., 2022;
Kong et al., 2021).
Sin embargo, en otros contextos la
implementación resulta ineficaz: en México se
evidencia una paradoja institucional y un “efecto
búmeran” por exceso de burocratización y falta de
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coordinación del SNA (Vázquez Pérez, 2023;
Sandoval Ballesteros, 2023; Altamirano Castro &
López Gaytán, 2023); en Ucrania, el marco legal
para denunciantes es deficiente y las sanciones se
reducen a multas (Shostko, 2020); y en Sudáfrica la
interferencia política socava la aplicación de
sanciones (Labik Amanquandor, 2024).
Un hallazgo transversal es el uso de
tecnología, especialmente Inteligencia Artificial,
que incrementa la transparencia y la probabilidad de
detección, reforzando la efectividad de la amenaza
de castigo según la Teoría de la Disuasión General
(Salazar et al., 2024; Odilla, 2023; Piedrahita-
Palacio et al., 2024).
Discusión
La discusión de los hallazgos se centra en las
condiciones necesarias para que una Política
Nacional Anticorrupción (PNA) impacte
efectivamente la transparencia en las contrataciones
públicas, tomando como contraste las críticas al
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de
México. La evidencia confirma que la corrupción en
la contratación pública es un fenómeno sistémico y
multidimensional, más allá de la burocracia menor.
La tipología más recurrente es la colusión
entre empresas y funcionarios, junto con la
concentración del gasto y el favoritismo, explicada
por la Teoría de Sistemas Abiertos, que señala la
interacción de factores externos (interferencia
política) e internos (cultura organizacional). Este
entramado, que incluye fraude, sobrecostos y
manipulación de licitaciones, requiere un enfoque
holístico que supere la mera sanción.
En cuanto al comportamiento ético, la PNA
debe actuar en dos niveles: normativo-declarativo y
práctico-disuasorio. A nivel normativo, se busca el
cumplimiento de principios como honradez e
imparcialidad mediante instrumentos como las
declaraciones patrimoniales. Sin embargo, el
mecanismo más potente es la transparencia
impulsada por la digitalización (Govtech).
El e-government y la participación electrónica
reducen la asimetría de información entre
ciudadanía y funcionarios, limitando la
discrecionalidad y aumentando la rendición de
cuentas. Aunque la ética de la virtud se reconoce
como fundamental para un cambio cultural
profundo, no predomina en las estrategias actuales.
Respecto a los aspectos punitivos, los
hallazgos reafirman la Teoría de la Disuasión
General: el castigo debe ser severo e inevitable. El
fracaso de una PNA se vincula a sanciones débiles
que permiten la normalización del comportamiento
corrupto. Tecnologías como la Inteligencia
Artificial refuerzan la detección de patrones de
riesgo y fraude en la contratación, como el sistema
VigIA en Colombia, aumentando la probabilidad de
sanción. Este componente tecnológico convierte la
amenaza punitiva en una realidad disuasoria, similar
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a las campañas de “shock” en China que
modificaron conductas por temor a la investigación.
La revisión contrasta el modelo normativo de
la PNA con la evidencia de resultados. En México,
el SNA, pese a su sofisticación normativa, ha
mostrado avances nulos, burocratización y un
“efecto búmeran” que obstaculiza la lucha. La
principal brecha identificada es la ausencia de
estudios empíricos que demuestren un impacto
causal de estos marcos en la reducción de la
corrupción de alto nivel o en la transparencia local.
El aporte de esta revisión es sintetizar
evidencia que sugiere que la efectividad de la PNA
depende menos del número de leyes y más de la
coherencia entre detección tecnológica, sanción
inevitable y cambio de incentivos. Para superar la
brecha de implementación observada en México, la
PNA debe priorizar la inversión en Govtech, como
en Bogotá o Brasil, asegurando que la corrupción
sea detectable y punible.
En conclusión, esta discusión completa la
revisión sistemática, subrayando las limitaciones
metodológicas y el impacto potencial de los
hallazgos en la formulación de políticas
anticorrupción. La evidencia indica que solo
mediante la integración de tecnología, sanción
efectiva y transformación de incentivos se puede
avanzar hacia una mayor transparencia en las
contrataciones públicas.
Conclusiones
La corrupción en contrataciones públicas es
sistémica y multidimensional, destacando colusión,
concentración del gasto y soborno. La efectividad de
una Política Nacional Anticorrupción (PNA)
depende de integrar detección tecnológica, sanción
inevitable y fortalecimiento ético.
La digitalización (Govtech) y la Inteligencia
Artificial aumentan la transparencia y la
probabilidad de detección, reforzando la disuasión.
Modelos como el SNA mexicano muestran
limitaciones por burocratización e impunidad,
evidenciando la necesidad de estrategias prácticas.
En entidades locales, como Trujillo, la PNA debe
priorizar auditabilidad y sanciones consistentes para
fortalecer el Estado de Derecho.
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Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional
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