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Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
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LA PRUEBA JUDICIAL Y SUS DIFICULTADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
JUDICIAL EVIDENCE AND ITS DIFFICULTIES IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE:
A SYSTEMATIC REVIEW
Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 03/01/2026
Aceptado: 04/02/2026
Publicado: 10/02/2026
Código Único AV: e643
Páginas: 1(22-43)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18595982
Autores:
Juan Pablo Marcelino Olano Tantalean
Abogado
Maestro en Gestión Pública
Doctor en Derecho
https://orcid.org/0000-0003-0462-8439
E-mail: polanota@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Nilton Isaias Cueva Quezada
Licenciado en Ciencias Sociales y Turismo
Maestro en Gestión Pública
Doctor Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0000-0002-1038-8884
E-mail: ncuevaq@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Julia Jacinta Ortiz Herbay
Contador Público
Abogado
MSc. Docencia Universitaria
https://orcid.org/0000-0002-5480-7243
E-mail: jortizhe@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: República del Perú
Resumen
El presente artículo presenta el estudio de la prueba judicial y sus dificultades
en la administración de justicia, de relevancia en los aspectos teóricos y
doctrinarios del derecho con énfasis a su valoración de la prueba judicial. El
objetivo fue analizar la actuación de la prueba judicial desde diversas doctrinas,
identificando defectos y dificultades en su valoración; examinar su impacto en
la administración de justicia y verificar si una evaluación incorrecta genera
rechazo social en casos notorios. Los materiales y métodos empleados en esta
investigación han sido mediante una revisión sistemática bajo la metodología
PRISMA y enfoque cualitativo. La recolección de la información se hizo a
través de la base de datos SCOPUS, desde el 2022 a 2024, cuyos resultados
muestran que, la salvaguarda del secreto profesional genera conflictos de
garantías en el proceso, la valoración de las pruebas y la mediación de los
procesos radican en la comunicación y el respeto, además el uso del software
no siempre garantiza un proceso y, los marcos normativos deben centrarse en la
cooperación mutua a nivel internacional tomando como herramientas jurídicas
los tratados internacionales de Palermo, Viena y Mérida. Concluyendo que la
prueba judicial, también denominada evidencia judicial, constituye un elemento
central en la toma de decisiones dentro de los sistemas judiciales de distintos
países. A lo largo del tiempo, su naturaleza ha evolucionado, incorporando no
solo pruebas tradicionales como el testimonio y la pericia, sino también
herramientas tecnológicas como el uso de software especializado y la
inteligencia artificial, sin embargo, la presión externa y los actos de corrupción
afectan la administración de justicia.
Palabras Clave
Derecho a la justicia, derechos civiles, administración
de justicia, derechos humanos, prueba judicial
Abstract
This article presents a study of judicial evidence and its challenges in the
administration of justice, focusing on the theoretical and doctrinal aspects of
law, with an emphasis on the evaluation of judicial evidence. The objective was
to analyze the role of judicial evidence from various doctrinal perspectives,
identifying shortcomings and difficulties in its evaluation; to examine its impact
on the administration of justice; and to verify whether an incorrect evaluation
generates social rejection in high-profile cases. The materials and methods
employed in this research were a systematic review using the PRISMA
methodology and a qualitative approach. Data collection was carried out using
the SCOPUS database from 2022 to 2024. The results show that safeguarding
professional secrecy generates conflicts of guarantees in the process; the
evaluation of evidence and the mediation of processes depend on
communication and respect; the use of software does not always guarantee a fair
process; and regulatory frameworks should focus on mutual cooperation at the
international level, using the Palermo, Vienna, and Mérida international treaties
as legal tools. In conclusion, judicial evidence, also known as court evidence, is
a central element in decision-making within the judicial systems of various
countries. Over time, its nature has evolved, incorporating not only traditional
evidence such as testimony and expert opinion, but also technological tools such
as the use of specialized software and artificial intelligence. However, external
pressure and acts of corruption affect the administration of justice.
Keywords
Right to justice, civil rights, administration of justice, human
rights, judicial evidence
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Introducción
Hablar sobre la prueba, en el campo de lo
jurídico, es relacionar necesariamente al entorno de
un proceso judicial, donde por su relevancia lo
constituirán como eje de atención central, al
momento que se emita un pronunciamiento judicial
(sentencia), no obstante resulta claro que el sentido
de un fallo, no será discrecional o arbitrario al ánimo
del juzgador, todo lo contrario, se espera que este
contenga los parámetros racionales de las reglas
jurídicas y sobre todo una clara marcación de
racionalidad y/o logicidad referente a la prueba
(Alejos, 2014).
Esta literatura es también conocida por el
profesor Francisco Carnelutti quien indica en su
obra que, la prueba civil, “...que el Juez está en
medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual
todo es tinieblas: detrás de él, el enigma del pasado,
y delante, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco
es la prueba” (Castillo, 2023).
La relevancia entonces de la prueba exige en
el fondo a los órganos de investigación o tribunales
un deber de actuar con brillante diligencia para los
juicios en todas las ramas del campo jurídico que
sean materia de un conflicto (Ríos, 2018). Ahora
bien, el problema de la prueba no es ajeno a la
ciencia del Derecho, dado que con esta se busca
construir el principal fundamento racional de la
lógica para demostrar un sentido de conducta, sin
embargo si presentaría ciertas dificultades en la
administración de justicia, si carece de los
parámetros racionales de las reglas jurídicas de
valoración, básicamente cuando se trata de analizar
la prueba judicial, la cual debe entenderse que es
obtenida dentro de un proceso, donde se ha
prevenido de todas la actividad procesal de
naturaleza judicial ligada a probar una posición o
demostrar una conducta según la naturaleza del
caso (Ribera, 2011).
Por tanto podría haber diversos conceptos de
prueba, la cual dependerá de la relación a
determinar, no obstante su objeto apunta en la
prueba judicial, es que si bien los jueces como parte
de un sistema judicial están sometidos a la
complejidades de identificar las hipótesis o
conjeturas que se dan en el proceso, para tomar a
una decisión, en el fondo ya implica una difícil
determinación que conlleva un efecto en la
administración de justicia, puesto que hay gran parte
de expertos en el tema probatorios, coindice que
existe el “fenómeno de la complejidad probatoria no
ha sido asumido como una especial preocupación
por la doctrina” (Hunter, 2015).
Siendo relevante conocer entonces como eje
primordial en el presente artículo, una
conceptualización de la actuación de la prueba
judicial desde punto de vista de diversas posturas
doctrinas, y los defectos que en su valoración tienen
algún efecto de dificultad que aquejen a la
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administración de justicia y de ser el caso causante
de rechazo social, sobre todo en casos notorios.
Ante ello surge la pregunta de investigación
¿De qué manera se concibe el concepto de la
actuación de la prueba judicial desde punto de vista
de diversas posturas y doctrinas; además como se
describen los defectos y las dificultades de la prueba
judicial en su valoración que aquejen a la
administración de justicia y por último verificar si
existen una imperfecta valoración de la prueba
judicial que causen rechazo social, en casos notorios
o emblemáticos?
Lo cual conlleva a plantear el siguiente
objetivo general: señalar el concepto de la actuación
de la prueba judicial desde punto de vista de
diversas posturas y doctrinas; describiendo sus
defectos y las dificultades de la prueba judicial en su
valoración que aquejen a la administración de
justicia y por último verificar si existen una
imperfecta valoración de la prueba judicial que
causen rechazo social, en casos notorios o
emblemáticos.
Desarrollo
La revisión sistemática, tuvo como objetivo
señalar el concepto de la actuación de la prueba
judicial, con referencia a las diversas posturas
doctrinas, y los defectos que se tenga en su
valoración se hayan tenido algún efecto de
dificultad que contravengan a la administración de
justicia, así como también, su no aceptación en la
sociedad, con mayor énfasis en casos notorios.
Selección de artículos
Para la presente selección de artículos, se tuvo
como instrumento de búsqueda Google, aplicando
los criterios técnicos, de inclusión, y exclusión, de
ahí que se han incluido hasta 04 artículos de revisión
previa, que sustenta la introducción del articulo y
posteriormente usando la base de datos, Scopus, se
pudo obtener en línea, sin restricción en el idioma,
como una revisión sistemática, apegados al criterio
de PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses), este
último criterio, usado como referencia relevante en
la metodología, debido a su eficaz uso, al otorgar
una factibilidad de comunicación completa de las
revisiones sistemáticas en caso de estudio (Page et
al., 2021).
En esa búsqueda, se encontró autores que
señalan la relación de la importancia de la prueba o
evidencia judicial, asimismo en la base de datos de
Scopus se realizó específicamente la búsqueda “La
prueba judicial y sus dificultades en la
administración de justicia” también el idioma inglés
“Judicial evidence and its difficulties in the
administration of justice” con resultado de 01
articulo relacionado a la administración de Justicia
dentro del periodo de búsqueda de los años 2020-
2025.
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Se prosiguió con el mismo objetivo, con la
búsqueda, “judicial AND evidence” usando el
operador boleano OR y agregando “difficulties
AND in AND the AND administration AND of
AND justice” teniendo como resultado (171)
documentos al referido al periodo 2020-2025.
También se advirtió que el analizador de búsqueda
dentro del referido periodo tiende a un ascenso,
conforme se aprecia la Figura 1. Además, en la
búsqueda en otras bases de datos se identificaron
libros de gran valor, lo cual permitieron sustentar las
definiciones en mención.
Figura 1. Análisis de los resultados
Fuente: Scopus al analizar los datos se evidencian que en el año 2024 fue donde hubo mayores publicaciones en referencia al
tema, sin embargo, en el 2025 ya se cuenta con 11 publicaciones lo cual denota la importancia del tema en mención
Así también, hay diversos autores con
referencia al tema de búsqueda, que tiene relación
de publicación en diversos países (China, Italia,
Brasil, Alemania, Reino Unido, Australia, España,
Francia y Canadá) asimismo se procedió en primer
orden seleccionar solo artículos que tuvieran las
características de un estudio empírico o revisión
sistemática y se excluyeron revisiones, que no
guardaban relación con el tema, se aplico los filtros
de búsqueda proporcionados por las bases de datos
en línea, el acceso al texto completo y el idioma
(español e inglés) sobre los de revisión sistemática
en Scopus, del total de 171 artículos encontrados se
excluyeron 14 sobre el total de artículos de
búsqueda general.
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Dejándose así con 157 como candidatos a
lectura y resultados, no obstante siguiéndose con el
proceso de identificación, se seleccionó los artículos
e insistió en describir las palabras claves palabras o
corrección ortográficas que apunten al objetivo
principal, esto es que expliquen conceptualizar la
actuación de la prueba judicial desde punto de vista
de diversas posturas doctrinas, y los defectos que
en su valoración tiene efecto negativo en la
administración de justicia que causarían algún
rechazo social, sobre todo en casos notorios.
Así se excluyeron 123 artículos
preseleccionados y como resultado final los
artículos vinculados al objetivo principal se
escogieron 34 artículos en total, y que se describen
en las siguientes Tablas, donde se agrupa de forma
sistemática la conceptualización de la actuación de
la prueba judicial desde punto de vista de diversas
posturas y doctrinas.
En la Tabla 2 se describen los defectos y las
dificultades de la prueba judicial en su valoración
que aquejen a la administración de justicia
cuadrante 3. Por último, se verifica si existen una
imperfecta valoración de la prueba judicial que
causen rechazo social, en casos notorios o
emblemáticos en los sistemas de justicia. Cabe
precisar que, durante todo el proceso de búsqueda,
se llevó a cabo el protocolo de investigación en
múltiples ocasiones utilizando diferentes redes con
acceso a Internet para garantizar la reproducibilidad
de la revisión, así como guardar el enlace de
búsqueda de ingreso a data de Scopus con relación
a la revisión de los artículos que hoy se describen y
siendo las fases del proceso de selección conforme
al método Prisma (Ver Figura 2).
Figura 2. Flujo de PRISMA
Hallazgos sintetizados
Luego de los resultados de los 34 artículos en
total, seleccionados y leídos, se ha advertido que hay
relación Lo cual conlleva a plantear el siguiente
objetivo general: Analizar la actuación de la prueba
judicial desde diversas doctrinas, identificando
defectos y dificultades en su valoración. Examinar
su impacto en la administración de justicia y
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verificar si una evaluación incorrecta genera
rechazo social en casos notorios.
Autor (es) año
Tipo
Categoría
BASE DE
DATOS
(Junoy & Andino, 2022)
Artículo original
Prueba en un proceso judicial
Scopus
(Ikhwansyah et al., 2022)
Artículo legal
Pruebas de laboratorio
Scopus
(Campbell, 2022)
Artículo legal
Prueba pericial
Scopus
(Sharipova, 2023)
de revision sistemática
Prueba procesal penal
Scopus
(Solodov, 2023)
de revision sistemática
Prueba pericial
Scopus
(Schmidt et al., 2023)
de revision sistemática
Evidencia estadística pura
Scopus
(Lakshmi, 2023)
de revision sistemática
Pruebas forenses
Scopus
(Perlingeiro, 2023)
de revision sistemática
Prueba en el derecho
Scopus
(Dei Vecchi, 2023)
de revision sistemática
Prueba y error
Scopus
(Qatanani, 2023)
de revision sistemática
Prueba en el derecho
Scopus
(Shekhar, 2024)
de revision sistemática
Prueba científica
Scopus
(Wildblood Kc & Gardner,
2024)
de revision sistemática
Pruebas psicológicas
Scopus
(Hydara et al., 2024).
de revision sistemática
Pruebas judiciales
Scopus
(Coloma et al., 2024)
de revision sistemática
Prueba
Scopus
(Gillet et al., 2024)
de revision sistemática
Prueba
Scopus
(Vilaça, 2024)
de revision sistemática
Evidencia de los movimientos
anticorrupción
Scopus
(Liu & Zheng, 2024)
de revision sistemática
Pruebas judiciales
Scopus
(De la Torre & Gippini, 2024)
de revision sistemática
Pruebas, medios de prueba y control judicial
Scopus
(Butt & Nathaniel, 2024)
de revision sistemática
Derecho penal en juicios penales
Scopus
Tabla 1 . Artículos explorados
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Según lo indicado en la Tabla 1, Junoy &
Andino (2022) mencionan que en el diario
compartir documentario entre profesionales del
derecho, el conflicto está latente debido al latente
conflicto de salvaguarda del secreto profesional lo
cual genera siempre un conflicto de garantías en el
proceso, aunque los diferentes ordenamientos
jurídicos, comúnmente tienen un acápite donde se
protege el secreto profesional. Desde otro punto de
vista, Ikhwansyah et al., (2022) mencionan sobre la
importancia de la validez, la confiabilidad y el juicio
de expertos en el desarrollo de un informe técnico
probatorio en los procesos judiciales.
Así también, Campbell (2022) a pesar de que
los expertos siempre presentan una variedad de
pruebas a los administradores de justicia, estas son
valoradas por los jueces, lo conlleva a una
conclusión que, el éxito de la mediación radica en la
apertura de la comunicación y el respeto por la
experiencia y el conocimiento de los expertos como
abogados jueces etc. En ese sentido, Sharipova,
(2023) expresa que el uso de la prueba electrónica
constituye un cambio de paradigma en los procesos
penales debido que se deja del lado la forma
tradicional de defensa para el uso de las evidencias
que están en el mundo digital. No obstante, Solodov
(2023) menciona como ejemplo en Polonia, este tipo
de pruebas es propenso a ser manipulado, por ende,
no brinda las garantías necesarias debido a su
fiabilidad de las evidencias procesales.
De otro lado, Schmidt et al., (2023) analizan
la evidencia estadística pura y refieren el uso del
software para la obtención de pruebas, no siempre
cumple con los estándares a pesar de ser una
evidencia de probabilidades calculadas debido que
no se observa el proceso. En cuanto, Lakshmi
(2023) analiza las pruebas forenses, debido a que las
sentencias del SCI por casos de asesinato y
violación siempre tenían porcentajes altos en sus
condenas, sin embargo, el SCI siempre se basó para
aplicar dichas condenas en informes forenses en
ocasiones inconsistentes y del mismo modo lo usó,
para hacer las sentencias de absolución.
Del mismo modo, Perlingeiro (2023) analiza
sobre el valor de la prueba en el derecho, la
importancia de la cooperación mutua a nivel
internacional en materia judicial, para el
fortalecimiento de los marcos normativos nombra
ejemplos los tratados de Palermo, Viena y Mérida,
como instrumentos avanzados que permiten la
cooperación directa.
De la misma manera, Dei Vecchi (2023)
analiza sobre la prueba y error, quiere decir la
verdad fáctica no siempre es una premisa para hacer
una decisión final, debido a que toda decisión está
enmarcada en normas, tratados y leyes sumado a
ella una argumentación jurídica, pero en la práctica
si existe una argumentación jurídica solida influye
considerablemente en la decisión final del juez.
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El estudio de Qatanani (2023) sobre la prueba
del derecho, menciona que el juez tiene poca
libertad debido al marco legal presente lo cual no
permite la toma de decisiones fuera de las normas,
por lo que concluye que toda acta policial, su valor
probatorio radica en la naturaleza de la prueba y el
tipo de delito, lo que conlleva a su aceptación por
los tribunales para emitir sus juicios sin necesidad
de evidencias adicionales o en todo caso rechazar
dichas pruebas si ellos afectan la integridad del
tribual, en otras palabras el tribunal decide la
veracidad de las actas policiales.
Del mismo modo, Shekhar (2024) analiza
sobre prueba científica y concluye que el Poder
Judicial es el único organismo quien debe hacer un
análisis de las pruebas para ser admitidas o no en
determinado proceso judicial debido al papel que
cumplen como guardianes de los sistemas legales,
evitando así que las partes adversarias sean los
únicos que evalúen su admisibilidad.
Otra forma de entender es mediante el estudio
de Wildblood & Gardner (2024) quienes analizan la
veracidad de las pruebas psicológicas cuya finalidad
es tener una evaluación general de un experto para
ello, se debe tener como evidencias las entrevistas y
evaluaciones respectivas más concluyentes, por lo
que el informe que prepare el Psicólogo debe tener
claridad, congruencia y ser concluyente a fin de
orientar como experto a los administradores de
justicia (Juez). Además, Hydara et al., (2024)
estudiaron sobre las pruebas judiciales e indicaron
que las pruebas fabricadas se detectaron mediante el
uso de la tecnología lo que conlleva a la mejora de
los niveles de confianza de las personas.
En la misma línea, Coloma et al., (2024)
analiza el valor de la prueba donde identifica tres
factores clave para Prueba siendo ellos el debate
sobre los hechos suscitados, del hecho y derecho y
la idea de una ciencia sin la contención de valores,
lo que conlleva que en los sistemas de
administración de justicia todavía haya una
distancia entre la teoría y la práctica. Por otro lado,
Gillet et al., (2024) analiza a la prueba y propone un
nuevo enfoque en el ámbito del derecho, en ese
sentido menciona que la armonización de los
enfoques probatorios en los órganos cuasi-judiciales
fortalecería la coherencia de los derechos humanos
a nivel mundial.
Este nuevo enfoque prima facie permite
flexibilidad sin comprometer la fiabilidad, pero
necesita mayor estandarización. Aunque se han
propuesto alternativas, como la inversión de la carga
de prueba, estas podrían generar incertidumbre y
dificultades para los demandantes. Y finalmente,
estas mejoras podrían impulsar reformas
institucionales más amplias, como la creación de
una Corte de Derechos Humanos de la ONU.
También, Vilaça (2024) estudió las pruebas en
los procesos anticorrupción, y sus resultados
mostraron que el comportamiento judicial es
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afectado por las disrupciones de los movimientos
sociales, por lo que, responde generalmente de
manera alineada a los temas asociados a las
protestas, la presión mediática y las agendas
públicas, dichas acciones ponen en riesgo la
independencia y reputación de los administradores
de justicia.
Por ello, Liu & Zheng (2024) sugieren que el
uso de la tecnología en los procesos judiciales
conlleva a problemas inherentes a la seguridad,
debido a la información sensible que se maneja
producto del registro de los administrados, carga y
descarga de documentos y pruebas judiciales,
intercambio de datos, la divulgación de la
información de manera parcial, sin embargo a pesar
de todo ello, determinado estudio demuestra que hay
una mejoría de forma significativa en cuanto a la
estabilidad del sistema y su rendimiento.
También, De la Torre & Gippini (2024)
estudiaron las pruebas, medios de prueba y control
judicial todo ello, en cuanto a la efectividad y la
aceptabilidad del régimen de competencia de la UE
el cual se sustenta en la capacidad del sistema, que
tiene como fin garantizar que las infracciones se
establezcan con base en pruebas adecuadas, que el
proceso de valoración de estas pruebas sea
transparente y racional, y que las decisiones estén
sujetas a una revisión judicial efectiva que asegure
su legalidad y proporcionalidad. Sin estas
salvaguardas, el sistema carecería de la credibilidad
necesaria para funcionar eficazmente.
Además, Butt & Nathaniel (2024) analizaron
el derecho penal en juicios penales y determinaron
que la valoración de la prueba pericial realizada por
expertos no siempre es el más adecuado debido a
que cuando la policía hace un informe siempre
tiende a hacer uso de la facultad de los expertos y
como ellos se basan siempre en las pruebas y por
más poco que sea siempre van hallar un nivel de
responsabilidad por ende van a ser culpados sin dar
pie a que los administrados tengan sean procesados
de manera justa, por ende, el sistema judicial de
Indonesia impacta de manera muy sutil, debido a su
valoración de prueba pericial sesgada en los
expertos lo que conlleva a un debilitamiento y
confianza de la ciudadanía hacia los sistemas
judiciales.
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Autor (es) año
Tipo de articulo
Categoría
Base de datos
(Pérez & Cavani, 2022)
Artículo de Investigación
Admisibilidad de la prueba
Scopus
(Barbabela, 2023)
Artículo de Investigación
Inconsistencia judicial y
desmovilización ciudadana
Scopus
(Bharti & Roy, 2023)
Artículo de Investigación
La rigurosidad judicial
Scopus
(Schauer, 2024)
Artículo de reflexión
Las opiniones judiciales
Scopus
(Sarfraz et al., 2024)
Artículo de investigación
Evidencia de la contaminación
Scopus
(Badas & Schmidt, 2024)
Artículo de Investigación
Imaginario social y legitimidad
judicial
Scopus
(Fusco et al., 2024)
Artículo de Investigación
Evidencias del sector judicial
Scopus
(Chemin et al., 2024)
Artículo de Investigación
Relevancia de evidencia
Scopus
(Dong et al., 2024)
Artículo de Investigación
Independencia judicial
Scopus
(Riva, 2024)
Artículo de Investigación
Falta de evidencia
Scopus
Tabla 2. Artículos explorados
Con respecto a identificar defectos y
dificultades en su valoración que aquejan a la
administración de justicia, tenemos en la Tabla 2 los
artículos revisados conforme a Pérez & Cavani
(2022) en su estudio sobre la admisibilidad de la
prueba, concluye a toda decisión del Juez debe
responder a la verdad, por ello, es importante
considerar la teoría de la prueba como un factor
relevante, ya que, mediante ello, el juez tiene
mayores facultades tanto técnicas, como criteriales,
debido a que el uso de esta teoría elimina procesos
tediosos, en ese sentido, el juez tiene flexibilidad en
la aceptación de todo tipo de prueba y evaluar su
veracidad a fin de tomar una decisión más justa en
bien del administrado.
También, Barbabela (2023) analizó la
inconsistencia judicial y desmovilización
ciudadana, sus resultados muestran que uno de los
factores que permiten a la ciudadanía percibir al
sistema judicial como corrupta es la inconsistencia
judicial, debido a que los casos de corrupción no son
atendidos adecuadamente lo que conlleva a una
percepción negativa de la ciudadanía hacia los
sistemas judiciales, como consecuencia la sociedad
denuncie cada vez menos este tipo de flagelo
debilitando así la solidez de la estrategia empírica.
En ese mismo sentido, se identifican tres
factores que la sustentan y beneficia a los
administrados y, son: a) el énfasis mediático en el
desacuerdo entre jueces, b) la naturaleza exógena
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del evento indica que las decisiones tienen
influencia por factores externos, como cambio
normas, problemas políticos, económicos, más no
por factores internos, y c) su carácter real, lo que
fortalece la validez externa.
De la misma manera, Bharti & Roy (2023) en
su estudio analizan la rigurosidad judicial y
muestran que los jueces con una infancia expuesta a
violencia comunitaria entre las edades de 0 a 6 años,
son un 16% más propensos a emitir juicios de valor
en contra de los procesados persistiendo siempre en
la prisión preventiva, generando así un sesgo
judicial, ello es debido a los problemas que han
tenido entre los 3 y 6 años, además de la exposición
a lesiones que conlleven a muertes y lesiones,
sumado a ello, los disturbios que han tenido los
jueces durante su formación.
Otro estudio de Schauer (2024) hace un
análisis sobre las opiniones judiciales, en ello,
evidencia que el sistema judicial italiano es bien
conocido por su desempeño deficiente en
comparación con sus pares europeos. Casi en ese
mismo sentido, Sarfraz et al., (2024) estudian la
evidencia de la contaminación y sus resultados
muestran que los procesos judiciales en relación a la
contaminación en su mayoría son más beneficiados
las empresas que tienen mayor relación con los
republicanos, debido a la creencia de que al ser de
su ideología republicana siempre van a apoyarlos a
pesar de que la evidencia muestra que ellos
producen más aires contaminantes, mediante el uso
de productos químicos, lo cual no está regulado de
manera adecuada por la ley del Aire Limpio.
No obstante, Badas & Schmidt (2024)
analizan el imaginario social y legitimidad judicial
y una percepción de dos vertientes una religiosa y
otra atea, los dos tipos de poblaciones tienen la
creencia que si hay jueces con sus determinadas
características, ya sea religiosas o no, son las
personas idóneas que lo van a representar de manera
adecuada, lo que evidencia, que la relación entre la
creencia de la ciudadanía sobre la identidad de los
administradores de justicia de la Corte Suprema
puede influir en la decisión final de la misma, si son
de su grupo religioso caso contrario, el
razonamiento de la Corte dictaminaría de manera
desfavorable y concluyen que las dos identidades
ciudadanas tienen implicaciones para la diversidad
en la Corte y, que los factores ideológicos pueden
afectar la legitimidad de la señalada.
De acuerdo con Fusco et al., (2024) analizan
las evidencias del sector judicial en el ámbito de la
contabilidad y refieren que, la responsabilidad
social es una herramienta eficaz y valiosa que
permite garantizar la rendición de cuentas. Para ello,
es fundamental la participación de las partes
interesadas, ya que siempre existen temas que
pueden abordarse, como la intervención en las
etapas iniciales de los sistemas de contabilidad.
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A esa problemática, Chemin et al., (2024)
analizan la relevancia de evidencia, para ello
propone, la Activa Gestión de Casos (ACM), resulta
ser una estrategia eficiente, debido a que permite
reducir aplazamientos y demoras sin afectar la
calidad de los procedimientos, esta estrategia
permite reducir la criminalidad, además de
disminuir los costos de seguridad para las empresas,
gracias a un sistema de justicia más eficiente, por
ende, la percepción de la confianza pública mejora
en relación a la imagen del poder judicial y fomenta
la inversión a largo plazo.
Además, destaca la importancia de un
liderazgo sólido y un marco constitucional
adecuado para garantizar el éxito de cualquier
reforma judicial y considera que siempre debe ser
bajo una evaluación rigurosa a fin de optimizar la
inversión de los recursos públicos.
Sumado a ello, Dong et al., (2024) analizan la
importancia de la independencia judicial ante ello,
la metodología del empleo del modelo DID y el
microconjunto de datos distintivos de la empresa
privada, permite el perfeccionamiento de los marcos
jurídicos, estimula el desarrollo económico de los
países, por ello, se destaca la importancia que la
independencia judicial motiva la confianza de la
inversión extranjera, en vista de la calidad de las
sentencias que son más justas y sobre todo porque,
fomenta cambios internos en la institución judicial.
Por último, Riva (2024) estudió la falta de
evidencia, los juicios por agresión sexual dependen
en gran medida del testimonio de la víctima, cuya
evaluación es clave para determinar el delito. Sin
embargo, estos procesos, pueden ser afectados por
estereotipos de género, lo que debilita la protección
legal y la confianza en la justicia.
Un estudio sobre la jurisprudencia del
Tribunali di Como en Italia, en los años setenta,
evidenció que los prejuicios sexistas influían en la
valoración de los jueces, dificultando la condena de
los acusados. Además, la aplicación del Código de
Procedimiento Penal de Rocco llevó a un uso
extendido de la absolución por falta de pruebas, lo
que perjudicó tanto a las víctimas como a los
acusados, generando consecuencias negativas más
allá del juicio.
Autor (es) año
Tipo de articulo
Categoría
Base de Datos
(Ríos, 2022)
Artículo de investigación
Evidencia judicial
Scopus
(Choi et al., 2022)
Artículo de investigación
Evidencia de
apelaciones
Scopus
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(Avdasheva et al., 2022)
Artículo de investigación
evidencias extraídas
Scopus
(Badalamenti & Holcomb, 2023)
Artículo de investigación
Reforma basada en
evidencias.
Scopus
(Chu et al., 2024)
Artículo de investigación
Evidencia de
sanciones
financieras
Scopus
Tabla 3. Artículos explorados
Como se observa en la Tabla 3, el examinar su
impacto en la administración de justicia y verificar
si una evaluación incorrecta genera rechazo social
en casos notorios, se presenta los autores citados
siguientes:
De acuerdo a Ríos (2022) su estudio sobre la
evidencia judicial menciona que la legitimidad es un
factor clave para que el poder judicial desempeñe un
papel muy importante en la sociedad, sumado a ello
la composición de los dos poderes del Estado
Ejecutivo y Legislativo. De otro lado, Choi et al.,
(2022) analiza la evidencia de apelaciones, donde
concluye que el favoritismo es un factor que sesga
las decisiones de un juez cuando es una misma etnia.
De manera similar, Avdasheva et al., (2022)
se centran en las evidencias extraídas y llegaron a la
conclusión de que, en Rusia, las normas sobre el
plazo razonable para la resolución de casos y los
incentivos para que los jueces reduzcan la
acumulación de expedientes, no incrementan la
posibilidad de cometer errores jurídicos.
Además, Badalamenti & Holcomb (2023)
enfatizan en la reforma basada en evidencias,
concluyen que los jueces federales que emiten
sentencias examinan detallados informes previos a
la sentencia elaborados por la Oficina de Libertad
Condicional de Estados Unidos, los cuales
presentan el historial personal y los antecedentes
penales de los acusados. Desde 1987, las diferencias
en las sentencias han sido abordadas principalmente
mediante las directrices federales de sentencias, un
conjunto de sugerencias no obligatorias de la
Comisión de Sentencias de Estados Unidos que
orienta las decisiones judiciales.
En similar idea, Chu et al., (2024) analizan la
evidencia de sanciones financieras y refieren que la
presión fiscal influye en las decisiones judiciales
sobre sanciones económicas en casos de corrupción
en China. Cuando los recursos de los tribunales son
limitados, los jueces tienden a imponer más multas
para aumentar ingresos, lo que afecta la
imparcialidad judicial y la justicia social.
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Ante esa situación, proponen tres medidas: la
primera es garantizar el financiamiento adecuado
del poder judicial, resolviendo desigualdades
salariales y problemas administrativos. La segunda
es mejorar el marco legal de sanciones económicas,
estableciendo criterios claros para multas y
confiscaciones. Y la tercera centralizar la gestión de
ingresos por sanciones, asegurando transparencia y
destinando los fondos a usos específicos.
Discusión
A partir de la revisión realizada en este estudio
se ha revelado las diferentes dimensiones que
comprende; la prueba judicial y sus dificultades en
la administración de justicia: esto en base a la
evolución de varios artículos y trabajos de
investigación. Los cuales están en línea con los
objetivos planteados, es así que encontramos como
eje de discusión sobre el primer punto: la postura de
la conceptualización de la actuación de la prueba
judicial desde el punto de vista de Coloma et al.,
(2024) quienes tienen la postura de que la evidencia
o prueba judicial usada como declaraciones o
pericia o documental, es de uso en la administración
de justicia, pero también reconoce la existencia de
otras, como las pruebas de video, que dan como
resultado la evidencia facial, que en manos forenses,
da soporte de confianza a fin de contrarrestar la
detención de deepfakes (imágenes falsas generadas
por la inteligencia artificial).
Ahora bien, una postura más genérica lo
señalan Hydara et al., (2024) al sostener o mirar la
problemática, partiendo de evaluar el tipo de hechos
a probar, y el papel de las normas jurídicas
aplicables, un contexto institucional puede hacer
variar el resultado en los hechos, reconociendo la
existencia de cerrar la brecha entre la teoría y la
práctica sobre la llamada concepción racionalista de
la prueba.
Asimismo, para Liu & Zheng (2024),
mantienen otra posición de la prueba judicial, esto
es, desde que esta se recaba, debe ponerse énfasis en
su almacenamiento porque de acuerdo a ello, tendría
incidencia en su valoración posterior, por tanto, es
riguroso que se cumpla con su correcta
conservación, y da relevancia en contar con un
esquema de preservación de evidencia judicial
basado en blockchain (método para registrar y
rastrear bienes).
De manera similar, Shekhar (2024) hace
relevancia a esta discusión al sostener que la prueba
judicial es un problema que recae esencialmente en
el evaluador, en este caso el juzgador, sin importar
las características de la prueba, y en esa misma
línea, Qatanani (2023), ratifica que la discreción de
la valoración de la prueba, y la convicción la debe
tener el juzgador, aunque por otro lado hace énfasis
en la exigencia de la pulcritud que debe existir en el
recogido de la evidencia para introducirla a juicio.
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También existe una mirada distinta de la
prueba judicial, Schmidt et al., (2023) quienes
relacionan la evidencia con proporción de sistema
de software a los cuales también debe exigirse el
estándar de prueba cuando esta es generada como
tal, porque en algunos casos son evidencia pura
(contables) y, como tal, las decisiones judiciales se
legitiman de esa manera.
Sin embargo, la posición distinta indica
Lakshmi (2023) al tener claro que se han
comprobado casos (Corte Suprema de la India)
mediante estudio analítico que, sometidos a la
correlación Pearson, como violación y asesinatos, se
ha tenido manejo incorrecto de las muestras, y como
tal los informes han sido inconsistentes.
De otro lado, siguiendo este ítem de discusión
como segundo punto, relacionado a los defectos y
las dificultades de la prueba judicial en su
valoración que aqueja a la administración de
justicia: así apreciamos como eje de discusión lo
sostenido por Pérez & Cavani (2022) quienes
reconocen una dificultad histórica en la valoración
de la prueba, principalmente en su admisibilidad en
el proceso judicial, por tanto, se ha hecho necesaria
la subrogación de esas normas, con énfasis en las
que otorgaban exceso de discreción al juez.
Observamos también lo sostenido por Badas
& Schmidt (2024) quienes señalan que hay
dificultad relacionada con la legitimidad judicial,
pero que es por razones ideológicas, como es el caso
de tribunales integrados por evangélicos. Otro punto
que suma a la discusión es lo dicho por Dong et al.,
(2024) al sostener que también existe dificultad,
pero por la falta de independencia y que ello afectará
la prueba judicial, y externamente en lo social, la
inversión extranjera, como es el caso de China.
Por último, Riva (2024) indica que existen
dificultades que aquejan a la administración de
justicia, principalmente por falta de estereotipo de
género en la práctica judicial, principalmente con
afectación con los delitos sexuales, generando
desconfianza en los ciudadanos. En cuanto al tercer
punto, vinculado a verificar si existe una imperfecta
valoración de la prueba judicial que cause rechazo
social, en casos notorios o emblemáticos; es de
valorar lo referido por Ríos (2022) quien enfatiza
como rol fundamental que los problemas que podría
tener el Poder Judicial parten por poder no perder
esa legitimidad los jueces, ligados también a su
imparcialidad, que son observados por los
ciudadanos (caso de México).
No obstante, en el caso de India, nos dice Choi
et al., (2022) que la falta de confianza que se
encuentra, de otra forma, en la toma de decisiones
judiciales no pasa por valorar la evidencia, sino por
un sesgo étnico, por tanto, hay un favoritismo,
alejado de la valoración de la prueba. Otro punto
traído por Badalamenti & Holcomb (2023) que
suma a la discusión, es que en esta propuesta hay
valoración, pero bajo la problemática de que los
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jueces de Estados Unidos realizan abundante labor
de revisión de extensos informes previos a la
sentencia, pero que esa práctica debe ser reformada.
Por último, Chu et al., (2024) refieren que hay
imperfección en los jueces, debido a la presión
externa que pueden tener para emitir sus decisiones,
y relacionarse incluso a la corrupción (casos de
China).
Conclusiones
Según los resultados de esta revisión
sistemática de la literatura, y analizada de forma
reflexiva por el número de autores y su relación con
el instrumento, que en este caso obedece a la prueba
judicial y sus dificultades en la administración de
justicia se concluye:
La prueba judicial o evidencia judicial como
en algún caso citan los autores mencionados,
relacionan su actuación como eje central de las
decisiones judiciales, el cual es de relevancia en los
sistemas judiciales de diversos países del mundo,
sino que también en otros casos se vuelve relevante
como es el tema de las pruebas, medios de prueba y
control judicial en el Derecho de la competencia de
la UE (De la Torre & Gippini, 2024) .
Como se observa en otros casos con marcadas
posturas de concepción racionalista de la prueba
Coloma et al., (2024) indican que el mayor uso de
valoración de la prueba es la Psicológica, la prueba
científica y los peritos como los sostienen Hydara et
al., (2024); Shekhar (2024); Solodov (2023);
Wildblood & Gardner (2024) aunque no se deja de
lado, también la valoración de otras pruebas como
las basadas en software (Schmidt et al., 2023),
(Sharipova, 2023), (Campbell, 2022) y en otros
casos la valoración de la comunicación privada que
hayan tenido los abogados como prueba judicial
(Junoy & Andino, 2022).
De otro lado, se ha corroborado con los
autores, la existencia defectos y las dificultades de
la prueba judicial en su valoración que aquejen a la
administración de justicia, principalmente por falta
de independencia, carencia de imparcialidad,
estereotipos de género, hasta sesgo étnico y
religioso ((Dong et al., (2024); Riva, (2024),
Chemin et al., (2024); Choi et al., (2022) y Badas &
Schmidt (2024)), no obstante es de resaltar cuando
se presenta dificultad en la valoración de la prueba
relacionada a la independencia de los jueces, estos
también causa efecto en los agentes de inversión
extranjera, aspecto relevante que se advierte de esta
revisión.
Por último, también los autores dan por
sentada que si existen una imperfecta valoración de
la prueba judicial que genere rechazo social:
principalmente cuando en la prueba judicial en la
administración de justicia, las decisiones se toman
con presión externa relacionada incluso con actos de
corrupción (Chu et al., 2024) otro aspecto que
genera el rechazo social es que cuando la evidencia
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judicial se relacionado con el populismo (Ríos,
2022).
Finalmente, es de considerar que como
relevancia de la prueba judicial, como una de las
dificultades, que ha tenido relevancia en los sectores
judiciales, principalmente por medidas sanitarias
dictadas que dictan los gobiernos, que han tenido
como alternativa el uso de los medios tecnológicos
para que puedan actuarse las diligencias fiscales y
judiciales (Olano et al., 2022).
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ISSN: 2665-0398
Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 7, Número: 14, Año: 2026 (Enero 2026 - Junio 2026)
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional
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