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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 02/11/2025
Aceptado: 04/12/2025
Publicado: 30/12/2025
Código Único AV: e608
Páginas: 1(2653-2680)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18256848
Autor:
Jorge Humberto Mayorga Núñez
Licenciado en Sociología
Maestro en Gestión Pública
https://orcid.org/0000-0002-4121-1977
E-mail: JMAYORGANU@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Resumen
El objetivo fue demostrar cómo las Políticas Públicas (PP) funcionan
frente a la crisis de inseguridad ciudadana. Es un artículo de revisión
sistemática de investigaciones publicadas en: Scopus, WoS y SciELO.
Complementariamente, se incluyeron artículos relevantes identificados
en otras fuentes académicas como RedALyC, Dialnet y Google Scholar.
El problema PICOH fue: ¿Cómo se ejecutan las PP (I) en reducir la
crisis de inseguridad (O) en comunidades afectadas (P) en comparación
con otras comunidades que no las aplican (C) en espacios contextuales
(H)? Mediante Prisma se identificaron 226 documentos; la selección
arrojó 80; la elegibilidad 22; y la inclusión 16. Se incluyeron: artículos
del periodo 2020-2025, con texto completo, de acceso libre, solo
artículos originales relacionados a las categorías de estudio y que
declararon inexistencia de conflicto de interés. Se concluye: la
implementación de PP modernas, efectivas, integradas y participativas,
resulta fundamental para mitigar la crisis de inseguridad ciudadana; la
ausencia o insuficiencia de PP contribuye a la agudización de la crisis
de inseguridad, incrementa la victimización y limita la capacidad de
respuesta ante amenazas contra el orden público.
Palabras Clave
Políticas Públicas, crisis de inseguridad,
comunidades, amenazas al orden público
Abstract
The objective was to demonstrate how public policies (PP) work in the
face of the citizen insecurity crisis. This is a systematic review article of
research published in Scopus, WoS, and SciELO. Additionally, relevant
articles identified in other academic sources such as RedALyC, Dialnet,
and Google Scholar were included. The PICOH problem was: How are
PPs (I) implemented to reduce the insecurity crisis (O) in affected
communities (P) compared to other communities that do not apply them
(C) in contextual spaces (H)? Using Prisma, 226 documents were
identified; the selection yielded 80; the eligibility 22; and the inclusion
16. The following were included: articles from the period 2020-2025,
with full text, open access, only original articles related to the study
categories and that declared no conflict of interest. It is concluded: the
implementation of modern, effective, integrated, and participatory PPs
is essential to mitigate the citizen insecurity crisis; The absence or
insufficiency of PP contributes to the worsening of the insecurity crisis,
increases victimization and limits the capacity to respond to threats to
public order.
Keywords
Public Policies, insecurity crisis, communities, threats to
public order
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Introducción
A nivel mundial, la criminalidad urbana se
constituyó como un fenómeno multidimensional y
de tratamiento multidisciplinario que la hizo cada
vez más compleja, al confluir diversas amenazas
como la violencia organizada, el crimen común y
el crecimiento acelerado de los delitos
cibernéticos, lo que erosionó la confianza en las
autoridades, elevó la percepción de riesgo en
entornos urbanos y rurales, y socavó las bases de
la gobernabilidad (Dávila, 2025; Feles Gómez et
al., 2024).
En el contexto global, la inseguridad
ciudadana surgió como uno de los desafíos más
urgentes que enfrentaron tanto las naciones
emergentes como las desarrolladas, con un
profundo impacto en las dimensiones social,
económica y política de dichas sociedades
(Garces et al., 2025). Asimismo, en las últimas
décadas el crimen ha ocupado un lugar central en
la agenda pública global (Díaz Román,
Fernández-Hernández, & Yangali-Orihuela,
2025).
Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, 2024), la seguridad
ciudadana constituye una condición indispensable
para el ejercicio de derechos, la cohesión social y
la gobernabilidad democrática. En este contexto,
los gobiernos buscan salvaguardar la integridad de
las personas mediante el diseño e implementación
de Políticas Públicas (PP) orientadas a la
prevención del delito, la reducción de factores de
riesgo y el fortalecimiento institucional del Estado
(Muggah & Aguirre, 2018; Ungar, 2020).
En el siglo XXI, el gobierno chino ha
intensificado su enfoque de seguridad nacional,
especialmente en respuesta a las amenazas
percibidas relacionadas con el separatismo, el
extremismo y el terrorismo de las regiones como
Xinjiang y Tíbet (Martínez Andreu & Garriga
Guitarra, 2025). En un país como Nigeria, cuyas
políticas y programas gubernamentales están mal
concebidos, definidos e implementados, los
peligros no pueden erradicarse y, por lo tanto, no
se puede proteger a las personas ni a los bienes
(Nwagboso et al., 2024).
En un estudio sobre análisis de políticas de
seguridad en España, se concluye que el papel de
la gobernanza de la seguridad y la creación y
gestión de Políticas Públicas de seguridad debe
estar en permanente revisión, que la inseguridad y
la convivencia representa una de las principales
preocupaciones de nuestra sociedad, y que la
seguridad debe ser sinónimo de servicio público
(Delgado Morán, 2023).
En el contexto latinoamericano, los
gobiernos han recurrido a las Políticas Públicas
como instrumentos esenciales para salvaguardar
la seguridad ciudadana, buscando equilibrar la
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prevención del delito, la protección de derechos y
la cohesión social. Estas políticas han
evolucionado desde enfoques represivos hacia
estrategias integrales que combinan prevención,
disuasión y participación social (Chinchilla &
Vorndran, 2018; Muggah, 2019).
Los autores coinciden en que la efectividad
de las Políticas Públicas depende tanto de la
capacidad institucional del Estado como del grado
de involucramiento ciudadano en los procesos de
diagnóstico, implementación y evaluación. Este
enfoque integral permite abordar la inseguridad
no solo como un fenómeno delictivo, sino también
como un problema de gobernanza, desigualdad y
legitimidad institucional. No obstante, América
Latina enfrenta una profunda crisis de seguridad
ciudadana. La región concentra el 33 % de los
homicidios del mundo con apenas el 8 % de la
población global (Prosegur Research, 2025), y
más del 80 % de sus habitantes perciben altos
niveles de inseguridad (INEI, 2024;
Latinobarómetro, 2023).
Brasil ocupa un extenso territorio de 8,5
millones de km2, donde viven actualmente poco
más de 203 millones de habitantes, entre los
problemas sociales más graves es inevitable
reconocer el crecimiento de la delincuencia y la
violencia impersonal, colectiva y, más
recientemente, política (Adorno, 2024).
Asimismo, en este gran país, la idea de la
disuasión criminal ha imperado en las políticas de
seguridad pública, lo que ha dado pie a un enfoque
en el uso abierto y discrecional de la fuerza para
combatir la delincuencia mediante patrullajes
represivos, fuerza policial y arrestos en flagrancia
(Bittencourt, 2023). Por otro lado, en México se
evidencia la capacidad de adaptación del crimen
organizado, donde el narcomenudeo sigue siendo
un componente crucial de los mercados ilícitos
(Díaz Román et al., 2025).
En ese sentido, la situación de seguridad en
Bogotá y su impacto tanto en la percepción
ciudadana como en el ámbito empresarial resalta
la importancia de evaluar políticas y estrategias
enfocadas en mejorar la convivencia y seguridad
(Feles Gómez et al., 2024). Asimismo, uno de los
principales retos de enfrentar la ciberdelincuencia
es la naturaleza del crimen; existe
desconocimiento en la rama judicial y policial del
marco legal, Ley 1273 de 2009 que tipifica estos
crímenes (Rincón Arteaga et al., 2022). Mientras
que, en Ecuador, existe la necesidad de optimizar
las políticas de prevención del delito, no solo para
reducir la criminalidad, si no para restaurar la
confianza pública, y fortalecer el tejido social
(Zambrano-Moya, 2025).
Perú, actualmente viene atravesando una
crisis de inseguridad ciudadana, donde el sicariato
y la extorsión han desatado una ola de violencia
nunca antes vista, violencia que va escalando
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desde pedir cupos a pequeños negocios, hasta
empresas de transporte y grupos musicales cuyas
consecuencias han repercutido en la estabilidad
política del gobierno.
De acuerdo con el INEI (2025), durante el
periodo Nov 2024-Abr 2025, el 26,7 % de las
personas de 15 años a más que residen en zonas
urbanas reportaron haber sido víctimas de algún
delito; mientras que, el 85,6 % manifestó sentir
que existe una alta probabilidad de ser víctima de
hechos delictivos en los siguientes doce meses.
Esta situación ha generado un proceso de
concientización colectiva sobre la necesidad de
Políticas Públicas más efectivas, evaluables y
participativas. Diversos estudios advierten que la
persistencia del delito y la violencia está asociada
no solo a deficiencias institucionales, sino
también a la ausencia de mecanismos de
evaluación, continuidad y rendición de cuentas
(Cano, 2022).
Las Políticas Públicas en materia de
seguridad tienen como objetivo principal
garantizar la convivencia pacífica, promover la
confianza en las instituciones y asegurar la
aplicación equitativa de la ley (Roth Deubel,
2023). Desde un enfoque de gobernanza
multinivel, estas políticas articulan estrategias
intersectoriales que integran prevención social,
control situacional y rehabilitación, basadas en la
participación ciudadana y la corresponsabilidad
entre Estado y sociedad (Sozzo, 2022).
En esta línea, la confianza pública en las
instituciones policiales constituye un elemento
esencial para la eficacia de dichas políticas, tal
como evidencian Malone & Dammert (2020) en
su estudio sobre América Latina. La adopción de
un enfoque integral implica reconocer que la
seguridad no se limita al accionar policial, sino
que requiere intervenciones sostenibles en
educación, empleo, urbanismo y justicia
(ILPES/CEPAL, 2022).
Ante el fuerte impacto de la violencia
delincuencial que pone en riesgo las bases de la
democracia, a ello su suma la crisis que atraviesa
el sistema de justicia penal que se muestra
inoperante ante el clamor de la ciudadanía que
demanda justicia. La inseguridad ciudadana en
Perú ha demostrado ser un desafío complejo que
no puede solucionarse únicamente a través de
leyes, instituciones, Fuerzas Armadas o la
declaración de estados de emergencia, es
necesario un enfoque integral que incluya al Poder
Ejecutivo, al Legislativo, al Sistema de Justicia
Penal, así como a los gobiernos subnacionales, el
sistema educativo y la sociedad civil organizada
(Alzamora et al., 2024). Sin embargo, las políticas
de seguridad implementadas y el desempeño de
los entes del sistema judicial no han conseguido
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los resultados proyectados en materia de control
delictivo en el país (Pacheco, 2024).
En respuesta, los gobiernos han
implementado estrategias que incluyen programas
de policía comunitaria, sistemas de inteligencia
preventiva, fortalecimiento de juntas vecinales y
planes nacionales de seguridad (Ministerio del
Interior del Perú, 2024; BID, 2024). Sin embargo,
la efectividad de estas medidas varía ampliamente
según su diseño, implementación y sostenibilidad.
El propósito de este artículo es realizar una
revisión sistemática de la evidencia científica
publicada en las bases de datos Scopus, Web of
Science y SciELO entre 2020 y 2025, centrada en
las Políticas Públicas orientadas a enfrentar la
crisis de inseguridad ciudadana. Mediante la
aplicación del diagrama PRISMA, se busca
identificar las principales estrategias
gubernamentales, sus enfoques teóricos,
resultados empíricos y vacíos de investigación.
El objetivo final es contribuir a la
comprensión de cómo las Políticas Públicas
pueden fortalecer la seguridad ciudadana desde
una perspectiva integral y basada en evidencia,
ofreciendo orientaciones útiles para académicos,
formuladores de políticas y actores sociales
comprometidos con la seguridad y la convivencia.
Método
Es un artículo de revisión sistemática de la
literatura sobre Políticas Públicas (PP) orientadas
a la seguridad ciudadana entre 2020–2025, con
búsqueda principal en Scopus, Web of Science
(WOS) y SciELO. Complementariamente, se
incluyeron artículos de otras fuentes académicas
como RedALyC, Dialnet y Google Scholar,
siempre que cumplieran con los criterios de
inclusión establecidos.
La investigación analítica partió del
problema PICOH: ¿Cómo se ejecutan las Políticas
Públicas (I) en la reducción de la crisis de
inseguridad (O) en comunidades afectadas por
este problema (P) en comparación con otras
comunidades que no aplican las políticas (C) en
diversos contextos (H)? Con apoyo de la
estrategia Prisma se logró identificar un total de
226 documentos (Identificación); en el proceso de
selección se tuvieron 80 documentos (Selección);
posteriormente se eligieron 38 documentos
(Elegibilidad); finalmente, se incluyeron 16
documentos (Inclusión) (Ver Figura 1).
Los criterios de inclusión fueron artículos
comprendidos en el periodo 2020-2025, con texto
completo, de acceso libre, solo artículos originales
e incluidos en las tres bases de datos que guarden
relación con las categorías de estudio y que
declararon inexistencia de conflictos de interés.
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P=Participantes/Población
I=Intervención
C=Comparación
O=Outcomes
(Resultados)
H=Health
(Contexto)
Artículos científicos
Políticas
Públicas
Con comunidades
que no aplican
Políticas Públicas
Reducción de
Crisis de
inseguridad
Aspectos
contextuales
Tabla 1. Planteamiento de la pregunta mediante Picoh
Fuente elaboración propia
Para la selección de los documentos
(artículos científicos) respecto a las Políticas
Públicas y la Crisis de inseguridad Ciudadana
comunicadas a través de artículos científicos en
revistas indexadas en las bases de datos Scopus,
WoS y SciELO se realizó en las siguientes fases:
identificación de revisión (226), selección (80
documentos); elegibilidad (22 documentos); y,
selección (16) artículos de investigación,
agrupándolos para el análisis.
Base de datos
Ecuaciones de búsqueda
Scopus
(((“políticas públicas”) OR (“public policies”) OR (“government policies”) OR (“state
policies”)) AND ((“seguridad ciudadana”) OR (“citizen security”) OR (“public security”) OR
(“crime prevention”)) AND ((“inseguridad” OR “insecurity crisis” OR “crime crisis” OR
“urban violence” OR “fear of crime”)))
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WoS
("public policy" OR "government policy" OR "security policy") AND ("citizen security" OR
"public safety" OR "crime prevention") AND ("insecurity crisis" OR "urban violence" OR "fear
of crime" OR "criminality") AND ("Latin America" OR "Peru")
SciELO
((“políticas públicas” OR “public policies”) AND (“seguridad ciudadana” OR “seguridad
pública” OR “prevención del delito”) AND (“crisis de inseguridad” OR “violencia urbana” OR
“criminalidad”))
Tabla 2. Comandos utilizados
Fuente: elaboración propia
Se incluyeron
Se excluyeron
• Artículos comprendidos entre el 2020-2025
• Artículos con texto completo y gratuito
• Artículos incluidos en las bases de datos: Scopus,
WoS y SciELO
• Que guarde con las categorías de estudio
• Artículos no comprendidos entre 20202-2025
• Artículos sin texto completo
• Artículos no incluidos en las bases de datos: Scopus,
WoS y SciELO
• Que no guarde relación con las categorías
Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión
Fuente: elaboración propia
Resultados
Para responder al objetivo general de la
presente investigación: sintetizar la evidencia que
existe en la literatura científica respecto a las
Políticas Públicas frente a la crisis de inseguridad
ciudadana, se realizó la búsqueda en tres bases de
datos importantes (226 en total), los cuales al
pasar por los criterios de selección se quedó con
un total de 16 artículos científicos originales (Ver
Figura 2).
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Figura 2. Diagrama PRISMA: Políticas Públicas frente a la crisis de inseguridad ciudadana
N.º
Aspectos de comparación
Comunidades con políticas
públicas
Comunidades sin políticas
públicas
01
Respuesta a la crisis de
inseguridad
Respuesta oportuna y efectiva, y
con acciones a largo plazo; uso
de estrategias de sostenibilidad,
innovación y gobernanza.
Respuesta sin efectividad,
inoportuna, escasa articulación
interinstitucional y escasos recursos.
02
Efectividad en reducción de
impactos de inseguridad
Significativa reducción en los
niveles de criminalidad e
inseguridad ciudadana.
Persistencia de inseguridad
ciudadana y deterioro de la
confianza institucional.
03
Participación comunitaria
Alta participación ciudadana y
políticas inclusivas.
Escasa participación y pocas
acciones de concientización de
seguridad.
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04
Innovación en políticas
Uso de Inteligencia operativa
policial, tecnología de última
generación, incentivos y
regulaciones modernas.
Escasa participación de inteligencia
operativa y tecnología de punta, por
falta de voluntad política.
05
Sostenibilidad a largo plazo
Mejor sostenibilidad de
seguridad ciudadana y social;
reducción de los índices de
criminalidad.
Persistencia de vulnerabilidades y
condiciones insostenibles.
06
Comunidades sin políticas
Alta vulnerabilidad, extrema
pobreza y menor resiliencia ante la
ola de criminalidad.
07
Impacto social
Mejora el orden público, mayor
participación ciudadana y
concientización de seguridad.
Aumento de la inseguridad
ciudadana y deterioro de la calidad
de vida.
Tabla 4. Comparativo de comunidades que aplican Políticas Públicas con comunidades que no las aplican
En respuesta a la pregunta PICOH: ¿Cómo
se ejecutan las Políticas Públicas (I) en la
reducción de la crisis de inseguridad ciudadana
(O) en comunidades afectadas por este problema
(P) en comparación con otras comunidades que no
aplican las políticas (C) en contextos diferentes
(H)? de acuerdo a los resultados obtenidos la
implementación de Políticas Públicas efectivas,
integradas, modernas y participativas resulta
fundamental para mitigar los efectos de la crisis de
inseguridad ciudadana, promover sostenibilidad y
fortalecer la resiliencia social.
La ausencia o insuficiencia de dichas
políticas perpetúa problemas de seguridad,
incrementa desigualdades y limita la capacidad de
respuesta ante amenazas de seguridad emergentes.
La comparación se establece en seis vertientes:
Eficacia de las Políticas Públicas en la
respuesta a la Crisis de Seguridad Ciudadana
Las comunidades que implementan
Políticas Públicas sólidas muestran una capacidad
superior para contestar de manera coordinada y
efectiva a los desafíos del incremento de la ola
delincuencial. Estas acciones comprenden
estrategias de innovación, regulaciones modernas,
presupuesto adecuado e incentivos económicos
que coadyuvan a la sostenibilidad y salvaguarda
de la seguridad ciudadana.
Reducción del impacto de inseguridad
ciudadana
La ejecución de las Políticas Públicas que
favorecen las estrategias sostenibles y las acciones
operativas de seguridad ciudadana, se
correlaciona con una reducción significativa de la
inseguridad, la percepción de inseguridad y
resquebrajamiento del orden público y la
seguridad de la nación. En contraste, las
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comunidades sin dichas políticas presentan un
incremento de estos impactos, evidenciando la
insuficiencia de enfoque reactivos y con escasa
articulación interinstitucional con el sistema de
justicia penal.
Sostenibilidad y resiliencia
Las estrategias institucionales y Políticas
Públicas bien diseñadas fortalecen la
sostenibilidad de seguridad y social a largo plazo,
reducen la vulnerabilidad, y fomentan
comunidades resilientes frente a climas de
violencia delincuencial. La falta de estas acciones
incrementa la debilidad y perpetúa condiciones de
inseguridad ciudadana.
Innovación y mejora continua
Las Políticas Públicas efectivas y eficaces,
incorporan inteligencia policial, tecnología de
punta y enfoques modernos, adaptados a los retos
actuales; contrariamente, las comunidades sin
políticas enfrentan mayores problemas para
adoptar estrategias novedosas ante la crisis de
inseguridad ciudadana.
Desigualdad y vulnerabilidad
Sin Políticas Públicas efectivas, las
comunidades enfrentan mayores dificultades para
enfrentar el fenómeno delincuencial; las
condiciones de seguridad se deterioran aún más,
agravando la vulnerabilidad de los grupos más
desprotegidos. En tanto, cuando se aplican
políticas, los beneficios en bienestar de seguridad
y social son más evidentes.
Participación y sensibilización comunitaria
La participación activa de la comunidad en
el diagnóstico, formulación, implementación y
evaluación de las políticas públicas, genera una
mayor conciencia de seguridad y colaboración.
Contrariamente, la ausencia de políticas fomenta
una mínima participación ciudadana y una menor
concientización respecto a la gestión de seguridad
ciudadana (Ver tabla 5).
Los 16 artículos revisados analizan el papel
fundamental de las Políticas Públicas en la gestión
de la crisis de inseguridad ciudadana a nivel
global, destacando tanto los avances como los
desafíos en el diagnóstico, formulación,
implementación y evaluación de dichas políticas
en diferentes contextos.
Principales hallazgos de la revisión sistemática
De acuerdo a los resultados, las
investigaciones resaltan que las Políticas Públicas
efectivas frente a la crisis de inseguridad
ciudadana, requieren una visión holística sobre la
base de las competencias consolidadas, el empleo
de Inteligencia policial, tecnología de punta y la
participación de la ciudadanía. De hecho,
mediante acciones estratégicas articuladas,
sostenibles y responsables, las sociedades podrán
hacer frente a la crisis de inseguridad mediante la
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participación activa, con lo que se puede lograr el
fortalecimiento de la seguridad ciudadana y
avanzar hacia modelos y enfoques de desarrollo
sostenible en el contexto de sociedades con
equilibrio de seguridad ciudadana.
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N.º
Base de datos
Título/Autor (es)
Objetivo
Conclusiones
Vacíos encontrados o
deficiencias
Propuesta o recomendaciones
1
Scopus
Increasing
intergovernmental
coordination to fight
crime: evidence from
Mexico. Marco Alcocer
(2025)
Analizar cómo la
coordinación
intergubernamental entre
los distintos niveles de
gobierno influye en la
reducción del crimen y la
violencia en México.
La mayor coordinación entre
niveles de gobierno redujo la
violencia en áreas con alta
incidencia delictiva. Sin
embargo, los resultados
también evidencian un
aumento temporal de la
violencia durante las fases
iniciales de implementación
El estudio se centra en el
caso mexicano, lo que
limita su generalización.
No incorpora variables
perceptivas sobre
confianza ciudadana ni
cooperación
comunitaria en los
resultados de la política
pública.
Reforzar los mecanismos de
cooperación vertical y
horizontal entre agencias
gubernamentales, con
protocolos claros de
intercambio de información.
Incorporar indicadores de
percepción ciudadana y
legitimidad policial para evaluar
la sostenibilidad de las
estrategias de seguridad
coordinada.
2
SciELO
Análisis de la
productividad policial:
un caso aplicado al
Ecuador Sánchez-
Calderón, Marcos;
Valiño-Castro, Aurelia y
Gutiérrez-Rojas,
Cristián (2025).
Analizar la productividad
del accionar policial en
Ecuador mediante el
índice de productividad
total de los factores de
Hicks-Moorsteen, para
los cantones del país.
Hay una caída significativa
en la productividad de la
policía en la reducción de
homicidios y robos de
automóviles en Ecuador
durante los años estudiados;
se observan fluctuaciones
entre cantones que reflejan
desigualdades territoriales
en eficacia policial.
Estudio limitado al
ámbito cuantitativo; no
se integran variables de
percepción ciudadana ni
se analiza la legitimidad
de la policía; además, la
metodología no evalúa a
profundidad los factores
cualitativos o
institucionales que
explican la variabilidad
territorial.
Se recomienda incorporar
evaluaciones cualitativas que
acompañen los indicadores de
productividad, desarrollar
modelos de supervisión policial
adaptados por cantón y
fortalecer la rendición de
cuentas territorial en la gestión
de seguridad ciudadana.
3
Scopus
Little evidence that
military policing
reduces crime or
improves human
security Blair &
Weintraub (2023)
Evaluar empíricamente si
la presencia y las
acciones de la
policía/militar reducen la
criminalidad y mejoran la
seguridad humana.
Que los beneficios de la
vigilancia militar
probablemente sean
pequeños y no valga la pena
costos.
Limitaciones para
establecer causalidad
clara en todos los
contextos; posibles
variaciones por país y
tipo de intervención;
efectos sobre derechos
humanos y confianza
social poco explorados.
Precaución al adoptar
estrategias de militarización
policial; realizar evaluaciones
costo-beneficio y estudios de
seguimiento desagregados por
contexto; priorizar
intervenciones basadas en
evidencia que minimicen daños
a derechos humanos
ISSN: 2665-0398
Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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4
Scopus / WOS
Community oriented
policing: theory and
practice (Dias Félix,
2020)
Revisar adopción y
prácticas de COP en
LAC.
COP mejora relaciones
policía–comunidad; impacto
sobre delitos variable.
Mucha evidencia
cualitativa; pocos RCTs
robustos.
Evaluaciones mixtas y
estandarización de indicadores.
5
Scopus
Broken Windows and
Community Social
Control: Evidence from
a Study of Street
Segments Weisburd,
David; V. Uding, Clair;
Hinkle, Joshua; Kuen,
Kiseong (2024)
Analizar si el control
social comunitario
informal —medido como
eficacia colectiva— se ve
afectado por el desorden
físico y social en tramos
específicos de calles
urbanas.
El desorden social, más que
el físico, está
significativamente asociado
con la disminución de la
eficacia colectiva. El control
del desorden físico no
incrementa necesariamente
el control social
comunitario.
No se explora en
profundidad cómo las
políticas policiales o
municipales pueden
modificar los niveles de
desorden social;
limitada generalización
a contextos no urbanos.
Enfatizar intervenciones que
fortalezcan la cohesión y
confianza vecinal más que
políticas centradas únicamente
en la reducción del desorden
físico. Integrar acciones de
policía comunitaria y programas
sociales locales.
6
Scopus
Hot spots policing as
part of a city-wide
violent crime reduction
strategy: Initial evidence
from Dallas. Journal of
Criminal Justice, 90,
Article 102091 Smith,
M. R., Tillyer, R., &
Tregle, B. (2024).
Evaluar la efectividad del
modelo de hot spots
policing como parte de
una estrategia integral de
reducción de delitos
violentos en la ciudad de
Dallas, Estados Unidos.
Los resultados iniciales
indican una reducción
significativa de los delitos
violentos en los sectores
intervenidos, sin evidencia
de desplazamiento del
crimen a zonas vecinas. La
aplicación focalizada y
sostenida de recursos
policiales mejora la
eficiencia del control
delictivo urbano.
El estudio mide
resultados a corto plazo;
faltan análisis
longitudinales para
evaluar sostenibilidad.
No se incluyen
indicadores sociales
como percepción
ciudadana o confianza
en la policía.
Integrar la estrategia de hot
spots policing con programas de
prevención social y
participación comunitaria.
Realizar evaluaciones
periódicas que incorporen
variables de percepción y
cohesión social para afianzar la
legitimidad policial.
7
WOS/Scopus
Policing and Public
Administration:
systematic review
(Charbonneau et al.,
2025)
Revisar literatura de
pólice en Administración
Pública (2017–2023).
Mapea tendencias y
evidencia emergente en
gestión policial.
Cobertura reciente, pero
heterogeneidad
metodológica.
Investigación sobre
implementación y gobernanza
policial.
8
Scopus
Analysis of
modernisation in the
area of citizen and
occupational safety in a
local government in
Arequipa Romero-
Carazas R, Lazo-
Barreda AG, Fernández-
Collado Y, Vela-Quico
Analizar el proceso de
modernización en la
gestión de la seguridad
ciudadana y ocupacional
en un gobierno local de
Arequipa, con énfasis en
la implementación de
tecnologías y estrategias
de gestión pública.
La modernización
institucional ha permitido
fortalecer los mecanismos
de gestión y respuesta ante
emergencias, mejorar la
coordinación
interinstitucional y
optimizar el uso de recursos.
Sin embargo, persisten
Limitado alcance
geográfico al caso de un
solo municipio; escasa
evaluación del impacto
en la percepción
ciudadana; dependencia
de fuentes
institucionales.
Fortalecer la capacitación
técnica del personal de
seguridad local, integrar
sistemas tecnológicos
interoperables y promover la
participación ciudadana en la
evaluación de las políticas
locales de seguridad.
ISSN: 2665-0398
Revista Aula Virtual, ISSN: 2665-0398; Periodicidad: Continua
Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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D.F, Enciso-Miranda
F.U. (2024)
deficiencias en la formación
del personal y en la
integración tecnológica.
9
Wos/Scopus
Police-led interventions
for deterring organized
crime: A UK cluster
randomized trial
targeting criminal
network recruiting and
its vicarious effects on
co-offenders. Denley, J.,
Ariel, B., & Assaraf, N.
(2025).
El estudio busca
determinar si las
estrategias lideradas por
la policía pueden reducir
los niveles de
reclutamiento criminal y
disuadir actividades
delictivas en zonas
críticas.
Los resultados evidencian
una reducción
estadísticamente
significativa en los índices
de reclutamiento y
reincidencia delictiva en los
sectores intervenidos,
confirmando la eficacia del
enfoque policial focalizado.
No se abordaron
variables de confianza
comunitaria ni
legitimidad policial,
aspectos esenciales en
contextos de alta
desconfianza.
Incorporar indicadores de
percepción ciudadana y
confianza policial en futuras
evaluaciones. Reforzar la
coordinación interinstitucional
entre policía, justicia y servicios
sociales. Replicar el modelo en
entornos latinoamericanos
adaptando el enfoque de
focused deterrence a dinámicas
locales de criminalidad y
participación comunitaria.
10
Wos
Gobernanza jerárquica y
el fracaso de ciudadano
seguridad políticas en el
Distrito Metropolitano
de Quito: un análisis
desde el diseño de
políticas Barros-
Esquivel, K: Castañeda-
Fraga, D; Chávez
Calapaqui P; Chicaiza-
Flores, M (2023)
Analizar los factores
institucionales y de
gobernanza que explican
el fracaso de las políticas
de seguridad ciudadana
en el Distrito
Metropolitano de Quito,
desde la perspectiva del
diseño y la
implementación de
políticas públicas.
El modelo de gobernanza
jerárquica implementado en
Quito ha limitado la
coordinación
interinstitucional y la
participación ciudadana, lo
que ha derivado en políticas
poco efectivas y
fragmentadas. La
centralización de decisiones
reduce la adaptabilidad y
eficacia en la respuesta ante
problemas de inseguridad.
No se incluye evidencia
empírica cuantitativa
sobre impacto en
reducción del delito ni
análisis comparativo con
otros distritos. Se
reconoce la necesidad de
incorporar indicadores
de confianza y
legitimidad policial.
Transitar hacia un modelo de
gobernanza colaborativa,
fortaleciendo la articulación
entre Estado y ciudadanía.
Fomentar la transparencia en la
gestión de seguridad y la
evaluación participativa de
políticas locales.
11
Scopus
/ Elsevier
(ScienceDirect)
Police autonomy, data-
driven strategies, and
violence (Parfitt, 2025)
Evaluar impacto de
reformas basadas en
datos en reducción de
homicidios (caso Brasil).
Mejora gestión y caída en
homicidios en ciertos
estados.
Dificultad para
establecer causalidad
plena.
Gestión basada en datos y
evaluación.
12
Wos
Mano dura: An
experimental evaluation
of military policing
(Blair et al., 2025)
Evaluar efectos de
militarización en
seguridad urbana.
Reduce algunos delitos, pero
afecta confianza y derechos.
Externalidades
negativas;
heterogeneidad.
Priorizar enfoques civiles y
evaluación de trade-offs.
13
Wos
La persistencia de las
democracias violentas
en América Latina: una
Revisar la literatura
reciente sobre vigilancia
policial, militarización y
Las dinámicas electorales y
partidistas de las
democracias
Predominancia de
análisis cualitativos y
macro-bibliográficos,
Fomentar investigaciones que
combinen métodos
cuantitativos y cualitativos
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Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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revisión de la agenda de
investigación sobre
vigilancia policial,
militarización y
seguridad en toda la
región Pérez Sandoval,
J.P, y Barker Flores, D.
(2023).
seguridad en América
Latina para analizar por
qué persisten las
“democracias violentas”
en la región, pese a los
regímenes democráticos
formales.
latinoamericanas han
favorecido la persistencia de
la militarización estatal y la
violencia organizada en vez
de su contención; los
ciudadanos se adaptan a
través de formas de
“militarización civil” como
estrategia de resistencia.
escasez de estudios
cuantitativos
comparativos recientes;
falta de enfoque en
variables perceptivas o
en la interacción entre
políticas de seguridad y
confianza ciudadana.
sobre violencia estatal y
privada; incorporar la
percepción ciudadana, variables
de confianza policial y
evaluación de efectos de largo
plazo de políticas de control
militarizado en democracias
latinoamericanas.
14
SciELO
Seguridad ciudadana
como metaderecho
humano y rendición de
cuentas como garantía:
algunas notas
conceptuales González
Velázquez, Rocío
(2024)
Analizar
conceptualmente la
vinculación entre
seguridad ciudadana,
derechos humanos,
democracia y rendición
de cuentas, proponiendo
la noción de seguridad
ciudadana como
“metaderecho humano”.
Se sostiene que la seguridad
ciudadana, entendida como
metaderecho humano,
habilita a la ciudadanía para
exigir al Estado Políticas
Públicas que garanticen
entornos pacíficos y vidas
libres de violencia. La
rendición de cuentas aparece
como garantía necesaria del
metaderecho, promoviendo
la confianza ciudadana y
mejorando la efectividad de
las políticas de prevención.
Se señala que el estudio
no incluye análisis
empíricos cuantitativos
ni evidencia sobre la
implementación práctica
del metaderecho en
poblaciones específicas;
el alcance se limita al
nivel teórico-jurídico.
Fomentar el desarrollo de
Políticas Públicas que integren
el metaderecho a la seguridad
ciudadana y mecanismos de
rendición de cuentas efectivos;
incorporar variables de
confianza ciudadana y evaluar
los efectos institucionales en la
práctica de seguridad
ciudadana.
15
SciELO
Democracia, estado de
direito e governança da
segurança cidadã (e
justiça) na América
Latina e no Caribe
Pazinato, E., & Tavares
dos Santos, J. V. (2024)
Analizar la centralidad de
las Políticas Públicas de
seguridad y justicia en
América Latina y el
Caribe, examinando el
vínculo entre
democracia, estado de
derecho y gobernanza de
la seguridad ciudadana.
Se identifica que la
gobernanza integrada de la
seguridad ciudadana y la
justicia, con participación
cívica y coordinación
institucional, puede
fortalecer la democracia y el
estado de derecho en la
región. Pero persisten
modelos punitivos y
debilidades institucionales
que limitan su efectividad.
El análisis carece de
datos cuantitativos
extensos comparativos a
nivel regional;
predomina enfoque
teórico-analítico; no
todas las políticas
estudiadas incluyen
evaluación de
resultados.
Promover modelos de
gobernanza de seguridad
ciudadana que sean
participativos, coordinados
interinstitucionalmente y
basados en evidencia, con
monitoreo y evaluación
permanente. Hacer visible la
rendición de cuentas
(accountability) y la
transparencia como ejes clave.
16
SciELO
Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro:
inseguridad, crimen y
violencia en Huacho,
Evaluar la influencia de
la política pública del
Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro (EMBS)
El estudio encontró que la
EMBS ejerció una
influencia “regular” en el
49,2 % de los casos; aunque
El estudio limita su
alcance geográfico al
barrio Manzanares del
distrito de Huacho; no
Se recomienda replicar la
evaluación de la EMBS en otros
barrios y ciudades; además,
incluir estudios cualitativos que
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Perú Alcántara Robles,
María del Rosario. y
Argomedo Valiente,
Delby Dehuel (2024)
sobre los residentes del
barrio Manzanares en el
distrito de Huacho, Perú,
focalizando en su
impacto en inseguridad,
crimen y violencia.
la influencia no fue
significativa en todas las
dimensiones, se destaca que
la estrategia recoge ciertas
expectativas de la población
y su efecto potencial podría
incrementarse con mayor
institucionalidad,
participación ciudadana y
confianza hacia las
autoridades.
incluye análisis
cualitativos que
profundicen en la
construcción de la
seguridad ciudadana
desde la experiencia
vecinal; tampoco aborda
directamente variables
de confianza en la
policía o evaluación
longitudinal de la
política.
capten la construcción social de
la seguridad ciudadana a nivel
comunitario y variables de
confianza ciudadana y
legitimidad.
Tabla 5. Análisis de 16 artículos científicos sometidos a estudio
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Los hallazgos se configuran en seis líneas
principales importantes:
Marco normativo y legal
De acuerdo a las investigaciones realizadas la
existencia de marcos legales y normativos es de vital
importancia para hacer frente a la crisis de
inseguridad ciudadana; no obstante, su
implementación para ser efectiva necesita el
fortalecimiento de capacidades y competencias
institucionales, recursos humanos, materiales y
financieros para responder adecuadamente a la crisis
de seguridad.
Respuesta institucional frente a la crisis de
seguridad ciudadana
Las instituciones u organizaciones (policía y
sistema de justicia penal) deben estar preparadas y
capacitadas, mediante políticas públicas, para hacer
frente a la crisis de inseguridad ciudadana, flagelo
social que, en la pandemia Covid-19 se ha puesto en
evidencia las profundas limitaciones de las Políticas
Públicas en gestionar emergencias complejas,
resaltando la necesidad de la articulación
interinstitucional que aborden aspectos sanitarios,
sociales y de seguridad ciudadana de forma
coordinada.
Gestión de la seguridad ciudadana
La crisis de inseguridad ciudadana
generalizada a nivel planetario pone en evidencia la
necesidad de articular los esfuerzos del Estado para
garantizar la salvaguarda de la integridad de las
personas y el libre tránsito en su territorio,
integrando en una efectiva estrategia, inteligencia
policial, tecnología moderna y participación de la
comunidad.
Metodologías evaluativas y enfoque integrados
Hacer frente a la crisis de inseguridad
ciudadana también pasa por la aplicación de
herramientas como la teoría del ciclo de las Políticas
Públicas y el análisis de contenido que puede
optimizar la toma de decisiones en las instituciones
encargadas del control del orden público,
permitiendo elaborar Políticas Públicas serias,
objetivas y eficaces frente a la crisis de inseguridad
ciudadana.
Desafíos en el diagnóstico, formulación,
implementación y evaluación sostenida
Hacer frente a la crisis de inseguridad,
también debe atacarse y revertir la dispersión de
esfuerzas, la falta de presupuesto y la falta de
recursos humanos, materiales y tecnológicos, las
mismas que dificultan la eficacia de las políticas
públicas. Demandar enfoques modernos sostenibles
en el tiempo, la innovación tecnológica e
institucional y la participación ciudadana activa son
desafíos que se deben considerar a la hora de tomar
decisiones en la materia.
Participación social y valores institucionales
Las Políticas Públicas tienen su razón de ser
cuando existe la apertura y participación de la
ciudadanía, debidamente organizada y preparada en
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temas de seguridad. Por ello, la inclusión de actores
sociales, económicos y culturales en el diagnóstico,
formulación, implementación y evaluación de
Políticas Públicas es esencial para promover la
legitimidad, cambios de actitud y sostenibilidad a
largo plazo.
Principales vacíos encontrados en la revisión
sistemática
Del análisis de las investigaciones científicas
respecto a las Políticas Públicas frente a la crisis de
inseguridad ciudadana se han encontrado vacíos y
deficiencias en el diagnóstico, formulación,
implementación y evaluación de las políticas. Se
establecieron en ocho identificadores:
1. Falta de implementación efectiva de normativas
Aunque existen marcos normativos
consolidados en varios países, las deficiencias y una
mala aplicación se pueden presentar a lo largo del
ciclo de las políticas públicas, indistintamente se
puede presentar en el diagnóstico como en la
implementación o evaluación, debido a múltiples
factores como la insuficiente asignación de recursos
(presupuesto), capacidades institucionales, falta de
seguimiento y evaluación antes, durante y después.
2. Limitada integración y coordinación
interinstitucional
La falencia de mecanismos efectivos de
articulación entre las diferentes instituciones del
sistema de justicia penal: Policía, Ministerio
Público, Poder judicial y el INPE y niveles del
gobierno (voluntad política) impide una respuesta
efectiva, coordinada y coherente frente a la crisis de
inseguridad ciudadana. Muchas políticas
institucionales tienen su propia problemática lo que
impide consolidar una política sin un enfoque
integral.
3. Limitaciones en evaluación y seguimiento
La ausencia de sistemas adecuados de
evaluación y monitoreo dificulta la medición del
impacto y la eficacia de las políticas, lo que dificulta
realizar las correcciones oportunas lo cual pone en
evidencia el fracaso de estas medidas
gubernamentales para solucionar la crisis de
inseguridad.
4. Escasa atención a la vulnerabilidad social y
desigualdad
La crisis de inseguridad ciudadana muestra
que las Políticas Públicas no abordan
adecuadamente las condiciones de vulnerabilidad
social, dejando a los sectores sociales marginados y
menos favorecidos sin protección frente a los
impactos de la ola delincuencial.
5. Falta de enfoques adaptativos y resilientes
Las Políticas Públicas de seguridad ciudadana
no están convenientemente diseñadas, en su
mayoría, para responder a la incertidumbre y los
cambios progresivos de una delincuencia que
evoluciona rápidamente en armamento y tecnología
que supera a las fuerzas del orden, limitando su
capacidad de adaptación.
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6. Insuficiente incorporación de principios de la
articulación interinstitucional
Aunque se reconoce la importancia de las
acciones gubernamentales para enfrentar la ola de
violencia generada por la delincuencia, las Políticas
Públicas aún carecen de ciertas falencias en la
aplicación de las fases del ciclo de las políticas, falta
de un adecuado presupuesto, falta de tecnología
moderna y escasa participación ciudadana;
agregando que el sistema de justicia penal se
encuentra desarticulado frente a la delincuencia.
7. Desigualdades en el acceso a la justicia
restaurativa
Las Políticas Públicas para su efectiva
aplicación, requieren que el sistema social,
económico y cultural entre otros, funcione de
manera articulada; de no hacer así, las políticas
gubernamentales no son efectivas, y existe la
percepción social, de que el estado no cumple con
rol tutelar de la seguridad, y que el sistema de
justicia no atiende el clamor de la población,
mostrando indiferencia e impunidad.
8. Ausencia de enfoque participativo y social
Muchas políticas carecen de mecanismos
inclusivos que involucren a los ciudadanos en el
diagnóstico, formulación, implementación y
evaluación de las Políticas Públicas de seguridad
ciudadana, sin embargo, los vecinos debidamente
organizados en juntas vecinales actualmente son
reconocidos y les dan legitimidad a las iniciativas
gubernamentales.
Discusión
Los resultados de esta revisión sistemática
evidencian que las Políticas Públicas de seguridad
ciudadana implementadas en América Latina
presentan una evolución significativa en las últimas
dos décadas, pero aún adolecen de limitaciones
estructurales, metodológicas e institucionales que
restringen su eficacia y sostenibilidad. Estas
limitaciones explican, en buena medida, la
persistencia de la crisis de inseguridad y la alta
percepción de vulnerabilidad que afecta a la
ciudadanía, especialmente en contextos urbanos.
En primer lugar, se observa una
fragmentación conceptual en la literatura revisada.
Si bien algunos estudios recientes (Rojas &
Martínez, 2023), proponen enfoques integrales de
política pública basados en la gobernanza y la
prevención social, la mayoría mantiene un enfoque
reactivo centrado en el control policial. Esta visión
limitada impide comprender la seguridad como un
bien público multidimensional, donde la
prevención, la cohesión social y la confianza
institucional resultan tan relevantes como la
represión del delito.
Asimismo, los hallazgos confirman la
insuficiencia metodológica en los estudios
analizados. La mayoría de investigaciones revisadas
—particularmente en SciELO y WOS— privilegian
enfoques descriptivos y transversales, sin incorporar
diseños longitudinales ni modelos de evaluación de
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impacto. Ello dificulta establecer relaciones
causales entre las intervenciones y los resultados
observados. En consecuencia, la evidencia empírica
sobre la eficacia real de las Políticas Públicas en la
reducción de la criminalidad o la mejora de la
percepción de seguridad es aún limitada (González
& Ramírez, 2021).
Otro aspecto relevante es la debilidad
institucional y la discontinuidad política. La
revisión revela que los programas de seguridad
tienden a depender del ciclo gubernamental, con
poca articulación intersectorial y escaso
seguimiento posterior a su implementación. Esta
discontinuidad erosiona la sostenibilidad y
resiliencia de las políticas, reduciendo su capacidad
para consolidar resultados duraderos (Fernández et
al., 2022). En contraposición, los casos exitosos —
como los observados en Medellín, Bogotá o Quito—
muestran que la coordinación multinivel, la
evaluación basada en evidencia y la continuidad
programática son factores determinantes de la
efectividad.
Desde el punto de vista contextual, se
confirma que las desigualdades socioeconómicas y
la exclusión territorial constituyen variables críticas
en la persistencia de la inseguridad (Almeida &
Costa, 2020). Las zonas urbanas periféricas, donde
se concentran los déficits de servicios públicos y
oportunidades, presentan los niveles más altos de
victimización. Sin embargo, son precisamente esos
territorios los menos beneficiados por políticas
preventivas integrales. Este hallazgo refuerza la
necesidad de un enfoque territorial y diferencial en
el diseño de políticas de seguridad, que incorpore la
dimensión social, económica y cultural del riesgo.
En relación con la participación ciudadana y
la sensibilización comunitaria, aunque las políticas
revisadas reconocen formalmente el papel de la
comunidad, la evidencia muestra que la
participación se limita a niveles consultivos o
simbólicos. La falta de mecanismos
institucionalizados de corresponsabilidad reduce el
impacto potencial de las estrategias de seguridad
ciudadana (López, 2021). En los pocos casos donde
la participación comunitaria ha sido activa —a
través de juntas vecinales, observatorios ciudadanos
o proyectos de prevención juvenil— se observan
mejoras sustanciales en la confianza hacia la policía
y la reducción de conflictos locales.
Finalmente, la revisión pone en relieve la
ausencia de métricas estandarizadas y sistemas de
información integrados para la evaluación continua
de políticas públicas. Sin indicadores uniformes ni
transparencia en los resultados, la gestión de la
seguridad sigue siendo vulnerable al cortoplacismo
político y a la falta de rendición de cuentas.
En síntesis, la discusión sugiere que la eficacia
y sostenibilidad de las Políticas Públicas en
seguridad ciudadana dependen de la coherencia
conceptual, la rigurosidad metodológica, la
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articulación institucional y la inclusión social.
Superar los vacíos identificados requiere avanzar
hacia un modelo de gobernanza de la seguridad
basado en evidencia, con participación comunitaria
activa, indicadores medibles y mecanismos de
evaluación continua.
Conclusiones
La revisión sistemática realizada sobre
Políticas Públicas frente a la crisis de inseguridad
ciudadana permite afirmar que, si bien en América
Latina se han desarrollado múltiples iniciativas
orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia
social, persisten brechas estructurales y deficiencias
institucionales que limitan su efectividad. Las
políticas revisadas muestran avances en materia de
diseño y formulación, pero adolecen de debilidades
en la implementación, seguimiento y evaluación de
resultados.
En primer lugar, las Políticas Públicas en
seguridad ciudadana tienden a concentrarse en
enfoques reactivos o coercitivos, dejando en
segundo plano las estrategias de prevención social,
participación comunitaria y fortalecimiento de la
confianza institucional. Esta orientación reduce su
sostenibilidad y capacidad de impacto a largo plazo.
En segundo término, la eficacia de las
políticas está condicionada por la fragmentación
institucional y la falta de articulación
intergubernamental. La ausencia de mecanismos
permanentes de coordinación entre el gobierno
central, los gobiernos locales y la ciudadanía impide
consolidar una gobernanza efectiva de la seguridad
pública.
A nivel empírico, la evidencia disponible
revela una insuficiente base de datos y sistemas de
monitoreo integrados, lo que dificulta la evaluación
objetiva de resultados. Sin información confiable y
comparable, las decisiones en materia de seguridad
tienden a ser coyunturales y poco sostenibles.
Finalmente, el estudio concluye que la
sostenibilidad y resiliencia de las Políticas Públicas
dependen no solo de los recursos institucionales,
sino también de la capacidad del Estado para
fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la
cohesión social. En ese sentido, las políticas
exitosas son aquellas que integran dimensiones
preventivas, educativas y participativas, más allá de
la acción policial tradicional.
Recomendaciones
Sobre la base de los hallazgos de las
investigaciones analizadas para hacer frente a la
crisis de inseguridad ciudadana a través de políticas
públicas, se recomienda de manera específica, las
siguientes:
1. Adoptar un enfoque integral y preventivo en la
formulación de Políticas Públicas de seguridad
ciudadana, que combine acciones de control con
programas sociales, educativos y comunitarios
orientados a la reducción de factores de riesgo.
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2. Fortalecer la institucionalidad y la coordinación
intergubernamental, creando mecanismos
estables de articulación entre el Ministerio del
Interior, gobiernos regionales y locales, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2024–2027.
3. Implementar sistemas de información y
evaluación basados en evidencia, con
indicadores estandarizados que permitan medir
la eficacia, sostenibilidad y equidad territorial de
las políticas de seguridad.
4. Promover la participación y sensibilización
comunitaria, institucionalizando canales de
cooperación entre ciudadanía, policía y
autoridades locales. El fortalecimiento de las
juntas vecinales y observatorios de seguridad
puede contribuir a elevar la confianza y la
vigilancia social.
5. Integrar la perspectiva de desigualdad y
vulnerabilidad social en las estrategias de
seguridad, priorizando intervenciones en
territorios de alta exclusión socioeconómica.
Ello requiere incorporar enfoques de género,
juventud y derechos humanos en las políticas.
6. Fomentar la continuidad política de los
programas exitosos, mediante marcos
normativos y presupuestales que trasciendan los
cambios de gestión. La seguridad debe ser una
política de Estado, no solo de gobierno.
7. Impulsar la formación y profesionalización del
recurso humano, tanto en las fuerzas del orden
como en los equipos técnicos municipales,
garantizando competencias en gestión pública,
análisis de datos y trabajo comunitario.
8. Promover la cooperación internacional y el
intercambio de buenas prácticas, especialmente
con países latinoamericanos que han logrado
avances en seguridad integral, gobernanza local
y prevención social del delito.
Declaración de conflicto de interés
El autor del artículo de revisión sistemática
declara que no tiene conflicto de interés
relacionados con este estudio.
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