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INEFICACIA DE LAS SANCIONES PENALES EN LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
THE INEFFICACY OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE PROTECTION OF
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 06/10/2025
Aceptado: 11/11/2025
Publicado: 30/12/2025
Código Único AV: e603
Páginas: 1(2383-2396)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18108317
Autores:
Claudia Lluen Espino
Abogada
Magister en Gestión Pública
https://orcid.org/0000-0002-5194-3581
E-mail: clluen@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: República del Perú
Jorge Luís Frisancho Lazo
Magister en Derecho Penal y Procesal Penal
http://orcid.org/0009-0001-3444-2152
E-mail: jfrisanchol@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: Republica del Perú
Resumen
Esta investigación examinó la efectividad de las sanciones penales en la
prevención de accidentes y enfermedades laborales. Se revisó la
legislación peruana y se comparó con la española, partiendo de la
problemática de la brecha entre legislación y práctica en Latinoamérica,
especialmente en Perú, donde las altas tasas de informalidad y la falta
de cultura preventiva agravan la situación. Se utilizó una metodología
cualitativa, basada en el análisis de la legislación y la literatura
existente. El análisis se centró en la interpretación de las normas y su
aplicación práctica, identificando vacíos legales y limitaciones en la
aplicación de sanciones penales. Los resultados mostraron deficiencias
en la definición de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo,
sanciones leves e insuficientes, falta de precisión en la atribución de
responsabilidades y ausencia de mecanismos de reparación adecuados
para los trabajadores afectados. Se concluyó que la regulación penal
peruana es ineficaz para proteger la seguridad y salud laboral,
requiriéndose una reforma integral que priorice la prevención, la
participación de todos los actores y la garantía de una compensación
justa para las víctimas. Se propone un enfoque holístico que integre la
prevención, la regulación penal y mecanismos de reparación efectivos.
Palabras Clave
Seguridad y salud laboral, sanciones penales,
derecho penal del trabajo
Abstract
This research examined the effectiveness of criminal sanctions in
preventing occupational accidents and diseases. The Peruvian
legislation was reviewed and compared with the Spanish framework,
starting from the problem of the gap between legislation and practice in
Latin America—particularly in Peru—where high levels of informality
and the lack of a preventive culture exacerbate the situation. A
qualitative methodology was employed, based on the analysis of
legislation and existing scholarly literature. The analysis focused on the
interpretation of legal norms and their practical application, identifying
legal gaps and limitations in the enforcement of criminal sanctions. The
findings revealed deficiencies in the definition of offenses against
occupational safety and health, the imposition of mild and insufficient
sanctions, a lack of precision in the attribution of responsibility, and the
absence of adequate mechanisms for the reparation of affected workers.
It was concluded that the Peruvian criminal regulation is ineffective in
protecting occupational safety and health, requiring a comprehensive
reform that prioritizes prevention, the participation of all stakeholders,
and the guarantee of fair compensation for victims. A holistic approach
is proposed—integrating prevention, criminal regulation, and effective
reparation mechanisms.
Keywords
Occupational safety and health, Criminal sanctions,
Occupational criminal law
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Introducción
Garantizar la seguridad y salud en el trabajo
(SST) representa un desafío global que exige
normativas sólidas y su efectiva aplicación. Si
bien existen tratados internacionales (Rodríguez,
2021) y una robusta legislación en la Unión
Europea (Santos, 2024), en Latinoamérica,
incluyendo Perú, persiste una brecha significativa
entre la legislación y su aplicación práctica (OIT,
2025). Esta disparidad resulta en una protección
insuficiente para muchos trabajadores, agravada
por regulaciones obsoletas y la falta de una cultura
preventiva arraigada.
Las estadísticas de la OIT (Feria, 2020)
revelan preocupantes tasas de accidentes y
enfermedades laborales, con un alto costo humano
y económico. El contexto latinoamericano refleja
esta problemática: en México, a pesar de la
normatividad existente, los trabajadores enfrentan
alta vulnerabilidad (Cerna-Álvarez, 2024); en
Bolivia, las condiciones precarias, especialmente
en sectores como el procesamiento de castaña,
impactan negativamente la salud de las
trabajadoras (Neri, 2021); y estudios en
Argentina, Brasil, Colombia y México muestran
una precarización laboral juvenil (Florez-Vaquiro
& Hincapié-Aldana, 2025).
En Perú, la legislación exige a los
empleadores medidas para evitar la exposición a
sustancias peligrosas (Blas et al., 2023), pero la
omisión de aspectos importantes de la SST
compromete la seguridad de los empleados
(Romero et al., 2022). La alta tasa de informalidad
laboral agrava la situación, dejando a numerosos
trabajadores desprotegidos (INEI, 2024).
Informes del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE), indican altas tasas de
accidentes, intensificadas por la baja
concienciación sobre la importancia de la SST
(Sánchez, 2023).
Este contexto exige un análisis profundo de
la efectividad de los instrumentos legales,
particularmente la capacidad de las sanciones
penales para prevenir y sancionar las infracciones
en materia de SST. Estudios globales demuestran
deficiencias en las leyes y sanciones penales para
garantizar una protección efectiva (Alzina, 2020;
Feria, 2020; Recupero, 2023; Orellanos & Quiroz,
2023; Neri, 2021; Vásquez, 2020). La Corte
Internacional de Derechos Humanos (CIDH)
(2006) reconoce el deber de los Estados de
asegurar ambientes laborales seguros y aplicar
sanciones efectivas (Ballesteros, 2020; Caso
"Trabajadores Despedidos del Congreso vs.
Perú"). Sin embargo, la legislación penal peruana
presenta deficiencias que limitan su capacidad
disuasoria (Soria, 2022; Leyva, 2021; Ramírez,
2021; Rodas & Manríquez, 2022; Cifuentes,
2022). Aunque el Tribunal Constitucional del
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Perú (2020) reconoció la SST como un derecho
fundamental, la ausencia de una regulación penal
eficaz disminuye notablemente su protección.
Cabe precisar también que la falta de una
verificación de la legalidad puede resultar en la
violación de derechos fundamentales y en la
nulidad de procedimientos judiciales (Mio, 2024).
Esta investigación analiza la efectividad de
la normativa y la imposición de sanciones penales
en la protección de la SST en Perú. Su objetivo es
evaluar si el marco jurídico penal actual es
suficiente para prevenir accidentes y
enfermedades laborales, y si las penalizaciones
brindan una compensación adecuada a los
afectados. Este análisis busca identificar las
carencias de la legislación y su ejecución,
ofreciendo información para la creación de
políticas públicas más eficaces. Al investigar la
relación entre las normativas penales y laborales,
el estudio pretende contribuir al desarrollo teórico
y promover el debate sobre la necesidad de
reformas legislativas que aseguren condiciones
laborales seguras y saludables.
Metodología
La metodología de esta investigación es
cualitativa, siguiendo las directrices propuestas
por Aranzamendi (2008) y otros autores que
destacan la comprensión de fenómenos sociales
complejos a través de la interpretación de la
realidad, en lugar de la cuantificación (Hernández
Sampieri et al., 2018). Este trabajo no formula
hipótesis comprobables estadísticamente, sino
que adopta un enfoque exploratorio y descriptivo,
adecuado para el análisis de sistemas sociales
complejos. Este diseño permite comprender la
complejidad relacionada con la ineficacia de las
sanciones penales en el contexto peruano,
incluyendo el análisis detallado de la normativa,
su implementación efectiva y su repercusión en la
realidad. En consecuencia, se trata de un estudio
cualitativo orientado a comprender el sentido y las
consecuencias de las acciones, más allá de su mera
cuantificación.
La obtención de la averiguación se realizó
mediante el examen de literatura y la legislación
penal, tanto comparada como peruana,
relacionada con la SST. Este examen, conforme a
los principios de la investigación cualitativa, se
enfocó en la interpretación del significado de las
normativas y su implementación práctica
(Aranzamendi, 2008), poniendo especial énfasis
en las lagunas legales y las restricciones que
dificultan la aplicación efectiva de las sanciones
penales. El análisis estuvo dirigido por los
objetivos de la investigación y se interpretó a la
luz de las teorías relevantes. Resulta fundamental
señalar las limitaciones de esta investigación: el
enfoque cualitativo, si bien aporta una gran
profundidad, limita la posibilidad de generalizar
los hallazgos a toda la población peruana.
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Resultados
Este apartado presenta los resultados del
análisis cualitativo realizado, organizado en tres
subsecciones para facilitar la comprensión: a)
Protección penal del derecho; b) Legislación
comparada (España); y c) Legislación nacional
(Perú).
Protección penal del derecho al trabajo
Castillo (2023) subraya la importancia de
establecer una definición clara del derecho en el
campo penal y en el ámbito laboral, evaluando si
esta ampara intereses jurídicos particulares, como
el bienestar y la protección del empleado, o si su
función principal radica en la prevención
mediante la disuasión de conductas que puedan
amenazar dichos bienes. Por su parte, Cifuentes
(2022) considera que el derecho penal laboral se
configura como una rama especializada destinada
a salvaguardar los bienes jurídicos fundamentales
que son inherentes a las relaciones de trabajo.
La revisión de la literatura revela diversas
perspectivas acerca del rol o papel que debe tener
el derecho penal en la protección de las garantías
laborales. Algunos autores abogan por una
intervención penal restringida, considerando al
derecho penal como un recurso extremo y dando
prioridad a medidas preventivas no penales, tales
como promover una cultura orientada a la
prevención y fortalecer los sistemas de control
administrativo (Arévalo, 2012; Irureta, 2020).
Esta visión se fundamenta en los principios de
intervención mínima y de lesividad, cuestionando
la ampliación del derecho penal hacia áreas donde
otros mecanismos podrían ser más efectivos. Se
sostiene que el propósito principal del derecho
penal debe centrarse en la defensa de intereses
jurídicos esenciales, como salud y seguridad de
los trabajadores, interviniendo únicamente
cuando otros métodos de prevención y control
resulten insuficientes (Castillo, 2023).
Por otro lado, existe una corriente que
defiende una participación penal más enérgica y
específica, especialmente en situaciones de
infracciones graves a los derechos en el contexto
del trabajo, como el forzoso o la explotación
laboral (Pérez, 2022; Pardo, 2024; Sánchez,
2023). Se propone una tipificación clara y
diferenciada de los delitos que afectan los
derechos laborales, reconociendo la complejidad
de estos fenómenos y la necesidad de una
respuesta integral que abarque también la
persecución de delitos relacionados, como la trata
de personas. Esta perspectiva se fundamenta en la
jurisprudencia internacional y en la observancia
de los compromisos derivados de los convenios
internacionales sobre trabajo forzoso. Aunque se
reconoce que el derecho penal tiene limitaciones
para abordar problemas estructurales, se enfatiza
la importancia de una reacción punitiva frente a
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las graves transgresiones de los derechos
laborales.
El marco teórico de la pena mixta o
ecléctica, que busca armonizar las funciones de
prevención, protección y reinserción social, se
presenta como un marco conceptual relevante
para analizar la eficacia de las sanciones penales
en la defensa de los derechos laborales (Cárdenas
& Camero, 2023; De Pablo, 2020; Lenis, 2013;
Mañalich, 2021; Missiego, 2021). Sin embargo,
su aplicación práctica en el contexto peruano
exige un análisis más profundo, dadas las
deficiencias del sistema judicial y la necesidad de
una mayor coordinación entre las instituciones
que protegen los derechos laborales. El estudio
muestra una imprecisión en la definición del
derecho penal laboral, lo que dificulta una
evaluación exacta de su eficacia.
Legislación comparada: España
El estudio de la legislación española revela
una complejidad similar. Plana (2018) indica que
los artículos 316 y 317 del Código Penal
contemplan delitos relacionados con la SST,
tipificando como ilícitos las acciones u omisiones,
con dolo o imprudencia, que, al contravenir las
normas de prevención de riesgos laborales,
comprometan gravemente la salud o vida de los
trabajadores. Esta legislación penal se
complementa con normas administrativas
(normas penales en blanco), lo que, según el autor,
podría dificultar su aplicación y la prevención de
accidentes debido a posibles imprecisiones o
ambigüedades en su formulación.
Pardo (2024) sostiene que la legislación
penal que protege a los trabajadores resguarda la
integridad de la relación laboral y otros intereses
colectivos, sancionando condiciones laborales
ilegales, discriminación, la vulneración de la
libertad sindical y las deficiencias en seguridad e
higiene en el trabajo. No obstante, Terradillos
(2021) critica las reformas del Título XV del
Código Penal por su falta de coherencia y una
estrategia penal definida, lo que dificulta su
aplicación práctica. Sánchez (2023) analiza el
marco jurídico procesal español, subrayando la
necesidad de un conocimiento exhaustivo de la
legislación laboral y una interpretación
jurisprudencial rigurosa para asegurar la
seguridad jurídica en la persecución de estos
delitos.
El análisis incluye los tipos delictivos
(dolosos e imprudentes), los actores involucrados
(empresarios, delegados, servicios de
prevención), el bien jurídico protegido (individual
y colectivo), y las penas y cuestiones concursales.
En conclusión, la aplicación efectiva de estas
leyes requiere un profundo conocimiento de la
reglamentación laboral en materia de prevención
de peligros y una interpretación judicial precisa
para garantizar la seguridad jurídica.
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Legislación nacional: Perú
La legislación peruana, concretamente la
Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, 2011), establece normas y obligaciones
en materia de SST; sin embargo, no define
exhaustivamente la responsabilidad penal
empresarial en caso de incumplimiento, creando
vacíos legales que limitan la eficacia de las
sanciones penales en la prevención de
enfermedades vinculadas al trabajo y de
accidentes. Ahora se presentan los artículos del
código en materia penal que tipifican los delitos
que atentan contra la libertad laboral.
Código Penal
Artículo 168.- Atentado contra la libertad de
trabajo y asociación
El que, mediante violencia o amenaza, obliga
o impide a otro a integrar un sindicato, es
reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cinco años.
La misma pena se aplicará al que incumple
las resoluciones consentidas o ejecutoriadas
dictadas por la autoridad competente; y al que
disminuye o distorsiona la producción,
simula causales para el cierre del centro de
trabajo o abandona éste para extinguir las
relaciones laborales.
Artículo 168-A.- Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo
El que, deliberadamente, infringiendo las
normas de seguridad y salud en el trabajo y
estando legalmente obligado, ponga en
peligro inminente la vida, salud o integridad
física de sus trabajadores de forma grave, será
reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de cuatro años.
Si, como consecuencia de la inobservancia
deliberada de las normas de seguridad y salud
en el trabajo, se causa la muerte del trabajador
o terceros o le producen lesión grave, y el
agente pudo prever este resultado, la pena
privativa de libertad será no menor de cuatro
ni mayor de ocho años en caso de muerte y,
no menor de tres ni mayor de seis años en
caso de lesión grave
Tabla 1. Delitos contra la libertad de trabajo
Fuente: Código Penal del Perú (1991). Decreto Legislativo
635
Discusión
Este estudio evidencia la preocupante
ineficacia de la regulación penal peruana en la
protección de la SST. Los resultados, obtenidos a
partir del examen de la legislación y la revisión
bibliográfica, muestran una significativa
disparidad entre la normativa legal y su aplicación
práctica en la prevención de peligros en el ámbito
de la seguridad laboral y las enfermedades
relacionadas con el trabajo, así como en la
garantía de una reparación adecuada para los
trabajadores perjudicados. Esta ineficacia
coincide con las observaciones previas de
diversos autores que han destacado las
limitaciones del enfoque exclusivamente
sancionador para asegurar la SST (Alzina, 2020;
Feria, 2020; Cifuentes, 2022; Leyva, 2021; Neri,
2021; Orellanos & Quiroz, 2023; Recupero, 2023;
Vásquez, 2020; Rodas & Manríquez, 2022; Soria,
2022).
La ineficacia de las sanciones penales se
evidencia en varias áreas interrelacionadas. En
primer lugar, la definición de los delitos contra la
SST presenta deficiencias y omisiones. La
inclusión de estos delitos en el título de ilícitos
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vinculados a la libertad, en lugar de una sección
específica, refleja una falta de reconocimiento de
la naturaleza particular y complejidad de estos
ilícitos. Esta falta de precisión dificulta la
aplicación efectiva del derecho y genera
incertidumbre jurídica, como señala Cifuentes
(2022) en su análisis de las deficiencias de la
legislación penal peruana. En segundo lugar, las
sanciones establecidas son, en muchos casos,
leves e insuficientes para disuadir, permitiendo
que algunos empleadores prioricen el beneficio
económico sobre la seguridad de sus trabajadores.
Esto concuerda con la preocupación expresada
por la CIDH sobre la responsabilidad del Estado
en garantizar condiciones laborales seguras y la
implementación de penas adecuadas (Ballesteros,
2020).
En tercer lugar, la no exactitud en la
determinación de la responsabilidad en el ámbito
penal de los altos cargos empresariales en casos
de incumplimiento grave dificulta la imputación
efectiva y la aplicación de sanciones equitativas.
El estudio resalta la importancia de una mayor
claridad en la definición de responsabilidades,
tanto individuales como empresariales, para
asegurar una aplicación eficiente de la ley. La
dificultad para probar el "peligro inminente" en el
artículo 168-A del Código Penal según Oré
(2018), también contribuye a la ineficacia del
sistema. Finalmente, la ausencia de mecanismos
que aseguren una compensación adecuada a los
trabajadores perjudicados por accidentes laborales
o enfermedades vinculada al trabajo agrava el
problema, como señalan Rodas & Manríquez
(2022) y Cerna (2023). La compensación, junto
con la sanción penal, debe ser un elemento
esencial para la reparación completa del daño
sufrido.
Se evidencia la necesidad de un enfoque
holístico para la protección de la SST, que
trascienda la simple aplicación de sanciones
penales. Como sugieren autores como Canova
(2021), se requiere una estrategia preventiva que
involucre a todos los actores (empleadores,
trabajadores y Estado) y promueva hábitos de
prevención de peligros. El fortalecimiento de los
mecanismos de diálogo social, según las
recomendaciones de la OIT (2025), es
fundamental para la implementación efectiva de
políticas de SST. Además, se requiere una reforma
legislativa que clarifique la definición de los
delitos contra la SST, establezca sanciones más
disuasivas y garantice mecanismos de reparación
justos y efectivos para los trabajadores afectados.
Aunque la investigación proporciona una
comprensión analítica de la problemática,
presenta limitaciones en cuanto a la
generalización de sus resultados. Estudios
cuantitativos posteriores podrían complementar
este trabajo, proporcionando datos estadísticos
sobre la frecuencia de accidentes laborales,
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enfermedades profesionales y la eficacia de las
sanciones impuestas. A pesar de estas
limitaciones, el estudio contribuye al debate sobre
la protección de la SST, ofreciendo información
valiosa para el diseño de políticas públicas más
eficientes. Se sugieren investigaciones futuras que
profundicen en aspectos específicos, como el
análisis de la jurisprudencia en casos particulares,
la evaluación de los mecanismos de vigilancia y
control, y la comparación con otros países de la
región.
Conclusiones
Este estudio concluye que la regulación y
aplicación de las sanciones penales en Perú
presentan una notable discordancia entre la ley y
su aplicación práctica. Se identificaron varias
deficiencias: a) las sanciones son leves e
insuficientes para disuadir, centrándose
principalmente en la coacción; b) la tipificación de
los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo
(SST) presenta vacíos y deficiencias,
especialmente en la definición de la
responsabilidad de los directivos; c) la
clasificación de los delitos laborales dentro del
Título de delitos vinculados a la libertad, en lugar
de una sección específica, refleja una falta de
atención a la particularidad de estos ilícitos; d)
existe falta de precisión en la atribución de
responsabilidad penal en casos sin daño evidente
pero con infracciones graves; e) el sistema de
compensación a los trabajadores afectados no está
adecuadamente integrado con las sanciones
penales.
Los resultados confirman las
preocupaciones planteadas por varios autores
respecto a las limitaciones de las sanciones
penales como herramienta exclusiva para
garantizar la SST. La investigación destaca la
importancia de un enfoque integral que integre la
regulación penal con estrategias de prevención
proactiva, la promoción de una cultura preventiva,
el fortalecimiento de los mecanismos de plática
social y la garantía de una compensación justa
para los trabajadores afectados.
Por lo tanto, se recomienda una reforma
legislativa integral que atienda las deficiencias
detectadas. Esta reforma debería incluir una
definición clara y precisa de los delitos contra
SST, el establecimiento de sanciones más
disuasivas, una definición precisa de las
responsabilidades penales de los empleadores y
directivos, y la creación de mecanismos de
reparación que aseguren una indemnización
adecuada a los trabajadores perjudicados.
Asimismo, se requiere una mayor inversión en la
promoción de una cultura preventiva de riesgos
laborales y en el fortalecimiento de los
mecanismos de supervisión y control.
Finalmente, este estudio, a pesar de las
limitaciones inherentes a su enfoque cualitativo,
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contribuye al debate sobre la protección de la SST.
Sus hallazgos sirven como punto de partida para
futuras investigaciones cuantitativas que permitan
obtener datos estadísticos sobre la frecuencia de
daños a la salud o la seguridad derivados de la
actividad laboral, así como para estudios
comparativos con otros países de la región. Se
sugieren investigaciones que analicen en detalle la
jurisprudencia, evalúen los mecanismos de
supervisión y control, y determinen la influencia
de las políticas públicas en la mejora de la SST.
Referencias
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