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Volumen: 6, Número: 13, Año: 2025 (Continua-2025)
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LA IMPUTACIÓN OBJETIVA FRENTE A LOS FRAUDES ELECTRÓNICOS: EVIDENCIA
DE REFORMAS NORMATIVAS EN UN ESTUDIO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA
OBJECTIVE IMPUTATION IN ELECTRONIC FRAUD: EVIDENCE FROM LEGAL
REFORMS IN A SYSTEMATIC REVIEW STUDY
Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 24/08/2025
Aceptado: 26/09/2025
Publicado: 25/10/2025
Código Único AV: e571
Páginas: 1(1869-1884)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17443011
Autor:
Katherine Lysbeth Collantes Rodríguez
Abogada
Maestra en Derecho, mención en Derecho Civil
Empresarial
https://orcid.org/0009-0008-2671-3726
E-mail: kcollantesr@upao.edu.pe
Afiliación: Universidad Privada Antenor Orrego
País: República del Perú
Resumen
La expansión de los fraudes digitales y su impacto en la confianza en los
entornos electrónicos han generado un desafío creciente para los sistemas
jurídicos contemporáneos, lo que convierte en prioridad analizar los
mecanismos de atribución de responsabilidad penal en estos contextos. Este
artículo tiene como objetivo evaluar cómo las reformas legales recientes han
modificado la aplicación de la teoría de la imputación objetiva en los delitos de
estafa mediante internet y su incidencia en la prevención de estas conductas,
considerando la necesidad de marcos normativos capaces de responder a la
complejidad tecnológica. Para ello, se desarrolló un artículo de revisión
sistemática que integró y comparó la literatura normativa y doctrinal reciente,
analizando tanto estudios que abordan directamente la estafa digital como
aquellos que, desde perspectivas indirectas, aportan fundamentos dogmáticos y
comparativos. Los hallazgos muestran que las reformas han reforzado criterios
como el engaño suficiente y el deber objetivo de cuidado en entornos digitales,
mientras que los aportes teóricos indirectos consolidan el papel de la
evitabilidad, el incremento del riesgo y la anticipación punitiva en la
delimitación de la responsabilidad penal. La conclusión central es que la
imputación objetiva se configura como herramienta clave para racionalizar la
atribución de responsabilidad en la estafa digital y fortalecer la prevención del
delito en un escenario marcado por la innovación tecnológica.
Palabras Clave
Reformas legales, imputación objetiva, estafa
digital, responsabilidad penal, prevención del
delito
Abstract
The expansion of digital fraud and its impact on trust in electronic environments
has created a growing challenge for contemporary legal systems, making it
essential to analyze the mechanisms of criminal liability attribution in these
contexts. This article aims to evaluate how recent legal reforms have modified
the application of the theory of objective imputation in internet fraud offenses
and their effect on crime prevention, considering the need for regulatory
frameworks capable of addressing technological complexity. A systematic
review article was conducted, integrating and comparing recent normative and
doctrinal literature, analyzing both studies directly addressing digital fraud and
others that, from indirect perspectives, provide dogmatic and comparative
foundations. The findings reveal that reforms have strengthened criteria such as
sufficient deception and the objective duty of care in digital environments, while
indirect theoretical contributions consolidate the role of avoidability, risk
increase, and punitive anticipation in defining criminal liability. The main
conclusion is that objective imputation emerges as a key tool to rationalize the
attribution of liability in digital fraud and to strengthen crime prevention in a
context shaped by technological innovation.
Keywords
Legal reforms, objective imputation, digital fraud,
criminal liability, crime prevention
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Introducción
La creciente incidencia de los delitos
cibernéticos, en particular las estafas perpetradas a
través de internet, ha suscitado un renovado interés
en la teoría de la imputación objetiva dentro del
campo del derecho penal. Este enfoque doctrinal
resulta esencial para establecer la conexión entre el
comportamiento delictivo y la responsabilidad
penal, teniendo como eje la valoración de si el
agente puede ser jurídicamente responsabilizado por
el resultado producido.
En este marco, las reformas legales recientes
buscan responder a la necesidad de una mayor
seguridad jurídica frente a fenómenos criminales en
un entorno digital en constante transformación.
Resulta imprescindible examinar cómo dichas
reformas han modificado la aplicación de la
imputación objetiva y, de forma paralela, cómo
estas alteraciones repercuten en la prevención de
estafas en línea.
La relevancia de esta investigación radica en
los vacíos sustantivos de la literatura
contemporánea respecto a la interacción entre las
reformas legales y la aplicación de la teoría de la
imputación objetiva en los delitos informáticos.
Martínez & Fernández (2024) sostienen que la
magnitud del fenómeno delictivo en el ciberespacio
ha aumentado de manera considerable, lo cual
demanda un análisis más profundo de las pautas
normativas que rigen la imputación penal. A pesar
de las actualizaciones legislativas, se advierte que la
adaptación de la teoría no siempre ha resultado
óptima, generando respuestas legales que podrían
considerarse insuficientes frente a la sofisticación
de las modalidades criminales emergentes (Urpina
& Panadés, 2023).
Otras indagaciones apuntan a que las reformas
centradas en técnicas de prevención cibernética y
regulación del uso de tecnologías jurídicas no han
sido incorporadas de manera eficaz en la práctica
judicial, lo cual limita su alcance (Aceros et al.,
2021). En esta línea, Martínez & Pérez (2023)
sugieren que un enfoque integral de la imputación
objetiva contribuiría a reducir el fenómeno de las
estafas en línea, no solo mediante la tipificación de
conductas, sino también a través de la instauración
de medidas preventivas más robustas. Así, se vuelve
crítico profundizar en el diálogo entre la teoría de la
imputación objetiva y las reformas legales recientes
para consolidar un marco que sustente tanto la
persecución penal como la prevención delictiva en
el ámbito digital.
El análisis también requiere contemplar el
impacto de estas reformas en la percepción social
del delito y en la conducta de los potenciales
infractores. Según Pallasco-Llerena et al., (2023), la
percepción ciudadana sobre la efectividad de las
reformas puede incidir en los índices de
criminalidad: en el caso de las estafas virtuales, la
confianza en el sistema de justicia puede
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desincentivar la comisión de ilícitos. La
construcción de un análisis sistemático permitirá,
por tanto, identificar los cambios normativos y
evaluar sus repercusiones en la imputación objetiva
y en su aplicabilidad práctica.
Asimismo, una revisión sistemática de la
literatura aportará no solo un compendio de métodos
empleados en la investigación penal de las estafas
cibernéticas, sino también recomendaciones para
orientar futuras políticas públicas. Autores como
Lascano & Peña (2023) enfatizan que la
sistematización de experiencias comparadas en la
adaptación de la imputación objetiva puede
convertirse en un recurso invaluable para países que
atraviesan procesos similares y buscan fórmulas
eficaces frente al incremento de la criminalidad
digital.
En los últimos años, diversas investigaciones
han enriquecido la comprensión sobre cómo las
reformas legales influyen en la aplicación de la
imputación objetiva y en su papel preventivo. Por
ejemplo, Pallasco-Llerena et al., (2023) estudiaron
las estafas cometidas en redes sociales durante la
pandemia, evidenciando un aumento de casos y la
necesidad de ajustes normativos. De manera
complementaria, Martínez & Pérez (2023)
exploraron la estafa desde la psicología forense,
subrayando cómo los cambios legislativos
asociados a la imputación objetiva inciden en la
valoración de la conducta delictiva en sede penal.
González & Molina (2023), por su parte,
examinaron la vinculación entre delitos económicos
y cibernéticos, destacando cómo las reformas
buscan integrar la imputación objetiva en un marco
más amplio de control criminal. Igualmente, Trejos-
Gil & Vélez (2023) abordaron los ciberdelitos en
menores de edad en Facebook, resaltando la
persistencia de vacíos normativos que obstaculizan
la persecución penal y la necesidad de robustecer la
aplicación de la teoría. Finalmente, Vintimilla &
Calle (2022) propusieron una interpretación estricta
de la imputación objetiva para enfrentar de manera
proporcional los delitos de bagatela en el espacio
digital.
La literatura evidencia también vacíos
notables. Dewi & Pujiyono (2020) destacan que la
evolución de las técnicas de marketing en línea ha
facilitado fraudes insuficientemente regulados.
Găbudeanu et al., (2021) sostienen que, aunque
existen normativas vigentes, los mecanismos
preventivos no se ajustan a la realidad del fraude
digital. Miao & Wen (2024) señalan que las
estructuras organizativas de las autoridades fiscales
complejizan la aplicación normativa en delitos
cibernéticos, revelando ambigüedades legales
explotadas por los infractores.
Asimismo, Sudarwanto & Kharisma (2023)
evidencian que las reformas no integran
adecuadamente la dimensión educativa necesaria
para empoderar a los ciudadanos frente a estafas.
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Finalmente, Ahmed et al., (2021) subrayan la
relevancia de adoptar reglas semánticas adaptativas
en la detección de fraudes digitales, para mantener
la vigencia de la imputación objetiva frente a nuevas
técnicas de engaño.
En consecuencia, el propósito de esta
investigación es evaluar cómo las reformas legales
recientes han transformado la aplicación de la
imputación objetiva en los delitos de estafa por
internet y cuál es su impacto en la prevención de
dichos ilícitos. Se pretende, además, subsanar los
vacíos identificados mediante un análisis
comprensivo y formular propuestas que fortalezcan
la eficacia del marco legal tanto en la persecución
penal como en la prevención de la criminalidad
digital.
Metodología
Se aplicó el método PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses), El cual nos permitió estructurar el
proceso de revisión de manera coherente y
sistemática, garantizando la validez y la exactitud en
la recopilación de la literatura sobre las reformas
legales y su impacto en la teoría de la imputación
objetiva en delitos de estafa en línea.
A partir de este enfoque, se formularon las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las reformas
legales recientes que han tenido más relevancia en
la aplicación de la teoría de la imputación objetiva
en delitos de estafa mediante internet? ¿Cómo han
cambiado estas reformas la interpretación y
aplicación de la imputación objetiva en los
procedimientos penales relacionados con las estafas
en línea? ¿Qué impacto han tenido estas reformas en
la prevención de delitos de estafa mediante internet,
según los estudios existentes? ¿Qué métodos o
estrategias se han propuesto o implementado para
evaluar la efectividad de las reformas legales en la
lucha contra la estafa en línea?
La búsqueda se centró en la identificación de
artículos académicos, informes de investigaciones,
y análisis legislativos desde 2020 hasta la fecha
actual. Las bases de datos utilizadas para la
búsqueda incluyen Scopus, SciELOelo y Latindex.
Palabras clave como "teoría de la imputación
objetiva", "reformas legales", "estafa en línea",
"cibercrimen" y "prevención de delitos" fueron
empleadas para filtrar los resultados y asegurar la
relevancia de los artículos seleccionados.
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Artículos publicados en
revistas peer-reviewed que
analicen cambios
legislativos sobre
imputación objetiva.
Trabajos que no se
relacionen estrictamente con
la teoría de la imputación
objetiva en estafas digitales.
Estudios de casos
específicos sobre estafas en
línea.
Investigaciones con enfoque
reduccionista o sin datos
actualizados.
Libros o artículos que
desarrollen enfoques
teóricos del derecho penal y
su aplicación práctica.
Estudios sobre imputación
objetiva en contextos ajenos
a los delitos cibernéticos.
Investigaciones que aporten
evidencia empírica o
análisis teórico relevante.
Artículos sin rigor
académico o sin relevancia
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directa para las preguntas de
investigación.
Producción académica con
pertinencia respecto al
impacto de reformas
legislativas recientes.
Estudios que no consideren
los cambios normativos
actuales en materia de
cibercrimen.
Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión
Figura 1. Identificación mediante el método PRISMA
Resultados
Autor
Reforma/
Norma
analizada
Relación
con la
imputación
objetiva
Aporte frente
a estafa por
internet
Bracho
(2025)
Jurisprudencia
española
reciente en
materia de
estafa (CP
Examina el
“engaño
suficiente”
como
criterio de
Directo:
Clarifica cómo
la imputación
objetiva
delimita la
punibilidad en
español, art.
248 y ss.)
imputación
objetiva.
estafas
digitales.
Santillán
Molina,
Vinueza
&
Benavide
s (2022)
Normativa
penal
ecuatoriana
sobre
ciberdelitos y
deber de
cuidado
Aplica
imputación
objetiva a
fallas de
seguridad
(hardening)
en delitos
informáticos
.
Directo:
Vincula deber
objetivo de
cuidado con
estafas en
sistemas
digitales.
Gallego
s (2022)
Reformas de
tránsito en
legislación
penal
ecuatoriana
Aplica
imputación
objetiva en
delitos de
tránsito.
Indirecto:
Sirve como
analogía
metodológica
para valorar
riesgos en
delitos de
estafa digital.
Miranda
(2020)
Reformas
doctrinales
sobre la
víctima en la
teoría del
delito
Estudia la
auto
colocación y
hetero
colocación
en riesgo
desde la
imputación
objetiva.
Indirecto:
Aporta
criterios para
analizar
responsabilida
d compartida
en estafas
online (ej.
víctima que
facilita datos).
Cruz
Palmera
(2022)
Código Penal
español,
reformas
sobre delitos
de
preparación
(incluye
programas
informáticos
para estafa,
art. 248.2.b y
399 bis)
Estudia
anticipación
punitiva y su
legitimidad
mediante
imputación
objetiva.
Indirecto:
Relevante
porque conecta
estafas
electrónicas
con punición
de actos
preparatorios.
Sánchez
Ríos
(2022)
Doctrina
penal
comparada
(tribunales
alemanes,
teoría de la
evitabilidad e
incremento
del riesgo)
Desarrolla
criterios
normativos
de
imputación
objetiva en
delitos
culposos.
Indirecto:
Aporta bases
dogmáticas
para evaluar
previsibilidad
y riesgo en
fraudes
digitales.
Schonfeld
(2023)
Reformas
dogmáticas en
causalidad e
imputación
(funcionalism
Plantea
límites entre
causalidad y
atribución
en derecho
penal.
Indirecto:
Proporciona
fundamentos
teóricos para
reforzar la
aplicación de
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o vs.
finalismo)
imputación
objetiva a
estafas
electrónicas.
Tixi et
al.,
(2020)
Código
Orgánico
Integral Penal
(COIP) de
Ecuador
Señala
inseguridad
jurídica en la
definición
de deber
objetivo de
cuidado.
Indirecto:
Ejemplo de
cómo
deficiencias
legislativas
afectan
aplicación de
imputación
objetiva en
delitos
emergentes
como estafas
online.
El examen de las fuentes doctrinales y normativas revela
que la aplicación de la teoría de la imputación objetiva en
los delitos de estafa cometidos mediante internet se
encuentra en un proceso de constante reconfiguración a la
luz de las reformas legales recientes y de la evolución
jurisprudencial comparada. En los estudios que responden
de forma directa, como los de Bracho (2025) y Molina
(2022), se evidencia cómo los tribunales y la normativa
penal han delimitado los supuestos de engaño suficiente y
la exigencia de infracción al deber de cuidado en contextos
digitales como criterios centrales para atribuir
responsabilidad penal. Estos aportes son particularmente
relevantes porque permiten trasladar la imputación objetiva
a escenarios propios de la criminalidad informática,
caracterizados por la manipulación de sistemas y el
aprovechamiento de vulnerabilidades tecnológicas.
Por su parte, los trabajos que contribuyen de manera
indirecta proporcionan el andamiaje dogmático necesario
para comprender la expansión o restricción de la
responsabilidad penal en este ámbito. Así, Gallegos (2022)
muestra cómo la imputación objetiva ha sido utilizada en
contextos de tránsito, ofreciendo analogías útiles para
valorar riesgos en delitos de estafa digital; Miranda (2020)
introduce la perspectiva de la víctima, fundamental para
interpretar supuestos de autocolocación en riesgo en fraudes
electrónicos; Cruz Palmera (2022) justifica la anticipación
punitiva en delitos de preparación, lo cual guarda afinidad
con la criminalización de actos preparatorios en estafas
electrónicas; Sánchez Ríos (2022) y Schonfeld (2023)
consolidan la fundamentación teórica en torno a la
evitabilidad, el incremento del riesgo y los límites entre
causalidad e imputación; mientras que Tixi (2020)
demuestra cómo las deficiencias legislativas en torno al
deber objetivo de cuidado generan inseguridad jurídica, un
problema especialmente grave en el tratamiento de los
ciberdelitos. De esta manera, puede concluirse que las
reformas legales recientes y la dogmática contemporánea
coinciden en reforzar la importancia de la imputación
objetiva como mecanismo de racionalización de la
responsabilidad penal en los fraudes digitales. Aunque los
aportes directos muestran la vinculación inmediata entre la
imputación objetiva y la estafa en internet, los análisis
indirectos enriquecen la discusión al aportar criterios
comparativos y fundamentos teóricos que permiten afrontar
los desafíos de la criminalidad tecnológica desde una
perspectiva coherente y garantista.
Tabla 2. Reformas legales y aplicación de la imputación
objetiva en delitos de estafa e internet
Autor
País
Tema
principal
Relación con
imputación
objetiva
Bracho-
Fuenmayor,
P. L.
(2025)
Chile
Engaño
suficiente en la
estafa y análisis
jurisprudencial
español
Analiza el engaño
como elemento
estructural de la
estafa en relación
con la imputación
objetiva
González
Lillo, D.
(2024)
Chile
Delito de
receptación y
problemas de
imputación
subjetiva
Explora
imputación
subjetiva y dolo
en delitos
económicos
Vargas
Pinto, T.
(2024)
Chile
Crítica al
objetivismo en
responsabilidad
(versari in re
illicita)
Examina
imputación
objetiva y
responsabilidad
por resultados
El análisis comparativo de los aportes doctrinarios y
jurisprudenciales permite establecer que la teoría de la
imputación objetiva ha sido objeto de un proceso de
reinterpretación y ajuste en distintos contextos jurídicos, lo
cual ofrece bases sólidas para examinar su aplicación en los
delitos de estafa mediante internet. En primer lugar, el
estudio de Bracho-Fuenmayor (2025) demuestra que la
evolución jurisprudencial en torno al engaño en la estafa ha
transitado desde concepciones dogmáticas rígidas hacia
criterios más integradores, donde la valoración de la
conducta del sujeto activo se combina con las circunstancias
de la víctima. Este hallazgo es directamente pertinente, pues
pone de relieve la necesidad de marcos interpretativos
flexibles que permitan abordar la complejidad de los fraudes
en entornos digitales, donde las víctimas presentan
diferentes grados de vulnerabilidad y el engaño se despliega
mediante mecanismos sofisticados. Por otro lado, la
investigación de González Lillo (2024), aunque centrada en
la receptación, ofrece un marco comparativo valioso al
abordar los problemas de imputación subjetiva y dolo en
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delitos económicos. Su análisis evidencia cómo la
delimitación del bien jurídico protegido y la atribución de
responsabilidad penal deben adaptarse a nuevas
configuraciones normativas, aspecto extrapolable a los
fraudes en línea, donde la imputación objetiva se vincula
estrechamente con la protección de la confianza en los
mercados digitales y la prevención de prácticas
defraudatorias. Finalmente, la reflexión teórica de Vargas
Pinto (2024) resalta la necesidad de superar las posturas
excesivamente objetivistas, que atribuyen responsabilidad
de manera automática a partir de una conducta ilícita. Al
subrayar la interacción entre elementos objetivos y
subjetivos en la imputación, su propuesta refuerza la
pertinencia de un enfoque normativo más equilibrado. En el
caso de la estafa digital, ello implica que no basta con
identificar el engaño como un riesgo prohibido, sino que
resulta imprescindible valorar la intencionalidad del autor y
la relación concreta entre su conducta y el perjuicio
patrimonial sufrido por la víctima.
Tabla 3. Comparación de aportes sobre imputación objetiva
Autor
Norma
relacionada
con la
pregunta
Impacto en la
prevención
País
donde se
aplica
Nicolás-
Carlock
& Luna-
Pla
(2024)
Reformas en
contratación
pública y
control de
empresas
fantasma
vinculadas a
corrupción.
Incremento de
transparencia,
detección de
redes ilícitas,
reducción de
riesgos de
fraude y
fortalecimiento
de marcos
legales de
prevención.
México
casos de
Puebla y
Guanajuato
Januarsy,
Pratama,
Pujiyono
&
Gultom
(2021)
Deferred
Prosecution
Agreement
(DPA) y ISO
37001
(Sistema de
Gestión
Antisoborno).
Obliga a
corporaciones a
implementar
programas de
cumplimiento,
pagar sanciones
y cooperar con
investigaciones,
lo que previene
la reincidencia y
fomenta
autorregulación.
Indonesia
(caso
central),
con
referencias
a Reino
Unido y
Estados
Unidos.
El examen de los documentos analizados evidencia que, si
bien ninguno aborda de manera directa la teoría de la
imputación objetiva en los delitos de estafa mediante
internet, ambos ofrecen aportaciones indirectas que resultan
valiosas para comprender el impacto de las reformas legales
en la prevención del delito. En primer lugar, el trabajo de
Nicolás-Carlock & Luna-Pla (2024) muestra cómo las
reformas orientadas a la transparencia en la contratación
pública y al control de empresas fantasma contribuyen a
prevenir la corrupción y los fraudes económicos. El énfasis
en el análisis de redes y en el fortalecimiento de los marcos
legales demuestra que la modernización normativa y la
supervisión estructural tienen un efecto directo en la
disminución de espacios de impunidad. Aunque se centra en
México y en el ámbito de la contratación pública, sus
hallazgos ilustran cómo la regulación preventiva puede
aplicarse como referente para combatir delitos complejos en
entornos digitales, incluidos los de estafa por internet. Por
otro lado, el estudio de Januarsyah, Pratama, Pujiyono &
Gultom (2021) sobre la implementación del Deferred
Prosecution Agreement (DPA) y el uso de la ISO 37001 en
Indonesia, con referencias comparadas a Reino Unido y
Estados Unidos, evidencia un modelo innovador de reforma
legal. Este mecanismo introduce obligaciones corporativas
de cumplimiento, sanciones económicas proporcionales y
cooperación con las autoridades, lo que fortalece la
prevención de la reincidencia y fomenta la autorregulación
corporativa. Aunque el objeto de análisis son delitos de
corrupción empresarial, su relevancia reside en demostrar
que los marcos normativos preventivos y adaptados a la
complejidad económica son más efectivos que una
respuesta exclusivamente punitiva
Tabla 4. Reformas legales, prevención e impacto comparado
Autor
Norma
relacionada
Estrategia/méto
do propuesto o
analizado
País
Aidonoji,
Ikubanni
&
Okuongha
e (2022)
No
específica,
aborda
marcos
legales
generales de
la banca
digital
Identificación de
vacíos legales en
fraudes digitales
y desafíos de
regulación en
banca electrónica
Nigeria
Al-
Eshaq,
Abou El
Farag &
Kattan
(2025)
Ley de
Ciberdelitos
de Qatar N.º
14 de 2014,
art. 11
Creación de un
fondo de
compensación
para víctimas de
fraude
electrónico;
mecanismo
alternativo de
justicia
Qatar
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PietroPaoli
(2024)
Proyecto de
Ley de
Cibersegurid
ad italiano
(DDL 1717)
Revisión de tipos
penales,
endurecimiento
de sanciones, y
propuesta de
estrategias
preventivas y
pedagógicas
Italia
De’,
Pandey
& Pal
(2020)
No
específica;
plantea
necesidad de
gobernanza
digital
Identificación de
riesgos de fraude
en línea y
necesidad de
regulación y
gestión de
seguridad post-
pandemia
India
(enfoque
comparati
vo global)
El examen de los documentos evidencia que las reformas
legales recientes en materia de estafa en línea, junto con las
propuestas doctrinales, configuran un panorama en el que
las estrategias de evaluación y efectividad se estructuran en
torno a dos ejes fundamentales: la prevención del delito y la
protección de las víctimas. En primer lugar, los aportes de
Al-Eshaq, Abou El Farag y Kattan (2025) resultan cruciales
al plantear la creación de un fondo de compensación para
víctimas de fraude electrónico en Qatar. Esta propuesta, al
reconocer las limitaciones de los sistemas penales para
identificar y sancionar a los responsables de delitos
cometidos en entornos digitales, constituye un método
alternativo de justicia reparadora que no solo evalúa la
efectividad de la norma en términos represivos, sino
también en su capacidad para garantizar un acceso
equitativo a la reparación. Este enfoque introduce un
parámetro de medición de eficacia normativa que va más
allá de la sanción penal, centrándose en el impacto social de
la protección a las víctimas. Por su parte, Pietropaoli (2024),
al analizar el DDL Cybersicurezza en Italia, destaca que el
endurecimiento de sanciones penales frente a los delitos
informáticos resulta insuficiente si no se acompaña de
medidas preventivas, tales como la educación digital y el
fortalecimiento de competencias en las fuerzas del orden.
Este planteamiento resalta la necesidad de que la efectividad
de las reformas no se mida únicamente por la severidad de
las penas, sino también por la capacidad preventiva y
pedagógica de las disposiciones legales, que reducen la
incidencia del delito y facilitan su persecución. De manera
complementaria, los trabajos de Aidonojie et al. (2022) y
De’, Pandey y Pal (2020), aunque no se centran
directamente en la imputación objetiva ni en reformas
específicas, aportan insumos relevantes. El primero, al
analizar las lagunas regulatorias en la banca digital en
Nigeria, demuestra cómo los vacíos normativos generan
espacios de vulnerabilidad frente a fraudes electrónicos, lo
que reafirma la necesidad de reformas que incluyan
mecanismos de control y evaluación continua. El segundo,
al examinar el auge digital durante la pandemia, advierte
sobre el incremento de fraudes en línea y la urgencia de
fortalecer la gobernanza digital y la regulación internacional
para anticipar riesgos y medir la eficacia de las políticas
adoptadas.
Tabla 5. Reformas legales y estrategias frente a la estafa en
línea
Discusión de resultados
El examen de los documentos revisados pone
de manifiesto que las reformas legales recientes han
incidido de manera decisiva en la aplicación de la
teoría de la imputación objetiva a los delitos de
estafa cometidos mediante internet. Dicho impacto
se estructura en dos ejes fundamentales: la
delimitación del engaño suficiente como elemento
constitutivo de la estafa y la incorporación del deber
objetivo de cuidado en entornos digitales. Estas
categorías permiten trazar con mayor precisión los
límites de la responsabilidad penal en escenarios
caracterizados por fraudes tecnológicos complejos,
donde el empleo de artificios informáticos y el
aprovechamiento de vulnerabilidades sistémicas
son prácticas recurrentes.
Los aportes de Bracho (2025) y Santillán
Molina et al., (2022) evidencian cómo la dogmática
penal se articula con la praxis judicial, confirmando
que la imputación objetiva puede ser trasladada de
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manera eficaz a un ámbito donde las dinámicas
delictivas se reinventan de manera constante. Estos
hallazgos coinciden con lo señalado por la doctrina
europea reciente, que resalta la necesidad de adaptar
los criterios de imputación a la complejidad
tecnológica y a la heterogeneidad de las víctimas
que sufren fraudes digitales (Martínez & Buján,
2023).
Los trabajos de carácter indirecto también
resultan relevantes, pues enriquecen el andamiaje
conceptual y ofrecen perspectivas complementarias.
Miranda (2020) aporta la dimensión de la víctima,
imprescindible para valorar los supuestos de
autocolocación en riesgo, fenómeno recurrente en
fraudes electrónicos donde el sujeto pasivo, a veces
inadvertidamente, facilita datos sensibles.
Cruz Palmera (2022) profundiza en la
anticipación punitiva de actos preparatorios, lo que
guarda relación directa con la creciente tendencia de
criminalizar conductas previas al fraude digital.
Sánchez Ríos (2022) y Schonfeld (2023) fortalecen
los cimientos dogmáticos al examinar la
evitabilidad del resultado, el incremento del riesgo
y los límites entre causalidad e imputación, en
sintonía con lo sostenido por Luzón Peña (2022)
sobre la racionalización de la responsabilidad en
escenarios tecnológicos. Por su parte, Tixi et al.,
(2020) advierten las consecuencias de una
deficiente definición legislativa del deber de
cuidado, poniendo de relieve la inseguridad jurídica
que genera.
Esta debilidad contrasta con la experiencia de
sistemas como el británico y el estadounidense,
donde se han incorporado mecanismos de
cumplimiento corporativo y estándares
internacionales que robustecen la prevención
(Januarsyah et al., 2021; Al-Eshaq et al., 2025).
Al comparar con estudios previos, se confirma
que la imputación objetiva continúa siendo un
criterio dogmático indispensable para la
delimitación de la responsabilidad penal en los
fraudes digitales. Sin embargo, su grado de eficacia
no es uniforme y depende de variables contextuales
como la consolidación de los marcos legislativos, la
capacidad institucional para aplicarlos y las
prioridades político-criminales asumidas en cada
jurisdicción.
Pese a los avances identificados, esta revisión
reconoce limitaciones significativas. La primera se
refiere a la selección de documentos: si bien se
incluyeron fuentes pertinentes, no todas se centran
de manera directa en la estafa digital, y varias se
circunscriben a aportes teóricos indirectos. En
segundo lugar, la heterogeneidad de los contextos
normativos dificulta establecer conclusiones
comparables, ya que existen sistemas jurídicos con
reformas consolidadas y otros aún en proceso de
configuración. Finalmente, la ausencia de estudios
empíricos que midan el efecto real de las reformas
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en la reducción de fraudes electrónicos restringe la
posibilidad de evaluar de manera objetiva su
eficacia preventiva.
Ante ello, se recomienda que futuras
investigaciones se orienten hacia análisis
comparados de sistemas jurídicos, a fin de
identificar qué reformas han demostrado mayor
efectividad en la prevención de fraudes digitales.
Asimismo, resulta necesario incorporar
metodologías empíricas, tales como la revisión
sistemática de sentencias, el análisis estadístico de
procesos judiciales y encuestas a operadores del
sistema penal, para valorar el impacto concreto de la
imputación objetiva en la reducción de la
criminalidad informática.
Otra línea de investigación pendiente es el
estudio de la interacción entre imputación objetiva
y tecnologías emergentes como la inteligencia
artificial, el blockchain y la delincuencia
transnacional, fenómenos cuya complejidad exige
marcos normativos dinámicos y adaptativos.
Igualmente, la perspectiva de la víctima debe ocupar
un lugar central, atendiendo a factores como su nivel
de vulnerabilidad y alfabetización digital, que
condicionan la valoración del engaño y del riesgo
permitido.
En conjunto, los resultados permiten afirmar
que la imputación objetiva constituye un
instrumento dogmático esencial para racionalizar la
atribución de responsabilidad en los fraudes
electrónicos, siempre que se integre con reformas
legales claras, modernas y coherentes. Sin embargo,
su eficacia preventiva no depende exclusivamente
de la solidez conceptual, sino también de la
capacidad legislativa e institucional para responder
a los desafíos de la criminalidad digital.
De ahí la necesidad de un enfoque integral que
conjugue teoría penal, innovación normativa y
evidencia empírica, garantizando así un marco penal
que combine seguridad jurídica, eficacia preventiva
y respeto a los principios garantistas en un entorno
cada vez más digitalizado.
Conclusiones
Los resultados de esta investigación permiten
afirmar que las reformas legales recientes han
incidido de manera sustantiva en la configuración y
aplicación de la teoría de la imputación objetiva
frente a los delitos de estafa cometidos mediante
internet. En este contexto, se ha constatado que los
criterios de “engaño suficiente” y de “infracción al
deber objetivo de cuidado” se han consolidado
como parámetros indispensables para delimitar la
responsabilidad penal en entornos digitales
caracterizados por la constante sofisticación de los
mecanismos de fraude.
Estos elementos no solo permiten precisar los
límites de la punibilidad, sino que también
contribuyen a reforzar la función preventiva del
derecho penal, en la medida en que proporcionan a
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los operadores jurídicos herramientas más claras
para identificar cuándo una conducta resulta
reprochable desde el punto de vista normativo.
Asimismo, los aportes doctrinarios indirectos
analizados enriquecen de forma significativa el
marco conceptual. Categorías como la
autocolocación en riesgo de la víctima, la
anticipación punitiva de actos preparatorios y la
teoría de la evitabilidad complementan los criterios
centrales, pues introducen perspectivas que
permiten comprender fenómenos como la
corresponsabilidad en el fraude digital, la
legitimidad de la punición anticipada y la
racionalización de la previsibilidad en escenarios de
riesgo.
Estos desarrollos demuestran que la
imputación objetiva mantiene plena vigencia como
criterio dogmático idóneo para racionalizar la
atribución de responsabilidad penal en fraudes
electrónicos, y que su alcance se amplía cuando se
integra con la evolución normativa y con los debates
contemporáneos sobre política criminal.
En relación con el objetivo planteado, se
evidencia que las reformas legales recientes no se
han limitado a actualizar disposiciones formales,
sino que han modificado de manera sustancial la
aplicación práctica de la imputación objetiva en el
ámbito de la estafa digital. Al incorporar parámetros
normativos y jurisprudenciales más precisos, dichas
reformas permiten establecer con mayor claridad los
supuestos de punibilidad, lo que fortalece tanto la
coherencia dogmática como la previsibilidad de las
decisiones judiciales.
Además, han contribuido a la construcción de
mecanismos de prevención más eficaces, orientados
a mitigar riesgos tecnológicos y a salvaguardar la
confianza en los entornos digitales, lo cual
representa un aporte decisivo para la consolidación
de un derecho penal adaptado a los retos de la
sociedad digital.
El uso de una metodología de revisión
sistemática ha resultado particularmente adecuado
para este estudio, ya que posibilitó la integración y
el contraste de los principales aportes doctrinarios,
jurisprudenciales y normativos, identificando
convergencias y divergencias en la aplicación de la
imputación objetiva en distintos contextos jurídicos.
Este enfoque metodológico no solo permite obtener
una visión panorámica del fenómeno, sino que
también proporciona elementos comparativos que
enriquecen el análisis crítico de la evolución y del
impacto de las reformas legales.
No obstante, los hallazgos obtenidos también
revelan limitaciones que deben ser reconocidas. La
principal radica en la insuficiencia de estudios
empíricos que midan el impacto concreto de las
reformas en la disminución de fraudes electrónicos,
lo cual restringe la posibilidad de evaluar la eficacia
real de las disposiciones normativas. A ello se suma
la dificultad para establecer comparaciones
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generalizables, dada la heterogeneidad de los
sistemas jurídicos analizados y el desigual nivel de
consolidación de las reformas en cada país.
Por estas razones, se recomienda que futuras
investigaciones profundicen en el análisis de casos
judiciales y adopten metodologías empíricas
rigurosas —como la revisión de sentencias, el uso
de estadísticas judiciales y la realización de
encuestas a operadores del sistema penal— con el
propósito de evaluar el impacto efectivo de la
imputación objetiva en la reducción de los fraudes
digitales. Igualmente, resulta prioritario explorar la
interacción entre la imputación objetiva y las nuevas
tecnologías, en particular la inteligencia artificial, el
blockchain y la ciberdelincuencia transnacional,
fenómenos que plantean riesgos inéditos y que
exigen marcos normativos adaptativos.
Finalmente, la incorporación de la perspectiva
de las víctimas, considerando factores como su
vulnerabilidad y nivel de alfabetización digital, se
presenta como una línea de análisis indispensable
para valorar de manera adecuada el engaño y el
riesgo permitido en la estafa en línea.
En conclusión, la investigación confirma que
la imputación objetiva constituye un instrumento
esencial para racionalizar la atribución de
responsabilidad penal en el contexto de los fraudes
electrónicos. Sin embargo, su eficacia preventiva
dependerá no solo de la solidez de la construcción
dogmática, sino también de la capacidad
institucional y legislativa de los Estados para
articular reformas normativas modernas, coherentes
y operativas. Solo a través de un enfoque integral,
que combine teoría penal, innovación legislativa y
evidencia empírica, será posible garantizar un
sistema penal garantista y eficaz frente a los desafíos
complejos y cambiantes de la criminalidad digital
contemporánea.
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