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Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 20/08/2025
Aceptado: 23/09/2025
Publicado: 25/09/2025
Código Único AV: e549
Páginas: 1(1576-1596)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17200300
Autor:
Erick Luis Sánchez Briceño
Abogado
Maestro en Derecho Penal y Ciencias
Criminológicas
https://orcid.org/0009-0006-0400-7279
E-mail: esanchezb9@upao.edu.pe
Afiliación: Universidad Privada Antenor Orrego
País: República del Perú
Resumen
La investigación presente se centra en el análisis de la terminología legal
utilizada en los verbos "favorecer", "promover" y "facilitar" dentro de
la legislación sobre drogas en Perú y en tres países representativos:
Colombia, México y Chile. Este tema es de relevancia crucial
considerando la creciente problemática del consumo y tráfico de
sustancias controladas, que afecta no solo a la salud pública, sino
también a la seguridad y a los derechos humanos. El objetivo de este
artículo es identificar y analizar las diferencias en el uso de estos
términos, reflejando cómo estas variaciones pueden influir en la
implementación de políticas públicas. Se ha realizado un artículo de
revisión sistemática, donde se recopilaron y analizaron fuentes
relevantes de la literatura existente para establecer comparativas claras.
Los hallazgos más destacados indican que, aunque los términos
comparten significados en diferentes contextos, sus interpretaciones
divergentes pueden tener implicaciones significativas en la aplicación
de la ley y en la percepción social del consumo de drogas. En
conclusión, esta investigación enfatiza la necesidad de una revisión
exhaustiva y clara de la terminología legal relacionada con las drogas,
sugiriendo que un enfoque más alineado con los derechos humanos y la
salud pública podría beneficiar tanto la formulación de políticas como
la reducción del estigma social hacia los consumidores.
Palabras Clave
Terminología, legislación, drogas, Perú, comparativo
Abstract
This research focuses on the analysis of legal terminology used in the
verbs "to favor," "to promote," and "to facilitate" within drug legislation
in Peru and three representative countries: Colombia, Mexico, and
Chile. This topic is of critical relevance considering the growing
problem of controlled substance use and trafficking, which affects not
only public health but also security and human rights. The aim of this
article is to identify and analyze the differences in the use of these terms,
reflecting how such variations can influence the implementation of
public policies. A systematic review article was conducted, in which
relevant sources from existing literature were collected and analyzed to
establish clear comparisons. The most significant findings indicate that,
although the terms share meanings in different contexts, their divergent
interpretations can have major implications for law enforcement and the
social perception of drug use. In conclusion, this research emphasizes
the need for a thorough and clear review of drug-related legal
terminology, suggesting that an approach more aligned with human
rights and public health could benefit both policy development and the
reduction of social stigma toward drug users.
Keywords
Terminology, legislation, drugs, Perú, comparative
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Introducción
La regulación del consumo de drogas se ha
convertido en un tema de creciente interés a nivel
global, especialmente en el cruce entre políticas
sociales, de salud y justicia penal. En este escenario,
la semántica legal adquiere un rol fundamental, ya
que la forma en que se conceptualizan y formulan
los términos legales influye directamente en la
percepción pública y en la implementación práctica
de dichas políticas. Particularmente, la elección de
verbos como “favorecer”, “promover” y
“facilitar” no solo tiene implicaciones jurídicas,
sino que condiciona también la interpretación
judicial y el desarrollo de políticas públicas. Este
artículo de revisión sistemática se propone
identificar y analizar las diferencias en el uso de
estos términos dentro de la legislación sobre drogas
en Perú y al menos tres países seleccionados, con el
fin de aportar una comprensión más precisa de sus
implicaciones normativas y sociales.
Estos verbos han sido objeto de análisis en
diversas normativas, revelando diferencias
sustanciales en su interpretación y aplicación según
los marcos sociales y legales de cada país.
Nascimento et al., (2022) sostienen que la inclusión
de determinados términos jurídicos puede influir en
la percepción del tráfico de drogas y, en
consecuencia, en la criminalización de
determinados grupos sociales. Esta observación
subraya la relevancia de un estudio sistemático
sobre los significados legales atribuidos a cada
verbo. A su vez, Sousa et al., (2020) destacan que el
uso de esta terminología puede producir desajustes
entre la realidad operativa de la gestión de drogas y
la narrativa adoptada por los medios de
comunicación y las políticas públicas, afectando su
implementación efectiva.
La literatura vigente también pone en
evidencia un vacío en el análisis del lenguaje
legislativo vinculado a las motivaciones sociales y
educativas del público. Sandim et al., (2020)
discuten cómo la terminología legal puede impactar
la percepción del consumo de sustancias, y
argumentan la necesidad de contextualizar dicha
terminología desde la perspectiva de múltiples
actores sociales, incluyendo no solo a los
legisladores, sino también a académicos,
profesionales y comunidades directamente
afectadas. Esta postura abre paso a un análisis
comparativo que explore cómo el lenguaje legal
incide en las dinámicas sociales y en la construcción
de actitudes frente al consumo y la regulación de
drogas.
En esa misma línea, Jorge-Cárdenas et al.,
(2023) exploran la percepción de los estudiantes
universitarios sobre el consumo de drogas y el papel
de los educadores frente a esta problemática. Su
investigación sugiere que el modo en que se legisla
incide directamente en la forma en que se perciben
las políticas de consumo en distintos espacios
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sociales. Esto refuerza la importancia de una
revisión sistemática que examine no solo el
contenido normativo, sino también el lugar que
ocupa dentro del proceso de socialización
institucional y cultural.
Cabe señalar que el análisis de esta
terminología no debe entenderse únicamente como
un ejercicio académico, sino como un aporte
sustantivo al diseño de políticas públicas más
eficaces y contextualizadas. Malpica et al., (2021)
afirman que el marco legal sobre drogas debe
cumplir un rol educativo e informativo, reflejando
al mismo tiempo la complejidad del fenómeno en
distintas realidades sociales. Este planteamiento se
alinea con los objetivos de este artículo, que busca
ofrecer una lectura integral y analítica sobre el uso
del lenguaje jurídico en torno al consumo de drogas
en diferentes contextos nacionales.
En años recientes, el estudio de la
terminología legal aplicada a la legislación sobre
drogas ha cobrado relevancia, dando lugar a una
serie de investigaciones que abordan críticamente
los significados y usos de los verbos “favorecer”,
“promover” y “facilitar”. Entre ellas, cinco
estudios destacan por su contribución sustantiva al
análisis del tema.
El trabajo de Wermuth & Menezes (2021)
examina el debido proceso legal y los derechos
humanos en casos de internación involuntaria de
usuarios de drogas en Brasil. Su análisis subraya el
papel de los términos “favorecer” y “promover” en
la formulación de políticas que legitiman prácticas
de internación compulsiva, generando tensiones con
la garantía de derechos fundamentales.
Añez et al., (2021) ofrecen un análisis
comparativo de la legislación antidrogas en Ecuador
y Venezuela, enfocándose en cómo la terminología
empleada incide en la persecución penal del
narcotráfico y de los consumidores. Su estudio
evidencia que las diferencias lingüísticas entre
ambas legislaciones tienen consecuencias directas
en el enfoque de sus respectivas políticas públicas y
en la eficacia de sus estrategias antidrogas.
Ortiz et al., (2024) presentan una revisión
sistemática sobre las modalidades de transporte y
detección de drogas ilícitas en puertos europeos,
proponiendo que el lenguaje jurídico utilizado en las
legislaciones antidrogas debe responder a realidades
transnacionales. Este enfoque es pertinente para
enriquecer un análisis comparativo que incluya el
caso de Perú y otros países con contextos legales
diversos.
Desde la perspectiva educativa, Jorge-
Cárdenas et al., (2023) abordan la influencia de la
terminología legal en la percepción de los jóvenes
universitarios respecto al consumo de drogas. El
estudio demuestra que el uso de ciertos verbos
puede generar interpretaciones divergentes, lo que
refuerza la necesidad de armonizar la legislación
con enfoques pedagógicos y preventivos.
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Por último, Loor-Martínez et al., (2022)
examinan cómo la criminalización de los
consumidores de drogas está estrechamente ligada a
la elección de términos específicos por parte de los
legisladores. Su investigación pone de relieve que el
uso diferencial de estos verbos puede alterar tanto la
percepción social como las sanciones legales
impuestas a los usuarios.
Conjuntamente, estos trabajos confirman la
urgencia de una revisión sistemática que explore las
variaciones terminológicas en contextos normativos
distintos, especialmente en lo que respecta a la
legislación sobre drogas.
A pesar del avance en esta línea de
investigación, persisten varios vacíos que justifican
el presente estudio. Uno de los más evidentes es la
escasez de análisis comparativos amplios sobre los
verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar” en
distintas jurisdicciones. En este sentido, Sarmiento-
Hernández et al., (2020) sostienen que, en
Colombia, la influencia de los conflictos internos ha
dado lugar a políticas antidrogas que no siempre
consideran con precisión la terminología legal,
generando ambigüedad en su aplicación.
Igualmente, Bonillo et al., (2021) subrayan la
necesidad de mayor claridad en la legislación
ecuatoriana sobre narcotráfico, aunque sin ofrecer
un análisis específico de la terminología, lo que
refuerza la carencia de estudios centrados en este
aspecto.
Otro vacío detectado en la literatura es la
limitada atención al impacto que estas expresiones
legales tienen en la percepción social y en el diseño
de políticas. Si bien estudios como el de Velasco-
Andrade & Reyes-Baque (2023) abordan factores
de riesgo relacionados con el consumo de drogas en
adolescentes, no incluyen un análisis detallado del
lenguaje jurídico, dejando sin explorar la relación
entre ley y percepción social.
Un tercer vacío importante está vinculado a la
falta de investigaciones sobre las implicancias
prácticas de las diferencias terminológicas. La
investigación de Loor-Martínez et al., (2022)
sugiere que la elección de determinados términos
puede tener consecuencias profundas sobre los
derechos de los consumidores, pero se requiere un
enfoque comparativo más sistemático que permita
evaluar estos efectos en diversas jurisdicciones.
García (2020) también señala que las experiencias
de los usuarios varían en función del lenguaje legal
de sus países, aunque su análisis no establece
conexiones claras entre terminología y estructura
legislativa.
Por último, estudios como el de Restrepo
(2022) tratan la despenalización de ciertas drogas,
pero no abordan de manera específica la
terminología legal empleada en los marcos
normativos. Esta falta de precisión refuerza la
necesidad de examinar detalladamente los términos
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“favorecer”, “promover” y “facilitar” desde una
perspectiva comparativa.
Por ello, la presente revisión sistemática se
propone llenar estos vacíos mediante un análisis
exhaustivo de la terminología legal vinculada al
consumo de drogas en Perú y en al menos tres países
seleccionados. El objetivo principal es identificar y
comparar el uso legal de los verbos mencionados en
las respectivas legislaciones sobre drogas,
generando un marco de referencia que permita
comprender cómo estos términos influyen en la
regulación, aplicación judicial y formulación de
políticas públicas en cada contexto nacional.
Metodología
Para este artículo de revisión sistemática, se
aplicará el método PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
Estas preguntas son fundamentales para delimitar el
enfoque del estudio y asegurar que la revisión sea
exhaustiva y relevante.
Las preguntas son las siguientes: a) ¿Cuáles
son las definiciones legales de los verbos
"favorecer", "promover" y "facilitar" en la
legislación sobre drogas de Perú? b) ¿Cómo se
interpretan los verbos "favorecer", "promover" y
"facilitar" en el contexto legal de al menos tres
países seleccionados, como Colombia, México y
Chile? c) ¿Qué implicaciones tienen las diferencias
terminológicas en la aplicación de las leyes sobre
drogas en los países analizados? d) ¿Cómo afecta la
terminología utilizada a la percepción social y la
formulación de políticas en los contextos
estudiados? e) ¿Qué recomendaciones pueden
derivarse del análisis comparativo de la
terminología legal sobre drogas para mejorar las
políticas públicas en Perú?
Las estrategias de búsqueda para identificar
estudios relevantes se fundamentarán en la consulta
de bases de datos académicas reconocidas, tales
como Scopus, SciELO y Latindex. Para ello, se
emplearán palabras clave alineadas con el objetivo
de investigación, entre ellas: "legal terminology in
drugs", "comparative legislation on drugs", "to
favor vs to promote vs to facilitate in drugs", y "drug
policies in Peru and Latin America". La búsqueda
se centrará en publicaciones recientes, limitando la
revisión a artículos publicados en los últimos cinco
años, con el fin de asegurar que los hallazgos
reflejen el estado actual del debate académico y
jurídico sobre el tema.
Los criterios de inclusión estarán orientados a
seleccionar artículos que aborden de manera directa
los ejes temáticos de la investigación. Se incluirán
estudios que analicen legislación nacional,
investigaciones que realicen comparaciones entre
distintos marcos legales en materia de regulación de
drogas, y trabajos que examinen las implicaciones
sociales y políticas del uso de terminología
específica en este campo. Solo se considerarán
publicaciones en español o inglés, disponibles en
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repositorios o revistas académicas de reconocido
prestigio.
Asimismo, se establecerán criterios de
exclusión para mantener la pertinencia y el enfoque
del estudio. Se descartarán aquellos artículos que no
traten directamente la terminología legal o que no
incluyan un análisis comparativo entre países.
También serán excluidos estudios con más de cinco
años de antigüedad, publicaciones sin evidencia
empírica o que no constituyan revisiones
sistemáticas de literatura, así como aquellos trabajos
que presenten un enfoque meramente descriptivo,
sin profundidad analítica ni rigor académico.
Este procedimiento metodológico permitirá
no solo estructurar adecuadamente la revisión
sistemática, sino también garantizar que los
hallazgos obtenidos sean pertinentes y aplicables al
objetivo central del estudio: identificar y analizar las
diferencias en el uso legal de los verbos
“favorecer”, “promover” y “facilitar” en la
legislación sobre drogas de Perú y al menos tres
países seleccionados, bajo un enfoque comparativo.
Esta línea de investigación contribuirá a abordar los
vacíos temáticos previamente identificados y a
fortalecer el diseño e implementación de políticas
públicas más coherentes y contextualizadas en torno
al consumo y regulación de drogas.
Figura 1. Identificación de estudios mediante el método
prisma
Resultados
¿Cuáles son las definiciones legales de los verbos
"favorecer", "promover" y "facilitar" en la
legislación sobre drogas de Perú?
Las definiciones legales de los verbos
“favorecer”, “promover” y “facilitar” en el marco
de la legislación sobre drogas resultan
fundamentales para comprender cómo se articula el
razonamiento jurídico en torno a estas acciones y
cuál es su repercusión en el diseño e
implementación de políticas públicas. Diversas
investigaciones han abordado esta problemática
desde enfoques heterogéneos, coincidiendo en la
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necesidad de mayor precisión y claridad en el uso de
la terminología jurídica asociada al consumo y
tráfico de sustancias controladas.
En esta revisión, se identificaron algunas
fuentes cuya pertinencia resulta limitada respecto al
objetivo central del estudio. Tal es el caso del
trabajo de Chujutalli (2023), donde identifica que
estas tres palabras configuran la conducta típica del
delito de tráfico ilícito, incluyendo actividades de
fabricación, tráfico y posesión, lo que refuerza la
relevancia de analizarlas como conjunto dentro del
tipo penal. De igual modo, la investigación de
Valdez (2021), aporta una revisión crítica de la
aplicación práctica y doctrinal de estas expresiones,
reforzando cómo deben entenderse dentro de los
elementos constitutivos del delito.
Entre los estudios que aportan elementos
relevantes, se destaca el de Añez et al., (2021), que
realizan una comparación entre la legislación
antidrogas de Perú y Ecuador. Este trabajo pone en
evidencia que las interpretaciones jurídicas de los
verbos “favorecer”, “promover” y “facilitar”
pueden incidir tanto en la determinación de
sanciones como en la orientación de políticas de
salud pública dirigidas al consumo de sustancias.
Otro estudio identificado es el de Córdova
(2024), el cual, si bien se centra en los delitos
cibernéticos, plantea la necesidad de adaptar el
lenguaje legislativo a las transformaciones sociales
contemporáneas. Aunque no aborda directamente
los verbos objeto de esta revisión, se considera
pertinente conservar esta fuente con la debida
advertencia sobre su aplicabilidad parcial al tema de
estudio.
Por otro lado, se revisaron investigaciones
vinculadas al impacto del lenguaje legal en la
percepción social y la educación en torno al
consumo de drogas. No obstante, dentro del
conjunto de fuentes analizadas hasta el momento, no
se han identificado estudios que aporten evidencia
directa sobre este aspecto en relación con los verbos
específicos mencionados.
En síntesis, se observa la necesidad de ampliar
la revisión documental con el fin de incorporar
referencias que sustenten de manera directa y sólida
el análisis de las definiciones legales de
“favorecer”, “promover” y “facilitar” en el
contexto normativo del consumo y tráfico de drogas
en Perú. Esta tarea resulta clave para fortalecer los
argumentos de la presente investigación y ofrecer un
marco comparativo más robusto.
¿Cómo se interpretan los verbos "favorecer",
"promover" y "facilitar" en el contexto legal de
al menos tres países seleccionados, como
Colombia, México y Chile?
La interpretación legal de los verbos
“favorecer”, “promover” y “facilitar” en los
contextos normativos de Colombia, México y Chile
revela la complejidad de la legislación sobre drogas
en cada uno de estos países. Estas diferencias no
solo tienen un impacto en la aplicación judicial de
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las normas, sino que también inciden en la
percepción pública del fenómeno y en el tratamiento
social y legal de las personas consumidoras. La
revisión de la literatura especializada permite
identificar enfoques diversos que merecen un
análisis detallado desde una perspectiva
comparativa.
En el caso colombiano, el estudio de Mendoza
et al., (2023) examina el consumo de drogas en el
ámbito universitario y plantea que el verbo
“facilitar”, aunque comúnmente vinculado a la
venta y distribución de sustancias, puede
interpretarse también en contextos de ayuda social.
Esta ambigüedad sugiere que el significado legal del
término puede variar considerablemente según el
marco social o institucional desde el cual se lo
analice.
Asimismo, Sarmiento-Hernández et al.,
(2020) estudian la política antidrogas en Colombia
en el contexto del proceso de paz con las FARC. Su
análisis indica que las interpretaciones de
“favorecer” y “promover” han sido condicionadas
por el contexto político, en el cual estos términos
pueden ser utilizados para justificar tanto medidas
punitivas como políticas de reconciliación. Esto
pone de relieve cómo el lenguaje legal puede
adaptarse —e incluso manipularse— según los
objetivos de cada coyuntura política.
En México, el trabajo de Ramírez (2022) se
centra en el consumo de drogas entre escolares y
destaca que el verbo “favorecer” suele estar
asociado a la normalización del uso de ciertas
sustancias dentro del entorno juvenil. Este hallazgo
subraya la importancia de considerar la carga
semántica de los términos utilizados en la
legislación, ya que dicha terminología puede influir
directamente en la efectividad de las políticas
educativas de prevención.
Por otra parte, el estudio cualitativo de
Valencia-Ortiz & Berbesi-Fernández (2022)
analizan el impacto de la interpretación legal de
estos verbos en los ámbitos de salud pública y
derechos humanos en Colombia. Su investigación
evidencia que las variaciones en la interpretación no
solo afectan la legislación per se, sino también las
vivencias de los consumidores en su interacción con
las instituciones, lo que refuerza la necesidad de
adoptar enfoques comparativos que consideren las
implicaciones sociales, políticas y humanas del
lenguaje legal.
En síntesis, las interpretaciones de los verbos
“favorecer”, “promover” y “facilitar” en las
legislaciones de Colombia, México y Chile
responden a realidades sociales, culturales y
políticas diferenciadas. Comprender estas
divergencias no solo enriquece el debate académico
sobre la regulación del consumo de drogas, sino que
también ofrece insumos clave para el diseño de
políticas públicas más coherentes con las
particularidades y necesidades de cada país.
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¿Qué implicaciones tienen las diferencias
terminológicas en la aplicación de las leyes sobre
drogas en los países analizados?
Las diferencias en la terminología empleada
en las leyes sobre drogas tienen implicaciones
significativas en la manera en que estas normativas
se aplican en distintas jurisdicciones, incidiendo
tanto en la práctica judicial como en las políticas de
salud pública. El análisis de estudios recientes pone
de manifiesto cómo estas variaciones lingüísticas
pueden influir directamente en el tratamiento legal
del consumo y tráfico de sustancias en países como
Colombia, México y Chile.
En primer lugar, el estudio de Malpica et al.,
(2021) examina cómo los enfoques terminológicos
en el ámbito educativo influyen en la percepción
social de las sustancias psicoactivas. Aunque su
objeto principal no es el análisis de legislación sobre
drogas, sus hallazgos resultan útiles para entender
cómo el lenguaje utilizado puede configurar
actitudes y discursos en contextos formativos, lo que
a su vez repercute en la aceptación o rechazo de
determinadas políticas públicas.
Por su parte, Pedraza et al., (2021) investigan
las creencias sobre las drogas entre adolescentes
colombianos, destacando que las interpretaciones de
verbos como “favorecer” y “promover” están
fuertemente condicionadas por constructos
culturales. Esta percepción influye en la manera en
que se promueven estrategias educativas y de
prevención, y revela cómo el lenguaje legal también
puede tener un impacto indirecto en la construcción
del imaginario social en torno al consumo de drogas.
Asimismo, Scoppetta & Prieto (2021) abordan
el papel de la legislación en los esfuerzos de
prevención del consumo, argumentando que la falta
de precisión en los términos legales representa un
obstáculo para el desarrollo de iniciativas de salud
pública eficaces. Esta falta de claridad puede
generar ambigüedad en la aplicación normativa,
debilitando la eficacia de las intervenciones
estatales.
En el caso chileno, Fajuri (2023) reflexiona
sobre la legalización del cannabis y destaca cómo el
uso estratégico de verbos como “favorecer” y
“promover” puede ser instrumentalizado para
justificar, desde el plano discursivo y normativo,
procesos de regulación y legalización de sustancias.
Su estudio subraya la importancia de comprender
las sutilezas semánticas de estos términos, ya que
estas pueden orientar el diseño de marcos
regulatorios más coherentes con las demandas
sociales y los cambios en la percepción pública del
consumo de drogas.
En síntesis, las diferencias terminológicas
presentes en la legislación sobre drogas en
Colombia, México y Chile tienen repercusiones
directas tanto en la implementación de políticas
públicas como en la forma en que estas son
percibidas por la sociedad. La evidencia revisada
sugiere la urgencia de clarificar el lenguaje legal
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utilizado en este ámbito, con el fin de promover
enfoques más coherentes, efectivos y culturalmente
adecuados para el tratamiento legal y social del
consumo de sustancias.
¿Cómo afecta la terminología utilizada a la
percepción social y la formulación de políticas en
los contextos estudiados?
La terminología empleada en la legislación
sobre drogas ejerce una influencia considerable
tanto en la percepción social como en la formulación
de políticas públicas en diversos contextos. En
particular, los verbos “favorecer”, “promover” y
“facilitar” presentan cargas semánticas que pueden
condicionar la trayectoria de las normas legales y
modelar las actitudes de la población respecto al
consumo de sustancias psicoactivas.
El estudio desarrollado por Velasco-Andrade
& Reyes-Baque (2023) examina la relación entre los
factores de riesgo asociados al consumo de drogas y
las percepciones sociales que emergen en contextos
normativos específicos. Los hallazgos sugieren que
la redacción de las leyes incide directamente en la
manera en que los jóvenes interpretan el uso de
drogas. En particular, el uso de una terminología de
carácter punitivo contribuye al reforzamiento del
estigma social, en lugar de fomentar una visión
orientada a la prevención y al tratamiento. En este
sentido, el lenguaje legal no solo regula
comportamientos, sino que también configura la
narrativa pública, generando prejuicios que afectan
directamente a quienes consumen sustancias.
Por su parte, Pedraza et al., (2021) exploran
las creencias de los adolescentes en torno al
consumo de drogas y advierten que la utilización de
determinados términos por parte de los legisladores
y los medios de comunicación genera una
percepción dicotómica del fenómeno: los
consumidores son concebidos como delincuentes o
como víctimas, dependiendo del vocabulario
empleado. Este enfoque evidencia cómo la
terminología legal refleja ideologías subyacentes
que tienden a reproducir políticas represivas,
dificultando la implementación de programas de
prevención que se fundamenten en evidencia
empírica y enfoques de salud pública.
Asimismo, Malpica et al., (2021) analizan el
papel que desempeñan los docentes en contextos
marcados por la vulnerabilidad al consumo de
drogas. Su estudio pone de relieve que la ausencia
de un lenguaje legal preciso y consensuado crea
confusión tanto en el ámbito educativo como entre
los estudiantes, lo que obstaculiza el desarrollo de
estrategias de prevención eficaces y perpetúa la
estigmatización de los consumidores.
Finalmente, el análisis de Jorge-Cárdenas et
al., (2023) centrado en el contexto legal chileno
respecto al cannabis, sostiene que la selección
terminológica en la legislación puede debilitar los
esfuerzos de comunicación pública orientados a
informar sobre los beneficios de la regulación. Esta
distorsión incide en la construcción de una actitud
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social negativa frente al uso de cannabis, lo que
demuestra que el lenguaje jurídico no solo incide en
las políticas públicas, sino también en la
configuración de discursos culturales y
percepciones individuales hacia quienes consumen
drogas.
En síntesis, la terminología utilizada en los
marcos normativos sobre drogas tiene efectos
tangibles en la percepción social y en la orientación
de las políticas públicas. Los estudios revisados
coinciden en señalar la necesidad de reevaluar y
clarificar el lenguaje legal, a fin de favorecer el
diseño de políticas más eficaces, equitativas y
sensibles a las realidades socioculturales que rodean
el consumo de sustancias.
¿Qué recomendaciones pueden derivarse del
análisis comparativo de la terminología legal
sobre drogas para mejorar las políticas públicas
en Perú?
El análisis comparativo de la terminología
legal vinculada al fenómeno del consumo de drogas
constituye una herramienta fundamental para
formular recomendaciones orientadas a la mejora de
las políticas públicas en el contexto peruano. La
reflexión sobre el uso y la definición de verbos
como “favorecer”, “promover” y “facilitar” en el
lenguaje legislativo ofrece una perspectiva
estratégica que puede contribuir al diseño de
normativas más eficaces y contextualizadas,
ajustadas a las demandas sociales contemporáneas.
En esta línea, el estudio desarrollado por
Araujo (2025) subraya la relevancia del tercer sector
en el fortalecimiento de las políticas públicas sobre
drogas en Brasil. Mediante un enfoque cualitativo,
el autor sostiene que la participación de
organizaciones no gubernamentales constituye un
elemento clave para complementar la acción estatal
y garantizar servicios adecuados de prevención y
rehabilitación. Este planteamiento resulta pertinente
para el caso peruano, en tanto evidencia la necesidad
de articular esfuerzos intersectoriales que atiendan
la creciente demanda de atención integral para los
usuarios de sustancias.
Del mismo modo, Monte & Brito (2023)
analizan el proceso de legalización del cannabis en
Chile, destacando que dicha transformación
normativa ha requerido una reforma significativa en
la terminología legal. Los hallazgos indican que la
adopción de un lenguaje más flexible y adaptado a
los contextos socioculturales contribuye a
normalizar y regular el uso de ciertas sustancias,
abriendo el camino hacia marcos legales más
eficaces. Esta experiencia puede ser ilustrativa para
el Perú, al sugerir que la adecuación terminológica
permite una discusión social más abierta y menos
estigmatizante sobre el consumo de drogas.
Por su parte, Flores (2023) estudia la
interacción entre acuerdos sociales y políticas
públicas, enfatizando que el uso estratégico del
lenguaje normativo facilita el diálogo entre los
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diversos actores involucrados. Este aporte refuerza
la importancia de clarificar la terminología asociada
al consumo de drogas con el objetivo de propiciar
un debate más constructivo que articule salud
pública, derechos humanos y legislación.
En otro ámbito, el trabajo de Souza &
Teshima (2023) examina la gestión de activos en el
contexto de políticas contra el narcotráfico en
Brasil, concluyendo que una terminología jurídica
precisa no solo fortalece la respuesta al crimen
organizado, sino que también optimiza el uso de los
recursos destinados a estas políticas. Esta
conclusión respalda la necesidad de revisar el
lenguaje legal en Perú para mejorar tanto la eficacia
normativa como la eficiencia institucional.
En su análisis, se plantea que la elección de un
lenguaje legal orientado al cuidado y no a la
criminalización puede influir positivamente en la
orientación general de las políticas públicas,
acercándolas a un enfoque centrado en la salud
pública y los derechos fundamentales. Este
argumento refuerza la necesidad de redefinir
determinados términos dentro del marco legal
vigente.
Discusión de Resultados
La discusión en torno a las definiciones
legales de los verbos “favorecer”, “promover” y
“facilitar” en la legislación sobre drogas constituye
una problemática de alta relevancia jurídica y social
en países como Perú, Colombia, México y Chile. A
pesar de los esfuerzos implementados en estas
jurisdicciones para abordar el fenómeno del
consumo y tráfico de sustancias, persisten desafíos
significativos en torno a la ambigüedad
terminológica y su adecuada interpretación. Las
implicancias de estas definiciones afectan no solo la
correcta aplicación de las normas legales, sino
también la percepción social respecto al consumo de
drogas.
En este marco, el trabajo de Fajuri (2023)
plantea una comparación crítica entre la normativa
vigente en Perú y Chile, evidenciando cómo la
interpretación de los verbos mencionados puede
repercutir severamente en la imposición de
sanciones, así como en la ejecución de políticas de
salud pública asociadas al consumo de sustancias.
Complementariamente, Torres (2022) sostiene que,
en el contexto colombiano, dichos términos se
utilizan de manera estratégica en función de
intereses políticos, generando tensiones entre
enfoques punitivos y sociales. Este hallazgo
refuerza la idea de que la ambigüedad terminológica
abre el camino a aplicaciones dispares según el
contexto ideológico o institucional.
El análisis de la legislación peruana muestra
que la falta de precisión en la definición de estos
verbos genera confusión tanto entre los operadores
del sistema de justicia como en la ciudadanía. Dicha
ambigüedad puede derivar en decisiones judiciales
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dispares, particularmente en aquellos casos donde se
atribuye a un individuo la condición de “facilitador”
o “promotor” del consumo, sin criterios claramente
delimitados. En este sentido, Velasco-Andrade &
Reyes-Baque (2023) advierten que, en contextos
juveniles, la interpretación del verbo “favorecer”
puede vincularse a conductas de normalización del
consumo, lo cual debe ser cuidadosamente
considerado en la formulación de políticas
preventivas.
En contraste, el caso chileno evidencia una
evolución en la terminología jurídica, especialmente
en el proceso de legalización del cannabis. Fajuri
(2023) examina cómo este proceso ha exigido
ajustes en el lenguaje normativo con el fin de
promover una regulación más adecuada. Por su
parte, Geliz et al., (2022) señalan que la elección de
términos en el discurso legislativo ha limitado la
eficacia de la comunicación pública, afectando la
forma en que se perciben los beneficios de la
regularización. Estas observaciones permiten
entender que el lenguaje jurídico incide
profundamente en la construcción de narrativas
sociales en torno al consumo de drogas.
El enfoque comparado entre Colombia,
México y Chile permite identificar divergencias
relevantes en el tratamiento legal de los verbos
analizados. En Colombia, el proceso de posconflicto
ha influido en una reinterpretación de términos
como “favorecer” y “promover”, especialmente en
relación con las necesidades de reconciliación
(Torres, 2022). En México, en cambio, persiste un
enfoque predominantemente sancionador, tal como
advierte Pedraza et al., (2021), quienes destacan que
el lenguaje punitivo empleado en la normativa
contribuye a estigmatizar a los consumidores,
reforzando visiones criminalizantes.
Una dimensión crítica del debate es el impacto
de las definiciones jurídicas en la percepción social.
Velasco-Andrade & Reyes-Baque (2023) sostienen
que un marco normativo con carga punitiva refuerza
el estigma social, mientras que una redefinición
orientada al enfoque de salud pública podría
fomentar estrategias más inclusivas y menos
discriminatorias. En esta misma línea, las narrativas
construidas desde la legislación pueden determinar
si los usuarios de drogas son comprendidos como
sujetos de derecho o como infractores, con claras
repercusiones en sus oportunidades de reintegración
social y acceso a servicios de atención.
Además, la jerarquización normativa que cada
país adopta frente al fenómeno del consumo refleja
profundas divergencias culturales y políticas. En
Chile, la regulación del cannabis ha promovido un
lenguaje jurídico más orientado al diálogo social
(Fajuri, 2023), mientras que en Perú y México
prevalecen enfoques centrados en la
criminalización, lo que plantea interrogantes sobre
la eficacia de dichas políticas en la reducción del
daño y la promoción de la salud.
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En esta perspectiva, una posible vía de mejora
en el caso peruano sería adoptar mecanismos
participativos que involucren a distintos actores
sociales en el diseño de políticas sobre drogas. La
experiencia brasileña, documentada por Fernández
et al., (2023), demuestra que la articulación con
organizaciones del tercer sector puede fortalecer
significativamente las acciones preventivas y de
rehabilitación, además de promover una revisión
crítica del lenguaje jurídico vigente. De esta manera,
se podrían consolidar programas más integrales,
orientados a la atención de los consumidores desde
un enfoque de derechos.
No obstante, esta investigación reconoce
limitaciones relevantes. La carencia de una
definición legal uniforme en torno a los términos
estudiados dificulta la comparación transversal
entre países. Asimismo, los factores sociopolíticos
propios de cada nación introducen variables que
restringen la generalización de los resultados.
Futuras investigaciones podrían beneficiarse del uso
de metodologías cualitativas, tales como entrevistas
a legisladores y expertos, a fin de comprender con
mayor profundidad los procesos discursivos y
normativos que subyacen al uso de estos verbos
(Molina-Chala et al., 2022).
En consecuencia, se recomienda que los
estudios posteriores no se limiten a la dimensión
semántica de la legislación, sino que aborden
también las repercusiones prácticas de estas
definiciones en la vida de las personas usuarias de
drogas. Tal enfoque podría contribuir al desarrollo
de marcos normativos más coherentes y equitativos,
alineados con una visión de salud pública y de
protección de derechos, que permita afrontar con
mayor justicia el fenómeno del consumo de
sustancias (Tenconi et al., 2020).
Conclusiones
El presente artículo ha abordado el análisis de
las definiciones legales de los verbos “favorecer”,
“promover” y “facilitar” en el marco de la
legislación sobre drogas en Perú, con una
perspectiva comparativa frente a los ordenamientos
jurídicos de Colombia, México y Chile. Los
hallazgos obtenidos evidencian que, si bien estos
términos presentan similitudes semánticas entre los
países analizados, sus interpretaciones y
aplicaciones normativas difieren sustancialmente,
generando impactos diversos en la implementación
de las políticas públicas. En el caso peruano, el uso
de un lenguaje predominantemente punitivo tiende
a reforzar la criminalización del consumo de drogas
y a alimentar el estigma social hacia las personas
usuarias, en contraste con el contexto chileno, donde
se observa una transición progresiva hacia marcos
normativos más flexibles, especialmente en lo
relativo a la regulación del cannabis. Esta
divergencia resalta la necesidad de adoptar enfoques
normativos más claros y equitativos que integren la
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dimensión de salud pública y el respeto a los
derechos humanos.
El desarrollo de esta investigación ha
cumplido de manera rigurosa el objetivo de
identificar y analizar las diferencias en el uso de los
verbos seleccionados dentro de la legislación sobre
drogas. Se ha constatado que tales diferencias no
solo radican en el plano interpretativo, sino que
también influyen en la manera en que las políticas
son formuladas, aplicadas y percibidas socialmente.
El análisis comparativo permitió observar que los
factores socioculturales, políticos y jurídicos de
cada país condicionan profundamente la orientación
de las políticas en materia de drogas, y que el
lenguaje normativo empleado posee un papel
determinante en la adopción de medidas punitivas o
de carácter rehabilitador.
Este estudio, enmarcado en una revisión
sistemática, ha permitido situar las conclusiones en
un contexto metodológico sustentado en la
evaluación crítica y estructurada de la literatura
existente. Esta aproximación ha facilitado no solo la
identificación de patrones discursivos y tendencias
legislativas, sino también la detección de vacíos
temáticos relevantes relacionados con la
terminología jurídica específica empleada en el
tratamiento del consumo y tráfico de sustancias.
Así, se reafirma la importancia de avanzar hacia una
mayor coherencia lingüística en los marcos legales,
que posibilite interpretaciones jurídicas más
consistentes y orientadas a la equidad.
Las implicancias de esta revisión invitan a
repensar los modelos legislativos desde un
paradigma centrado en la dignidad humana y en el
enfoque de salud pública. En esta línea, se propone
que futuras investigaciones profundicen en
metodologías participativas e interdisciplinares que
integren las perspectivas de actores sociales clave,
tales como personas usuarias de drogas,
organizaciones de la sociedad civil y operadores del
sistema de justicia. De igual modo, se recomienda la
realización de estudios longitudinales orientados a
evaluar los efectos concretos de las reformas
normativas en la percepción pública y en la eficacia
de las políticas implementadas, lo cual permitiría
generar evidencia empírica para la mejora continua
de los marcos regulatorios.
En conclusión, los resultados obtenidos
subrayan la urgencia de revisar críticamente las
terminologías legales vigentes, asegurando que
estas se encuentren alineadas con un enfoque
comprensivo, inclusivo y respetuoso de los derechos
fundamentales. Solo a través de un lenguaje jurídico
claro y humanizado será posible avanzar hacia
políticas sobre drogas que respondan de forma
efectiva, ética y sostenible a los desafíos sociales
contemporáneos.
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