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LEGÍTIMA DEFENSA Y CONTROL SOCIAL: IMPLICACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES
EN LA REGULACIÓN DE LA VIOLENCIA PRIVADA
SELF-DEFENSE AND SOCIAL CONTROL: LEGAL AND SOCIAL IMPLICATIONS IN THE
REGULATION OF PRIVATE VIOLENCE
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 08/08/2025
Aceptado: 10/09/2025
Publicado: 16/09/2025
Código Único AV: e548
Páginas: 1(1559-1575)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17132694
Autores:
Claudia Lluén Espino
Abogada
Maestra en Gestión Pública
https://orcid.org/0000-0002-5194-3581
E-mail: clluen@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: Lima - Republica del Perú
César Augusto Lluén Vallejos
Doctor en Estadística e Informática
https://orcid.org/0009-0008-0312-1584
E-mail: clluenvallejos@gmail.com
Afiliación: Universidad Nacional del Altiplano
Puno
País: Puno - República del Perú
Resumen
Este artículo analiza el impacto de la Ley N.º 32026 peruana, que
elimina el requisito de proporcionalidad en la legítima defensa. Su
objetivo es examinar la relación entre legítima defensa y control social
tras esta reforma, considerando sus implicaciones jurídicas y sociales.
Utilizando un enfoque cualitativo y un análisis bibliográfico de fuentes
primarias (Ley N.º 32026, Código Penal peruano) y literatura científica
en derecho penal, derecho comparado y sociología jurídica, el estudio
emplea una metodología descriptiva-interpretativa. Se comparan
sistemas jurídicos internacionales para contextualizar la reforma. Los
resultados muestran que la eliminación de la proporcionalidad
incrementa el riesgo de arbitrariedad y violencia privada. La expansión
del uso de fuerza letal, incluso sin agresión previa, desequilibra la
regulación pública y privada de la fuerza, tensionando los mecanismos
formales e informales de control social. Se concluye que se necesita un
enfoque integrador, combinando análisis jurídico y sociológico, para
lograr una aplicación justa y efectiva de la legítima defensa,
equilibrando la protección individual con el orden público.
Palabras Clave
Legítima defensa, control social, violencia
privada
Abstract
This article analyzes the impact of Peruvian Law No. 32026, which
eliminates the proportionality requirement in self-defense. Its objective
is to examine the relationship between self-defense and social control
following this reform, considering its legal and social implications.
Employing a qualitative approach and a bibliographic analysis of
primary sources (Law No. 32026, Peruvian Penal Code) and scientific
literature in criminal law, comparative law, and legal sociology, the
study uses a descriptive-interpretative methodology. International legal
systems are compared to contextualize the reform. The results show that
eliminating proportionality increases the risk of arbitrariness and private
violence. The expansion of the use of lethal force, even without prior
aggression, unbalances the public and private regulation of force,
straining formal and informal mechanisms of social control. It is
concluded that an integrative approach, combining legal and
sociological analysis, is needed to achieve a fair and effective
application of self-defense, balancing individual protection with public
order.
Keywords
Self-defense, social control, private violence
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Introducción
El reconocimiento de la legítima defensa
como derecho para la protección de bienes jurídicos
propios o ajenos frente a situaciones de peligro o
amenaza está establecido en la Constitución Política
del Perú (art. 2, inc. 3), su aplicación práctica
presenta desafíos recurrentes: ambigüedad
interpretativa, posibles excesos, riesgos de
discriminación, falta de claridad en sus requisitos,
impacto en la seguridad pública y efectos sociales
(Pérez López, 2023).
El presente artículo se centra en el análisis de
la legítima defensa y su relación con el control
social, en el marco de las recientes modificaciones
legislativas introducidas por la Ley N.º 32026 en el
Perú. La legítima defensa es un instituto jurídico
esencial que reconoce el derecho a usar la fuerza
para proteger bienes jurídicos propios o ajenos
frente a una agresión ilegítima. Sin embargo, como
señalan Cueva & López, 2024, la referida reforma
ha modificado sustancialmente los criterios para su
aplicación, eliminando el requisito de
proporcionalidad en la respuesta defensiva y
ampliando el ámbito de ejercicio, incluyendo la
posibilidad del uso de fuerza letal en situaciones de
ingreso ilegítimo a inmuebles.
El problema central de esta investigación
radica en las implicaciones jurídicas y sociales que
conlleva la eliminación de la proporcionalidad
como requisito para la legítima defensa, así como la
expansión del derecho a la fuerza letal. Esta
situación plantea interrogantes sobre el equilibrio
entre la autonomía individual para la autoprotección
y la necesidad de control social para evitar excesos
y mantener el orden público.
A la fecha, existe un vacío en el análisis crítico
que integre la dimensión jurídica con la sociológica
en relación con estas modificaciones, especialmente
en el contexto peruano contemporáneo. La
relevancia del estudio radica en que la legítima
defensa, además de ser un derecho reconocido en la
Constitución Política del Perú (art. 2, inc. 3), es un
mecanismo clave para la regulación del uso de la
fuerza privada. Su correcta interpretación y
aplicación resultan vitales para prevenir
arbitrariedades, garantizar la justicia y preservar la
seguridad ciudadana. En este sentido, la reforma
legislativa introduce un cambio paradigmático que
puede incrementar la violencia privada y afectar la
legitimidad de los mecanismos formales e
informales de control social, lo cual, como expresa
Brauer & Chaurand (2010), siempre requieren una
evaluación rigurosa y multidisciplinaria.
Este análisis se sustenta en un marco teórico
que combina la dogmática penal clásica de la
legítima defensa, basada en los principios de
necesidad, proporcionalidad y amenaza inminente
(Wilenmann, 2017; Trikoz, 2019), con teorías
sociológicas sobre el control social y su papel en la
regulación de conductas violentas (Chaurand &
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Brauer, 2008; Brauer & Chakroun, 2005).
Asimismo, se incorpora el derecho comparado para
evidenciar tendencias y desafíos similares en otros
países que han enfrentado reformas análogas, como
México (González et al., 2021).
El objetivo principal de este artículo es
analizar la relación entre la legítima defensa y el
control social, considerando las modificaciones
introducidas por la Ley N.º 32026 en el contexto
peruano, con el fin de identificar sus implicaciones
jurídicas y sociales, y de eso modo contribuir al
debate académico sobre la regulación del uso de la
fuerza privada.
La investigación se desarrolla en el contexto
jurídico-político peruano, caracterizado por una
creciente preocupación ciudadana y estatal frente a
la inseguridad y la violencia, que ha impulsado
reformas legales orientadas a fortalecer la
protección individual. Esta coyuntura demanda una
reflexión crítica sobre los límites y alcances del
derecho a la legítima defensa, así como sobre su
interacción con los mecanismos de control social
que sostienen la convivencia pacífica (Charles &
Miller, 2024).
Metodología
Este estudio emplea un enfoque cualitativo,
fundamentado en la necesidad de comprender la
compleja interacción entre el instituto jurídico de la
legítima defensa, el control social y las recientes
modificaciones normativas introducidas por la Ley
N.º 32026 en el contexto peruano. Es decir, busca
comprender un aspecto de la realidad jurídica
(Casazola, 2022; Aranzamendi, 2015). Este enfoque
permite explorar con detalle las dimensiones
jurídicas, sociales y culturales implicadas,
favoreciendo un análisis interpretativo que va más
allá de la mera descripción normativa (Hernández et
al, 2018).
Se clasifica como investigación básica, ya que
se analizó una faceta concreta de la realidad y se
comprobaron los problemas asociados (Aguirre &
Pabón, 2020), siendo el propósito principal es el
enriquecimiento del conocimiento teórico y
conceptual sobre la legítima defensa y su relación
con el control social, particularmente en el contexto
de la reforma legal mencionada. Esta clasificación
responde a la intención de aportar fundamentos
académicos sólidos que puedan sustentar futuras
investigaciones aplicadas o formulación de políticas
públicas (Sánchez et al, 2018).
El estudio se desarrolla a través de un análisis
bibliográfico y una metodología descriptiva-
interpretativa. El análisis bibliográfico incluye la
revisión de fuentes jurídicas primarias, como la Ley
N.º 32026 y el Código Penal peruano, así como de
literatura científica relevante en derecho penal,
derecho comparado y sociología jurídica. Además,
se incorporan referencias a estudios académicos que
abordan la legítima defensa y el control social en
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contextos nacionales e internacionales, con el fin de
establecer un marco comparativo.
La metodología descriptiva-interpretativa se
orienta a examinar las modificaciones introducidas
en el artículo 20 del Código Penal peruano,
identificando sus implicaciones legales y sociales.
Este análisis se realiza mediante la interpretación
crítica de los textos normativos y doctrinales,
considerando tanto los principios clásicos de la
legítima defensa como las perspectivas sociológicas
sobre la regulación del comportamiento violento. La
combinación de estas técnicas permite articular una
visión integral, que conecta la dimensión normativa
con sus efectos en el control social y la convivencia
ciudadana.
Finalmente, la investigación se enmarca en el
contexto peruano contemporáneo, caracterizado por
un escenario de inseguridad y demandas sociales
por una mayor protección individual, lo que otorga
relevancia práctica y actual al estudio. Este contexto
justifica la elección metodológica y orienta la
interpretación de los resultados, asegurando que los
hallazgos sean pertinentes tanto desde una
perspectiva académica como para la reflexión
política y social.
Resultados y discusión
En esta sección se presentan y analizan los
principales hallazgos derivados del estudio sobre la
legítima defensa y su relación con el control social
en el contexto de las reformas introducidas por la
Ley N.º 32026 en el contexto peruano. Esta sección,
se estructura en cuatro ejes fundamentales que
permiten abordar integralmente las dimensiones
jurídicas, sociológicas y normativas del fenómeno.
Primero, se examinan los fundamentos y
criterios tradicionales de la legítima defensa junto
con su aplicación comparada a nivel internacional.
En segundo lugar, se explora la teoría del control
social como marco para comprender los
mecanismos formales e informales que regulan el
comportamiento social y su papel en la prevención
de la violencia. Luego, se analiza la interacción
dinámica entre el control social y la legítima
defensa, enfatizando cómo las modificaciones
legales impactan en esta relación. Finalmente, se
evalúan las implicaciones jurídicas y sociales
derivadas de la modificación normativa,
considerando sus posibles efectos en la convivencia
y el orden público. Este enfoque integrador busca
aportar una visión crítica y multidisciplinaria que
contribuya a la reflexión académica y práctica sobre
la regulación del uso de la fuerza privada.
Fundamentos y aplicación internacional de la
legítima defensa
Aquí se desarrolla el análisis de la legítima
defensa, describiendo sus elementos esenciales. Se
incluyen comparaciones con ordenamientos
internacionales relevantes, destacando similitudes y
diferencias normativas, así como desafíos en su
aplicación práctica.
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La legítima defensa es un instituto jurídico
reconocido universalmente, cuya estructura
tradicional se fundamenta en tres elementos
esenciales: la amenaza inminente, la
proporcionalidad y la necesidad. En primer lugar, la
amenaza inminente implica que la acción defensiva
debe responder a un peligro inmediato e ilegal que
atente contra la vida, la dignidad, la familia, la
libertad o la propiedad (Ghodsi, 2003; Gergin, 2016;
López, 2021). En segundo término, la
proporcionalidad exige que la fuerza utilizada para
repeler dicha amenaza sea equilibrada y adecuada al
nivel de peligro enfrentado, descartando el uso
excesivo de la fuerza como justificación válida
(Trikoz, 2019; Smirnov, 2021). Finalmente, la
necesidad establece que la defensa debe ser
imprescindible para evitar el daño; si existen medios
alternativos para prevenir la amenaza, estos deben
ser priorizados antes de recurrir a la defensa activa
(Efendi et al., 2025; Burdziak & Ambrus, 2021).
La revisión comparativa de ordenamientos
internacionales muestra particularidades
interesantes. En Irán, el Código Penal reconoce la
legítima defensa en situaciones específicas
relacionadas con la protección de la vida, la
dignidad y la propiedad, detallando claramente las
condiciones tanto para el ataque como para la
defensa (Ghodsi, 2003; Gergin, 2016). En China, la
Opinión Orientadora sobre la Aplicación Legal del
Sistema de Legítima Defensa intenta clarificar su
aplicación, especialmente en casos de mujeres
maltratadas que recurren a la defensa extrema contra
sus agresores, aunque persisten dificultades en la
práctica (Jingyu et al., 2024). Argentina, por su
parte, examina la legítima defensa en contextos no
confrontativos como la violencia de género,
enfatizando la importancia de que los tribunales
reconozcan estas circunstancias dentro del marco
normativo internacional (Herrera et al., 2021). En
India, el Código Penal incluye disposiciones que
permiten la defensa privada para proteger a uno
mismo o a terceros bajo condiciones específicas,
regulando también la proporcionalidad y
oportunidad de las acciones defensivas (Trikoz,
2019).
El derecho internacional define la legítima
defensa principalmente a través de los principios de
necesidad y proporcionalidad, tal como se establece
en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Este artículo consagra explícitamente el derecho a la
legítima defensa en caso de ataque armado contra un
Estado miembro, lo que permite la adopción de
medidas defensivas inmediatas hasta que el Consejo
de Seguridad de la ONU intervenga para mantener
la paz y la seguridad internacionales. (Elgawari,
2025; Monserrat Filho, 2011).
No obstante, la aplicación de la legítima
defensa enfrenta desafíos significativos. Entre estos,
los malentendidos tanto en el ámbito público como
judicial sobre el alcance y los límites de la legítima
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defensa pueden derivar en decisiones inconsistentes
y dificultades para acreditar la justificación legal
(Jingyu et al., 2024). En consecuencia, se subraya la
necesidad de reformas legales continuas y de
interpretaciones judiciales actualizadas que aborden
las problemáticas emergentes, asegurando así una
aplicación justa y adecuada del instituto jurídico
(Domínguez & Torres, 2020; Haque, 2011). Este
marco teórico destaca la complejidad y relevancia
de la legítima defensa dentro del derecho
contemporáneo, reflejando tanto sus principios
universales como sus adaptaciones regionales y los
retos que enfrenta en la práctica.
Para ilustrar la complejidad y diversidad en la
aplicación del principio de legítima defensa a nivel
internacional, se presenta a continuación una Tabla
comparativa (Ver Tabla 1) que resume sus
elementos esenciales, su tratamiento en diferentes
sistemas jurídicos y los desafíos que plantea su
aplicación práctica. Esta Tabla permitirá
contextualizar el análisis de la situación peruana y
evaluar la pertinencia de las recientes
modificaciones legislativas.
Aspecto
Descripción
Elementos
esenciales
La legítima defensa se basa en tres
elementos: amenaza inminente
(respuesta a peligro inmediato e ilegal
contra bienes jurídicos),
proporcionalidad (uso equilibrado y
adecuado de la fuerza), y necesidad
(defensa imprescindible frente a la
amenaza).
Comparación
internacional
- Irán: Reconoce legítima defensa para
proteger vida, dignidad y propiedad,
con condiciones claras para ataque y
defensa.
- China: Aplicación en casos de mujeres
maltratadas, aunque existen
dificultades prácticas.
- Argentina: Enfatiza el reconocimiento
de la legítima defensa en violencia de
género dentro del marco internacional.
- India: Regula defensa privada con
criterios de proporcionalidad y
oportunidad.
Derecho
internacional
El Artículo 51 de la Carta de la ONU
establece el derecho a la legítima
defensa ante ataque armado a un Estado
miembro, permitiendo medidas
defensivas inmediatas hasta la
intervención del Consejo de Seguridad.
Desafíos en la
aplicación
Malentendidos públicos y judiciales
sobre el alcance y límites de la legítima
defensa generan decisiones
inconsistentes y dificultan acreditar
justificación legal. Se requieren
reformas legales e interpretaciones
judiciales actualizadas.
Tabla 1. La legítima defensa a nivel internacional
En resumen, se destaca la variabilidad en la
interpretación y aplicación de la legítima defensa a
nivel internacional, reflejando las diferencias
culturales y jurídicas entre los distintos sistemas. Si
bien los principios básicos de amenaza inminente,
proporcionalidad y necesidad suelen estar presentes,
su concreción práctica y la ponderación de estos
elementos difieren significativamente. La necesidad
de reformas legales y una interpretación judicial
actualizada que aborde los malentendidos y las
dificultades en la acreditación de la justificación
legal se confirma como un desafío común a nivel
global.
Teoría y función del control social en la
regulación del comportamiento violento
La teoría del control social constituye un pilar
esencial dentro de la criminología contemporánea,
ofreciendo una perspectiva clave para entender las
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causas de la delincuencia y guiar la formulación de
políticas eficaces en el ámbito de la justicia penal.
Esta teoría pone especial énfasis en el papel que
desempeñan tanto los controles directos como los
indirectos, principalmente aquellos que se ejercen
en el seno de la familia y en otras instituciones
sociales, en la prevención y reducción de conductas
delictivas (Rankin & Wells, 2018). Según esta
visión, los vínculos sociales sólidos con entidades
como la familia, la escuela y la comunidad actúan
como factores protectores, disminuyendo la
probabilidad de que un individuo incurra en actos
delictivos al destacar las consecuencias negativas y
sanciones asociadas a dichas conductas (Britt,
2015).
El control social, en este sentido, es un
mecanismo indispensable mediante el cual las
sociedades regulan el comportamiento de sus
miembros, manifestando desaprobación hacia
aquellos que transgreden las normas establecidas y,
con ello, contribuyendo a la cohesión social. Esta
regulación puede materializarse en formas formales,
como la aplicación de leyes y sanciones legales, así
como en formas informales, que incluyen
expresiones directas de desaprobación social en
interacciones cotidianas (Chaurand & Brauer, 2008;
Brauer & Chakroun, 2005; Clarke, 2014). El control
social informal se caracteriza por la presencia de
interacciones personales inmediatas, donde los
individuos señalan directamente a quienes infringen
las normas, proceso que está condicionado por
elementos como la percepción de desviación, la
legitimidad que se atribuye al acto de control y las
emociones que experimentan quienes observan la
conducta desviada (Brauer & Chaurand, 2010;
Chaurand & Brauer, 2008).
La relación entre el control social y el derecho
penal es de complementariedad mutua, ya que
ambos sistemas dependen uno del otro para lograr
una efectividad plena. Sin la existencia de controles
sociales informales, el sistema formal de justicia
penal podría verse abrumado por la cantidad de
casos, mientras que, sin la amenaza real de
sanciones legales formales, los controles informales
perderían en gran medida su autoridad y
credibilidad ante la sociedad (Clarke, 2014).
Asimismo, en el desarrollo de estrategias para la
prevención y control del crimen han surgido nuevos
enfoques que van más allá del modelo disciplinario
tradicional, incorporando conceptos como la
predicción del comportamiento delictivo y la
prevención anticipada, que se integran y
complementan entre sí para optimizar la gestión del
control social (Singelnstein, 2025).
Además, la actuación del control social está
influenciada por diversos determinantes que
condicionan su eficacia. Entre estos destaca la
responsabilidad percibida, entendida como el grado
de implicación personal que sienten los individuos
frente a un comportamiento considerado desviado,
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lo cual incrementa la probabilidad de que decidan
intervenir para corregirlo (Brauer & Chaurand,
2010).
Otro factor crucial es la legitimidad percibida
de la acción de control, ya que esta no solo afecta la
decisión de ejercerla, sino también la manera en que
el infractor recibe y responde a dicha acción
(Chaurand & Brauer, 2008; Nugier et al., 2007). Por
último, el contexto cultural desempeña un papel
determinante, observándose que las sociedades con
una orientación colectivista tienden a ejercer un
control social más intenso y riguroso en
comparación con las sociedades individualistas,
donde la autonomía personal tiene mayor peso
(Brauer & Chaurand, 2010).
En síntesis, la teoría del control social ofrece
un marco comprensivo para analizar cómo las
relaciones sociales y las instituciones contribuyen a
la regulación del comportamiento, enfatizando la
importancia tanto de los mecanismos formales
como informales. Su comprensión es fundamental
para diseñar políticas públicas que fomenten la
cohesión social y reduzcan la incidencia delictiva,
reforzando los lazos comunitarios y promoviendo la
legitimidad de las acciones de control dentro de un
contexto cultural determinado.
Interrelación entre control social y legítima
defensa: tensiones y desafíos
La legítima defensa, como manifestación
particular del control social, permite a los individuos
ejercer violencia autorizada para protegerse de
agresiones. La Ley N.º 32026 en Perú, al ampliar la
autonomía individual para el uso de la fuerza letal y
eliminar el requisito de proporcionalidad, expande
significativamente la violencia privada legítima,
generando tensiones y desafíos importantes. Esta
expansión, calificada como una "nueva ilegalidad"
por Charles & Miller (2024), desequilibra la
regulación pública del uso de la fuerza frente a la
autorización privada de la violencia. Si bien las
normas sociales y mecanismos informales de
control siguen siendo cruciales, incluso en contextos
con regulación formal débil (Gong, 2015), la
modificación legal introduce nuevas complejidades.
La Tabla 2 a continuación, sintetiza las
diferencias y puntos de convergencia entre ambos
conceptos:
Aspecto
Control social
Legítima Defensa
Definición
Reacción social
para regular
conductas
desviadas
Derecho individual a
usar fuerza para
autoprotección
Mecanismos
Formales (ley) e
informales
(presión social)
Marcos jurídicos
autorizantes del uso
de la fuerza privada
Determinantes
Responsabilidad
percibida,
legitimidad,
contexto cultural
Regulaciones
jurídicas, normas
sociales, derechos
individuales
Tabla 2. Diferencias y convergencias
La interacción entre control social y legítima
defensa se manifiesta en varios niveles; el control
social formal (leyes y sanciones) y el informal
(presión social) interactúan con los marcos jurídicos
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que autorizan el uso de la fuerza privada. La
responsabilidad percibida, la legitimidad de la
acción y el contexto cultural (Brauer & Chaurand,
2010) influyen en la eficacia del control social, y
estos mismos factores impactan la aplicación de la
legítima defensa. La Tabla anterior resume las
diferencias y convergencias entre ambos conceptos,
destacando que la legítima defensa no opera
aisladamente, sino que se integra en una red
compleja de normas formales e informales que
configuran la convivencia y el orden público.
Impacto jurídico y social de la reforma normativa
sobre la legítima defensa en el Perú
La Ley N.º 32026 introduce modificaciones al
artículo 20 del Código Penal peruano,
particularmente al numeral 3, que afectan
directamente la configuración tradicional de la
legítima defensa. Al eliminar el requisito de
proporcionalidad en la evaluación de la "necesidad
racional del medio empleado" y ampliar el ámbito
de aplicación incluyendo el uso de fuerza letal en
situaciones de ingreso ilegítimo a inmuebles, esta
reforma altera los fundamentos clásicos del instituto
jurídico, generando implicaciones significativas
tanto desde la perspectiva jurídica como
sociológica.
Desde el análisis jurídico, la legítima defensa
se sustenta en la concurrencia de tres elementos
esenciales: amenaza inminente, proporcionalidad y
necesidad. La proporcionalidad ha servido
históricamente como criterio fundamental para
equilibrar la respuesta defensiva, limitando el uso
excesivo de la fuerza y garantizando que la reacción
sea adecuada al nivel de peligro enfrentado (Trikoz,
2019; Smirnov, 2021). La eliminación de este
requisito desplaza el enfoque hacia una valoración
más amplia basada en la intensidad y peligrosidad
de la agresión, la conducta del agresor y los medios
disponibles para la defensa, lo que introduce un
mayor margen de discrecionalidad subjetiva (Ley
N.º 32026, Artículo 1).
Este cambio normativo implica riesgos
evidentes de interpretaciones arbitrarias y excesos,
dado que la proporcionalidad no solo regula la
respuesta defensiva, sino que también protege
contra la escalada innecesaria de violencia y
garantiza la preservación del orden público (Cueva
& López, 2024). La ampliación para permitir el uso
de fuerza letal incluso sin agresión previa, como en
el caso del ingreso ilegítimo, representa una
expansión significativa del derecho individual a la
autoprotección, que puede conllevar a un
incremento de conflictos violentos y a una mayor
dificultad para distinguir entre defensa legítima y
actos de violencia injustificada (Yancapallo, 2025).
En este contexto, el rol de los operadores judiciales,
como el Ministerio Público, impone un mayor
control en la verificación de la legalidad de las
detenciones, especialmente en casos de flagrancia,
adquiere una relevancia fundamental, en tanto que
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la falta de una verificación de la legalidad puede
resultar en la violación de derechos fundamentales
y en la nulidad de procedimientos judiciales (Mio,
2024).
Desde la perspectiva del control social, esta
reforma plantea un cambio en la dinámica de
regulación del comportamiento violento. El control
social, entendido como el conjunto de mecanismos
formales e informales que la sociedad utiliza para
regular conductas, se ve tensionado por la
delegación ampliada de autoridad para ejercer
violencia privada. La legítima defensa, en este
nuevo marco, se convierte en una forma particular
de control social que habilita a los individuos para
actuar directamente contra las violaciones
percibidas a sus derechos, sin la intervención
inmediata del Estado o de las normas sociales
informales que tradicionalmente moderan estas
acciones (Charles & Miller, 2024).
Esta ampliación puede erosionar la
legitimidad percibida del control social formal e
informal, ya que, al facilitar el uso de la fuerza letal
con menor restricción, se corre el riesgo de
deslegitimar las normas sociales que promueven la
resolución pacífica de conflictos y el respeto mutuo.
Además, la ausencia de proporcionalidad puede
debilitar la responsabilidad percibida y el sentido de
legitimidad que sustentan el control social informal,
pues la violencia desproporcionada tiende a ser
percibida como injusta y, por ende, genera rechazo
social (Brauer & Chaurand, 2010; Chaurand &
Brauer, 2008).
En contextos socioculturales donde
predomina una cultura colectivista, el control social
tiende a ser más intenso y regulador; sin embargo,
la reforma podría fomentar una cultura de violencia
privada que obstaculice la cohesión social y
complique la convivencia, especialmente en
comunidades marginadas donde el acceso a
mecanismos formales de justicia es limitado (Brauer
& Chaurand, 2010; Charles & Miller, 2024). La
experiencia comparada con México, donde
reformas similares eliminó la proporcionalidad en la
legítima defensa, evidencia dificultades para
establecer criterios claros que eviten la arbitrariedad
y la impunidad, resaltando la importancia de
mantener estándares jurídicos que equilibren la
protección individual con el control social
(González et al., 2021).
Finalmente, la inclusión del supuesto de
"situación de peligro inminente" en espacios como
el hogar, vehículo o lugar de trabajo, si bien busca
ampliar la protección del individuo, introduce un
elemento subjetivo que puede aumentar la
incertidumbre en la valoración judicial y fomentar
respuestas desproporcionadas o erróneas (Ley N.º
32026, Artículo 1). La perspectiva del agredido, que
Wilenmann (2017) destaca como central para la
evaluación de la legítima defensa, adquiere aún más
relevancia en este contexto, pero también implica un
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desafío para la estandarización y objetividad en la
aplicación de la norma.
Por lo tanto, la modificación normativa
introducida por la Ley N.º 32026 redefine la
legítima defensa en el Perú, generando un impacto
profundo en la relación entre el derecho individual
a la autoprotección y los mecanismos de control
social que regulan la convivencia. La eliminación de
la proporcionalidad y la ampliación del uso de la
fuerza letal pueden aumentar la violencia privada y
debilitar las formas tradicionales de regulación
social, lo que demanda una interpretación judicial
rigurosa y el desarrollo de mecanismos
complementarios que aseguren un equilibrio
adecuado entre protección individual y
mantenimiento del orden público. Esta
reformulación normativa pone en evidencia la
complejidad y la necesidad de un enfoque
integrador que contemple tanto los aspectos
jurídicos como sociales para garantizar una
aplicación justa y efectiva de la legítima defensa.
Conclusiones
El análisis sobre la legítima defensa y su
vínculo con el control social, en el marco de las
modificaciones introducidas por la Ley N.º 32026
en el Perú, permite extraer varias conclusiones
relevantes para el debate jurídico y social
contemporáneo.
En primer lugar, la eliminación del requisito
de proporcionalidad en la legítima defensa
representa un cambio sustancial en la configuración
tradicional del instituto jurídico, desplazando el
equilibrio que históricamente ha regulado el uso
adecuado de la fuerza en situaciones de agresión.
Esta reforma amplía el margen de discrecionalidad
subjetiva, lo que genera riesgos significativos de
arbitrariedad y excesos, con potenciales
consecuencias negativas para la seguridad pública y
el mantenimiento del orden.
En segundo término, la ampliación del
derecho a emplear fuerza letal ante situaciones de
ingreso ilegítimo a inmuebles introduce una
dimensión novedosa que puede fomentar un
incremento en la violencia privada y complicar la
distinción entre actos legítimos de defensa y
conductas violentas injustificadas. Este aspecto
demanda un abordaje judicial riguroso y una
interpretación normativa cuidadosa para evitar la
impunidad y preservar los derechos fundamentales.
En tercer lugar, desde la perspectiva del
control social, la reforma afecta la dinámica
tradicional de regulación de conductas violentas, al
delegar mayor autoridad en el individuo para ejercer
violencia legítima, lo que puede erosionar tanto la
legitimidad percibida de los mecanismos formales
como informales de control social. Esta situación
plantea desafíos para la cohesión social y la
convivencia pacífica, especialmente en contextos
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socioculturales donde la regulación comunitaria
juega un papel fundamental.
Finalmente, el estudio subraya la necesidad de
un enfoque integrador que combine el análisis
jurídico con la comprensión sociológica para
abordar las implicaciones complejas de esta reforma
legal. Se recomienda promover interpretaciones
judiciales que establezcan criterios claros y
equilibrados, así como el desarrollo de políticas
públicas complementarias que fortalezcan los
mecanismos formales e informales de control social,
garantizando así un equilibrio adecuado entre la
protección individual y el interés colectivo.
En suma, la modificación normativa
introducida por la Ley N.º 32026 redefine el
paradigma de la legítima defensa en el Perú,
imponiendo la urgente tarea de evaluar sus efectos
prácticos y sociales para asegurar una aplicación
justa, responsable y que contribuya efectivamente a
la seguridad y al orden público.
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