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USO DE RECURSOS NATURALES PARA GENERAR FONDOS PÚBLICOS Y MEJORAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO
USING NATURAL RESOURCES TO GENERATE PUBLIC FUNDS AND IMPROVE
ECONOMIC DEVELOPMENT
Tipo de Publicación: Articulo Científico
Recibido: 04/06/2025
Aceptado: 05/07/2025
Publicado: 28/08/2025
Código Único AV: e523
Páginas: 1 (1266-1287)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16985662
Autor:
César Augusto Cruz Flores
Magíster en Gestión Pública
Doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad
https://orcid.org/0009-0005-0540-0665
E-mail: cesarcruzflores76@gmail.com
Afiliación: Universidad César Vallejo
País: Republica del Perú
Resumen
El presente artículo tuvo como objetivo revisar el uso de recursos
naturales en la generación de fondos públicos para mejorar el desarrollo
económico y sostenibilidad ambiental cuya economía depende de su
explotación. Se siguieron las directrices de PRISMA para asegurar un
análisis riguroso y transparente de los artículos seleccionados y evaluar
críticamente las evidencias disponibles. Se obtuvieron 25 artículos de
diversas disciplinas: economía, ciencias políticas, gestión ambiental y
estudios sociales quedando 11 para su discusión. Dentro de los
resultados se determinó que los ingresos de recursos naturales son clave
para financiar servicios públicos, aunque implican riesgos como la
volatilidad de precios, sobreexplotación y conflictos sociales. Se
concluye que en los últimos años el uso de recursos naturales para
financiar el gasto público ha ganado importancia en países en desarrollo.
Una alta dependencia energética frena el progreso de los países
subdesarrollados al desviar recursos del crecimiento y utilizar divisas
en combustibles en vez de herramientas y tecnología. Los fondos de
recursos naturales son herramientas valiosas para gestionar la riqueza
derivada de la extracción de petróleo en países productores. Sin
embargo, su éxito depende de una gobernanza transparente, un marco
legal bien definido y la participación pública en la toma de decisiones.
Palabras Clave
Recursos naturales, fondos públicos,
financiamiento.
Abstract
The objective of this article was to review the use of natural resources
in the generation of public funds to improve economic development and
environmental sustainability whose economy depends on their
exploitation. PRISMA guidelines were followed to ensure a rigorous
and transparent analysis of the selected articles and to critically evaluate
the available evidence. 25 articles from various disciplines were
obtained: economics, political science, environmental management and
social studies, leaving 11 for discussion. Among the results, it was
determined that natural resource revenues are key to financing public
services, although they involve risks such as price volatility,
overexploitation and social conflicts. It is concluded that in recent years
the use of natural resources to finance public expenditure has gained
importance in developing countries. A high energy dependence slows
down the progress of underdeveloped countries by diverting resources
from growth and using foreign currency in fuels instead of tools and
technology. Natural resource funds are valuable tools for managing the
wealth derived from oil extraction in producing countries. However, its
success depends on transparent governance, a well-defined legal
framework, and public participation in decision-making.
Keywords
Natural resources, public funds, financing
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Introducción
La gestión y aprovechamiento de los recursos
naturales se ha consolidado como un factor clave en
el diseño de políticas públicas orientadas al
desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento
de la capacidad financiera del Estado. En contextos
donde la disponibilidad de estos recursos representa
una ventaja comparativa significativa, su utilización
racional no solo contribuye a la generación de
ingresos públicos, sino que también posibilita la
ejecución de proyectos sociales, la inversión en
infraestructura y la dinamización de sectores
productivos estratégicos. No obstante, la
explotación desmedida o ineficiente de estos bienes
puede derivar en desequilibrios ambientales,
conflictos territoriales y limitaciones a largo plazo
en la sostenibilidad del crecimiento económico.
En este escenario, resulta pertinente
reflexionar sobre el papel que desempeña el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales como herramienta estratégica para
fortalecer las finanzas públicas y promover un
desarrollo económico equitativo, inclusivo y
ambientalmente responsable. A partir de esta
premisa, surge la pregunta de investigación: ¿De
qué manera el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales incide en la generación de fondos
públicos y en el fortalecimiento del desarrollo
económico de un país o región?
El objetivo general de esta investigación es
analizar cómo el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales contribuye a la generación de
fondos públicos y al fortalecimiento del desarrollo
económico. En función de ello, se plantean como
objetivos específicos: examinar los mecanismos
mediante los cuales los recursos naturales son
gestionados para obtener ingresos fiscales;
identificar las políticas públicas que promueven la
sostenibilidad en la explotación de estos recursos;
evaluar el impacto económico y social de los fondos
públicos generados a partir de dicha explotación; y
proponer recomendaciones para mejorar la
articulación entre sostenibilidad ambiental,
rentabilidad fiscal y desarrollo económico integral.
Esta investigación busca ofrecer una base
analítica que permita vincular los principios del
desarrollo sostenible con las necesidades fiscales
del Estado y con el bienestar colectivo de la
población.
Desarrollo
Recursos naturales y economía: una visión
estratégica
Los recursos naturales representan un
componente estratégico en el desarrollo económico
de los países, especialmente en aquellos cuya
riqueza natural constituye una ventaja comparativa
relevante (Rahim et al., 2021). Desde una
perspectiva económica, estos bienes no solo son
insumos para la producción, sino también activos
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que pueden generar ingresos fiscales, atraer
inversión y dinamizar sectores clave de la economía.
No obstante, su gestión implica desafíos
complejos relacionados con la sostenibilidad, la
equidad y la eficiencia en el uso de los recursos
(Brunet et al., 2021). En este contexto, surge la
necesidad de un enfoque integral que permita
aprovechar los recursos naturales sin comprometer
el equilibrio ecológico ni la estabilidad económica.
La experiencia internacional ha demostrado que la
sobreexplotación o la mala administración de estos
recursos puede derivar en fenómenos como la
“paradoja de la abundancia”, donde el crecimiento
económico a corto plazo se ve acompañado por
desequilibrios estructurales, conflictos sociales y
degradación ambiental. Por ello, es fundamental
implementar políticas públicas que integren
criterios de sostenibilidad, transparencia y
participación ciudadana (Kaldor, 2021).
De esta manera, el aprovechamiento
estratégico de los recursos naturales debe trascender
la visión extractiva tradicional y orientarse hacia un
modelo de desarrollo que priorice la conservación,
la redistribución justa de los beneficios y el
fortalecimiento institucional (Chilán et al., 2021).
Concebir estos recursos como motores de
transformación estructural, y no solo como fuentes
de ingreso inmediato, es clave para consolidar
economías resilientes, diversificadas y alineadas
con los objetivos del desarrollo sostenible (Soriano
et al., 2023).
El papel del estado en la economía y la gestión de
recursos
El Estado desempeña un rol fundamental en la
economía, no solo como regulador y garante del
orden jurídico, sino también como agente activo en
la asignación de recursos, redistribución del ingreso
y provisión de bienes públicos (Gonzales et al.,
2021). En el marco del desarrollo económico, su
intervención se justifica ante fallas del mercado,
asimetrías de información y desequilibrios sociales
que requieren de políticas públicas que garanticen
equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esta función se
vuelve aún más relevante en sectores estratégicos
como el de los recursos naturales, donde el interés
colectivo debe prevalecer sobre la lógica puramente
lucrativa (Martínez & Salazar, 2023).
En la gestión de los recursos naturales, el
Estado actúa como administrador del patrimonio
natural, estableciendo normas de uso, mecanismos
de fiscalización y esquemas de distribución de la
renta generada (Acevedo & Ariza, 2021). A través
de instrumentos como las concesiones, regalías,
impuestos específicos y contratos de participación,
se busca canalizar los beneficios derivados de la
explotación hacia el financiamiento de servicios
esenciales, la inversión en infraestructura y el
desarrollo territorial. La calidad de esta gestión
incide directamente en la capacidad del Estado para
convertir la riqueza natural en progreso económico
y bienestar social (Prats, 2023).
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Por ello, una gobernanza efectiva de los
recursos requiere instituciones sólidas, marcos
normativos coherentes y procesos de toma de
decisiones que integren criterios técnicos,
ambientales y sociales (Macias & Gaibor, 2023). El
papel del Estado, en este sentido, no se limita a
regular la extracción, sino que implica liderar una
visión estratégica que articule sostenibilidad
ambiental, rentabilidad fiscal y justicia distributiva.
Solo así es posible transformar los recursos
naturales en una verdadera palanca de desarrollo
sostenible (Muradov, 2023).
Sostenibilidad en la explotación de recursos
naturales
La sostenibilidad en la explotación de
recursos naturales implica una gestión racional que
equilibre las necesidades económicas actuales con
la preservación de los ecosistemas y la garantía de
acceso para las generaciones futuras (Ramírez,
2022). Este principio, ampliamente difundido desde
el Informe Brundtland (1987), establece que el
desarrollo no puede considerarse completo si no
contempla simultáneamente el crecimiento
económico, la equidad social y la protección
ambiental. En ese sentido, la explotación de los
recursos debe integrar tecnologías limpias,
mecanismos de control ambiental y estrategias de
uso eficiente (Velázquez, 2024).
En la práctica, la sostenibilidad requiere
políticas públicas que regulen los niveles de
extracción, establezcan límites ecológicos y
promuevan la restauración ambiental en zonas
afectadas (Rahim et al., 2021). Asimismo, es
necesario incorporar criterios técnicos en los
procesos de toma de decisiones, tales como
evaluaciones de impacto ambiental, planes de
manejo sostenible y participación comunitaria.
El objetivo es mitigar los efectos negativos de
la explotación, como la deforestación, la
contaminación del agua o la pérdida de
biodiversidad, que comprometen la resiliencia de
los territorios y su potencial productivo a largo plazo
(Jahanger et al., 2022).
Finalmente, la sostenibilidad no debe
entenderse como un obstáculo al desarrollo, sino
como una estrategia que fortalece su viabilidad en el
tiempo. La explotación responsable de los recursos
naturales puede generar beneficios fiscales y
económicos sostenibles si se apoya en un marco de
gobernanza ambiental transparente, con indicadores
de desempeño claros y procesos de monitoreo
continuo (Zia et al., 2021). Este enfoque no solo
asegura la estabilidad de los ecosistemas, sino que
también mejora la legitimidad de las instituciones y
promueve un modelo de desarrollo más equitativo e
inclusivo (Azam et al., 2023).
Generación de fondos públicos a partir de los
recursos naturales
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La explotación de recursos naturales
representa una de las principales fuentes de ingreso
para muchos Estados, especialmente en economías
dependientes de la minería, el petróleo, el gas o la
explotación forestal (Ben et al., 2021). Estos
recursos, al ser bienes estratégicos, permiten al
Estado captar fondos públicos a través de
mecanismos como regalías, impuestos específicos,
concesiones, contratos de explotación o
participación directa en la producción. Esta
recaudación contribuye significativamente al
financiamiento de servicios públicos esenciales, la
inversión en infraestructura y la estabilidad
macroeconómica (Awosusi et al., 2022).
Sin embargo, la eficiencia en la generación de
estos fondos depende de la estructura fiscal, la
calidad de la gobernanza y la transparencia en la
gestión de los ingresos provenientes de los recursos
naturales (Zhao et al., 2022). En algunos contextos,
la ausencia de controles adecuados o la débil
capacidad institucional ha dado lugar a fenómenos
como la evasión, la elusión fiscal o la corrupción, lo
cual limita el potencial redistributivo y de desarrollo
que estos ingresos podrían ofrecer. Por ello,
organismos internacionales como el FMI y la
CEPAL promueven modelos de gestión fiscal más
sólidos y sostenibles que garanticen el uso adecuado
de estos fondos en beneficio colectivo (Li et al.,
2023).
Adicionalmente, se hace necesario que la
política fiscal vinculada a los recursos naturales esté
alineada con criterios de sostenibilidad y equidad
territorial. La implementación de fondos de
estabilización, mecanismos de distribución
intergubernamental y presupuestos participativos
puede fortalecer el impacto positivo de esta renta en
las regiones productoras y reducir asimetrías
históricas (Khan et al., 2022). Así, los ingresos
generados a partir del aprovechamiento de los
recursos naturales no solo deben entenderse como
un medio para fortalecer las finanzas públicas, sino
como una herramienta estratégica para fomentar un
desarrollo económico inclusivo y ambientalmente
responsable (Ali et al., 2021).
Políticas públicas y gobernanza ambiental
Las políticas públicas ambientales constituyen
el conjunto de decisiones, normativas e
instrumentos que orientan la acción del Estado para
proteger, conservar y utilizar sosteniblemente los
recursos naturales. Estas políticas se sustentan en
marcos legales y regulatorios que establecen
principios como la prevención, la precaución, la
participación ciudadana y la responsabilidad
compartida. Su implementación es fundamental
para garantizar un equilibrio entre el desarrollo
económico y la conservación de los ecosistemas,
especialmente en contextos donde la presión sobre
los recursos naturales es elevada debido a
actividades extractivas intensivas (Ali et al., 2021).
En este contexto, la gobernanza ambiental se
presenta como un componente clave que articula a
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los diferentes actores, Estado, sector privado,
sociedad civil y comunidades locales en la toma de
decisiones y en la gestión de los bienes naturales. La
buena gobernanza se caracteriza por la
transparencia, la rendición de cuentas, la equidad
intergeneracional y el acceso a la información
ambiental (Boeing et al., 2022). Cuando estos
principios se cumplen, se fortalece la legitimidad
institucional y se incrementa la efectividad de las
políticas públicas. Sin embargo, en muchos países
de América Latina, aún persisten desafíos
relacionados con la debilidad institucional, la falta
de coordinación intersectorial y la escasa inclusión
de las poblaciones vulnerables en los procesos
decisionales (Lisha et al., 2023).
Por tanto, es indispensable avanzar hacia
modelos de gobernanza ambiental que integren
enfoques participativos, territoriales y basados en
evidencia científica. Esto implica la necesidad de
diseñar políticas públicas coherentes con los
objetivos del desarrollo sostenible y con las metas
de adaptación y mitigación al cambio climático
(Khan et al., 2022). Además, es necesario establecer
mecanismos de evaluación y seguimiento que
permitan ajustar las políticas de forma dinámica y
garantizar que los recursos naturales sean
gestionados de manera eficiente, justa y resiliente.
De este modo, la articulación entre políticas
públicas y gobernanza ambiental se convierte en un
pilar fundamental para lograr un desarrollo
equilibrado, inclusivo y ecológicamente
responsable (Nguyen et al., 2023).
Instrumentos fiscales aplicados a los recursos
naturales
Los instrumentos fiscales aplicados a los
recursos naturales son mecanismos mediante los
cuales el Estado capta parte del valor económico
generado por su explotación. Entre los más comunes
se encuentran los impuestos a la renta de recursos,
las regalías, los cánones y las contribuciones
específicas (Nguyen et al., 2023). Estos
instrumentos permiten al Estado no solo recaudar
ingresos para financiar el gasto público, sino
también ejercer control sobre la explotación de los
bienes naturales, incentivando prácticas sostenibles
y penalizando aquellas que generen impactos
ambientales negativos. Su correcta aplicación
contribuye a internalizar las externalidades
derivadas de las actividades extractivas y promueve
una mayor responsabilidad social y ambiental por
parte de las empresas (Ning et al., 2023).
La eficacia de estos instrumentos depende de
varios factores, como el diseño normativo, la
capacidad de fiscalización, la transparencia en la
gestión de los ingresos y la estabilidad jurídica. Por
ejemplo, las regalías ad valorem calculadas sobre el
valor bruto del recurso extraído pueden generar
ingresos constantes, pero no siempre reflejan las
ganancias reales de las empresas, lo que lleva a
complementar estos esquemas con impuestos sobre
utilidades extraordinarias (Boeing et al., 2022). A su
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vez, la implementación de fondos de estabilización
fiscal permite enfrentar la volatilidad de los precios
internacionales de los commodities, protegiendo así
las finanzas públicas ante fluctuaciones del
mercado. Estos mecanismos también deben
considerar criterios de progresividad y equidad
territorial, especialmente en regiones productoras
que demandan mayores beneficios por la extracción
local de recursos (Liu et al., 2022).
En este marco, la reforma y modernización de
los instrumentos fiscales resulta esencial para una
gestión eficiente y sostenible de los recursos
naturales. Los sistemas fiscales deben alinearse con
los principios del desarrollo sostenible, integrando
variables ambientales y sociales en el cálculo de
tributos y asegurando que la renta generada sea
distribuida de manera equitativa (Liu et al., 2022).
Asimismo, es clave promover la transparencia
mediante la adopción de estándares internacionales
como la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI), lo que fortalece la
rendición de cuentas y la confianza ciudadana. En
definitiva, los instrumentos fiscales no deben ser
concebidos únicamente como mecanismos
recaudatorios, sino como herramientas estratégicas
para el desarrollo económico, la justicia territorial y
la protección ambiental (Yin & Xu, 2022).
Impacto de los ingresos públicos en el desarrollo
económico
Los ingresos públicos derivados de la
explotación de recursos naturales constituyen una
herramienta clave para dinamizar el desarrollo
económico, especialmente en países con alta
dependencia de estos bienes estratégicos (Lisha et
al., 2023). A través de la inversión pública en
sectores como infraestructura, educación, salud,
tecnología e innovación, el Estado puede crear
condiciones propicias para el crecimiento
económico sostenido y la mejora del bienestar
colectivo. Esta asignación eficiente del gasto
permite multiplicar los efectos positivos de los
recursos fiscales, generando empleo, fortaleciendo
capacidades productivas y promoviendo la inclusión
social (Tan et al., 2023).
Sin embargo, el impacto real de dichos
ingresos en el desarrollo económico depende en
gran medida de la calidad de su gestión. En muchos
casos, la abundancia de renta extractiva ha derivado
en fenómenos como la “maldición de los recursos”,
caracterizada por ineficiencia en el gasto,
corrupción, concentración de riqueza y baja
diversificación económica (Hidayat et al., 2024).
Esta situación pone de relieve la necesidad de
establecer marcos institucionales sólidos que
aseguren la asignación estratégica y transparente de
los fondos públicos, así como su vinculación con
planes de desarrollo territorial y políticas de
sostenibilidad a largo plazo (Chen et al., 2023).
Por consiguiente, maximizar el impacto
positivo de los ingresos públicos provenientes de los
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recursos naturales exige una visión integral que
articule crecimiento económico con equidad y
sostenibilidad (Zafar et al., 2022). Esto implica
fortalecer los sistemas de planificación pública,
priorizar inversiones con alto valor social agregado
y garantizar la participación ciudadana en el control
del gasto público. Solo mediante esta orientación
estratégica es posible transformar los recursos
naturales en un motor estructural del desarrollo,
capaz de reducir brechas económicas y territoriales,
y de consolidar un modelo de crecimiento inclusivo
y resiliente (Yu et al., 2023).
Modelos teóricos que vinculan la sostenibilidad y
económica
Los modelos teóricos que articulan
sostenibilidad y economía han evolucionado como
respuesta a la necesidad de integrar las dimensiones
ambiental, social y económica en los procesos de
desarrollo. Uno de los enfoques más influyentes es
el del desarrollo sostenible, propuesto por el
Informe Brundtland (1987), que plantea satisfacer
las necesidades del presente sin comprometer las
capacidades de las futuras generaciones (Tufail et
al., 2021). Este paradigma ha servido como marco
base para numerosos modelos analíticos y
normativos que promueven la conservación de los
recursos naturales como pilar del crecimiento
económico equilibrado (Raihan, 2023).
Entre los modelos más destacados se
encuentra la economía ecológica, que reconoce los
límites biofísicos del planeta y plantea que la
actividad económica debe estar subordinada a la
capacidad de carga de los ecosistemas (Yasmeen et
al., 2021). Desde esta perspectiva, se promueve la
internalización de externalidades, el uso racional de
los bienes comunes y la evaluación integral del
capital natural. A diferencia de la economía
ambiental clásica, que considera los problemas
ecológicos como fallas del mercado, la economía
ecológica cuestiona los fundamentos del
crecimiento económico infinito y aboga por una
transformación estructural hacia sistemas más
resilientes y regenerativos (Arslan et al., 2022).
Asimismo, modelos como la economía
circular y el capitalismo natural han ganado
relevancia en los últimos años al proponer
estrategias de innovación productiva que minimicen
residuos, optimicen el uso de materiales y reduzcan
la dependencia de recursos no renovables
(Fernandes et al., 2021). Estas propuestas teóricas y
prácticas buscan reconfigurar las cadenas de valor
desde una lógica de eficiencia ecológica y justicia
intergeneracional, ofreciendo alternativas viables
para una transición hacia un modelo económico más
sostenible. En conjunto, estos marcos conceptuales
permiten analizar críticamente las políticas
públicas, los instrumentos fiscales y las estrategias
de desarrollo en torno al aprovechamiento
responsable de los recursos naturales (Muhammad
et al., 2021).
Enfoques interdisciplinarios para analizar la
gestión de recursos en contextos complejos
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La gestión de recursos naturales en contextos
caracterizados por alta complejidad social,
ambiental y económica exige enfoques
interdisciplinarios que superen las visiones
sectoriales tradicionales. Estos enfoques integran
conocimientos de diversas disciplinas como la
economía, la ecología, la sociología, la ciencia
política y el derecho, con el fin de comprender las
múltiples dimensiones que intervienen en el uso,
conservación y gobernanza de los recursos (Zhang
et al., 2021). La complejidad surge no solo de la
interacción entre sistemas naturales y humanos, sino
también de la diversidad de actores involucrados,
los conflictos de intereses y la incertidumbre
inherente a los procesos ecológicos y
socioeconómicos (Zhang & Dilanchiev, 2022).
Uno de los marcos más utilizados es el
enfoque de sistemas socioecológicos, que considera
a los recursos naturales como parte de sistemas
dinámicos, interdependientes y adaptativos. Este
enfoque permite analizar cómo las decisiones
políticas, los valores culturales, las instituciones
locales y los cambios ambientales interactúan para
influir en los resultados de la gestión (Jie et al.,
2023). A su vez, se ha fortalecido el uso del análisis
institucional, que estudia las reglas formales e
informales que regulan el acceso y uso de los
recursos, así como su impacto en la equidad y
sostenibilidad. Estas aproximaciones ayudan a
diseñar políticas públicas más contextualizadas,
capaces de abordar tanto las causas estructurales
como las consecuencias emergentes de una mala
gestión (Usman et al., 2022).
Además, los enfoques interdisciplinarios
fomentan la participación activa de comunidades
locales y actores no estatales, reconociendo su
conocimiento tradicional y su rol estratégico en la
conservación y el manejo sostenible. El diálogo
entre saberes técnicos y saberes comunitarios se
convierte en un elemento clave para generar
soluciones legítimas, eficaces y culturalmente
pertinentes (Zhang et al., 2022). En este sentido, la
investigación interdisciplinaria no solo enriquece la
comprensión de los problemas, sino que también
amplía las posibilidades de intervención, al ofrecer
respuestas integradas que atiendan tanto a la
resiliencia ecológica como al bienestar social y a la
eficiencia económica (Zhao & Rasoulinezhad,
2023).
Metodología
Se siguieron las directrices de PRISMA para
asegurar un análisis riguroso y transparente de los
artículos seleccionados y evaluar críticamente las
evidencias disponibles. Se implementó una
búsqueda estructurada en bases de datos académicas
como JSTOR, Scopus, Google Académico y Web of
Science, utilizando términos clave como recursos
naturales, fondos públicos y gestión sostenible. La
búsqueda se limitó a artículos de 2020 a 2024 para
asegurar su relevancia. Criterios de inclusión: a)
artículos sobre recursos naturales como
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financiamiento público; b) estudios de políticas
sobre su explotación y efectos económicos; c)
análisis de sostenibilidad e impacto social y
ambiental. Se excluyeron estudios sobre teorías
económicas sin aplicación a recursos naturales y sin
datos empíricos. Se evaluaron y seleccionaron los
artículos relevantes tras leer sus resúmenes y, en
algunos casos, los textos completos. Inicialmente se
obtuvieron 25 artículos de diversas disciplinas:
economía, ciencias políticas, gestión ambiental y
estudios sociales. Se usó codificación y análisis
temático para identificar patrones en la literatura,
agrupando estudios por políticas, efectos en fondos
públicos y recomendaciones para mejorar la gestión,
quedando 11 para su discusión (Ver Tabla 1).
Estudios sobre el uso de recursos naturales y
fondos públicos
Base de datos: SCOPUS, JSTOR,
HEINONLINE
25
Análisis de relevancia y calidad de estudios
20
Selección de información relevante para
análisis
11
Tabla 1. Método PRISMA para selección de publicaciones
Fuente: Elaboración propia (2024)
Ecuador
4
Colombia
2
Perú
2
México
1
Venezuela
1
Chile
1
Tabla 2. Selección de publicaciones por países
Fuente: Elaboración propia (2024).
Resultados
Autor
Año
País
Publicación
Resultados
Conclusión
(Rebellón
Sánchez &
Dávila Cruz)
2024
Colombia
Indígenas Sikuanis e
Hidrocarburos:
Tensiones, Conflictos,
Uso y Tenencia
de la Tierra del Bloque
Petrolífero Rubiale
Los indígenas
sufrieron afectaciones
por la falta de consulta
previa en la extracción
de petróleo en
Rubiales, generando
tensiones y conflictos
por la tierra.
Los pueblos
indígenas apoyan el
desarrollo
colombiano, pero
exigen garantías para
su supervivencia,
revelando las fallas
del Estado.
(Requelme
Paladines &
Vera Zhuma)
2024
Ecuador
La minería a gran
escala y su incidencia
en la recaudación
En Ecuador se
implementaron leyes
para regular la
Ecuador está en una
fase de adaptación
para la extracción de
ISSN: 2665-0398
Volumen: 4, Número: 10, Año: 2023 (julio-2023 a diciembre-2023)
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1278
tributaria: El caso de la
Provincia de Zamora
Chinchipe-Ecuador
exploración y
explotación de
recursos naturales,
incluida la minería a
gran escala. La Ley de
Minería de 2009
regula derechos y
obligaciones de
concesionarios y su
explotación.
minerales a gran
escala, con margen
para mejorar su
sistema tributario y
normativo.
(Vásquez
Archila &
García
Fajardo)
2024
Venezuela
Red socio productiva
petrolera para la
complementariedad y
sustentabilidad en
Latinoamérica
Impulsar el
intercambio de bienes
y servicios, la
transferencia de
tecnología y
conocimiento del
capital humano entre
empresas petroleras
para fortalecer
economías y empresas.
En el contexto
latinoamericano, las
empresas petroleras
de la región importan
crudo de países del
Medio Oriente o de
Estados Unidos a
pesar de los altos
costos de transporte,
mostrando poca
Cooperación entre
ellas.
(Villaverde)
2023
Perú
La participación
ciudadana y la
consulta previa en el
sector minero peruano:
una crítica a la
sentencia recaída en el
exp. 03066-2019-
PA/TC del Tribunal
Constitucional
En Perú, los recursos
naturales son
patrimonio de la
Nación, a diferencia de
las teorías
patrimonialistas que
consideran al Estado
como propietario.
La concesión minera
y la propiedad del
terreno son distintas
y coexisten. La
minería en Perú debe
negociar con las
comunidades para
acceder a los
terrenos.
(Agostini,
2023)
2023
Chile
Rentas económicas,
tributación y royalties
El sistema tributario
busca recaudar
recursos para financiar
bienes y servicios
públicos del Estado.
En la mayoría de los
países, el Estado posee
los recursos, y al
cederlos a un privado,
se espera un pago por
su valor económico.
Un royalty a los
recursos no
renovables debe
captar las rentas
económicas de su
explotación, aunque
su diseño y magnitud
pueden causar
distorsiones.
(Salazar
Moran &
Ayón Lucio)
2023
Ecuador
Los ingresos
petroleros y su
impacto en las
finanzas públicas del
Ecuador.
Ecuador produce y
exporta petróleo, pero
el aumento de ingresos
petroleros se traduce
en un mayor gasto
público en derivados.
Se debe definir la
política pública en
Ecuador según la
dependencia del
presupuesto estatal
(Ramírez Salas
& Vargas
Zamora)
2023
México
Sector petrolero,
contexto internacional
e implicaciones en las
finanzas públicas de
México
Son 25 naciones las
que exportan el 94%
de petróleo en el
mercado, dentro de
estos se encuentran
países latinos:
México, Venezuela,
Buena parte de las
exportaciones se
dirigen a Medio
Oriente, lo que
implica una
transferencia
relevante de recursos
públicos hacia
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Brasil, Colombia y
Ecuador.
diversas zonas del
mundo. La dinámica
de exportación es
interesante.
(BCE)
2023
Ecuador
Análisis del sector
petrolero
Petroecuador ha
realizado mejoras
operativas en la
extracción de crudo, lo
que causó un
incremento en la
producción nacional
de petróleo en el cuarto
trimestre de 2022 en
comparación contra el
trimestre anterior.
Los esfuerzos de la
EP Petroecuador para
aumentar la
producción de crudo
llevaron al
incremento en la
producción nacional
de petróleo en Año
2022.
(Maldonado
Barrantes)
2022
Perú
Calidad de gobierno,
renta petrolera y
crecimiento
económico en países
latinoamericanos.
América Latina ha
mostrado un
crecimiento
económico positivo en
las últimas décadas.
Altas rentas del
petróleo deterioran la
calidad
gubernamental. Altas
tasas de crecimiento
económico mejoran la
calidad del gobierno.
La eficiencia
gubernamental
depende del
crecimiento
económico y de las
rentas de recursos
naturales como el
petróleo.
(Morales
Maridueña,
Guadalupe
Sánchez,
Sánchez
Jiménez, &
Cedeño
Salazar)
2022
Ecuador
Impacto de la
actividad petrolera en
las finanzas de
Ecuador.
El sector público no
financiero (SPNF)
tiene dos fuentes de
ingresos: el petróleo y
los ingresos no
petroleros del Estado.
En general, los
ingresos no petroleros
superan a los
petroleros, alcanzando
hasta un 69% del total,
ya que Ecuador
produce menos
petróleo que otros
países como
Venezuela.
Los ingresos por la
comercialización del
petróleo son
cruciales para las
finanzas de Ecuador.
(Poveda
Hinestrosa)
2022
Colombia
Noruega y la
maldición del
petróleo: un estudio
monográfico
El hallazgo de
yacimientos petroleros
en el Mar del Norte en
1969 resultó en un
crecimiento del 500%
de la economía
noruega entre 1970 y
1980. Noruega ha
dependido del
comercio internacional
como motor de
crecimiento
Noruega tiene una
economía altamente
industrializada y
especializada, con
una población
altamente preparada
en comparación
contra otras naciones
petroleras.
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Volumen: 4, Número: 10, Año: 2023 (julio-2023 a diciembre-2023)
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1280
económico desde su
periodo de
industrialización.
Tabla 3: Estudios revisados sobre recursos naturales, fondos públicos, financiamiento
Fuente: Elaboración propia (2024)
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Discusión
Los hallazgos de esta revisión evidencian que,
si bien los recursos naturales representan una fuente
importante de ingreso para muchos Estados, su
impacto en el desarrollo económico está
profundamente condicionado por la calidad
institucional, la estructura de gobernanza y el diseño
de las políticas públicas. En países como Ecuador,
Colombia o Venezuela, el aprovechamiento de
recursos como el petróleo y la minería ha generado
beneficios fiscales considerables, pero también ha
revelado tensiones sociales, conflictos con
comunidades indígenas y desafíos en la
sostenibilidad ambiental.
La diversidad de resultados encontrados en los
estudios revisados permite establecer que no existe
una correlación automática entre explotación de
recursos naturales y desarrollo económico. De
hecho, casos como el de Noruega, analizado por
Poveda Hinestrosa (2022), demuestran que la
existencia de marcos regulatorios sólidos, una
institucionalidad eficiente y una ciudadanía
altamente formada son factores determinantes para
evitar la “maldición de los recursos”. En contraste,
los países latinoamericanos presentan
históricamente debilidades estructurales que
dificultan convertir la riqueza natural en progreso
inclusivo y sostenible.
Por otro lado, la falta de consulta previa a las
comunidades, evidenciada en estudios como el de
Rebellón & Dávila (2024), subraya la importancia
de incorporar mecanismos de participación
ciudadana y justicia territorial en la planificación y
ejecución de proyectos extractivos. Esta situación
pone en evidencia que, más allá de la captación de
rentas, lo que está en juego es la legitimidad social
de las políticas de desarrollo y el respeto por los
derechos colectivos.
Asimismo, la discusión muestra que los
instrumentos fiscales aplicados a los recursos
naturales, como las regalías o los impuestos sobre
utilidades extraordinarias, si bien son herramientas
valiosas, deben ser adaptadas a cada contexto
nacional. Su eficacia depende de factores como la
transparencia, la estabilidad normativa y la
capacidad de fiscalización, tal como destacan
Boeing et al., (2022) y Liu et al., (2022). Por tanto,
la mera existencia de ingresos no garantiza impactos
positivos si no se acompaña de una adecuada
planificación, ejecución y control del gasto público.
En este marco, los enfoques
interdisciplinarios emergen como indispensables
para abordar los complejos desafíos que plantea la
gestión de recursos naturales en contextos de alta
conflictividad y vulnerabilidad ambiental. El
enfoque de sistemas socioecológicos, por ejemplo,
permite comprender cómo interactúan factores
ecológicos, sociales, económicos e institucionales
en la configuración de políticas efectivas y
sostenibles.
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Volumen: 4, Número: 10, Año: 2023 (julio-2023 a diciembre-2023)
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1282
Conclusiones
El aprovechamiento de los recursos naturales
puede convertirse en una vía eficaz para generar
fondos públicos, pero su impacto positivo en el
desarrollo económico depende directamente de la
calidad de la gobernanza, la transparencia fiscal y la
sostenibilidad ambiental del modelo de gestión
implementado.
La implementación de políticas públicas
coherentes y participativas es crucial para evitar
conflictos territoriales, garantizar la equidad
intergeneracional y promover el uso responsable de
los recursos, tal como lo demuestran los casos de
Ecuador, Colombia y Perú.
Los instrumentos fiscales aplicados a los
recursos naturales deben diseñarse considerando
criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad, y su
éxito está condicionado por la capacidad
institucional del Estado para fiscalizar, redistribuir
y planificar con visión de largo plazo.
El desarrollo económico sostenible requiere
más que ingresos extractivos: exige fortalecer las
instituciones públicas, vincular los recursos a planes
de desarrollo territorial e invertir estratégicamente
en áreas con alto valor social agregado, como salud,
educación e infraestructura.
Una gestión efectiva de los recursos naturales
debe integrar enfoques interdisciplinarios y
participativos, que reconozcan la complejidad de los
sistemas socioecológicos y promuevan alianzas
entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades
locales.
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