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LA DIGNIDAD HUMANA Y LOS DESAFÍOS JURÍDICOS QUE CONLLEVA LA CRISIS DEL

HACINAMIENTO PENITENCIARIO

HUMAN DIGNITY AND THE LEGAL CHALLENGES THAT COME WITH THE CRISIS OF PRISON

OVERCROWDING

Tipo de Publicación: Artículo Científico

Recibido: 27/07/2024

Aceptado: 28/08/2024

Publicado: 11/10/2024

Código Único AV: e377

Páginas: 1 (1344-1364)

DOI: : https://zenodo.org/10.5281/zenodo.14080211/

Autores:

Merli Sadith Vásquez Echevarria

Abogada

Master en Derecho Penal y Procesal Penal

https://orcid.org/0000-0002-4973-6946

E-mail: mvasquezec@ucvvirtual.edu.pe

Afiliación: Universidad César Vallejo

País: Lima - República del Perú

Diego Conrado Ludeña Manco

Licenciado en Administración y Marketing

https://orcid.org/0000-0002-8680-3458

E-mail: U20151b634@upc.edu.pe

Afiliación: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

País: Lima - República del Perú

Nilton Isaías Cueva Quezada

Licenciado en Educación

Master en Gestión Pública y Gobernabilidad

https://orcid.org/0000-0002-1038-8884

E-mail: ncuevaq@ucvvirtual.edu.pe

Afiliación: Universidad César Vallejo

País: Lima - República del Perú

Violeta María De Piérola García

Abogada

Doctorado en Derecho

https://orcid.org/0000-0002-8075-0340

E-mail: vpierola@ucvvirtual.edu.pe

Afiliación: Universidad César Vallejo

País: Lima - República del Perú

Gerardo Francisco Ludeña González

Abogado

Magister en Derecho. Pontificia Universidad Católica del

Perú (PUCP)

Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad

https://orcid.org/0000-0003-4433-9471

E-mail: gludenag@ucv.edu.pe

Afiliación: Universidad César Vallejo

País: Lima - República del Perú

Resumen

Los países de América Latina se enfrentan actualmente a desafíos relacio-

nados con el hacinamiento penitenciario, donde una de las principales pro-

blemáticas son las condiciones de vida que experimentan los internos, ya

que no se les aseguran las condiciones mínimas para sobrevivir en estas ins-

tituciones, lo que vulnera su derecho fundamental a la Dignidad Humana.

El objetivo de esta investigación es analizar si la crisis del hacinamiento

penitenciario desafía la efectiva aplicación del principio de Dignidad Hu-

mana en el sistema jurídico. La metodología empleada fue una revisión es-

tructurada. Los principales hallazgos señalan que el hacinamiento en las cár-

celes es un problema extendido, causado principalmente por el uso excesivo

de la prisión preventiva, lo que no solo afecta la dignidad de los internos,

sino que también dificulta los esfuerzos de rehabilitación y reinserción so-

cial. En conclusión, se evidencia la necesidad de que los Estados de la región

implementen medidas integrales para abordar la crisis del hacinamiento pe-

nitenciario, lo que incluye la revisión de las políticas de encarcelamiento, la

mejora de las condiciones en las cárceles y el fortalecimiento de los progra-

mas de rehabilitación y reinserción social.

Palabras Clave:

Hacinamiento penitenciario, derechos humanos, pri-

sión preventiva, reforma penitenciaria.

Abstract

Latin American countries are currently facing challenges related to prison

overcrowding, where one of the main issues is the living conditions experi-

enced by inmates, as they are not provided with the minimum conditions to

survive in these institutions, thus violating their fundamental right to Human

Dignity. The main objective of this study is to analyze whether the crisis of

prison overcrowding challenges the effective application of the principle of

Human Dignity in the legal system. The methodology used was a structured

review. The main findings indicate that prison overcrowding is a widespread

problem, mainly caused by the excessive use of pretrial detention, which

not only undermines the dignity of inmates but also hinders efforts for reha-

bilitation and social reintegration. In conclusion, there is a need for the coun-

tries in the region to adopt comprehensive measures to address the crisis of

prison overcrowding, including reviewing incarceration policies, improving

prison conditions, and strengthening rehabilitation and social reintegration

programs.

Keywords:

Prison overcrowding, human rights, preventive detention,

prison reform.

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Introducción

La dignidad humana es un valor inmanente al

ser humano que deriva del reconocimiento de sus

derechos como miembro de una sociedad. En la me-

dida en que cada ser humano es digno de respeto,

puede reclamar el reconocimiento de su autonomía,

es decir, de su capacidad de elegir según su concien-

cia, sin coacciones provenientes de ninguna persona

o entidad del poder público que afecten su forma de

actuar o pensar. En consecuencia, la expresión "dig-

nidad de la persona" corresponde a una traducción

técnico-jurídica de una fórmula ética más general: el

reconocimiento del valor de la persona como centro

de la sociedad y del Estado.

Formalmente hablando, la dignidad humana

es un concepto pleno de carácter ético, moral y so-

cial, del cual derivan diversas obligaciones y dere-

chos, pero cuyo contenido no es dado de una vez

para siempre, sino que se desarrolla históricamente

en cada sociedad concreta, como una categoría que

se enriquece y se complejiza en virtud de una com-

prensión axiológica-pragmática de los derechos fun-

damentales.

Como principio nuclear de la constitución del

ser humano y base fundamental del ordenamiento

jurídico, la dignidad humana se proyecta en el sis-

tema penal en la medida en que éste es un medio de

interacción social tendiente a establecer un sistema

de mutuo respeto y colaboración, pero que paradó-

jicamente abarca potestades que conllevan

necesariamente derrotas parciales de ese sistema. En

definitiva, el sistema penal sancionatorio se erige

sobre la negación de aquel principio nuclear de su

ser. A esto se le agrega el peso histórico de la pena,

consecuencia de haber usurpado el Estado, en el pa-

sado remoto, la venganza como instrumento de con-

trol social. Desde sus mismos orígenes, en efecto, el

Derecho Penal se levanta sobre el antagonismo de

dos posiciones básicas: la de quien ejerce el Orden

mediante el recurso a la violencia legítima, que

inevitablemente conlleva la sombra de la infamia,

que afecta absolutamente esa esencia.

En este sentido, el hacinamiento penitenciario

constituye un desafío global que impacta los siste-

mas de justicia y puede comprometer los derechos

fundamentales de los reclusos. Este problema, pre-

sente en distintas partes del mundo, comparte rasgos

comunes que amenazan los derechos de las personas

privadas de libertad. Según Chará-Ordóñez (2020),

esta crisis no solo se relaciona con la falta de espacio

físico en las prisiones, sino también con la deficiente

prestación de servicios esenciales, la seguridad y las

oportunidades de reintegración social, afectando

gravemente las garantías fundamentales de los De-

rechos Humanos y obstaculizando la implementa-

ción efectiva de políticas penales enfocadas en la

rehabilitación.

En el contexto europeo, en la investigación de

Ruiz-Narezo et al., (2022) se evidencia que la edu-

cación social en los centros penitenciarios emerge

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como una herramienta crucial para fomentar la dig-

nidad y facilitar la reinserción de los reclusos., in-

cluso en situaciones de sobrepoblación, por ende, es

imperativo mantener y fortalecer los programas so-

ciales.

Los países de la región americana evidencian

una crisis (Zavaleta Vargas et al., 2022) ya que los

centros penitenciarios que alberga a los varones se

encuentran sobrepoblados a causa del uso abusivo

de la medida cautelar personal, fenómeno que no so-

lamente contribuye al hacinamiento, sino que tam-

bién pone en grave riesgo la salud y la vida de los

reclusos.

Por tal motivo, que en la investigación de

Arango-Ojeda y Maldonado-Ruiz (2024) se mani-

fiesta de forma alarmante el aumento de los niveles

de hacinamiento, el cual supera el 200% de la capa-

cidad oficial de los establecimientos en el Ecuador,

y refieren los autores como durante los años 2021 y

2023 se presentaron los niveles más alarmantes del

incremento de internos. En el Estado Colombiano

también se evidencia este tipo de problema debido a

que no existen políticas públicas (Torres y Ariza,

2019), hecho que se verifica en el estudio de Eche-

verry-Enciso (2017) quien sostiene que las altas

Cortes de Justicia del país, en sus decisiones, han

puesto en manifiesto este problema con el objeto de

visibilizar la crisis y presionar a los poderes Ejecu-

tivo y Legislativo para que implementen reformas

estructurales idóneas.

En Perú se evidencia un panorama alarmante

relacionado al hacinamiento y tratamiento peniten-

ciario de los internos. En los estudios de Chamorro-

Meza (2021), Cueva Ruesta y Ruesta Bregante

(2020), y Paz-Panduro (2021) se evidencia que el

Tribunal Constitucional ha declarado el hacina-

miento carcelario como estado de cosas inconstitu-

cional. Asimismo, este fenómeno no solamente

viola el derecho a la Dignidad Humana, ya que de

acuerdo con Castilla-Zuñiga (2021), Chambergo-

Chanamé (2022), y Siles (2021) se afecta otros De-

rechos Fundamentales; cuestión que desarrollan de

manera más extensa Mechán Gonzales (2020),

Neyra Villanueva (2022), e Irigoín-Cubas (2022) al

analizar como este problema penitenciario viola el

principio de presunción de inocencia, establecido en

la Constitución. En contraposición con esta proble-

mática, Zavaleta Vargas et al., (2022), Ramos Hua-

mán (2022), y Saboya Vela (2022) señalan que la

aplicación del Decreto Legislativo 1513, se puede

concebir como un esfuerzo normativo destinada a

afrontar el hacinamiento durante la pandemia de

COVID-19, y refieren que, si bien esta medida re-

presentó un esfuerzo por descongestionar las cárce-

les, su implementación ha sido insuficiente para

abordar la magnitud del problema.

Entonces, se puede afirmar que el hacina-

miento penitenciario no solamente afecta a la liber-

tad del interno sentenciado o preventivo, sino que,

por otro lado, los internos sometidos a este régimen

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enfrentan serios obstáculos para beneficiarse de las

políticas de rehabilitación y reinserción social

(Chará-Ordóñez, 2020).

Adicionalmente, es conveniente señalar como

el hacinamiento penitenciario se convierte en un

foco de insalubridad. Al respecto, Dorantes-Tavera

et al., (2021) considera al sistema penitenciario pe-

ruano un riesgo para la transmisión de enfermedades

infecciosas, por las precarias condiciones de salubri-

dad.

En ese sentido la problemática se circuns-

cribe en evidenciar ¿De qué manera la crisis del ha-

cinamiento penitenciario desafía la aplicación efec-

tiva del principio de Dignidad Humana en el Sis-

tema Jurídico Peruano y Latinoamericano?

La investigación se justifica así desde múlti-

ples perspectivas, donde se puede destacar el poten-

cial de informar y orientar reformas concretas en el

sistema penitenciario, y en particular, dado el análi-

sis realizado al Decreto Legislativo 1513 peruano, y

como esta experiencia puede generar otras iniciati-

vas para enmendar el problema legal existente, y sus

consecuencias sociales, a razón que el hacinamiento

penitenciario afecta no solo a las personas privadas

de libertad, sino a la sociedad en su conjunto.

De acuerdo con Zavaleta Vargas et al., (2022)

y Paz-Panduro (2021), las condiciones de hacina-

miento obstaculizan los procesos de reinserción so-

cial y pueden exacerbar los problemas de seguridad

pública; entonces, existe la necesidad de generar

conciencia humanitaria a favor de los internos y los

problemas que enfrentan para reinsertarse en la so-

ciedad; adicionalmente, Actis y Arens (2021) refie-

ren que se debe de priorizar las necesidades los in-

ternos e internas que son parte de grupos vulnera-

bles.

Desarrollo

Las principales investigaciones contemporá-

neas exponen de forma alarmante que la crisis del

hacinamiento penitenciario no solo implica proble-

mas de espacio físico, sino que también repercute en

la provisión de servicios básicos, la seguridad y las

posibilidades de reinserción social de los internos

(Chará-Ordóñez, 2020). Las investigaciones de

Arango-Ojeda y Maldonado-Ruiz (2024) y Torres y

Ariza (2019) evidencian la magnitud del fenómeno

social, puesto que los establecimientos penitencia-

rios han superado el 200% de la capacidad oficial,

con falta de políticas públicas efectivas.

Chamorro-Meza (2021), Cueva Ruesta y

Ruesta Bregante (2020), y Paz-Panduro (2021)

reiteran atender lo argüido por Tribunal Constitu-

cional Peruano como un estado de cosas inconstitu-

cional, ordenando al Estado tomar medidas urgen-

tes. La crisis del hacinamiento penitenciario no solo

afecta el derecho a la Dignidad Humana, sino que

también vulnera el acceso pleno a las garantías cons-

titucionales (Castilla-Zuñiga, 2021) (Chambergo-

Chanamé, 2022) (Siles, 2021).

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El concepto de Dignidad Humana es central

en esta discusión; según Torres Manrique (2022) este

principio se ve severamente desafiado en las condi-

ciones de hacinamiento, donde la sobrepoblación

carcelaria dificulta la provisión de condiciones mí-

nimas de vida digna.

La teoría de la reinserción social, otro con-

cepto clave en este contexto, se ve obstaculizada por

el hacinamiento. Ramos Huamán (2022) sostiene

que las condiciones de hacinamiento dificultan sig-

nificativamente los esfuerzos de reeducación y rein-

serción de los internos, lo que contradice uno de los

principales objetivos del sistema penitenciario.

Zavaleta Vargas et al., (2022) y Armijos-Ga-

llardo et al., (2024) coinciden en que el abuso de esta

medida cautelar contribuye al hacinamiento; otro fe-

nómeno relevante derivado de esta institución pro-

cesal es el cuestionamiento a la interpretación del

principio de presunción de inocencia por parte de los

operadores del sistema jurídicos, quienes de forma

injustificada y casi arbitraria alimentan de forma

desproporcional los establecimientos penales sin

considerar la verdad procesal de forma objetiva y

debidamente acreditada.

De acuerdo con Neyra Villanueva (2022)

existe la necesidad de implementar y adecuar las he-

rramientas necesarias sobre vigilancia electrónica

personal. El enfoque de Derechos Humanos en el

contexto penitenciario es otro factor clave, de

acuerdo con Ruiz-Narezo et al., (2022) quienes

enfatizan sobre la importancia de la educación so-

cial como herramienta para promover la dignidad y

la reinserción de los reclusos, puesto que, de esta

manera, los internos podrán formarse y/o adiestrarse

en nuevas técnicas u estrategias de trabajo que les

permita competir laboralmente en la sociedad, lo

que desincentiva la actividad criminal, haciendo po-

sible la reducción de la sobrepoblación penitencia-

ria.

La interseccionalidad en el contexto peniten-

ciario es un tema de emergencia, de acuerdo con Ac-

tis y Arens (2021) destacan la importancia de consi-

derar los grupos vulnerables en el diseño de políti-

cas penitenciarias.

Los estudios previos sobre el hacinamiento

penitenciario en la región y el Perú han aportado va-

liosas perspectivas, pero también presentan limita-

ciones debido a que son investigaciones teóricas bá-

sicas (Chará-Ordóñez, 2020); por ende, no se han

desarrollado investigaciones prácticas que analicen

la efectividad de estrategias para despoblación de la

comunidad penitenciaria intramuros. Adicional-

mente, Torres y Ariza (2019) sostienen que la falta

de políticas públicas efectivas para proteger los de-

rechos de los internos resulta ser relevante debido a

que denuncian una situación negativa que sufren es-

tas personas; por último, no hay una respuesta a pro-

fundidad sobre los efectos de la educación social en

los establecimientos penitenciario, ya que, como in-

dicaron Ruiz-Narezo et al., (2022), estas estrategias

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pueden fortalecer las habilidades laborales de los in-

ternos y puede ser una ayuda para su verdadera

transformación y conversión personal.

A pesar de la riqueza de estudios, existen va-

rios vacíos en la literatura que merecen atención: a)

no hay suficientes estudios longitudinales que exa-

minen la evolución del hacinamiento penitenciario

y como afecta a la Dignidad Humana a lo largo del

tiempo, b) no se han desarrollado suficientes estu-

dios comparativos a nivel regional con el objeto de

comprender los contrastes existentes en cada país, y

c) se necesitan más estudios que evalúen sistemáti-

camente el impacto de reformas legislativas especí-

ficas, como el Decreto Legislativo 1513. Sostiene

Irigoín-Cubas (2022), que este decreto ayudó en la

promoción de la reducción del hacinamiento peni-

tenciario y la protección de la Dignidad Humana.

Metodología

El enfoque cualitativo estructurado permitió

una comprensión holística de fenómenos sociales

complejos (Braun y Clarke, 2022), lo cual fue esen-

cial para abordar las múltiples dimensiones de la cri-

sis penitenciaria. Se empleó un scoping review (Co-

dina et al., 2022) desde un diseño de estudio de aná-

lisis temático (Braun y Clarke, 2018).

Los criterios de selección (Creswell, 2014) se

basaron en un muestreo intencional por saturación,

aplicándose criterios de relevancia temática, de di-

versidad de fuentes, de cobertura geográfica, de

temporalidad, de accesibilidad y de diversidad de

perspectivas. Con relación a los criterios éticos, la

investigación se adhirió a principios éticos tales

como: credibilidad, transferibilidad, dependencia y

confirmabilidad.

Resultados

Después de haberse realizado la revisión do-

cumental, se pudo responder al objetivo principal,

siendo que el fenómeno del hacinamiento peniten-

ciario representa un desafío para los distintos siste-

mas de justicia locales e internacionales, caracteri-

zado por la sobrepoblación en los centros de reclu-

sión, y plantea serios cuestionamientos en relación

con la protección de los Derechos Humanos y el

cumplimiento de los principios constitucionales.

En el ámbito normativo internacional, instru-

mentos como las Reglas Penitenciarias Europeas

han intentado abordar esta problemática; sin em-

bargo, como señalan Torres y Ariza (2019), persiste

una falta de definición clara y unificada del con-

cepto de hacinamiento, lo cual dificulta la medición

objetiva del fenómeno y, por ende, la implementa-

ción de soluciones efectivas.

Respecto del hacinamiento carcelario, Zava-

leta Vargas et al., (2022) y Vinicio y Santana (2024)

indican que esta situación se asocia con condiciones

infrahumanas, inaccesibilidad a servicios y altos ni-

veles de agresividad y corrupción. Estas condicio-

nes contravienen principios fundamentales a favor

de la persona y el justiciable, así mismo señalados

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en el Código de Ejecución Penal peruano y tratados

internacionales.

El uso excesivo de la prisión preventiva, como

señala Zalamea León (2024), contribuye significati-

vamente al hacinamiento carcelario, siendo así que,

la falta de políticas públicas efectivas para abordar

el hacinamiento carcelario, como indican Torres y

Ariza (2019), representa una omisión del Estado en

su deber de dar garantías a la dignidad de las perso-

nas.

En este sentido, Alexander (2012) y Garland

(2001) indican que uno de los factores que contribu-

yen al hacinamiento penitenciario en el Perú lo

constituye la escasa infraestructura y la superpobla-

ción penitenciaria. Después de la década del 90, se

registraron cambios sustanciales en el país, como la

utilización del delito de tráfico ilícito de drogas en

la lucha contra la criminalidad organizada, el uso

masivo de la prisión preventiva y la permanencia de

personal sin sentencia por igual tiempo que personas

condenadas. Es así que la llamada ley de drogas con-

tribuyó a la violación de los derechos humanos de

las personas que estaban cumpliendo condena o

aguardando por el juicio en el establecimiento penal

(Carranza, 2009).

Frente a la pasividad estatal y el papel prota-

gónico asumido por los tribunales a través del litigio

estratégico (Ariza, 2011), en el consenso de la tutela

jurisdiccional efectiva, el hacinamiento penitencia-

rio en la actualidad representa una grave violación

de múltiples derechos fundamentales y principios

constitucionales, exigiendo una respuesta integral y

urgente por parte del gobierno para garantizar el res-

peto a la Dignidad Humana en el contexto carcela-

rio.

Carranza (2009) sugiere que los jueces deben

adoptar soluciones judiciales creativas para evitar el

ingreso de personas a centros penitenciarios satura-

dos, priorizando medidas alternativas a la prisión.

Esta recomendación se alinea con el artículo 57° del

Código Penal peruano, que establece la suspensión

de la ejecución de la pena como una alternativa a la

prisión efectiva en ciertos casos.

Chará-Ordóñez (2020) añade que, el hacina-

miento penitenciario se debe a una falta de sintonía

entre la capacidad de custodia ofrecida e implantada

por la Administración Penitenciaria y el número de

personas privadas de libertad. Ahora bien, esa falta

de sintonía puede deberse a distintas causas o com-

binación de factores. Así, entre las causas más co-

munes se encuentran factores económicos, de di-

seño o fabricación de celdas. Algunos de los facto-

res económicos que contribuyen a este problema son

la falta de inversión en infraestructuras penitencia-

rias y la falta de recursos para contratar a un número

suficiente de personal penitenciario. Además, los

factores de diseño y fabricación de celdas también

son responsables del hacinamiento.

A menudo, las celdas son construidas con di-

mensiones insuficientes para albergar de manera

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adecuada a los reclusos, lo que contribuye al au-

mento de la población carcelaria. Asimismo, las cel-

das suelen tener una capacidad máxima establecida,

pero en muchas ocasiones se exceden estos límites

debido a la necesidad de albergar a un mayor nú-

mero de personas. Esto, sumado a la falta de espa-

cios adecuados para actividades recreativas y pro-

gramas de rehabilitación, agrava aún más el pro-

blema del hacinamiento penitenciario. En conclu-

sión, es necesario abordar de manera integral todas

estas causas y factores que contribuyen al hacina-

miento en las prisiones, buscando soluciones que

permitan garantizar una correcta capacidad de cus-

todia y respeto por los derechos humanos de las per-

sonas privadas de libertad.

Arango-Ojeda y Maldonado-Ruiz (2024) indi-

can que resulta fundamental que las sanciones que

prevé el sistema de justicia penal puedan ser aplica-

das y cumplidas sin vulnerar la dignidad humana de

las personas privadas de libertad, incluyendo los al-

tos estándares de tratamiento penitenciario que co-

rresponden a las necesidades de seguridad de la po-

blación. Uno de los principales desafíos a este res-

pecto en el contexto del sistema carcelario chileno

actual tiene que ver con la necesidad de implementar

acciones desde todos los frentes involucrados en el

quehacer estatal, desde la prevención del delito y el

reforzamiento de un sistema de justicia penal que

esté a la altura de los estándares de un Estado de de-

recho, hasta el desarrollo de políticas penitenciarias

que sean capaces de efectivizar los altos principios

constitucionales expuestos en los apartados previos.

Neyra Villanueva (2022) señaló la posibilidad

de la implementación de la vigilancia electrónica

personal como medida para reducir el hacinamiento

carcelario, haciendo más eficaz y eficientes la su-

pervisión y control de los internos, tema de superla-

tiva importancia para garantizar el respeto a la Dig-

nidad Humana en las cárceles.

Según Paz-Panduro (2021), el Perú es Estado

Parte en el Protocolo Facultativo de la Convención

contra la Tortura, y en concordancia con ello, es

obligación del Estado implementar un Mecanismo

Nacional de Prevención de la Tortura, el cual es de-

bidamente ejercido por la Defensoría del Pueblo; sin

embargo, su despliegue está limitado a las condicio-

nes geográficas y culturales del sector, por ende, si

bien es cierto que la institución existe, esta no es lo

suficientemente eficaz para abordar todos los casos

debido a problemas relacionado a factores logísti-

cos.

Desde la perspectiva de Zavaleta Vargas et al.,

(2022) quienes analizaron la implementación del

Decreto Legislativo 1513, en sus hallazgos demos-

traron que la norma representó un esfuerzo por des-

congestionar las cárceles, su implementación ha

sido insuficiente para abordar la magnitud del pro-

blema. Al respecto, Irigoín-Cubas (2022) argumenta

que la aplicación restrictiva de estos beneficios en la

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práctica limita su efectividad como herramienta para

reducir el hacinamiento.

Cueva Ruesta y Ruesta (2020) señalan que el

Estado peruano ha implementado planes de cons-

trucción y ampliación de centros penitenciarios

como respuesta al hacinamiento; sin embargo, los

autores advierten que estas medidas, por sí solas,

son insuficientes si no van acompañadas de políticas

integrales de reinserción social.

Castilla-Zuñiga (2021) argumenta que la

realidad en muchos centros penitenciarios dista mu-

cho de cumplir con estos estándares debido al haci-

namiento crítico. Ramos Huamán (2022) señala

que, aunque existen iniciativas positivas, el hacina-

miento obstaculiza su efectividad. Por otro lado, la

jurisprudencia de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH), en el caso Instituto de

Reeducación del Menor vs. Paraguay (2004), esta-

bleció que los Estados tienen la obligación de im-

plementar programas de educación, trabajo y recrea-

ción para los reclusos como parte del respeto a su

Dignidad Humana.

Dorantes-Tavera et al., (2021) destacan que el

hacinamiento penitenciario genera un riesgo ele-

vado para la transmisión de enfermedades infeccio-

sas. Mechán Gonzales (2020) indica que, las condi-

ciones de hacinamiento dificultan severamente el

cumplimiento de este derecho.

Actis y Arens (2021) enfatizan la necesidad de

desarrollar tales políticas para la protección de los

mujeres y minorías étnicas, donde es indispensable

considerar que, el artículo 8° del Reglamento del

Código de Ejecución Penal establece la separación

de internos por categorías. Chambergo-Chanamé

(2022) argumenta que el hacinamiento a menudo

impide la implementación efectiva de esta disposi-

ción. Los hallazgos han demostrado que, aunque

existen políticas y prácticas penitenciarias orienta-

das a garantizar la Dignidad Humana en el contexto

del hacinamiento carcelario, su implementación

efectiva enfrenta desafíos significativos.

Discusión

El hacinamiento carcelario representa un

desafío significativo para la efectiva aplicación del

principio de Dignidad Humana en los sistemas jurí-

dicos de la región. Este fenómeno, caracterizado por

la sobrepoblación en los centros de reclusión, genera

graves vulneraciones a los derechos humanos de las

personas privadas de libertad. Los criterios judicia-

les deben, por tanto, considerar el impacto de sus

decisiones en el hacinamiento y, por extensión, en

la Dignidad Humana de los reclusos (Torres Manri-

que, 2022; Actis y Arens, 2021). Pese a existir me-

canismos e instrumentos globales persiste la proble-

mática (Torres y Ariza, 2019), esta ambigüedad no

solo dificulta la medición del fenómeno, sino que

también complica la implementación de soluciones

efectivas y la evaluación de políticas públicas

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destinadas a abordar el problema. Por ende, los cri-

terios judiciales deberían abordar este fenómeno es-

tableciendo parámetros claros para evaluar el haci-

namiento al momento de dictar prisión preventiva o

sentencias condenatorias, contribuyendo así a una

mejor comprensión y manejo del problema.

Arango Ojeda y Maldonado Ruiz (2024) ana-

lizan el hacinamiento carcelario en Ecuador, desta-

cando cómo este fenómeno viola múltiples derechos

fundamentales. Arcos-Troyano y Osorio-Muñoz

(2019) en Colombia, subrayan la importancia de

considerar las implicaciones éticas y constituciona-

les del hacinamiento en las decisiones judiciales.

Por su parte, Zavaleta Vargas et al., (2022) y

Vinicio y Santana (2024) sostienen que el hacina-

miento carcelario está intrínsecamente ligado a vio-

laciones de derechos humanos, incluyendo condi-

ciones infrahumanas de reclusión, falta de acceso a

servicios básicos y altos niveles de violencia y co-

rrupción; y concluyen que los jueces deberían con-

siderar estas graves consecuencias al tomar decisio-

nes sobre medidas privativas de libertad, evaluando

si sus fallos podrían exacerbar el problema del haci-

namiento y, por tanto, vulnerar múltiples derechos

fundamentales.

Zalamea León (2024) así como Morales Sán-

chez y Preciado Ascensión (2024) señalan que este

tipo de decisiones contribuye significativamente al

hacinamiento carcelario. Cuando esta medida caute-

lar se aplica de manera injustificada o prolongada,

vulnera principios constitucionales como la presun-

ción de inocencia. Los criterios judiciales deberían

ser más estrictos en la aplicación de esta medida,

considerando alternativas que no agraven el pro-

blema del hacinamiento en el contexto de la presun-

ción de inocencia. Esto podría incluir la implemen-

tación de medidas no privativas de libertad o el uso

de tecnologías de monitoreo electrónico cuando sea

apropiado.

Ramos Huamán (2022) examina los desafíos

de la reinserción social y reeducación de los estu-

diantes en centros penitenciarios, destacando cómo

el hacinamiento obstaculiza estos objetivos. Por su

parte Ruiz-Narezo et al., (2022) exploran nuevos

horizontes en la educación social dentro de los cen-

tros penitenciarios, enfatizando la necesidad de su-

perar las barreras impuestas por el hacinamiento

para lograr una efectiva rehabilitación. Los criterios

judiciales deberían considerar si las sentencias con-

denatorias podrán cumplir efectivamente con estos

objetivos en el contexto actual de hacinamiento, y

buscar alternativas que permitan alcanzar los fines

de la pena sin agravar la situación de sobrepoblación

carcelaria.

Montecé-Giler et al., (2024) y Saboya Vela

(2022) sostienen la falta de políticas públicas efecti-

vas para abordar el hacinamiento carcelario; los cri-

terios judiciales deberían tener en cuenta esta omi-

sión estatal y, en la medida de lo posible, adoptar

decisiones que no agraven el problema del

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hacinamiento, instando al mismo tiempo a los otros

poderes del Estado a implementar políticas efectivas

para abordar esta crisis.

López-Corbeto et al., (2012) y Dorantes-Ta-

vera et al., (2021) investigaron los riesgos de salud

asociados al hacinamiento, incluyendo la prevalen-

cia de enfermedades infecciosas y la coinfección

TB-VIH; Rueda y Ramírez-Mejía (2020) analizan la

relación entre los trastornos de ansiedad y las con-

diciones carcelarias, evidenciando el impacto psico-

lógico del hacinamiento. Asimismo, el Comité In-

ternacional de la Cruz Roja (2012, 2013) documenta

problemas de salud asociados al hacinamiento,

mientras que Alexander (2012) y Garland (2001) se-

ñalan las condiciones de violencia y victimización

entre internos. Estas situaciones vulneran derechos

fundamentales como el derecho a la salud y a la in-

tegridad personal; por ende, los jueces deberían con-

siderar estos factores al dictar sentencias, evaluando

si las condiciones actuales de las cárceles permitirán

garantizar la salud y la integridad personal de los

condenados, y buscando alternativas cuando sea

evidente que una sentencia de prisión podría poner

en riesgo estos derechos fundamentales.

Echeverry-Enciso (2017) destacan cómo el

hacinamiento frustra los objetivos de rehabilitación,

y De Souza-Vieira y Pessoa (2015) señalan que el

hacinamiento penitenciario es un desafío que en-

frentan los programas resocializadores, donde en

efecto, la literatura sostiene que existe una

imposibilidad fáctica para poder cumplir con los fi-

nes de la pena; por consiguiente, los jueces deberían

considerar esta realidad al momento de dictar sen-

tencias, evaluando si existen alternativas que permi-

tan cumplir con los fines de la pena sin contribuir al

hacinamiento carcelario (Londoño-López, 2019).

Siles (2021) expresa que la crisis del sistema

de justicia penal y la emergencia pública del hacina-

miento penitenciario llama a reflexionar sobre la ne-

cesidad de desarrollar una mirada más profunda so-

bre el papel que cumple el sistema penitenciario, de

manera de visualizar los nudos críticos de dicha cri-

sis y, en base a ellos, desarrollar un análisis de los

desafíos y posibles caminos para superarla. En ese

sentido, Ariza (2011) señala que resulta fundamen-

tal partir reflexionando acerca de cuáles son los

principios que subyacen al diseño institucional de

un sistema penal y penitenciario.

En consideración a las condiciones de reclu-

sión y Dignidad Humana, Zavaleta Vargas et al.,

(2022) subrayan la importancia de las sentencias

condenatorias y el deber del juez de garantizar las

condiciones de reclusión respeten la dignidad inhe-

rente a todo ser humano, este principio se refleja en

el artículo 139°, inciso 21 de la Constitución, en

donde se señala que, el recluso tiene derecho a ocu-

par establecimientos adecuados (Pereira Sales y Re-

ges Viana, 2024).

Arango-Ojeda y Maldonado-Ruiz (2024) se-

ñalan que hacinamiento penitenciario es un

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fenómeno social que se encuentra desde hace varios

años en el país. Sin embargo, la autoridad ha sido

indiferente al mismo, en su realidad de ser un lugar

de consecuencias de las políticas del Ejecutivo, o de

la estructura económica y social, como ha ocurrido

hasta hace pocos años; y es entonces cuando la crisis

carcelaria pone en compromiso la propia esencia del

Estado y de la política, legitimidad esa situación; y

finalmente, la reglamentación del sistema penal oral

acusatorio confirma la situación carcelaria dados los

efectos que este nuevo modelo procesal ha dejado

en la población penitenciaria.

Al respecto de las medidas alternativas a la

prisión, en Carranza (2009) se sostiene que los jue-

ces deben adoptar medidas diferentes a la prisión

preventivas que estén debidamente reguladas en la

ley, siendo esto coherente con el artículo 57° del Có-

digo penal, el cual establece que la suspensión de la

ejecución de la pena, en determinados casos, siendo

esta una alternativa para no seguir congestionando

las penitenciarías, asimismo, Neyra Villanueva

(2022) respalda esta posición, indicando que la vi-

gilancia electrónica es una medida idónea para tam-

bién disminuir la población carcelaria.

Sobre los espacios individuales razonables, la

jurisprudencia de la Corte IDH (2006), en el caso

Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Ve-

nezuela, estableció que el Estado tiene que garanti-

zar a los reclusos espacios individuales razonable

durante su estadía, de la misma forma el

Reglamento del Código de Ejecución Penal en su ar-

tículo 4° establece garantiza el principio de humani-

dad y el respeto a la dignidad del interno. Adicional-

mente, Caro-Barrios et al., (2023) refuerzan este ar-

gumento al analizar las condiciones de salubridad,

infraestructura y hacinamiento en las estaciones de

policía, destacando la importancia del espacio indi-

vidual para la Dignidad Humana (Ortiz-Moreno,

2024).

En cuanto a la rehabilitación y reinserción so-

cial de los internos, Chará-Ordóñez (2020) indica

que las condiciones de hacinamiento afectan signi-

ficativamente las posibilidades de que el interno se

pueda rehabilitar y reinsertar en la sociedad, afec-

tándose el artículo 139° inciso 22° de la Constitu-

ción, en donde se garantiza como principio de la

función jurisdiccional la reeducación, rehabilitación

y reincorporación del penado a la sociedad. Es por

ello que, Ramos Huamán (2022) apoya esta perspec-

tiva al examinar los desafíos de la reinserción social

y reeducación de los estudiantes en centros peniten-

ciarios, subrayando la necesidad de que los criterios

judiciales consideren estos aspectos.

En consideración a las condiciones reales de

los centros penitenciarios, Arango-Ojeda y Maldo-

nado-Ruiz (2024) subrayan la importancia de que

los jueces consideren las condiciones reales de los

centros penitenciarios al momento de dictar senten-

cias o medidas cautelares. Este criterio se relaciona

con el artículo 2° del Código de Ejecución Penal,

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que establece que la ejecución penal se desarrolla

respetando los derechos fundamentales del interno.

Montecé-Giler et al., (2024) apoyan esta pos-

tura, en su estudio comparativo del hacinamiento

penal en América Latina, destacando la necesidad

de que los criterios judiciales se basen en un cono-

cimiento profundo de las realidades penitenciarias.

La discusión científica sobre estos hallazgos revela

la necesidad de un enfoque integral y multidimen-

sional en la aplicación de criterios judiciales relacio-

nados con la Dignidad Humana en el contexto del

hacinamiento penitenciario; señalando que los jue-

ces deben equilibrar las exigencias de la justicia pe-

nal con la protección de los derechos fundamentales

de los internos, considerando no solo el marco nor-

mativo nacional e internacional, sino también las

realidades prácticas del sistema penitenciario.

Este enfoque requiere una interpretación pro-

gresiva y garantista de las normas constitucionales,

penales y de ejecución penal, en concordancia con

los estándares internacionales de derechos huma-

nos; como señalan Torres y Ariza (2019), es nece-

sario desarrollar estándares claros y medibles sobre

el hacinamiento penitenciario que puedan guiar las

decisiones judiciales. Además, como sugieren Ruiz-

Narezo et al., (2022), es crucial considerar nuevos

horizontes en la educación social dentro de los cen-

tros penitenciarios, lo que podría influir en los crite-

rios judiciales al momento de dictar sentencias, prio-

rizando medidas que fomenten la rehabilitación

efectiva; por su parte, Echeverry-Enciso (2017) re-

fuerza esta perspectiva al indicar que el hacina-

miento frustra los objetivos de rehabilitación y la ne-

cesidad de que los criterios judiciales tomen en

cuenta esta realidad.

En consecuencia, los criterios judiciales rela-

cionados con la Dignidad Humana en el contexto

del hacinamiento penitenciario deben evolucionar

hacia un enfoque más humano, lo cual implica, no

solo considerar las condiciones actuales de los cen-

tros penitenciarios, sino también priorizar medidas

alternativas a la prisión, fomentar la rehabilitación y

reinserción social, y garantizar que la privación de

libertad, cuando sea necesaria, se lleve a cabo en

condiciones que respeten plenamente la Dignidad

Humana .

En referencia a la supervisión y control de los

internos, Paz-Panduro (2021), Intriago-Muñoz y

Arrias Añez (2020), y Londoño-López (2019), sos-

tienen que el Estado tiene el deber de proteger la in-

tegridad ambulatoria y procesal de las personas pri-

vadas de su libertad de forma temporal o perpetua,

ya sea por una medida preventiva o por sentencia

judicial que tiene la calidad de cosa juzgada, por

ende, la Defensoría del Pueblo es el ente constitu-

cional idóneo para supervisar y denunciar los abusos

en contra de esta población (Bernstein y Tato,

2014).

Al respecto de las infraestructuras de las insti-

tuciones carcelarias, Caro-Barrios et al., (2023),

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Castilla-Zuñiga (2021) y, Cueva Ruesta y Ruesta

Bregante (2020) sostienen que la situación actual de

los establecimientos penitenciarios resulta ser insa-

lubres e inadecuados, no siendo idóneas para el

desarrollo digno de la persona. Este factor es deter-

minante para que no se pueda cumplir de forma sa-

tisfactoria los programas de rehabilitación y reinser-

ción social, puesto que, como argumentan Ramos

Huamán (2022) y Ruiz-Narezo et al., (2022), la so-

brepoblación y la estructura de las instituciones pe-

nitenciaria dificultan el desarrollo de actividades

destinadas a la formación del interno, por ende, no

se puede cumplir con tales iniciativas, afectándose

lo dispuesto en la sentencia de la CIDH en el caso

Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay

(2004), en donde se indica que el Estado tiene que

implementar programas de educación, trabajo y re-

creación para los reclusos como parte del respeto a

su Dignidad Humana (Pérez y Baena, 2021).

El fenómeno guarda relación con la salud

mental y la atención médica a favor de los internos,

de acuerdo con Dorantes-Tavera et al., (2021), Me-

chán Gonzales (2020) y López-Corbeto et al.,

(2012), refieren que los establecimientos peniten-

ciarios resultan ser espacios en donde los internos

están expuestos a múltiples enfermedades, como la

tuberculosis, el VIH-sida, entre otras enfermedades

de transmisión respiratoria y sexual, el estrés que su-

fren y la alta afectación emocional, deterioran signi-

ficativamente su salud, ya sea, física, psicológica o

emocional, por otro lado, la atención médica no re-

sulta ser idónea y están expuestos a sufrir la evolu-

ción de estos males (Silva, 2015).

Con relación a la implementación de normas

para la descongestión del sistema penitenciario, Ar-

mijos-Gallardo et al., (2024), Zavaleta Vargas et al.,

(2022) e Irigoín-Cubas (2022) sostienen que, con la

implementación del Decreto Legislativo 1513 se de-

mostró un esfuerzo para descongestionar las cárce-

les peruanas, sin embargo, esta norma no ha sido lo

suficientemente eficaz para disuadir el problema,

asimismo, el Código de Ejecución Penal, en el ar-

tículo 42° establece la aplicación restrictiva de los

beneficios penitenciario, manteniendo el problema

jurídico existente.

Por otro lado, Actis y Arens (2021) enfatizan

la necesidad de desarrollar políticas diferenciadas

para la protección de mujeres y minorías étnicas en

contextos de privación de libertad; asimismo,

Chambergo-Chanamé (2022) argumenta que el ha-

cinamiento a menudo impide la implementación

efectiva de la separación de internos por categorías.

Esta discusión revela que, si bien existen políticas y

prácticas penitenciarias orientadas a garantizar la

Dignidad Humana en el contexto del hacinamiento

carcelario, su implementación efectiva enfrenta

desafíos significativos. La brecha entre el marco

normativo y la realidad penitenciaria evidencia la

necesidad de un enfoque integral que aborde no solo

la infraestructura, sino también los aspectos

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sociales, de salud y de reinserción de los internos

(Serrano, et al., 2017).

Como argumentan Montecé-Giler et al.,

(2024) en su estudio comparativo del hacinamiento

penal en América Latina, es crucial que los Estados

continúen fortaleciendo estas políticas y prácticas,

en consonancia con los estándares internacionales

de derechos humanos y los principios constituciona-

les de dignidad y reinserción social. Esto requiere

no solo de reformas legislativas y mejoras en la in-

fraestructura, sino también de un cambio en la cul-

tura institucional y social hacia un enfoque más hu-

manitario y rehabilitador en el tratamiento de las

personas privadas de libertad (Romero García,

2017).

Conclusiones

El hacinamiento penitenciario en Perú, ade-

más de ser una clara violación de la dignidad hu-

mana que amenaza y limita el ejercicio de los dere-

chos fundamentales de los internos, refleja la inade-

cuada e ineficiente gestión y control de los procesos

judiciales. Esta situación de hacinamiento, que co-

rresponde a un complejo y crítico problema nacional

desde hace más de una década, demanda un trata-

miento integral y coordinado, en el cual el esfuerzo

de los actores involucrados, principalmente el Mi-

nisterio de Justicia, Ministerio Público y Poder Ju-

dicial, con el apoyo de la cooperación internacional

y las instancias de la sociedad civil comprometida,

puede y debe articularse para diseñar e implementar

soluciones de carácter sostenible en el tiempo.

Una de las razones fundamentales para que los

niveles de hacinamiento penitenciario en Perú ha-

yan alcanzado los niveles actuales, obedece a la falta

de una planificación estratégica que contemple no

solo la construcción de la infraestructura necesaria

para cubrir la oferta carcelaria, sino fundamental-

mente la planificación y construcción sistemática de

alternativas al encarcelamiento, como base del sis-

tema penitenciario.

En este sentido, una de las tendencias interna-

cionales adoptadas por los países para disminuir el

hacinamiento penitenciario y mantener o lograr ni-

veles de reincidencia baja, consiste en la implemen-

tación de una serie de programas penitenciarios, en-

tendidos como la combinación de intervenciones y

actividades psico-socio-educativas aplicadas de

forma sistemática con un grupo de internos (grupo

de tratamiento), orientadas a incidir y modificar, a

mediano y largo plazo, los factores criminogénico

determinantes del proceso de reinserción de la per-

sona privada de la libertad. Los programas pueden

ser aplicados tanto en el interior del establecimiento

como en las medidas de ejecución fuera del estable-

cimiento.

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Volumen: 5, Número: 12, Año: 2024 (Continua-2024)

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