La Amazonia peruana abarca el 62% del
territorio del país, siendo un punto importante desde
una perspectiva geopolítica debido a su significativo
impacto social, económico y político, que permite
salvaguardar la región, el estado debe implementar
políticas y programas eficaces; sin embargo,
lamentablemente esto no se materializa, ya que se
observa una gestión estatal deficiente que
obstaculiza el desarrollo sostenible en la zona
(Olaya, 2021).
Esta visión geopolítica de la Amazonia
peruana conlleva una serie de desafíos, los cuales
requieren esfuerzos dirigidos hacia la protección
ambiental, el bienestar de la población, la extracción
de recursos y la promoción del desarrollo
comunitario bajo la tutela estatal (I. Investigaciones
de la Amazonía Peruana, 2009). En este sentido, es
esencial que el estado desempeñe un papel activo y
firme para garantizar un desarrollo sostenible en la
Amazonia, evitando así posibles daños ambientales
en la búsqueda de un crecimiento económico.
Asimismo, el Estado peruano en la
Constitución Política, promueve el desarrollo
sostenible de la Amazonia bajo una legislación
apropiada. En ese mismo contexto, a través de la
Ley N.º 30997 (Promoción de la Amazonia
Sostenible), fomenta un adecuado desarrollo bajo un
enfoque sostenible en la Amazonia (El Peruano,
2019, p. 7). Con la finalidad de que se realice lo
descrito anteriormente es necesario generar
políticas, es por ello que, dentro de las treinta y
cinco (35) políticas del Estado peruano, la política
diecinueve (19), refiere sobre el “Desarrollo
sostenible y la gestión ambiental”, que señala:
Tenemos el compromiso de integrar la
política nacional ambiental en relación a
las políticas económicas, sociales,
culturales y de ordenamiento territorial,
con el propósito de contribuir a superar
la pobreza y de esta manera se logre el
desarrollo sostenible del Perú.
Asimismo, nos comprometemos a
institucionalizar la gestión ambiental,
pública y privada, en aras de dar
protección a la diversidad biológica,
facilitar el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, asegurar la
protección ambiental y fomentar centros
poblados y ciudades sostenibles; (…)
(Acuerdo Nacional, 2002, p. 1).
La Amazonia peruana, debido a su ubicación
geográfica, se considera una región remotamente
apartada del resto del país, en parte debido a las
limitadas vías de acceso. Para cumplir con el
mandato constitucional de promover el desarrollo
sostenible en esta región, se necesita una
intervención multisectorial, dada la naturaleza de
sus características; es imperativo abordar los delitos
ambientales para lograr un desarrollo sostenible en
la Amazonia, ya que estos delitos son una
consecuencia directa de:
Los complejos requisitos legales y
procedimientos administrativos
fomentan la informalidad y propician la
ilegalidad. Estos espacios son
aprovechados por el crimen organizado.
Es así que la extracción ilegal de