ISSN: 2665-0398
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Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 18/03/2023
Aceptado: 14/06/2023
Páginas: 87-99
Autor:
Pedro José Moreno Luna
Teniente coronel Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
Licenciado en Ciencias y Artes Militares
Ingeniero Forestal
Magister en Gestión de Riesgos Socionaturales
Coordinador de Postgrado (UNEFA)
https://orcid.org/0009-0003-3905-7020
E-mail: morenolunapedro@gmail.com
Afiliación:
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA)
Mérida – Venezuela
LA INTERVENCIÓN DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EN APOYO A
CATÁSTROFES Y LOS DERECHOS HUMANOS
Resumen
Según lo prescribe el Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el
Artículo N.º 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los Componentes Militares
se complementan con la Milicia Bolivariana la cual es un cuerpo especial de reservistas organizado por el
Estado Venezolano, integrado por la Reserva Militar y la Milicia Territorial destinada a complementar a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación y garantizar su independencia y
soberanía. El Comando Estratégico Operacional, los Componentes Militares, la Milicia Bolivariana y las
Regiones Militares, dependen administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Estos
componentes son: Ejército Nacional Bolivariano, Armada Nacional Bolivariana, Aviación Militar Nacional
Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana. Esta tiene como misión fundamental garantizar la
independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa
militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo
nacional. Sus funciones comprenden: apoyar a los distintos niveles y ramas del Poder Público en la
ejecución de tareas vinculadas a los ámbitos social, políticos, culturales, geográfica, ambiental, económica
y en operaciones de protección civil en situaciones de desastres en el marco de los planes correspondientes.
Participa y coopera en las actividades de búsqueda, rescate y salvamento de conformidad con la ley y en
ejecución de los tratados válidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. La
función meteorológica se lleva a cabo con fines de seguridad y defensa de la Nación, así como la
consolidación y operación de su red. Presta apoyo a las comunidades en caso de catástrofes, calamidades
públicas u otros acontecimientos similares. Fomenta y participa en las políticas y planes relativos a la
geografía, cartografía, hidrografía, navegación y desarrollo aeroespacial, que involucren la seguridad,
defensa militar y desarrollo integral de la Nación. Participa en las operaciones que se originen como
consecuencia de los estados de excepción, que sean decretados de conformidad con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Palabras Claves: Milicia Bolivariana, comunidad, gestión de riesgos, seguridad, defensa.
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THE INTERVENTION OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCE IN SUPPORT OF
DISASTERS AND HUMAN RIGHTS
Abstract
As prescribed in Article 328 of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela and in Article No.
29 of the Organic Law of the Bolivarian National Armed Forces, the Military Components are
complemented by the Bolivarian Militia, which is a special body of reservists organized by the Venezuelan
State, made up of the Military Reserve and the Territorial Militia destined to complement the Bolivarian
National Armed Forces in the Comprehensive Defense of the Nation and guarantee its independence and
sovereignty. The Strategic Operational Command, the Military Components, the Bolivarian Militia and the
Military Regions, administratively depend on the Ministry of Popular Power for Defense. These components
are: Bolivarian National Army, Bolivarian National Navy, Bolivarian National Military Aviation,
Bolivarian National Guard. Its fundamental mission is to guarantee the independence and sovereignty of the
nation and ensure the integrity of the geographical space, through military defense, cooperation in the
maintenance of internal order and active participation in national development. Its functions include:
supporting the different levels and branches of the Public Power in the execution of tasks related to the
social, political, cultural, geographical, environmental, economic spheres and in civil protection operations
in disaster situations within the framework of the plans corresponding. Participate and cooperate in search,
rescue and salvage activities in accordance with the law and in execution of the treaties validly signed and
ratified by the Bolivarian Republic of Venezuela. The meteorological function is carried out for the purposes
of security and defense of the Nation, as well as the consolidation and operation of its network. Provide
support to communities in the event of disasters, public calamities or other similar events. Promotes and
participates in policies and plans related to geography, cartography, hydrography, navigation and aerospace
development, which involve security, military defense and integral development of the Nation. Participates
in operations originating as a consequence of states of emergency, which are decreed in accordance with
the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela and the Constitutional Law of the Bolivarian
National Armed Forces.
Keywords: Bolivarian Militia, community, risk management, security, defense
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Introducción
Para hacer frente a los nuevos desafíos, es
necesario que el Estado emplee a fondo todos los
medios disponibles, incluyendo el importante
potencial humano, organizativo, medios muy
diversos y capacidad logística que la Fuerza Armada
y organismos de Seguridad poseen, con una
permanente e inmediata disponibilidad.
La experiencia de los últimos años nos enseña
que, dada la condición civil de la inmensa mayoría
de las víctimas de las emergencias y desastres,
aparece la imprescindible necesidad de una estrecha
coordinación y colaboración con las autoridades e
instituciones locales e incluso directamente con la
población afectada. Ello nos conduce con
independencia a las acciones privadas que se puedan
llevar a cabo simultáneamente, en los contingentes
institucionales constituidas e integradas por
organizaciones civiles tanto oficiales como no
gubernamentales, así como especialistas en el área y
un sinfín de actividades derivadas de las acciones a
realizar; y esto, tanto en la organización y
coordinación previas como en los primeros
momentos de la intervención y en la posterior
posible recuperación y reconstrucción de la zona;
todo ello manteniendo la prioridad de la seguridad
de la población y de sus derechos de todo tipo.
No es necesario resaltar, por conocidos, los
problemas que la acción conjunta cívico-militar
puede presentar cuando no se tienen en cuenta las
diferencias de procedimientos en los ámbitos de las
relaciones personales, administrativas y operativas.
De aquí el requerimiento de establecer normas
claras de actuación y una cadena jerárquica
adecuada que evite cualquier desacuerdo o
duplicidad en la ejecución de las operaciones.
Apremia una estrecha compenetración y
colaboración entre civiles y militares, que sólo se
puede alcanzar mediante un permanente contacto,
entrenamiento y cooperación, respetando los
distintos procedimientos operativos particulares
permitiendo conseguir las metas establecidas
evitando interferencias o duplicidades que dificulten
la consecución del objetivo principal.
Lo más importante es que exista una
concienciación nacional de la trascendencia de este
tipo de previsiones ya que las emergencias pueden
presentarse en el más recóndito rincón de nuestro
territorio nacional, con escaso margen para la
respuesta y poniendo en peligro las vidas y
propiedades de los ciudadanos que debe ser el objeto
principal de la preocupación de cualquier gobierno.
Asimismo, se debe asumir que la solidaridad
internacional no es un asunto que incumba
exclusivamente a los gobiernos, existen, además, las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que
demuestran el sentimiento y la responsabilidad
asumida por toda la población.
Habría que desarrollar y concretar los
aspectos legales y operativos que hagan posible
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obtener el mayor rendimiento de tan potente
instrumento, sobre todo en sus intervenciones en el
ámbito de las distintas comunidades autónomas y en
la cooperación con las autoridades civiles y medios
en ellas disponibles.
En consecuencia, se debe prever y evitar los
posibles problemas de competencias que, por su
condición pudieran surgir en sus intervenciones y en
los distintos niveles de la Administración, así como
facilitar el empleo de los considerables medios
disponibles en todo el territorio nacional.
La fuerza militar solo debería ser utilizada
como último recurso, es decir, cuando
su intervención esté avalada por razones de
urgencia, seguridad o requerimiento de medios,
que no puedan ser cubiertas por medios y
estructuras de carácter civil (lo que se conoce
como «cubrir la brecha humanitaria») y siempre
que dispongan de las capacidades para satisfacer las
necesidades del momento y no comprometan, con
su presencia o actuación, a percepción de
neutralidad e imparcialidad de las organizaciones
humanitarias a las que apoyan y complementan.
Sin embargo, siempre quedará a criterio del
jefe militar la determinación de los riesgos que
deben correr, pudiendo recibir instrucciones y
directrices de sus mandos nacionales para rechazar
la ejecución de cometidos que se consideren
innecesariamente arriesgados o inapropiados.
Deben actuar en principio, sin armamento,
aunque vistiendo sus respectivos uniformes sobre
los que deberían portar insignias identificativas de
las organizaciones humanitarias a las que apoyan y
complementan, evitando, en lo posible, su confusión
con otras fuerzas militares del propio país u
organización internacional que pudieran estar
desplegadas en la misma zona. Y no deberían ser
utilizadas en ningún caso en cometidos de
seguridad ajenos al de su propia autoprotección. Su
seguridad se garantizará, en todo caso, por
los mismos medios de negociación y exhibición de
humanidad, neutralidad e imparcialidad que utilizan
las organizaciones humanitarias a las que apoyan y
complementan.
Las tres categorías en las que se subdivide el
socorro en emergencias son las siguientes:
1. Asistencia directa, que implica contacto con
la población afectada.
2. Asistencia indirecta, que abarcaría las tareas
logísticas, especialmente el transporte de
personal y suministros necesarias para poder
llevar a cabo la directa.
3. Reconstrucción de urgencia de las
infraestructuras necesarias para las dos
anteriores.
La fuerza armada debe evitar, en lo posible,
las actividades de asistencia directa, que, en última
instancia, deberían realizar sin portar armamento,
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centrándose en la asistencia indirecta y la
reconstrucción de infraestructuras.
Una consideración que se debe tener en
cuenta, en relación con la utilización de fuerzas
y recursos militares como parte integrante de una
operación humanitaria, es que su presencia debe
contar con el consentimiento de los organismos
destinados para tal fin como lo es la organización de
protección civil, y a ser posible a petición del país
afectado por la emergencia si fuera el caso.
En las operaciones de socorro, en las que
participen fuerzas o recursos militares, que, en todo
caso, conservarían sus líneas internas de mando y
control, la dirección de la operación en sí se debe
mantener siempre en manos de las organizaciones
especializadas en este tipo de tareas. Esta
prescripción presenta como uno de sus principales
desafíos, el de la coordinación. La norma es que esta
se lleve a cabo, siempre que sea posible, al más alto
nivel, es decir, entre el coordinador de asistencia
humanitaria de Naciones Unidas en la zona y el jefe
de la operación político-militar de Naciones Unidas
(representante especial del secretario general o jefe
de la fuerza), por la otra. Un punto esencial, e inicial,
de esta coordinación es la delimitación de las zonas
de despliegue de ambas operaciones y de su
actuación dentro de ellas, así como los
procedimientos de entrada de la operación de
socorro, en caso de que ésta deba actuar en la zona
de responsabilidad de una operación político-militar
ya desplegada sobre el terreno.
El Reglamento sobre la Ayuda Humanitaria
aprobado por la Organización de Naciones Unidas
(O.N.U) el 20 de junio de 1996, comenta que las
acciones de ayuda humanitaria están concebidas
para, entre otras situaciones, el socorro de las
víctimas de catástrofes naturales, tecnológicas o
causadas por el hombre o por circunstancias
extraordinarias comparables, cuando dichas
víctimas no puedan ser eficazmente socorridas por
sus propias autoridades.
Los derechos humanos en situaciones de
catástrofe
¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son aquellos derechos
de aceptación universal, con los que nace toda
persona, que están reconocidos constitucionalmente
y garantizados jurídicamente, y que el Estado debe
respetar, garantizar y satisfacer.
Los rescatistas voluntarios, médicos y
paramédicos, personal de los cuerpos de seguridad,
personal docente y demás personas involucradas en
operaciones de rescate, reconstrucción y asistencia
a las víctimas, con frecuencia son los contactos más
inmediatos con los que cuentan los damnificados.
Por ello es importante que estas personas estén
preparadas para brindarles orientaciones básicas
sobre sus derechos humanos, y sobre la forma de
canalizar denuncias de posibles violaciones.
Los derechos humanos no aceptan
excepciones en caso de:
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1. Si bien es cierto hay circunstancias (de
alarma, emergencia, conmoción) en que las
garantías a algunos derechos pueden ser
restringidas, en ningún caso se pueden
restringir las garantías referidas a derechos
como la vida, prohibición de tortura e
incomunicación, debido proceso judicial,
derecho a la información y otros derechos
fundamentales (principios establecidos en
los artículos 337 a 339 de la Constitución,
relativos a los estados de excepción, que no
se aplican al presente caso).
2. Tampoco se justifica la discriminación en el
respeto de los derechos humanos, por lo que,
aun cuando se trate de personas que hayan
cometido delitos u otro tipo de acciones
irregulares (saqueos, vandalismo, etc.) éstas
conservan el derecho a que el Estado respete
sus garantías básicas, sin más restricciones
que las que permite la misma ley.
¿Qué situaciones se pueden presentar?
Violaciones a los derechos humanos ocurren
día a día en el mundo, en contextos democráticos,
en situaciones de emergencia y en muchas otras
circunstancias. Actualmente se han producido un
conjunto de denuncias sobre presuntas violaciones a
estos. Las preocupaciones en esta materia, sin
embargo, no pueden limitarse a los casos extremos
que afectan el derecho a la vida o a la integridad
física, sino que pueden incluir también otras formas
de abuso de autoridad en las zonas afectadas por el
desastre natural, tales como, demolición de
viviendas sin trámite para certificar posteriormente
la propiedad o reconocimiento de bienhechurías,
traslado no consentido a campamentos de
damnificados, entre otras. Todas estas
preocupaciones exigen una inmediata respuesta por
parte del Estado, el cual debe garantizar el bienestar
de sus ciudadanos.
¿Cuáles son nuestros derechos?
La Constitución de la República de
Venezuela, reconoce una serie de derechos, entre los
cuales cabe destacar:
1. Derecho a la vida (artículo 43).
2. Derecho a la integridad personal (artículo
46).
3. Derecho al libre tránsito (artículo 50).
4. Derecho a la inviolabilidad del hogar
doméstico (artículo 47).
5. Derecho a la vivienda (artículo 82).
6. Derecho a la propiedad (artículo 115).
Organismos oficiales
Los organismos oficiales del estado
venezolano son:
1. Defensoría del Pueblo, en su sede
provisional de la Fiscalía General de la
República.
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2. Dirección de Derechos Humanos de las
Fuerzas Armadas,
3. Defensoría del Pueblo de Vargas, en su sede
provisional del Polideportivo José María
Vargas de Maiquetía
Organizaciones no gubernamentales (ONG)
Las organizaciones no gubernamentales del
estado venezolano son:
1. Comité de Familiares de Víctimas del
Caracazo (COFAVIC).
2. Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos.
3. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
4. Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de
la Arquidiócesis de Caracas.
Caso vaguada de Tovar. Mérida - Venezuela
Los ríos y quebradas que surten de agua al río
Mocotíes en Tovar - Mérida Venezuela, nacen en el
páramo de Mariño, allí se encuentra una formación
rocosa denominada “Granito de Tovar”, por ser
conformada por el mismo material “granito”, la
meteorización aunada a las deforestaciones y las
quemas produjo el resquebrajamiento de las rocas y
“el agente agua” lo que hizo fue transportar por
antiguas rutas del río este material que reclamó sus
espacios ocupados por la actividad antrópica, las
pendientes de 50% a 60% aumentó la velocidad de
este material, movilizando rocas y gran cantidad de
arena. La naturaleza actuó como debía, quien
invadió sus espacios no actos para viviendas, la
amenaza fue geomorfológica y la vulnerabilidad la
puso el hombre.
La gestión de riesgos con este enfoque de
derecho; según la Organización de las Naciones
Unidas (ONU):
Asiste a los habitantes de un territorio
para que los actores en gestión de
riesgos y que tienen en sus manos la
toma de decisiones, lo hagan teniendo
en cuenta la obligación de reducir los
riesgos y evitar en lo posible la
ocurrencia de desastres.
En los últimos años la perspectiva holística de
los desastres se ha intentado dimensionar para
efectos de la gestión de riesgos, como la posible
consecuencia económica, social y ambiental que
puede ocurrir en un lugar y en un tiempo
determinado, sin embargo, el riesgo no ha sido
conceptuado de manera integral, sino fragmentado
de acuerdo con el enfoque de cada disciplina
involucrada en la valoración ciudadana.
El factor del riesgo es aquel que permite a las
comunidades identificar ya sea la menor o mayor
probabilidad a quedar expuesto ante un desastre o
un evento adverso, este conjunto de elementos
observables pueden ser diversos, es decir, que no se
presentan de manera aislada, los factores de
vulnerabilidad que más se destacan son la
educación, la capacitación, la pobreza, ya que
sencillamente la sociedad se encuentra organizada
con vulnerabilidades físicas, ambientales,
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económicas, sociales y culturales. Es importante
destacar que la pobreza se considera la principal
causa de vulnerabilidad, ya que esta limita el acceso
a una vivienda adecuada, salud, educación y el uso
de las tecnologías entre otras.
El domingo 29 de agosto del 2021, cuando el
obispo auxiliar de Mérida Luis Enrique Rojas, crea
artificialmente un lamentable incidente con los
militares en la zona del desastre. Después de la
tragedia vivida en Tovar, Santa Cruz, Zea y algunos
municipios de los pueblos del Sur, se viene
sosteniendo una diatriba en redes sociales sobre la
ayuda humanitaria que según "No dejaban ingresar
a las zonas afectadas".
Figura 1. Imágenes de la vaguada de Tovar estado Mérida.
La comunidad debe tener un rol activo en la preservación de
su entorno, es un derecho (agosto, 2021).
La Ayuda Humanitaria
La ayuda humanitaria es un concepto amplio,
manejado para situaciones de desastres naturales,
conflictos armados y guerras. Ésta ayuda tiene como
único fin, socorrer, proteger, atender necesidades
básicas de (alimentación, atención médica, agua y
refugio), aunque el concepto de ayuda humanitaria
se haya politizado estos últimos años en el país,
estamos claros cuál es su objetivo. Además, los
organismos internacionales acuñan otros términos,
cómo Asistencia Humanitaria y Acción
Humanitaria. Ahora bien, bajo estos preceptos de
solidaridad y cooperación ante un desastre natural,
hay elementos legales nacionales e internacionales
para que sean ejecutados en un territorio, es decir,
existen protocolos a seguir ante un desastre natural.
Nadie puede intervenir un espacio sin la debida
autorización que exige este tipo de situación.
Para el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su manual
para la preparación de desastres en el Marco de la
Acción Hyogo (2005-2015) afirma lo siguiente:
La mayoría de los casos, la
responsabilidad de la coordinación
global de preparación para un desastre
natural recae en los organismos de
atención primaria y sobre una autoridad
(a quien se la haya designado la
administración del desastre) ... Se
articula entre el Gobierno y los actores
externos, entre ellos, Organizaciones
Gubernamentales, Organizaciones No
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Gubernamentales, la Cruz Roja, sector
privado, y grupos de sociedad civil.
Además, los protocolos establecen que la
Ayuda Humanitaria se puede realizar de (3) tres
formas:
1. Asistencia Directa: la que se hace cara a cara
con autorización previa.
2. Asistencia Indirecta: transporte de
suministros y personal de socorro.
3. Apoyo de Infraestructura: reparando los
caminos y vías a transitar.
En declaraciones del Monseñor Luis Enrique
Rojas, argumentó a través de documentos de la
ACNUR, organismo internacional para los
refugiados y con más de sesenta (60) años de
experiencia en situaciones de desastre; “las leyes
venezolanas son poco acogedoras para la iglesia”.
Teniendo en cuenta que hay protocolos nacionales e
internacionales para eventualidades de esta
magnitud, ¿Por qué se insiste en desconocerlos?
¿Por qué se insta en generar diatribas en redes
sociales? ¿Por qué se manipula la información? ¿Por
qué se reclama en politizar desde la iglesia?
En los casos de donaciones y colaboraciones
para desastres se deben cumplir los siguientes
parámetros:
1. Los alimentos deben ser revisados, fecha de
vencimiento, caducidad y que estén en buen
estado.
2. La ropa/abrigos/zapatos deben ser
seleccionados por talla y edad, en buenas
condiciones para ser entregado a niños y
adultos.
3. Las medicinas deben ser revisadas por
organismos competentes, fecha de
vencimiento.
4. Se debe brindar seguridad en las zonas
afectadas y refugios.
5. Se debe mantener las áreas despejadas para
los organismos competentes en la búsqueda
de sobrevivientes.
6. Se debe colaborar con quiénes están
abriendo paso en las vías afectadas
(maquinarias y brigadas de trabajadores).
7. El agua recibida en los centros de acopio
debe ser para consumo humano (agua
potable) y eso requiere revisión antes de ser
entregada para evitar la propagación de
enfermedades.
8. Los organismos de seguridad son
indispensables en estos momentos de
atención en labores de patrullaje,
coordinación y cumplimiento de los
protocolos establecidos.
9. La comunidad organizada debe participar en
cooperación con las autoridades
competentes.
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Por último, se vive una pandemia mundial,
debemos seguir cuidándonos y velar a quienes hoy
están afectados, siguiendo las respectivas medidas
para el caso. Evitar aglomeraciones y el contacto
físico para manejar y controlar esta situación con
responsabilidad, no es capricho de nadie, hay
protocolos para el manejo de estas situaciones
difíciles para todos, pero sobre todo para quienes
hoy no tienen un hogar y lloran la pérdida de un
familiar, para los que deben comenzar a reconstruir
sus vidas.
Todo apunta a destacar que los ciudadanos
sean los que asuman su rol ante la gestión integral
de riesgos de desastres tanto naturales como
tecnológicos, ya que por experiencia los organismos
de seguridad y defensa y de atención primaria tardan
aproximadamente unas cuarenta y ocho (48) horas
en llegar al sitio de desastres.
Esa claridad ante los desastres tiene una doble
ventaja: facilita un rol activo en el proceso para que
no sean víctimas de escenarios previsibles de
eventos adversos, por otro lado, ser elementos de
presión para lograr que las autoridades y entes
públicos asuman su rol ante un tema que en la
actualidad se considera tabú y de urgencia en el
mundo de hoy.
El tema de la participación ciudadana hay que
asociarlo al de los derechos humanos que asisten a
los ciudadanos en el contexto urbano. Este es un
tema fundamentalmente político asociado a la
gobernabilidad democrática de cada ciudad. Por lo
tanto, implica un conjunto de condiciones que deben
reunir las instituciones para mejorar la relación de la
ciudadanía a través de políticas públicas basadas en
el orden y la armonía social, el respeto a las normas
establecidas y la eficiencia en el desempeño
gubernamental así como la corresponsabilidad
ciudadana; lo que significa para el estado ceder
espacios de poder a la gente, reestructurando las
funciones administrativas y públicas de la
comunidad en función de la ética pública de la
gestión urbana participativa, por ejemplo a través de
los Consejos Comunales.
Esto requiere de la creación de nuevas formas
de civilidad democrática por la incorporación de la
ciudadanía en los asuntos públicos, la promoción y
el respeto de los derechos humanos, transparencia
administrativa de los recursos y del poder. El tema
no es fácil, de tal manera que hoy día es necesario
volver a la reflexión a la participación ciudadana, re
significar su práctica, no desde una minoría
instrumentalista, no de normativas, sino de una
perspectiva de la posibilidad de construcción de una
gobernabilidad democrática, ya que al margen de los
procesos participativos no es posible pensar en el
desarrollo en ninguna de sus dimensiones.
En la revisión de la acción ciudadana en
contextos del manejo del riesgo, se debe partir de
dos asuntos fundamentales: por un lado, se trata de
resguardar la vida, los bienes patrimoniales, las
relaciones con los otros. Por otro lado, cualquier tipo
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de acción dirigida a reconocer los riesgos y actuar
sobre las causas de los desastres que debe ser una
responsabilidad compartida entre sociedad y el
gobierno.
En efecto, el desarrollo de políticas de gestión
de riesgos asociadas a los principios de
sustentabilidad urbana ha dejado de ser una
responsabilidad exclusivamente oficial para
convertirse en una preocupación compartida entre
los diferentes sectores de la sociedad, donde la
ciudadanía en general, los sectores públicos y
privados, las organizaciones no gubernamentales y
los centros de enseñanza, entre otros, pueden y
deben actuar en la creación de formas de consenso
que favorezca la disminución de los desastres, de
allí que la gestión de riesgos socio naturales y
tecnológicos urbanos constituye un proceso de
interacción entre sociedad y el gobierno, dirigido a
establecer las líneas de acción a seguir sobre las
vulnerabilidades y amenazas naturales, en donde
ambas partes deben actuar en la identificación de
problemas, las bases de la concertación de intereses,
el diseño general de las propuestas y las formas de
ponerlas en práctica, teniendo siempre como
referente la viabilidad financiera de los proyectos,
programas y planes, las disponibilidad de recursos,
el marco jurídico vigente y las políticas públicas, las
múltiples amenazas en las políticas, los planes y
programas relacionados con el desarrollo sostenible
y las actividades de ayuda humanitaria,
rehabilitación, recuperación y la gestión post
desastres.
Todos se preguntarán ¿la comunidad puede
actuar, pero dejar de ser ciudadanos?, mi respuesta
es claro que sí, pero cuidado, no se trata que las
personas terminen obligados a realizar lo que no
conocen, aquello que requiere personal
especializado en búsqueda, rescate y salvamento y
que es competencia del estado.
El gesto de solidaridad con aquellos
compatriotas que pasan necesidades debido a que
fueron afectados por cualquier evento adverso, sería
más efectivo si lo orientan con algunos consejos
prácticos que manejan los organismos de Protección
Civil como son:
1. Mantener la calma antes de colaborar, no se
puede salir de buenas a primeras, por
ejemplo: leche para bebes si la ayuda va
dirigida a un refugio donde hay personas
adultas, es decir, antes de donar debemos
estar informados de que se requiere, donde
se requiere y quienes deben manejar la
ayuda.
2. Antes de enviar donativos a los centros de
acopio o sitios de desastres hay que
informarse con Protección Civil, Cruz Roja
o Cuerpo de Bomberos, sobre la verdadera
necesidad de nuestra colaboración.
3. Asegurarse con los organismos de
Protección Civil que exista una estructura
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para que las donaciones lleguen. La logística
a veces es compleja y tal vez no existan
personas que se ocupen de movilizar las
donaciones y es probable que mucha gente
se quede con las mismas.
4. Ayudar a los más cercanos, se trata de que la
acción solidaria tenga un efecto práctico. Es
más efectivo enterarse de las personas que se
encuentran en albergues o refugios en
nuestra jurisdicción y saber que requieren,
que poner la vista en afectados de otros
estados. Al contrario, con lo local la logística
implica transporte, personal, combustible y
reducción de almacenamiento.
Figura 2. Ayudar de forma inteligente, no se le puede
quitar el carácter emotivo a quien acompaña el acto
de donación.
Conclusiones
En los últimos años la perspectiva holística de
los desastres se ha intentado dimensionar para
efectos de la gestión de riesgos, como la posible
consecuencia económica, social y ambiental que
puede ocurrir en un lugar y en un tiempo
determinado, sin embargo, el riesgo no ha sido
conceptuado de manera integral, sino fragmentado
de acuerdo con el enfoque de cada disciplina
involucrada en la valoración ciudadana.
El factor del riesgo es aquel que permite a las
comunidades identificar ya sea la menor o mayor
probabilidad a quedar expuesto ante un desastre o
un evento adverso, este conjunto de elementos
observables pueden ser diversos, es decir, que no se
presentan de manera aislada, los factores de
vulnerabilidad que más se destacan son la
educación, la capacitación, la pobreza, ya que
sencillamente la sociedad se encuentra organizada
con vulnerabilidades físicas, ambientales,
económicas, sociales y culturales. Es importante
destacar que la pobreza se considera la principal
causa de vulnerabilidad, ya que esta limita el acceso
a una vivienda adecuada, salud, educación y el uso
de las tecnologías entre otras.
En el proceso de trabajo con las comunidades
nada está dicho, no pueden existir recetas y tampoco
se trata de que algunos expertos les digan a los otros
que hacer. Hay de todo en una comunidad; para
https://www.acnur.org/hablar de gestión de riesgo
de desastres se deben tratar los temas como
terremotos, vaguadas, deslaves, inundaciones,
ISSN: 2665-0398
Periodicidad: Semestral
Volumen: 4, Número: 10, Año: 2023 (julio-2023 al diciembre-2023)
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional
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incendios forestales entre otros. Es decir, de temas
que nadie quiere escuchar y lo consideran como
cosas indeseables y que nunca van a suceder. Los
ciudadanos tienen que saber dónde se encuentran
asentadas las comunidades y que pueden esperar
ante cualquier emergencia o desastre. La mayoría de
las personas siempre creen que un desastre jamás lo
va a alcanzar o que dichos temas son
responsabilidad del estado y de nadie más, es por
ello que se deben preparar practicando en sus
familias un plan de emergencia o el llamado plan
familiar.
Referencias
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. Documento en línea. Disponible:
https://www.acnur.org/
Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo de Canadá (IDRC). Documento en
línea. Disponible: https://idrc-crdi.ca/es/acerca-
del-idrc
Gestión de Riesgos Hoy. Estrategias Internacional
para la reducción de Desastres de Naciones
Unidas (EIRD). Documento en línea.
Disponible: https://www.eird.org/esp/acerca-
eird/marco-accion-esp.htm
Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales
y tecnológicos. (2009). Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N.º 39095.
Ley de la Organización Nacional de Protección
Civil y Administración de Desastres. (2001).
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N.º 557. Decreto presidencial N.º
1557, con fuerza de Ley del Sistema de
Protección Civil y Administración de Desastres.
