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1(1600)
FLAGRANCIA DELICTIVA: LA NECESIDAD DE UN CONTROL EFECTIVO DE LA LEGALIDAD
POR EL MINISTERIO PÚBLICO
CRIMINAL FLAGRANCE: THE NEED FOR EFFECTIVE CONTROL OF LEGALITY BY THE
PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE
Tipo de Publicación: Artículo Científico
Recibido: 02/11/2024
Aceptado: 02/12/2024
Publicado: 12/30/2024
Código Único AV: e400
Páginas: 1 (1598-1610)
DOI: https://zenodo.org/10.5281/zenodo.14712172
Autor:
José Joel Mio López
Abogado
Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal
https://orcid.org/0000-0002-4345-565X
E-mail: jmiolo@ucvvirtual.edu.pe
Afiliación: Universidad Cesar Vallejo
País: Lima -Perú
Resumen
Este artículo examina el control de legalidad en las detenciones realizadas
en situaciones de flagrancia en Perú, con un enfoque especial en el rol del
Ministerio Público. Se discute la relevancia de validar la legalidad de dichas
detenciones y su efecto sobre los derechos fundamentales de los individuos
involucrados. La aplicación práctica del control de legalidad en estos casos
muestra una considerable discrepancia con la teoría, lo que se evidencia en
la falta de uniformidad en las acciones de los fiscales. Para llevar a cabo este
estudio, se adoptó un enfoque cualitativo y fenomenológico, que incluyó
entrevistas con fiscales y un análisis de documentos. Los hallazgos indican
que hay una insuficiente verificación de la legalidad en las detenciones, lo
que podría resultar en la violación de derechos y la anulación de procesos
penales. Por lo tanto, se subraya la urgencia de fortalecer la actuación del
Ministerio Público para asegurar un control efectivo de la legalidad en las
detenciones en flagrancia.
Palabras Clave:
Control de legalidad, detención en flagrancia,
detención arbitraria
Abstract
This article examines the legality control in detentions made in flagrant sit-
uations in Peru, with a special focus on the role of the Prosecutor's Office.
It discusses the importance of validating the legality of such detentions and
their impact on the fundamental rights of the individuals involved. The prac-
tical application of legality control in these cases reveals a considerable dis-
crepancy with the theoretical framework, as evidenced by the lack of uni-
formity in the actions of prosecutors. To conduct this study, a qualitative
and phenomenological approach was adopted, which included interviews
with prosecutors and document analysis. The findings indicate that there is
insufficient verification of the legality in detentions, which could lead to the
violation of rights and the annulment of criminal processes. Therefore, the
urgency of strengthening the actions of the Prosecutor's Office is empha-
sized to ensure effective legality control in flagrant detentions.
Keywords:
Legality control, flagrante delicto arrest, arbitrary detention
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1(1601)
Introducción
La flagrancia en la realización de un delito
confiere a las fuerzas policiales la autorización para
llevar a cabo arrestos sin la necesidad de una orden
judicial. Esta estrategia tiene como objetivo frenar
la ejecución de un hecho delictivo, prevenir mayo-
res daños y evitar que el supuesto infractor escape.
Dentro del contexto latinoamericano, las nor-
mativas sobre detenciones en circunstancias de fla-
grancia presentan paralelismos jurídicos en diferen-
tes naciones, según Salas (2016). Generalmente
luego de la detención o arresto policial, dicha me-
dida es comunicada al fiscal como conductor de la
investigación.
La intervención de las fuerzas policiales en
este tipo de situaciones se ha vuelto una práctica co-
mún (Fondevila y Quintana-Navarrete, 2020). La
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) ha emitido resoluciones adversas contra varios
Estados miembros debido a detenciones catalogadas
como arbitrarias o ilegales, lo que resalta la preocu-
pación por las acciones policiales y la necesidad de
proteger los derechos de las personas afectadas.
Ejemplos de estas sentencias incluyen los casos de
Azul contra Perú (2020), Montesinos contra Ecua-
dor (2020), Fernández y Tumbeiro contra Argentina
(2020) y Molina y otros contra el Estado de Vene-
zuela (2020).
En el contexto de Perú, tanto el Tribunal
Constitucional (TC) como la Corte Suprema han
dictado fallos relacionados con detenciones de acu-
sados que han sido consideradas ilegales o arbitra-
rias. La jurisprudencia peruana ha anulado procedi-
mientos en casos donde no se ha demostrado la fla-
grancia en la detención del sospechoso, subrayando
la relevancia de validar la legalidad de las detencio-
nes en estas circunstancias (Casación 692-
2016/Lima Norte, 2017; Casación 1165-2018/An-
cash, 2021; Recurso de Nulidad 656-2019/Lima
Norte; y STC N.º 03830-2017-PHC, 2021).
Pariona (2017), apoyándose en doctrina y ju-
risprudencia, ha señalado situaciones en las cuales
la flagrancia no se presenta. No obstante, estas cir-
cunstancias pueden llevar a detenciones arbitrarias,
ya que la policía actúa bajo la presunción de que está
actuando de manera correcta. Pariona sostiene que
los fiscales, debido a un sentido de impunidad, a me-
nudo no ponen en duda las decisiones de la policía.
A pesar de que la detención en casos de fla-
grancia es un procedimiento legalmente aceptado,
su aplicación en la práctica enfrenta diversos retos
que requieren atención. La diferencia entre el total
de detenciones realizadas y las condenas impuestas
resalta la necesidad de una evaluación exhaustiva
acerca de la efectividad del sistema de justicia penal.
Según el Anuario Estadístico Policial (PNP, 2024),
en 2023 se documentaron 215.159 detenciones por
delitos, de las que 119.463 fueron entregadas al Mi-
nisterio Público (MP). A pesar de esta cifra notable,
solo se emitieron 58.895 sentencias condenatorias a
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nivel nacional en el mismo año, de acuerdo con las
estadísticas de criminalidad del Poder Judicial del
Perú (2024), lo que representa aproximadamente el
49% de las detenciones sometidas al MP. Esta infor-
mación revela que, a pesar de la alta cantidad de de-
tenciones realizadas, no todas resultan en condenas,
evidenciando un significativo desfase en el proceso
judicial relacionado con el crimen en el país.
Frente a esta situación, se hace necesario ex-
plorar el papel y las responsabilidades del MP al
abordar una detención que se alega como flagrancia.
La responsabilidad del MP de garantizar el cumpli-
miento de la legalidad, junto con las implicaciones
de no verificar la legalidad de las detenciones en fla-
grancia, plantea cuestionamientos acerca de la fun-
ción y los desafíos que enfrentan los fiscales en este
contexto particular. Este estudio se enfoca en exa-
minar la situación actual y los retos que enfrenta el
Ministerio Público en relación con la comprobación
de la legalidad de las detenciones.
Desarrollo
El tema de las detenciones practicadas por la
policía, sobre todo en contextos de flagrancia delic-
tiva, ha sido objeto de estudio a nivel internacional,
revelando varias infracciones a los derechos huma-
nos. Fondevila y Quintana-Navarrete (2020) indican
que las detenciones en flagrancia son bastante co-
munes, mientras que Baculima-Llivisaca et al.,
(2020) establecen una comparación de esta práctica
con el sistema inquisitivo. Asimismo, Palacios
(2019) se enfoca en la detención ilegal de menores,
y las investigaciones de Montange (2021), Springer
(2020), Pita (2019) y Tenenbaum (2016) alertan so-
bre la violación de los derechos de los individuos
detenidos. Kubaienko et al., (2021) subrayan que las
detenciones injustificadas son frecuentes en las ac-
tividades policiales. Estos estudios resaltan la nece-
sidad de examinar de manera rigurosa las prácticas
policiales para proteger los derechos de aquellas
personas afectadas por tales medidas consideradas
ilegales o arbitrarias.
En otros estudios a nivel internacional, se ha
destacado la cuestión de la discrecionalidad en los
arrestos y detenciones realizadas por la policía. Los
agentes pueden abusar de su juicio al decidir sobre
las detenciones. Weissbrodt y Mitchell (2016) dis-
tinguen entre detenciones que se basan en un ejerci-
cio legítimo y aquellas que carecen de justificación
legal, apoyándose en la jurisprudencia de la ONU.
Sinha (2017) enfatiza la relevancia de evitar la pri-
vación de libertad de manera arbitraria, algo que ha
sido reiterado por la Corte IDH en varios casos. En
este contexto, se sugiere restringir los poderes de
arresto para contrarrestar efectos adversos tanto a
nivel individual como social.
En Perú, el asunto de las detenciones sin jus-
tificación ha sido el foco de múltiples investigacio-
nes. Esciso y Luna (2019) y Jimeno (2018) abordan
el abuso policial de manera general, mientras que
Mares (2018) se especializa en las detenciones
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arbitrarias vinculadas con la micro comercialización
de drogas. Arpasi (2017) ha destacado la importan-
cia de establecer un control de legalidad mediante la
validación judicial de las medidas restrictivas, in-
cluidas las detenciones en flagrancia. Los hallazgos
de estas investigaciones, sumados a los trabajos de
Sajami (2022) y Ortega (2024), subrayan la presen-
cia de detenciones ilegales y la necesidad urgente de
asegurar su legitimidad.
Detención en Flagrancia
La detención, como medida de coerción du-
rante el proceso, debe adherirse al principio de lega-
lidad, que establece que cualquier limitación del de-
recho a la libertad solo puede llevarse a cabo con el
respaldo de una norma jurídica que lo autorice (Del
Rio, 2016).
La noción de flagrancia delictiva, que pro-
viene del término "flagrar", se entiende, según Za-
mora-Pierce, como el acto de brillar intensamente
como una llama (San Martin, 1999). También se de-
fine como el momento de la ejecución del delito,
hasta que el responsable abandona el sitio en el que
se realizó el hecho delictivo (Rubio, 1999). Por lo
tanto, la noción de delito flagrante se refiere etimo-
lógicamente a una acción evidente que es observa-
ble por un testigo.
En el Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 02-
2016/C.116, la Corte Suprema de Justicia del Perú
(2016) se refirió a la flagrancia delictiva como una
circunstancia fáctica, que implica la observación del
delito en el instante de su realización o inmediata-
mente después de que ha ocurrido, justo cuando el
delincuente es descubierto. Debido a la necesidad de
evitar consecuencias mayores o la fuga del delin-
cuente, la intervención policial se considera impres-
cindible.
El TC (2010), en el Expediente N.º 03691-
2009-HC/T, también opinó sobre la flagrancia, de-
finiéndola como evidencia del delito asociada a su
autor. Esta se presenta cuando hay un conocimiento
razonable, directo e inmediato de un delito que se
está llevando a cabo o que se acaba de cometer, lo
que demande la intervención policial de manera ur-
gente. De este modo, la flagrancia se plantea como
una situación que debe ser observada en el preciso
momento en que se está consumando el delito o
cuando ya se está cometiendo.
Respecto a los requisitos para considerar un
caso como flagrancia, el TC (2004) en el Expediente
N.º 2096-2004-HC/TC identifica como un requisito
fundamental la atribución de un hecho punible. La
doctrina nacional también considera que uno de los
elementos esenciales para afirmar la flagrancia es la
imputación (San Martin, 2020). Por otro lado, el de-
lito flagrante está delimitado por tres requisitos prin-
cipales: a) Inmediatez temporal, que exige que el de-
lito esté ocurriendo o haya ocurrido momentos an-
tes; b) Inmediatez personal, que implica que el autor
esté presente en el contexto relacionado con el ob-
jeto o los instrumentos del delito, proporcionando
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evidencia de su participación; c) Necesidad urgente,
que requiere que la policía intervenga de inmediato
para poner fin a la situación y evitar que se extien-
dan las consecuencias del delito (San Martin, 1999).
De este modo, tanto el TC como la doctrina coinci-
den en que la configuración de una situación de fla-
grancia necesita la imputación de un delito, además
de los requisitos de inmediatez temporal, personal y
la urgencia.
Marco Normativo sobre la Detención en Flagran-
cia
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos, a través de su artículo 7°, inciso 2, esta-
blece claramente que ninguna persona puede ser pri-
vada de su libertad a menos que exista una justifica-
ción legal válida. En este sentido, la Corte IDH ha
indicado que cualquier detención que no cumpla con
este principio se considera ilegal (Caso Bulacio con-
tra. Argentina, 2003).
Según la Constitución Política del Perú, espe-
cíficamente en su artículo 2°, inciso 24, literal f, la
detención únicamente está permitida cuando existe
una orden judicial o en el caso de un delito flagrante.
Así, nuestro marco legal comprende dos tipos de de-
tención: la que se realiza por orden judicial y la que
efectúa la policía en situaciones de flagrancia. El
CPP en su artículo 259°, menciona cuatro condicio-
nes que permiten la detención policial sin necesidad
de una orden judicial:
1. Flagrancia estricta: el delito es presenciado en el
instante de su ejecución.
2. Cuasi flagrancia: el autor es arrestado inmedia-
tamente después de cometer el delito.
3. Flagrancia por identificación: el delincuente ha
escapado, pero ha sido reconocido durante o
poco después de la comisión del delito, ya sea
por la víctima, un testigo o mediante grabacio-
nes audiovisuales, siendo detenido en un plazo
de 24 horas.
4. Flagrancia presunta: el individuo es hallado den-
tro de las 24 horas después del delito, llevando
objetos o herramientas relacionadas con el acto
ilícito, o mostrando señales en su persona o ves-
timenta que sugieran su involucramiento.
Tanto en la flagrancia estricta como en la
cuasi flagrancia, se exige una inmediatez tanto tem-
poral como personal, lo que implica que el autor
debe estar presente en el lugar y momento del delito,
y la detención debe realizarse inmediatamente des-
pués de que este ha tenido lugar (Chinchay, 2017;
Torres, 2017). En contraste, la flagrancia por identi-
ficación y la flagrancia presunta permiten que el
plazo de detención se extienda hasta 24 horas, lo que
facilita la identificación del autor usando grabacio-
nes audiovisuales (Chinchay, 2017).
La Corte Suprema del Perú ha indicado que
esta extensión temporal puede influir en gran
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medida en la percepción del delito en relación con
el momento de intervención policial (Acuerdo Ple-
nario Extraordinario N.º 02-2016/CJ-116, 2016).
Por lo tanto, para conciliar estas situaciones de fla-
grancia con lo estipulado por la Constitución, es cru-
cial realizar una interpretación restrictiva (Casación
692-2016/Lima Norte, 2017).
Es importante señalar que la detención en fla-
grancia es una excepción al principio que exige au-
torización judicial, por lo que tanto las detenciones
realizadas por identificación como las presuntas ne-
cesitan someterse a un control más riguroso para sal-
vaguardar el derecho a la libertad de las personas
afectadas.
Es relevante mencionar que la detención en
flagrancia constituye una excepción al principio que
exige la autorización judicial; por lo tanto, tanto las
detenciones por identificación como las presuntas
requieren un control más estricto para proteger el
derecho a la libertad de quienes son afectados
Metodología
La presente investigación implementó un mé-
todo cualitativo con el propósito de comprender la
realidad desde la óptica de los fiscales que partici-
paron (Hernández et al., 2014). El objetivo fue ex-
plorar cómo estos fiscales llevan a cabo las deten-
ciones en situaciones de flagrancia delictiva, obte-
niendo información directa sobre sus experiencias y
métodos de trabajo.
Se eligió una metodología fenomenológica
para examinar las vivencias de los fiscales respecto
a este fenómeno particular (Fuster, 2019). Este en-
foque permitió una indagación profunda y la des-
cripción de las acciones y percepciones de los fisca-
les ante las detenciones en flagrancia, analizando
sus decisiones y criterios.
El enfoque del estudio se localizó en las fisca-
lías encargadas de las investigaciones penales en el
Distrito Judicial de uno de los cuatro distritos judi-
ciales de Lima. Este contexto natural ofreció un
marco adecuado para la investigación (Munarriz,
1992).
Se llevaron a cabo entrevistas semiestructura-
das y análisis documental como métodos para la re-
copilación de datos. Los principales participantes
fueron fiscales penales de dichas fiscalías. Se aplicó
el criterio de saturación para asegurar que la recopi-
lación de datos fuera robusta y confiable (Hennink
& Kaiser, 2022). Se entrevistó a cinco fiscales, y el
análisis de los documentos fiscales proporcionó in-
formación específica sobre la actuación de estos en
casos determinados (Aguirre y Pabón, 2020).
Resultados
La verificación de la legalidad de las detencio-
nes por parte de la policía en casos de flagrancia de-
lictiva es una responsabilidad fundamental del MP,
según el consenso de los fiscales entrevistados. La
detención en flagrancia, es la única justificación le-
gal para una detención sin orden judicial. Cualquier
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arresto que no cumpla con esta condición se consi-
dera ilegal. Esta perspectiva se alinea con el princi-
pio de legalidad, que establece que la actuación del
fiscal debe estar siempre sujeta a la ley (artículo 68°
del CPP).
Los fiscales entrevistados señalaron que las
actas de intervención policial que han conocido en
el ejercicio de función, no suelen detallar el tipo de
flagrancia involucrada. Esto sugiere que la práctica
actual no siempre se ajusta a los requisitos legales.
Además, el fiscal tiene el deber de garantizar el
cumplimiento de la legalidad, no solo como perse-
cutor del delito, sino también como defensor de los
derechos fundamentales (artículo 159° de la Consti-
tución Política del Perú).
El principio de interdicción de la arbitrarie-
dad, establecido en la STC N.º 2725-2008-PHC/TC
(2008), también se aplica a las detenciones, exi-
giendo que estas se basen en justificaciones adecua-
das. La jurisprudencia de la Corte IDH, como se re-
fleja en el Caso Bulacio contra Argentina (2003), es-
tablece que ninguna persona puede ser privada de su
libertad sin una causa legal justificada.
Los entrevistados también coincidieron, que
fiscal tiene la obligación de ser la primera autoridad
en verificar la legalidad de la detención, asegurando
que esta se realice en alguno de los contextos de fla-
grancia contemplados en el artículo 259° del CPP.
En cuanto a las actas de los fiscales analizadas, estas
fueron las siguientes:
Codificación
Fecha de Acta
Delito atribuido a
detenido
A-01
24ENE2021
Agresiones en
contexto de género
o intrafamiliar
A-02
24ENE2021
Agresiones en
contexto de género
o intrafamiliar
A-03
10MAY2021
Agresiones en
contexto de género
o intrafamiliar
A-04
22OCT2021
Tocamientos, o
actos de
connotación sexual
A-05
03NOV2021
Hurto agravado
Tabla 1: Actas fiscales analizadas
Al examinar las actas, se observó que en la
mayoría de ellos se describen los hechos reportados,
pero no se analizan las condiciones en que se realizó
actuación policial parta la intervención. Además, no
se verifica si la detención se llevó a cabo en un con-
texto de flagrancia, como lo estipula el artículo 259°
del CPP. En todos los casos analizados, el fiscal
optó por iniciar las diligencias preliminares mante-
niendo al acusado en calidad de detenido.
Discusión
Los resultados de la investigación revelan in-
consistencias en la ejecución del control de legali-
dad en relación con las detenciones realizadas en
flagrancia. Aunque los fiscales consultados recono-
cen su papel en esta supervisión, la realidad indica
que este procedimiento no se está implementando de
forma efectiva.
La ausencia de información y análisis en las
actas fiscales sobre las circunstancias de la
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intervención policial complica la evaluación de si la
detención se ajusta a lo que se define como flagran-
cia.
Como observa Falcone (2012), es responsabi-
lidad de las autoridades garantizar la legalidad de la
detención, no del imputado. Esta falta de una verifi-
cación adecuada puede resultar en la infracción de
derechos y en la nulidad de los procedimientos judi-
ciales. De acuerdo a Carmelo (2017), la detención
calificada como flagrancia puede implicar la aplica-
ción de medidas restrictivas adicionales y afectar
otros derechos fundamentales del detenido, por lo
que el fiscal tiene la obligación de ser la primera au-
toridad en verificar la legalidad de la detención.
En este contexto, la función del MP como ga-
rante de la legalidad se convierte en un tema crucial.
La Carta de Principios Éticos de los Ministerios Pú-
blicos Iberoamericanos (AIAMP, 2022) subraya el
compromiso de los fiscales con la objetividad, la le-
galidad y el respeto a los derechos humanos. Asi-
mismo, las Directrices de la ONU sobre el rol de los
fiscales (1990) resaltan la importancia de que los fis-
cales asuman un papel activo en el proceso penal,
que incluye no solo la investigación de los delitos,
sino también la supervisión de la legalidad de dichas
indagaciones.
Conclusiones
La investigación evidencia la inconsistencia
en la aplicación de la verificación de la legalidad en
las detenciones realizadas en flagrancia durante la
etapa preliminar del proceso penal en Perú. A pesar
de que los fiscales consultados son conscientes de
su deber de corroborar la legalidad de estas deten-
ciones, la evidencia acumulada sugiere que esta res-
ponsabilidad no está siendo desempeñada de ma-
nera efectiva. Un examen de las actas fiscales mues-
tra que, predominantemente, estas registran los
acontecimientos que llevaron a la detención, pero no
describen las situaciones concretas en las que se eje-
cutó la acción. Esta falta de detalle complica la eva-
luación sobre si la detención sucedió en una circuns-
tancia de flagrancia, lo que podría dar lugar a viola-
ciones de derechos y a la nulidad de los procedi-
mientos judiciales.
Además, la investigación destaca la importan-
cia del Ministerio Público como salvaguarda de la
legalidad en el contexto de las detenciones efectua-
das en flagrancia. Un control ineficaz sobre la lega-
lidad puede poner en peligro la protección de los de-
rechos fundamentales de los detenidos y generar un
sistema de justicia penal inútil.
Los hallazgos de la investigación sugieren la
urgencia de fortalecer las funciones del Ministerio
Público relacionadas con el control de legalidad en
las detenciones en flagrancia. Esto requeriría una
mejor capacitación de los fiscales en la aplicación
de la normativa pertinente sobre flagrancia, así
como la instauración de mecanismos de control in-
terno que aseguren la correcta implementación del
procedimiento.
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Referencias
Acuerdo Plenario Extraordinario N°02-2016/CIJ-
116 (2016). II Pleno Jurisdiccional Extraordina-
rio de las Salas Penales Permanente y Transitoria
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